Hoy el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en el Consejo de la Ciudad el proyecto de su nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia. La norma, impulsada por la alcaldesa Natalia Chueca con el respaldo de Vox, abre un proceso de consulta pública de treinta días antes de su aprobación definitiva, prevista para antes de julio. Su disposición más escandalosa clasifica como infracción muy grave dormir en parques y jardines, con multas de hasta 3.000 euros. En esa cifra, en esa categorización, está todo lo que hay que analizar. Esta ordenanza no regula la coexistencia entre iguales. Define quién tiene derecho legítimo al espacio público y quién lo ocupa de forma indebida. En esa definición operan, con toda su carga histórica, la clase, la raza y la migración.
Llamar a esto una norma de convivencia es ya, de entrada, una decisión política. Convivencia implica partes que coexisten en condiciones de paridad, y lo que esta ordenanza regula es exactamente lo contrario. Multar con 3.000 euros a una persona por dormir en un parque no es una medida de convivencia. Es una forma de convertir la exclusión social en expediente administrativo, la pobreza en delito y la supervivencia en infracción muy grave.
La pregunta que habría que trasladar a Natalia Chueca es qué se pretende resolver sancionando a quien ya no tiene nada. La criminalización de la pobreza opera desplazando el problema desde sus causas estructurales hacia sus manifestaciones más visibles. El Ayuntamiento no sanciona a quien especula con la vivienda, no sanciona la ausencia de políticas habitacionales eficaces, no sanciona la precariedad laboral que empuja a las personas a la calle. Sanciona a quien duerme al raso. La propia alcaldesa lo verbalizó sin pudor al afirmar que «la calle no es para dormir, y hay espacios para que las personas que no tienen hogar puedan tener un lugar donde dormir». Lo que esa frase oculta es que esos espacios son insuficientes, que los albergues tienen listas de espera, y que la solución habitacional no es una multa de 3.000 euros.
El pensador Stuart Hall ya describió la lógica que opera aquí. Cuando ciertos cuerpos se convierten en «problema público», las instituciones producen dispositivos de control que se presentan como respuestas a ese problema, y que en realidad lo gestionan sin resolverlo. El sinhogarismo deja de leerse como fracaso colectivo y pasa a tratarse como conducta individual sancionable. La política no busca eliminar la causa; busca eliminar el efecto de la vista. Una ciudad limpia, turística y consumible, en palabras de la propia alcaldesa «una de las ciudades con mayor calidad de vida», requiere que la pobreza no sea visible. La ordenanza no ofrece un techo a quien duerme en el parque Bruil. Le impone una multa y le pide que se vaya a otro lugar.
Ese otro lugar, en muchos casos, no existe. Y aquí entra la dimensión racial de esta norma, que el texto no menciona y que es imprescindible para entenderla. El sinhogarismo en el Estado español (especialmente en Zaragoza) tiene un perfil principalmente racializado. Las personas migrantes, racializadas, en situación administrativa irregular o en procesos de asilo enfrentan una exposición estructuralmente mayor a la exclusión habitacional.
Las opresiones no operan solas; se superponen y se potencian. No es equivalente carecer de vivienda siendo una persona blanca con red de apoyo familiar y documentación en regla que estarlo siendo migrante, racializada, sin papeles y con el proceso de regularización paralizado. La ordenanza no menciona la raza ni la migración. Las normas aparentemente neutras producen efectos que no lo son.
El orden colonial no necesita nombrar explícitamente a los cuerpos que considera fuera de lugar; los dispositivos jurídicos y espaciales lo hacen por él. La pregunta que abre esta ordenanza lleva siglos circulando. ¿Quién pertenece al espacio público y quién lo contamina? Las fronteras internas de la ciudad de Chueca no son muros físicos. Son multas de 3.000 euros.
El texto incorpora además una disposición sobre el acceso a edificios municipales que prohíbe entrar con el rostro cubierto, y menciona explícitamente el burka, el niqab, el pasamontañas y el casco de moto. La alcaldesa aclara que esta medida no conllevará sanción económica y que se hará «para garantizar que no hay ningún tipo de discriminación». Colocar en la misma lista una prenda religiosa usada por mujeres musulmanas y un casco de moto es una operación política que utiliza el lenguaje de la seguridad para producir sospecha sobre identidades específicas. La iniciativa tiene origen documentado. Fue Vox quien la trasladó al pleno municipal en febrero de 2026, con el argumento de que era necesario verificar la identidad de las mujeres que accedían al Ayuntamiento. Que el PP la haya incorporado a su ordenanza es un indicador del desplazamiento del centro político en materia de derechos fundamentales. Así es como opera la islamofobia institucional . Nombra una amenaza y al nombrarla la construye.
La norma contempla la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad. Se presenta como un gesto de flexibilidad social. Merece una lectura más detenida. Las personas sin hogar que no puedan pagar 3.000 euros —es decir, todas— deberán en cambio prestar trabajo no remunerado al Estado que las acaba de sancionar por sobrevivir. La lógica es coherente con el fascismo. Si el cuerpo pobre no puede pagar, que trabaje gratis.
No es una ocurrencia local. En Louisiana, el House Bill 211 aprobado en abril de 2026 convierte dormir en la calle en delito y condena a quien no pueda pagar el tratamiento obligatorio a trabajar sin remuneración para el Estado. El National Homelessness Law Center lo conectó con la historia de las cadenas de presos y el trabajo forzado de convictos. El 60% de la población sin hogar en Louisiana es negra, en un estado donde la población negra representa el 30% del total, y Louisiana ya encabeza la tasa de encarcelamiento más alta del mundo occidental. Estas políticas tienen nombre. Se llama modelo carcelario del Estado. Cuando la pobreza no puede ocultarse, se penaliza. Cuando no puede penalizarse, se explota.
No existe política de convivencia genuina que ignore las condiciones materiales que producen la exclusión. Una ciudad que trata el sinhogarismo como infracción administrativa y no como emergencia social lo que está haciendo es legislar la invisibilidad de los más vulnerables. El antirracismo no puede separarse del antielitismo, porque raza y clase no son categorías independientes cuando analizamos quién duerme en los parques, ni cuando analizamos quién tiene el poder de convertir esa supervivencia en delito. Toda norma que criminalice la pobreza sin tocar sus causas estructurales produce, en su efecto real, una política racista, sin pronunciar esa palabra en ninguno de sus artículos.
El proceso de consulta pública estará abierto durante los próximos treinta días. Es estrecha. Existe. Lo que se juega en ella es si esta ordenanza llega a julio tal como fue diseñada o con las correcciones que exige una democracia que se tome en serio a todas las personas que habitan la ciudad, incluidas las que no tienen nada.
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