Hay personas cuyas convicciones duran exactamente lo que tarda en abrirse una negociación. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, es una de ellas. En julio de 2023, recién celebradas las elecciones autonómicas, pronunció unas palabras que quedaron grabadas con suficiente nitidez como para no permitir la desmemoria. Dijo que no podía dejar entrar en el gobierno «a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI». Añadió que su «único patrimonio» era su palabra. Semanas después fue investida presidenta gracias al voto afirmativo de exactamente ese partido.
La historia se ha repetido este jueves pasado. Esta vez con más descaro, con más poder cedido, y con una diferencia que no deja margen a la interpretación benigna: Guardiola ya sabe lo que hace. La primera vez podía invocar la presión, la urgencia, las circunstancias. La segunda no tiene excusa que no sea la ambición desnuda de mantenerse en el poder a cualquier precio.
Las elecciones autonómicas extremeñas de diciembre de 2025 se produjeron por la incapacidad del propio gobierno de coalición PP-Vox de aprobar los presupuestos regionales. Ese primer acuerdo saltó por los aires en 2024, en buena medida a causa de la crisis en torno al reparto de menores migrantes no acompañados. Vox rompió el gobierno. Guardiola convocó elecciones. Y cuatro meses después de esos comicios, firmó exactamente el mismo tipo de pacto, solo que más extremo: Vox obtiene ahora la vicepresidencia, la Consejería de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, y la de Agricultura y Ganadería. En 2023 se habían conformado con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Guardiola no solo volvió a pactar con la extrema derecha. La recompensó por haberle roto el gobierno.
El documento que ambas formaciones han firmado consta de 61 puntos y 74 medidas. Para quienes formamos parte de las comunidades racializadas en este país, leer ese texto es un ejercicio de violencia institucional sistematizada. El acuerdo establece la oposición «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» al reparto de inmigrantes, tanto mayores como menores de edad. Compromete a la Junta a repatriar a los menores no acompañados usando el eufemismo de «devolver a los menores con sus padres». Prohíbe la apertura de nuevos centros de acogida y se compromete a reducir las plazas existentes al mínimo legal. Crea una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón para fiscalizar los empadronamientos de personas migrantes. Suprime las subvenciones a ONG que «promuevan o faciliten» la inmigración irregular. Excluye a las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales, incluyendo la renta básica extremeña de inserción, con acceso único en situaciones de urgencia vital. Y establece el criterio de «prioridad nacional» para el acceso a la vivienda protegida.
Lo que este acuerdo hace es codificar en política de gobierno la idea de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos prescindibles. Y los prescindibles, como siempre, somos los mismos.
El capítulo educativo es igualmente elocuente. Tal y como documenta El Diario en su comparativa entre ambos pactos, el acuerdo de 2026 suprime de manera inmediata el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en todos los centros de primaria y secundaria de Extremadura, bajo la categoría de «injerencias extranjeras». Es una señal pedagógica dirigida a las familias marroquíes y a todos los niños racializados de la comunidad: su cultura, su lengua, su identidad son una amenaza. El Estado, en lugar de protegerlos, les enseña que deben borrarse. Esta misma medida ya la había impuesto Vox en Murcia con la anuencia del PP. El laboratorio avanza.
Y luego está la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos, presentada como medida de seguridad y convivencia. Ya lo explicamos en profundidad en Afroféminas: prohibir una prenda es perseguir a la mujer que la lleva. El cuerpo de la mujer racializada y musulmana vuelve a convertirse en el campo de batalla donde la extrema derecha libra sus guerras de identidad. Guardiola firma esa guerra sin pestañear.
Otro tema que no podemos dejar pasar, es el giro de Guardiola en materia de feminismo. En febrero de 2026, en plenas negociaciones, declaró que defiende «el mismo feminismo» que defiende Vox. Un partido que ha insultado a la propia Guardiola llamándola «feminazi». Un partido que en el acuerdo de gobierno de 2026 suprime cualquier mención al machismo, algo que incluso el texto de 2023 conservaba de forma residual. Un partido que lleva años tratando de dinamitar la Ley de Violencia de Género, que niega la brecha salarial y recorta los recursos de atención a las víctimas. Guardiola dijo defender ese feminismo.
El PP nacional celebró el acuerdo minutos después de firmarse y declaró que «cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente», con la mirada ya puesta en Aragón y Castilla y León. Así funciona el mecanismo: Extremadura como laboratorio, como prueba de que el cordón sanitario frente a la extrema derecha no existe ni existió, de que todo era marketing electoral para esconder la misma voluntad de poder.
Nosotras conocemos este mecanismo. Lo hemos vivido en el feminismo hegemónico que nos dejaba fuera mientras decía representarnos. Lo vivimos ahora en una política que usa los cuerpos de las personas migrantes, de los niños sin papeles, de las mujeres musulmanas, como moneda de cambio para conseguir gobiernos estables. María Guardiola no es una víctima de Vox. Es su socia. Y la diferencia entre ambas cosas importa.
Marián Cortés Owusu
Pedagoga
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