El pasado jueves, apenas horas después de que Junts anunciara su ruptura definitiva con el PSOE y el bloqueo de toda la agenda legislativa del Gobierno, ocurrió algo sintomático. La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, desbloqueó la tramitación de la proposición de ley contra la multirreincidencia que el partido de Carles Puigdemont tenía paralizada desde febrero. La misma iniciativa que llevaba diez meses en un cajón se convocó para ponencia en menos de 24 horas. Cuando la derecha xenófoba catalana amenaza, el gobierno corre a complacerla sin dudarlo.
Ayer por la noche, después de que el Ejecutivo este gesto de sumisión, cientos de nazis salían a las calles de Madrid en una manifestación de Núcleo Nacional,. Se pudieron escuchar y leer en las pancartas mensajes supremacistas blancos y ver desfilando a cientos de hombres con estética indudablemente fascista. Los cánticos de «Reconquista» y «Fuera moros de mi país» se pudieron oír en pleno centro de la capital. La policía finalmente intervino con cargas (bastante más blanditas que cuándo se trata de antifascistas), pero después de permitir que la manifestación se desarrollara, de que el odio circulara por las arterias de la ciudad sin obstáculos durante horas. La tolerancia institucional con estos movimientos contrasta brutalmente con la represión sistemática que sufren las comunidades racializadas en su vida cotidiana.
La ley de multirreincidencia que ahora se tramita a toda prisa no es una medida técnica, una herramienta de criminalización masiva que afectará de manera desproporcionada a las personas migrantes y racializadas. Ya sabemos cómo funciona esto. Las personas extranjeras tienen siete veces más probabilidades de ser detenidas por la policía que una de nacionalidad española, según reveló un informe de SOS Racisme Catalunya. El perfilamiento racial es sistemático en todas las fuerzas de seguridad del Estado. Los cuerpos negros, árabes, gitanos son vigilados, identificados, detenidos con una frecuencia que no responde a ninguna evidencia objetiva de criminalidad, sino a un racismo institucional profundamente arraigado.
Cuando se endurece el castigo para la multirreincidencia en un contexto donde las personas racializadas son perseguidas, identificadas y condenadas con mayor frecuencia por los mismos delitos que las personas blancas, lo que se está haciendo es institucionalizar aún más el racismo. La sobrerrepresentación de personas extranjeras en las cárceles españolas no puede explicarse por una mayor criminalidad, como sostienen los discursos racistas. Es el reflejo directo del racismo institucional que impregna el sistema penal. Las personas extranjeras, especialmente las racializadas, son objetivo preferente de controles policiales, más expuestas a la criminalización de la pobreza, con menos acceso a defensa legal adecuada y a beneficios penitenciarios.
Esta no es la primera vez que el PSOE cede ante posturas reaccionarias en materia migratoria. Fue este mismo partido el que en julio de 1985 sancionó la primera ley que preveía «la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar» mientras se tramitaba su expulsión. Fue un gobierno socialista el que ha pagado centros de internamiento en Mauritania, espacios sin ley donde detener a personas «sospechosas» de querer emigrar a España. La llamada École Six de Nadibú, aquel «Guantanamito español» que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado como una vergüenza nacional.
La historia se repite ahora. En marzo de 2025, el PSOE firmó con Junts un acuerdo para ceder competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya. El texto permitía que los Mossos d’Esquadra gestionaran devoluciones de migrantes, controlaran el CIE de la Zona Franca, y administraran permisos de residencia. Todo esto con un partido, Junts, que ha asumido el discurso más ultra sobre inmigración. Jordi Turull, secretario general de Junts, llegó a decir que «no se acomplejarán» por las críticas y acusaciones de xenofobia. Relacionó directamente la inmigración con la delincuencia y afirmó que «no actuar contra los delincuentes multirreincidentes» pone en peligro la convivencia. Las mismas palabras que usa Santiago Abascal. El mismo argumentario que Marine Le Pen utilizó en Francia.
La decisión del PSOE de ceder competencias en inmigración a la Generalitat generó rechazo inmediato. Podemos la calificó de «abiertamente racista» y advirtió que suponía «normalizar el racismo institucional». Tenían razón. Cuando se negocia con quien relaciona inmigración con criminalidad, cuando se hacen concesiones a quien utiliza el lenguaje de la extrema derecha sin complejos, se está legitimando ese discurso. Se está convirtiendo en política de Estado la xenofobia.
Junts no es un partido de extrema derecha tradicional, pero ha adoptado su retórica sobre inmigración en una competición electoral con Aliança Catalana, formación abiertamente xenófoba. La aritmética parlamentaria permite que la ley de multirreincidencia se apruebe con los votos de PP, Vox y Junts, que suman 177 escaños. El PSOE puede quedarse fuera del acuerdo final y aun así la ley saldrá adelante. Pero fue este gobierno el que la desbloqueó. Fue este gobierno el que decidió que esa era la prioridad legislativa tras la ruptura con Junts.
Mientras tanto, la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a más de 500.000 personas migrantes que viven en España sin papeles lleva meses atascada. Una medida que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos humanos. Una medida que realmente mejoraría las condiciones de vida de cientos de miles de personas y fortalecería el tejido social. Pero ahí sigue, sin tramitación urgente, sin gestos de «mano tendida».
¿Qué tipo de gobierno es este que solo legisla cuando la ultraderecha lo exige? ¿Qué proyecto político es capaz de desbloquear en 24 horas una ley punitiva contra migrantes pero deja languidecer durante meses una iniciativa de regularización? La respuesta es incómoda. Este es un gobierno que ha decidido que su supervivencia parlamentaria vale más que la dignidad de las comunidades racializadas.
La manifestación de Núcleo Nacional del viernes es parte de la misma ecuación. Cuando se normaliza el discurso xenófobo en los pactos parlamentarios, cuando se aprueba legislación que criminaliza a las personas migrantes, cuando un gobierno se mueve con urgencia ante las amenazas de la derecha y permanece inmóvil ante las demandas del activismo antirracista, se está creando el caldo de cultivo perfecto para que los grupos neonazis campen a sus anchas. Los fascistas leen los mensajes que envían las instituciones. Ven que su agenda avanza, que sus prioridades se convierten en leyes, que sus enemigos son también los enemigos del sistema.
La violencia institucional que vivimos las personas racializadas no necesita esvásticas ni cabezas rapadas. Se ejerce desde los despachos con alfombras, desde las comisiones parlamentarias, desde los acuerdos firmados a puerta cerrada entre partidos que dicen ser progresistas y formaciones que hablan el idioma del odio. Es una violencia que se disfraza de pragmatismo político, de «aritmética parlamentaria», de «mantener la gobernabilidad».
Pero esa gobernabilidad es inoperante para quienes necesitan políticas reales de inclusión, de regularización, de acceso a derechos. Es una gobernabilidad que solo funciona para aprobar leyes reaccionarias. Un gobierno que se mantiene en el poder cediendo sistemáticamente a la ultraderecha, que solo es capaz de legislar cuando lo hace en la dirección del endurecimiento punitivo, de la criminalización, de la exclusión, ¿merece el apoyo del antirracismo y el activismo social?
Esta pregunta no es juego de posturas radicales. Es una cuestión práctica y vital para nosotras. Cada vez que este gobierno cede ante Junts, cada vez que desbloquea una ley xenófoba mientras paraliza iniciativas de regularización, está enviando un mensaje claro sobre sus prioridades reales. Está diciendo que prefiere complacer a quien criminaliza a los migrantes antes que defender sus derechos. Está eligiendo entre la ultraderecha parlamentaria y las comunidades racializadas. Y elige mal. Una y otra vez.
Las organizaciones antirracistas, los movimientos sociales, las comunidades afrodescendientes y migrantes no podemos seguir sosteniendo con nuestro apoyo tácito o nuestra neutralidad política a un gobierno que gobierna contra nosotros. No podemos permitir que se use nuestro silencio como aval de políticas que nos criminalizan. No podemos aceptar que cada concesión a la xenofobia se justifique con el argumento de «evitar algo peor».
Porque algo peor ya está aquí. Está en las leyes que se aprueban, en las manifestaciones neonazis que se toleran, en los controles policiales que sufrimos, en los CIE, en las devoluciones en caliente, en la deshumanización sistemática de quienes cruzan el Mediterráneo buscando vida. Está en un sistema político que ha normalizado la xenofobia hasta el punto de convertirla en moneda de cambio parlamentario.
Las comunidades racializadas merecemos algo mejor que esto. Merecemos políticas que nos reconozcan como sujetos de derechos, no como problemas de seguridad. Merecemos un gobierno que se mueva con la misma urgencia para defendernos que para complacer a la ultraderecha. Y si este gobierno no puede o no quiere serlo, entonces debemos preguntarnos seriamente qué ganamos sosteniéndolo en el poder.
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