El racismo, como cualquiera que nos siga habitualmente ya sabrá, es mucho más que un prejuicio individual. Es un sistema profundamente arraigado en nuestras estructuras sociales e instituciones, un engranaje que genera desigualdad y vulnera derechos fundamentales. Y en este entramado, las fuerzas de seguridad, que deberían protegernos a todas, en demasiadas ocasiones perpetúan e incluso agravan esta realidad. Estamos hablado de la «racialización», ese proceso por el cual se asignan características raciales a un grupo, creando una «raza» con todas sus implicaciones sociales y jerárquicas. Esta construcción¡, tan artificial como poderosa, define el lugar y el rol de cada persona en la sociedad, moldeando los prejuicios y la vida de cada individuo en nuestra sociedad.
Para las comunidades racializadas en España, es vital que esta realidad salga a la luz, que se documente y se entienda. Porque la falta de transparencia y la negación institucional son muros que mantienen el problema oculto, impidiendo que lo abordemos de verdad y encontremos soluciones duraderas. Cuando nuestras instituciones se niegan a ver un problema tan sistemático como el racismo policial, se abre un vacío que impide mecanismos de supervisión y sanción adecuados. Esta falta de reconocimiento bloquea un debate público real sobre las prácticas policiales racistas, además de alimentar una cultura de impunidad. Y la impunidad, a su vez, desanima a las víctimas a denunciar, especialmente a quienes están en situación administrativa irregular, lo que perpetúa así la invisibilidad del problema y dificulta la recopilación de datos esenciales para comprenderlo y atajarlo. Este ciclo perverso, convierte la negación institucional en un pilar fundamental del racismo estructural.
El marco legal y la discriminación
La legislación española cuenta con un marco normativo que busca proteger contra la discriminación y los delitos de odio. La Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, reconoce el derecho de toda persona a no ser discriminada, independientemente de su origen racial o étnico. Esta ley tiene como objetivo garantizar y promover la igual dignidad de las personas, estableciendo derechos y obligaciones, principios de actuación para los poderes públicos y medidas para prevenir, eliminar y corregir la discriminación.
En el ámbito penal, los «delitos de odio» se definen como infracciones donde la víctima es elegida por su conexión, real o percibida, a un grupo determinado, incluyendo motivos racistas o xenófobos. Es fundamental destacar que la sola percepción o sentimiento por parte de la víctima de que el motivo del delito sufrido puede ser racista, xenófobo o discriminatorio, debe obligar a las autoridades a llevar a cabo una investigación eficaz y completa para confirmar o descartar dicha naturaleza. El Código Penal español contempla, además, la circunstancia genérica agravante de motivos discriminatorios en su Artículo 22.4.
Para las fuerzas y cuerpos de seguridad, existen protocolos de actuación específicos para los delitos de odio. Estos protocolos detallan cómo deben proceder los agentes, desde la protección de las víctimas hasta la recopilación de pruebas y la comunicación a la autoridad judicial. Subrayan la importancia de recoger expresiones o comentarios racistas de manera literal y de considerar la pertenencia de la víctima a un colectivo minoritario como un indicador de polarización. La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que su actuación debe realizarse con absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, con neutralidad política e imparcialidad.
A pesar de este marco legal aparentemente robusto y los protocolos detallados, la realidad documentada por organizaciones de derechos humanos y estudios académicos revela una profunda desconexión entre la normativa y la experiencia vivida por las comunidades racializadas. La Ley 15/2022, aunque ambiciosa en su diseño, ha mostrado un impacto limitado en la práctica. ¿Por qué? Porque le falta desarrollo organizativo, una dotación económica suficiente y los recursos humanos y materiales necesarios para que se aplique de verdad. Esto nos lleva a una a la paradoja de que el Estado español tiene un marco legal muy fuerte contra el racismo y la discriminación, con leyes específicas y protocolos policiales detallados. Pero, al mismo tiempo, los informes y estudios nos muestran que nuestras comunidades siguen viviendo altos niveles de discriminación, sobre todo en sus encuentros con la policía. Esta contradicción nos dice que la ley, por sí sola, no se traduce automáticamente en su aplicación efectiva ni en la desaparición de las prácticas discriminatorias. La distancia entre lo que la ley promete y lo que se vive a diario se debe a la falta de una voluntad política decidida para su plena puesta en marcha, la ausencia de mecanismos de control y sanción que funcionen de verdad, y la presencia indiscutible de sesgos raciales arraigados dentro de las propias instituciones, que actúan a pesar de la normativa.
La evidencia cuantitativa del racismo policial
Los datos oficiales y los informes de organizaciones de derechos humanos ofrecen una visión deprimente y vergonzante de la magnitud del racismo en España, con una preocupante incidencia en los cuerpos policiales. Según el Ministerio del Interior, los delitos de odio por racismo y xenofobia fueron los más numerosos en 2023, con 856 hechos conocidos, lo que representa el 41.8% del total de las denuncias. La cifra total de delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España en 2023 ascendió a 2.268, un aumento del 21.35% respecto a 2022. Las tipologías delictivas más frecuentes en estos hechos de odio fueron las amenazas (433) y las lesiones (376). Las Fuerzas de Seguridad esclarecieron el 68.1% de los hechos y detuvieron o investigaron a 1.161 personas en 2023. La mayoría de los detenidos o investigados fueron hombres (78%) y de nacionalidad española (78.73%).
El siguiente gráfico resume los datos clave sobre los delitos de odio por racismo/xenofobia en España, según el Ministerio del Interior:
Esta tabla es importante, puesto que nos ofrece información oficial proveniente del Ministerio del Interior, una fuente gubernamental. La presencia y expansión de este problema se constata por el notable incremento de los delitos de odio motivados por racismo y xenofobia. La información acerca de los casos solucionados y arrestados, sumada a los perfiles de las víctimas y los perpetradores, nos proporciona una perspectiva más integral de cómo reacciona la institución y quiénes son más perjudicados. Esto nos permite entender la noción de que hay puntualidades y construir una base firme para entender que hay un patrón.
Para complementar los datos oficiales, las estadísticas de organizaciones como SOS Racismo nos ofrecen una mirada desde la sociedad civil. En 2023, sus Oficinas de Información, Atención y Denuncia recibieron 569 denuncias por incidentes racistas y/o discriminatorios. De estas, el «racismo institucional» fue el tipo de discriminación más común, con un 34% de los casos (215 denuncias). Y dentro de ese racismo institucional, el «racismo policial» es un subgrupo muy importante, que abarca el 83% de esos casos (92 denuncias). Las denuncias contra la policía incluyen abusos verbales, , agresiones físicas y violencia injustificada durante detenciones. Es importante destacar que un 37% de las denuncias a SOS Racismo provienen de personas en situación irregular, lo que demuestra que la racialización es el motor principal de la discriminación, más allá de cualquier estatus administrativo.
El siguiente gráfico detalla los tipos de discriminación racista denunciados a SOS Racismo:
Al detallar las denuncias, queda claro que el «racismo institucional», y en particular el «racismo policial», es la forma de discriminación más frecuente que llega a SOS Racismo. La diferencia en el total de denuncias entre el Ministerio y SOS Racismo también nos muestra el problema de la infradenuncia y la necesidad de contar con diversas fuentes de datos para entender la verdadera realidad del racismo.
De 2024 no hay todavía datos completos y desglosados sobre delitos de odio por racismo/xenofobia ni sobre denuncias de discriminación recogidas por SOS Racismo a nivel estatal. Según cifras provisionales del Ministerio del Interior, las denuncias por delitos de odio bajaron un 10% respecto a 2023, pero aún no se ha publicado el detalle por categorías. Tampoco hay cifras nacionales definitivas de SOS Racismo, solo datos parciales en algunas comunidades. Por tanto, habrá que esperar a los informes oficiales para contar con información tan detallada como la de años anteriores.
Estudios adicionales confirman la desproporcionalidad en las identificaciones policiales por perfil racial. Las personas migrantes, por ejemplo, tienen tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. Investigaciones indican que la policía identifica a personas gitanas 10 veces más, a norteafricanas 7.5 veces más y a afrolatinoamericanas 6.5 veces más que al resto de la población. El estudio «El impacto del racismo en España» (2024) revela que el 20% de las personas encuestadas fueron objeto de solicitudes de documentación injustificadas en la calle por su origen étnico, un aumento de 7 puntos porcentuales desde 2020. Además, el 12.5% sufrió registros de equipaje sin razón aparente. Las personas negras africanas (36.6%) y gitanas (27.8%) son las más afectadas por solicitudes de documentación injustificadas. El perfilamiento racial es una práctica policial endémica en España y la Unión Europea, basada en generalizaciones raciales o étnicas en lugar de pruebas objetivas.
Amnistía Internacional nos advierte que estos controles mantienen la discriminación y refuerzan estereotipos muy dañinos. La Ley de Extranjería es un marco legal que contribuye a la discriminación institucional, ya que las fuerzas policiales son quienes la aplican. El perfilamiento racial, aunque se presente como una medida de seguridad, en la práctica es una herramienta para controlar la migración y a la población racializada dentro de España, limitando su libertad de movimiento y criminalizando su simple presencia. Es un claro ejemplo de cómo la lógica de «control de fronteras» se traslada a nuestras calles, afectando los derechos fundamentales de ciudadanía.
Consecuencias en las comunidades racializadas
El racismo policial se vive en experiencias personales que dejan cicatrices profundas. Las víctimas nos cuentan sus vivencias de «violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas». Escuchamos relatos de insultos racistas como «negro de mierda» o «vete a tu país» , y de agresiones físicas que no tienen justificación. Lamine Sarr, cofundador del Sindicato de Manteros de Barcelona, explica cómo la policía da por sentado que «todos los negros somos iguales» y que cualquier cosa de valor que poseamos ha sido robada. Jóvenes que nacieron aquí, en España, «descubren que son moros o negros» a través de los controles raciales, lo que afecta su libertad de movimiento y su sentido de pertenencia en su propia tierra.
Las consecuencias psicológicas y emocionales de esta discriminación son, sencillamente, devastadoras. Sentir que te discriminan se relaciona directamente con un aumento considerable de la depresión, la ansiedad y el estrés, y con una profunda sensación de soledad. Los estudios nos muestran un incremento notable en la desconfianza hacia el grupo étnico mayoritario, que pasó del 23% en 2020 al 37.1% en 2024, y un aumento en el sentimiento de aislamiento, del 14% al 17.8%. Vivir la discriminación de forma continuada puede provocar problemas de salud mental crónicos. Y el impacto es aún más fuerte en la infancia, afectando el desarrollo y el rendimiento escolar de los más pequeños, quienes pueden interiorizar las barreras que les imponen los estereotipos sociales.
El perfilamiento racial, además, es una puerta de entrada a abusos aún más graves. Este primer encuentro discriminatorio puede llevar a vulneraciones de derechos más serias, como actuaciones desproporcionadas, malos tratos e incluso torturas. Hemos visto casos documentados de palizas que ocurren en comisaría o en algún portal, sin ninguna prueba que las justifique, dejando a las víctimas en una situación de total indefensión.
Estos patrones, lamentablemente, se materializan en historias recientes que nos duelen y nos recuerdan la necesidad de actuar. Un video que se hizo viral mostró a agentes de la Policía Nacional agrediendo violentamente a dos hombres negros en Lavapiés, a pesar de que las imágenes no mostraban ninguna agresividad por parte de ellos. La versión policial, que hablaba de una «actitud hostil», fue desmentida por la cruda realidad del video, dejando al descubierto una desproporción inaceptable en la actuación. Recientemente nosotras mismas publicamos un vídeo donde dos mujeres afrocolombianas eran arrastradas por el suelo y golpeadas brutalmente por agentes de de policía. Y estos son los que salen a la luz porque son grabados y llegan a manos de plataformas antirracistas. La mayoría de estos abusos jamás los veremos.
Otro caso que nos interpela es la denuncia reciente de una agresión racista de la Policía Nacional contra un joven en Madrid. Un agente se le acercó de forma intimidatoria, sin identificarse, y le exigió vaciar sus bolsillos. Cuando el joven pidió explicaciones, fue reducido «brutalmente» por siete agentes. Se trata de un patrón sistemático de criminalización, agresión y represión que atraviesa la vida cotidiana de las personas racializadas» Aunque no es un caso directo de abuso policial, el reciente suceso donde el médico que atendió a Brian Ríos antes de morir fue acusado de homicidio por imprudencia grave, nos recuerda la intersección del racismo institucional con otros sistemas, y la necesidad de justicia en todas sus formas para nuestras comunidades.
El precio humano de la desconfianza en las instituciones es inmenso. La persistencia del racismo policial y la negación institucional provocan una profunda desconfianza en las fuerzas de seguridad y en todo el sistema de justicia. Esta desconfianza se traduce en que muchísimos casos no se denuncian, lo que significa que un gran número de abusos quedan sin registrar y, por tanto, sin investigar ni sancionar. La falta de acceso a la justicia y la impunidad mantienen el ciclo de violencia y tienen un impacto psicológico devastador en las víctimas. El costo humano de esta desconfianza institucional es el deterioro del bienestar de las comunidades racializadas y la pérdida de legitimidad de las propias instituciones que deberían protegerlas.
La discriminación, además, se presenta de forma interseccional, lo que multiplica su impacto. Los informes nos muestran que la discriminación no actúa por sí sola, sino que se entrelaza con otras realidades como el estatus migratorio, el género, la edad y la situación socioeconómica. Por ejemplo, las mujeres gitanas viven una normalización de la discriminación en los servicios de salud, donde sienten que se les controla y juzga por sus decisiones familiares. Las personas con discapacidad, sumado a su origen étnico, se encuentran con «dobles obstáculos», lo que puede significar que reciban atención tardía en servicios de salud o transporte público, y que sufran un mayor rechazo social. Esta interseccionalidad significa que el impacto del racismo policial se hace más grande para quienes ya están en situaciones de vulnerabilidad, creando una «violación múltiple de derechos» y una sensación de «no importar» para la sociedad.
Negación Institucional y necesidad de transparencia
Una de las barreras más grandes para enfrentar el racismo policial en España es la resistencia constante de las instituciones y los sindicatos policiales a aceptar que es un problema sistémico. Con frecuencia, las actuaciones racistas se presentan como «algo puntual», lo que siembra dudas sobre su verdadera naturaleza racista y dificulta entender la profundidad del problema. Esta negación nos impide abordar una cuestión de enorme importancia con gigantescas consecuencias políticas y sociales, y la propia institución policial se muestra «incapaz de nombrar la realidad».
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Esta falta de reconocimiento se hace aún más grave por el problema de que no se denuncia lo suficiente y por las muchas barreras que encuentran las víctimas. Hay una «falta de transparencia y poca conciencia social» que impiden que el problema se vea de verdad. Las víctimas, en muchos casos, no denuncian porque se sienten «desprotegidas», con situaciones de agresiones físicas sin pruebas que las apoyen. No conocer las vías legales, la escasez de recursos, el miedo a las represalias y la profunda desconfianza en las autoridades son obstáculos muy importantes. Es especialmente preocupante que un 37% de las denuncias a SOS Racismo vengan de personas en situación irregular, quienes tienen un miedo aún mayor a la deportación o a otras consecuencias administrativas si se atreven a denunciar.
La ausencia de datos desglosados y la opacidad en las actuaciones policiales son el corazón de este problema. Organizaciones y expertos lamentan que la «falta de datos» nos impida entender por completo el racismo en España. Organismos internacionales, como la ONU y la ECRI, junto con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, han pedido que se publiquen datos detallados sobre los controles de identidad, incluyendo los criterios usados y los resultados de esas intervenciones, para poder analizar si hay patrones discriminatorios. Sin embargo, la Policía Nacional ha mostrado una resistencia constante a recoger sistemáticamente datos desglosados por raza, etnia y nacionalidad en las paradas, a veces alegando limitaciones de presupuesto o de protección de datos, aunque existen vías legales para hacerlo. Esta opacidad hace muy difícil diagnosticar el problema de forma efectiva y diseñar políticas públicas que realmente sirvan para combatir el perfilamiento racial.
La opacidad en la recopilación y publicación de datos no es un simple descuido, sino una estrategia que ayuda a mantener las cosas como están. La insistencia de las instituciones policiales en no recoger y publicar datos desglosados sobre las identificaciones por raza o etnia es una barrera activa para la rendición de cuentas. Sin datos, es imposible demostrar un patrón de discriminación, y si no se demuestra un patrón, la idea de que son «casos puntuales» se mantiene. Esta falta de transparencia impide que se evalúe la verdadera efectividad de las prácticas policiales y que se identifiquen y corrijan los sesgos raciales que están tan arraigados. Al final, esta opacidad beneficia a quienes quieren mantener las prácticas discriminatorias sin que nadie las examine, perpetuando así el racismo estructural al evitar que se cuantifique y se haga visible.
Hacia una Seguridad Justa: Recomendaciones y el Camino a Seguir
Para enfrentar el racismo policial en España, es fundamental que adoptemos las recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. El grupo de trabajo sobre afrodescendientes de las Naciones Unidas ha señalado que necesitamos con urgencia «voluntad política y compromisos al más alto nivel» para lograr cambios significativos. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) aconseja prohibir de forma clara el perfil racial, incorporar a agentes de minorías, ofrecer capacitación en derechos humanos y promover el diálogo entre agentes y grupos vulnerables. Amnistía Internacional, por su parte, pide el fin de los perfiles raciales y la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para que los prohíba explícitamente. SOS Racismo defiende un «nuevo modelo policial» basado en la comunidad, que ponga en primer lugar la transparencia y la rendición de cuentas.
Es vital que se prohíba de forma clara el perfil racial y que se pongan en marcha mecanismos de control que funcionen. Es indispensable definir y prohibir explícitamente el uso de perfiles raciales en las actuaciones policiales, adoptando la definición de la ECRI, que describe el perfil racial como el uso injustificado de la raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico en actividades policiales. Se requieren sistemas que permitan supervisar y evaluar las actuaciones policiales para asegurar que no se basen en sesgos raciales, incluyendo medidas disciplinarias y correctivas ante posibles abusos. La Proposición de Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia propone crear un Protocolo de Identificación y capacitación obligatoria para las fuerzas de seguridad, así como la publicación de datos desglosados sobre las actuaciones policiales.
La capacitación en derechos humanos y la protección completa de las víctimas son pilares esenciales. Es necesario asegurar que las fuerzas de seguridad reciban formación continua en derechos humanos, discriminación y perfil racial, para evitar prejuicios y prácticas discriminatorias. Además, debemos garantizar que las personas que denuncian estas prácticas puedan acceder a mecanismos de justicia efectivos sin miedo a represalias, poniendo en marcha medidas que faciliten las denuncias y aseguren la reparación para las víctimas. La Proposición de Ley Orgánica contra el Racismo que mencionamos propone asistencia integral y especializada para las víctimas, incluyendo apoyo legal y psicológico, y la figura de una persona acompañante para el proceso de denuncia, lo que haría más fácil el acceso a la justicia.
Si has sufrido racismo, o conoces alguien que lo haya sufrido, contáctanos. Podemos ayudaros a denunciar.
Necesitamos un nuevo modelo policial basado en la comunidad y en la rendición de cuentas. SOS Racismo destaca la necesidad de ir más allá de la «lucha contra el racismo» para construir políticas de «antirracismo», donde la voz de las personas afectadas sea el centro al diseñar y poner en marcha las soluciones. Esto significa un cambio profundo hacia una policía que genere confianza y legitimidad en toda la ciudadanía, en lugar de perder su credibilidad con prácticas discriminatorias que dañan a las comunidades racializadas.
La capacitación, por sí sola, no basta si no hay un reconocimiento estructural. Las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales incluyen la formación en derechos humanos y anti-discriminación para las fuerzas de seguridad. Aunque la capacitación es importante, los informes nos muestran que el racismo policial es un problema estructural. Esto significa que la formación, por sí misma, no es suficiente si no va acompañada de un reconocimiento claro del racismo sistémico por parte de las instituciones, una prohibición legal explícita del perfilamiento racial y mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas. Sin estos cambios estructurales y una voluntad política firme, la formación podría quedarse en una medida superficial que no ataca las raíces profundas del problema y que, por lo tanto, no lleva a una mejora real en la experiencia de las comunidades racializadas.
Conclusión: Un Compromiso Colectivo por la Igualdad y la Dignidad
La evidencia cuantitativa y cualitativa presentada a lo largo de este análisis demuestra que el abuso policial racista en España no se reduce a incidentes aislados, sino que responde a un patrón de discriminación sistémica. Este patrón se manifiesta en el perfilamiento racial desproporcionado, el trato degradante y la persistente falta de rendición de cuentas por parte de las instituciones. Las cifras del Ministerio del Interior, aunque en aumento, no capturan la totalidad de la realidad, que es mucho más amplia y compleja, tal como revelan las denuncias a organizaciones de la sociedad civil y los estudios académicos. La infradenuncia, alimentada por la desconfianza y el temor, oculta una parte significativa de este problema, mientras que la negación institucional y la opacidad en los datos contribuyen a perpetuarlo.
La responsabilidad de erradicar este patrón recae en todos los actores sociales. Es imperativo que las instituciones reconozcan la existencia del racismo estructural y actúen con decisión para desmantelar sus manifestaciones en las fuerzas de seguridad. La sociedad civil, a través de la denuncia, el activismo y la presión constante, es un motor indispensable para el cambio. Solo con un compromiso colectivo y sostenido se podrá avanzar hacia una seguridad justa y equitativa.
Una seguridad justa y equitativa es un pilar fundamental para una sociedad donde todas las personas, independientemente de su origen, puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con dignidad. La lucha contra el racismo policial es un barómetro de la salud democrática de un país. La forma en que un Estado aborda el racismo dentro de sus fuerzas de seguridad es un indicador crítico de su compromiso con los derechos humanos y la igualdad. Si las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la ley son percibidas como agentes de discriminación , la confianza ciudadana en el sistema democrático se erosiona. La capacidad de las comunidades racializadas para acceder a la justicia y vivir sin temor a la discriminación policial es un indicador clave de la calidad democrática de un país. Un compromiso genuino con la erradicación del racismo policial no solo beneficia a las comunidades directamente afectadas, sino que fortalece el tejido social y la credibilidad del Estado de derecho para toda la población. El camino a seguir requiere un compromiso sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de políticas antirracistas integrales que desmantelen las estructuras que permiten la discriminación.
Negación institucional y necesidad de transparencia
Una barrera fundamental para abordar el racismo policial en España es la negación institucional y de los sindicatos policiales, que minimizan las actuaciones racistas como «casos puntuales». Esta postura impide reconocer la naturaleza sistémica del problema y genera una «incapacidad de nombrar la realidad».
La falta de reconocimiento se agrava por la escasa denuncia y las barreras que enfrentan las víctimas, quienes a menudo se sienten «desprotegidas» por desinformación, falta de recursos, miedo a represalias y desconfianza. Es preocupante que el 37% de las denuncias a SOS Racismo provengan de personas en situación irregular, por temor a la deportación.
La opacidad en la recopilación y publicación de datos desglosados es el núcleo del problema. Organizaciones y expertos lamentan la «falta de datos» para una comprensión completa del racismo en España. Organismos internacionales como la ONU, la ECRI y Amnistía Internacional han solicitado datos detallados sobre los controles de identidad. Sin embargo, la Policía Nacional se resiste a recoger sistemáticamente datos desglosados por raza, etnia y nacionalidad, dificultando el diagnóstico y el diseño de políticas públicas contra el perfilamiento racial. Esta opacidad perpetúa el racismo estructural al impedir su cuantificación y visibilización.
El camino a seguir
Para combatir el racismo policial, es vital adoptar las recomendaciones de organismos internacionales y de derechos humanos. La ONU, la ECRI y Amnistía Internacional instan a poner en marcha la voluntad política al más alto nivel. SOS Racismo propone un «nuevo modelo policial» centrado en la comunidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto implica prohibir explícitamente el perfil racial y establecer mecanismos de control efectivos, incluyendo la definición de la ECRI para criterios discriminatorios y sistemas de supervisión con medidas disciplinarias. La Proposición de Ley Orgánica contra el Racismo, actualmente parada, sugiere un Protocolo de Identificación, capacitación obligatoria y publicación de datos desglosados. La capacitación continua en derechos humanos y la protección integral de las víctimas son esenciales, exigiendo que las fuerzas de seguridad reciban formación en discriminación y perfil racial, y garantizando que las víctimas accedan a la justicia sin temor a represalias, facilitando denuncias y asegurando reparación. En definitiva, necesitamos un nuevo modelo policial que vaya más allá de la «lucha contra el racismo» hacia políticas «antirracistas» donde la voz de los afectados sea central, generando confianza y legitimidad ciudadana. La capacitación por sí sola no es suficiente sin el reconocimiento estructural del racismo sistémico por parte de las instituciones, una prohibición legal explícita del perfilamiento racial y mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas; sin estos cambios estructurales y una firme voluntad política, la formación es superficial.
La evidencia demuestra que el abuso policial racista en España es un patrón de discriminación sistémica manifestado en perfilamiento racial desproporcionado, trato degradante y falta de rendición de cuentas. La infradenuncia, por desconfianza y temor, oculta el problema, mientras la negación institucional y la opacidad en los datos lo perpetúan.
La responsabilidad de erradicar este patrón recae en todos. Las instituciones deben reconocer el racismo estructural y desmantelarlo en las fuerzas de seguridad. La sociedad civil, con su denuncia y activismo, es indispensable para el cambio.
Una seguridad justa y equitativa es fundamental para una sociedad digna. La lucha contra el racismo policial es un barómetro de la salud democrática de un país. Si las instituciones de seguridad son percibidas como agentes de discriminación, la confianza ciudadana se erosiona. Erradicar el racismo policial beneficia a las comunidades afectadas, fortalece el tejido social y da credibilidad del Estado de derecho. El camino requiere transparencia, rendición de cuentas y políticas antirracistas integrales.
Redacción Afroféminas
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