Cada 18 de junio se conmemora el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, fecha que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2021 ante la preocupación por la propagación acelerada de discursos discriminatorios y xenófobos en todo el mundo. Para Naciones Unidas este tipo de discurso constituye una de las señales de advertencia previas a crímenes graves, capaz de alimentar el miedo y profundizar divisiones con fines políticos, y suele dirigirse contra minorías, mujeres, personas refugiadas, migrantes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Escribimos este texto desde Afroféminas en esta fecha concreta porque la pregunta que nos hacemos es si estas jornadas cambian algo cuando los datos muestran, año tras año, que el racismo y la xenofobia crecen tanto en España como en América Latina.
España cerró 2025 con la cifra más alta de delitos e incidentes de odio desde que el Ministerio del Interior empezó a medirlos en 2014, con 2.417 infracciones penales e incidentes investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 23,6% más que el año anterior. El racismo y la xenofobia encabezan la lista con 934 hechos, un 16,1% más, por delante de los delitos vinculados a la orientación sexual y la identidad de género, con 571, y de los delitos por ideología, con 241. Preocupa especialmente el aumento de menores implicados, tanto como víctimas, con un 17% más, como autores, con un 19% más. La islamofobia, la disfobia y el antisemitismo son las categorías que más crecieron en términos porcentuales, con subidas del 133%, el 90% y el 86,5% respectivamente, con cifras absolutas todavía menores que las del racismo y la xenofobia.
Estos números oficiales conviven con los que documenta cada año la Federación de SOS Racismo, que desde 1995 publica informes anuales que analizan la situación del racismo y la xenofobia en España y Europa. Su informe correspondiente a 2025 registró 590 casos a partir de 544 denuncias recogidas durante 2024, con el racismo institucional, la denegación de acceso a servicios públicos, las agresiones racistas y conflictos, y la discriminación laboral entre los motivos más repetidos. Elena Stati, autora del informe, describe una situación enquistada en los pueblos y ciudades del país que no recibe la respuesta institucional adecuada. El Gobierno español puso en marcha en 2025 su tercer Plan de Acción contra los delitos de odio (2025-2028), articulado en 109 medidas centradas en la prevención, la atención a las víctimas y la lucha contra el discurso de odio en línea. La distancia entre ese plan y el aumento simultáneo de los casos registrados refleja lo difícil que resulta traducir la voluntad política en cambios reales para la vida cotidiana de las personas racializadas.
En América Latina el panorama es igual de preocupante y se documenta con instrumentos distintos a los europeos. La región concentra alrededor de 133 millones de personas afrodescendientes, una de cada cuatro personas latinoamericanas, concentradas sobre todo en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador, con una historia común de exclusión estructural. Brasil ofrece algunos de los datos judiciales más detallados del continente. El Panel de Monitoramento Justiça Racial, desarrollado por el Consejo Nacional de Justicia junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, registró más de 7.000 nuevos procesos por racismo e injuria racial solo en 2025, frente a los 4.205 contabilizados en los diez primeros meses de 2024, y el Poder Judicial brasileño acumula ya 13.440 procesos pendientes de resolución. La línea telefónica Disque 100 recibió en 2025 una media de 13,3 denuncias diarias por racismo e injuria racial, una cifra que ha crecido de forma sostenida desde 2020, cuando se registraron 1.329 denuncias en todo el año. Los procesos por injuria racial crecieron un 117% entre 2022 y 2025, después de que el Supremo Tribunal Federal equiparase ese delito al racismo en octubre de 2021. El ambiente laboral concentra el 30% de los casos analizados por la plataforma jurídica Jusbrasil en 2025, por delante de los espacios públicos y los establecimientos comerciales.
Colombia, donde vive una de las poblaciones afrodescendientes más numerosas de la región, atravesó en 2025 una sucesión de hechos que llevó a organizaciones afrocolombianas a hablar abiertamente de una ola de violencia racista en Bogotá. En el barrio de Ciudad Bolívar, dos jóvenes afrocolombianos desplazados desde Cauca y Chocó fueron asesinados a tiros mientras jugaban fútbol, un episodio que sus comunidades relacionaron con el racismo cotidiano que enfrentan, desde discotecas que se reservan el derecho de admisión hasta arrendadores que rechazan inquilinos negros. El sistema de alertas de Bogotá registró 171 casos de discriminación étnico-racial durante 2025. El Observatorio de Discriminación Racial colombiano ha documentado además que ser una persona afro reduce de forma significativa las posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo. Un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitó el país instó al Gobierno colombiano a enfrentar el racismo sistémico e institucional que padece la población afrodescendiente.
Frente a este panorama conviene detenerse en un matiz que aparece de forma recurrente en quienes elaboran estos informes. La abogada brasileña Dalila Pinheiro, que analiza los datos judiciales sobre injuria racial, explica que este tipo de violencia ha sido históricamente subnotificada, y que el crecimiento en las cifras no equivale necesariamente a un aumento proporcional del problema, equivale sobre todo a más víctimas dispuestas a denunciar y a una conciencia social cada vez mayor sobre su carácter violento. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y primer hombre negro en ocupar ese cargo, hizo una lectura parecida al presentar el informe sobre racismo en el fútbol brasileño, que mostró un aumento del 38,77% en los casos reportados entre 2022 y 2023. Para él, si hay más denuncias es porque la sociedad brasileña está cada vez más atenta a identificar el racismo y sus distintas formas de expresión. Algo parecido ocurrió en España, donde la condena por los insultos racistas contra Vinícius Júnior fue la primera sentencia que reconoce un delito de odio cometido en un estadio de fútbol español.
Esta doble lectura, más violencia y más denuncia ocurriendo al mismo tiempo, sostiene buena parte del trabajo que hacemos desde el periodismo y el activismo antirracista. Cada cifra que documentan SOS Racismo en España, el Consejo Nacional de Justicia en Brasil o el sistema de alertas de Bogotá representa años construyendo canales donde antes no existían, formando a quienes reciben las denuncias y convenciendo a las víctimas de que su testimonio cuenta. El número de organizaciones que sistematizan y publican estos datos ha crecido de forma constante en la última década, desde redes históricas como SOS Racismo, que lleva tres décadas documentando el racismo en España, hasta iniciativas judiciales recientes como el panel brasileño que cruza datos raciales con los procesos abiertos en todo el país.
El discurso de odio que esta fecha busca contrarrestar no se queda en las palabras. Los datos de España, Brasil y Colombia muestran cómo ese discurso se traduce en agresiones, despidos, exclusión laboral, violencia institucional y, en los casos más extremos, en asesinatos. Frente a una realidad que no muestra signos de detenerse, la existencia de organizaciones que documentamos, acompañamos y denunciamos constituye una forma concreta de resistencia. Mientras el odio siga creciendo, seguirá creciendo también la red de quienes nos negamos a normalizarlo.
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