La tarde del 26 de marzo de 2026, Serigne Mbaye acababa de meter la llave en la cerradura de la entrada de su vivienda en el barrio madrileño de Villaverde. Iba a ayudar a un amigo senegalés a redactar un currículum. Antes de que pudiera entrar, un coche frenó muy cerca. Quienes bajaron del vehículo no llevaban uniforme, y Mbaye supo de inmediato que eran policías de paisano. Lo que siguió quedó grabado por vecinos del barrio: el activista reducido por tres agentes, esposado en el asfalto, con una rodilla policial entre sus omóplatos y otra en la parte baja de su espalda. A su lado, otros dos agentes inmovilizaban a un periodista de El Salto aplicándole una llave en el cuello. Al menos seis efectivos, algunos de civil y otros uniformados, participaron en el dispositivo. Esa misma noche, Mbaye fue trasladado a urgencias por las lesiones causadas durante la detención.
Para entender lo que ocurrió ese jueves en Villaverde, es imprescindible entender quién es Serigne Mbaye Diouf y todo lo que eso representa en el contexto policial, político y social español.
Nacido en Kayar, Senegal, en 1975, llegó a España como tantos migrantes africanos, sin papeles, expuesto a todas las vulnerabilidades que el sistema reserva a quienes cruzan fronteras con un cuerpo racializado. Lejos de resignarse a la invisibilidad que el Estado asigna a las personas en situación irregular, Mbaye tomó otro camino. Primero como portavoz de la Asociación de Sin Papeles de Madrid y después como voz del Sindicato de Manteros, construyó una trayectoria de activismo antirracista que desafía cada uno de los relatos con los que el racismo institucional justifica su propia existencia. En 2018 obtuvo la nacionalidad española. En 2021 fue elegido diputado de la Asamblea de Madrid en la lista de Unidas Podemos, convirtiéndose en uno de los referentes más visibles del antirracismo en la política institucional española. Actualmente ocupa la Secretaría de Antirracismo de Podemos.
Cada uno de esos datos es, en sí mismo, una refutación del sistema. Migrante que documentó su propia irregularidad en lugar de ocultarla. Mantero que transformó la precariedad en sindicato y el sindicato en representación parlamentaria. La trayectoria de Mbaye condensa lo que el racismo estructural no tolera: la visibilidad activa y la voz pública de alguien que, según los parámetros del orden racial dominante, debería permanecer callado e invisible.
Lo ocurrido en Villaverde no fue el primer encuentro violento de Mbaye con las fuerzas de seguridad. En los primeros tres meses de 2026, fue detenido e identificado tres veces por la Policía Nacional. La primera, cuando llevaba a su hija al colegio y se dirigía al trabajo. Los agentes argumentaron una denuncia por robo de móvil, y el perfil que buscaban era el de un hombre africano que llevaba dos teléfonos. Los vieron cuando ya lo registraban, no antes de pararlo. La Delegación del Gobierno de Madrid le remitió una propuesta de sanción de 700 euros, que Mbaye recurrió adjuntando todo su historial de identificaciones desde 2021, incluidas las que sufrió siendo diputado en activo. Un mes antes de esta última detención de marzo, ya había denunciado públicamente el hostigamiento continuo y lo había trasladado a la Delegación del Gobierno, al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior. «No me arrugo a la hora de denunciar estas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme», declaró entonces.
Lo que hace del caso de Serigne Mbaye algo más que un ejemplo de perfilamiento racial es lo que él representa específicamente para determinadas corrientes dentro de los cuerpos policiales. Mbaye no es solo un hombre negro en España: es un hombre negro que los ha nombrado, los ha grabado, los ha llevado a las instituciones y los ha llamado públicamente por lo que son. En 2024, durante una movilización en Lavapiés en respuesta a la detención violenta de varios jóvenes africanos, pronunció un discurso en el que acusó a la policía de brutalidad y racismo. Fue el sindicato policial CEP quien lo denunció por injurias, y Mbaye fue imputado. En 2023, fue detenido en la estación de Atocha y denunciado por desobediencia y resistencia. En un viaje institucional a Valencia siendo diputado en activo, fue sacado de la cola del AVE para ser identificado: solo él, en un andén con diputados y eurodiputados. El único negro.
Ese historial acumulado habla de algo que va más allá del racismo de baja intensidad que padecen cotidianamente millones de personas racializadas en España. Habla de la lógica específica con la que el poder policial y sus estructuras sindicales persiguen a quienes nombran el problema. Mbaye ha convertido su propia experiencia de hostigamiento en argumento político y en denuncia pública. Cada vez que habla, cada vez que documenta, cada vez que aparece en un micrófono o en una manifestación, desmonta el relato con el que los cuerpos de seguridad blindan sus actuaciones. Eso genera una respuesta institucional que tiene nombre: criminalización del activismo antirracista. Los sindicatos policiales que en cuestión de horas tacharon a Mbaye de violento el pasado 26 de marzo no actuaban solo en defensa de sus compañeros. Actuaban en defensa del relato.
Lo que Serigne Mbaye ha vivido tiene nombre técnico y político: perfilamiento racial, la práctica por la que las fuerzas de seguridad toman el color de piel, la apariencia o el origen étnico de una persona como criterio principal o exclusivo para detenerla, identificarla o registrarla. En España, esa práctica está documentada con datos que las instituciones prefieren no centralizar. Según estudios recogidos por más de 400 organizaciones en la denuncia coordinada por Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial, un estudio realizado en la estación de autobuses de Granada en 2016 documentó que por cada persona blanca identificada, la policía paraba a 42 personas negras. El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas calificó el perfilamiento racial en España de «problema endémico» tras su visita en 2018. La legislación española no contiene ninguna prohibición explícita de esta práctica; la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ampara en la discrecionalidad policial exactamente el tipo de control que Mbaye ha sufrido de forma sistemática. Afroféminas ha analizado en profundidad cómo este patrón se sostiene en la negación institucional, la criminalización de las víctimas y la opacidad estadística deliberada.
La versión policial del 26 de marzo presentó a Mbaye como obstaculizador de una detención por presunto robo de vehículo. Los sindicatos policiales SUP, Jupol y CEP salieron de inmediato a defender la actuación. Jupol afirmó que Mbaye «destacó especialmente por su violencia, llegando presuntamente a agredir a un agente». La Delegación del Gobierno de Madrid avaló la intervención. Frente a ese relato, los vecinos detenidos ese mismo día, entre ellos el periodista de El Salto Martín Cúneo, describieron agentes que actuaron con agresividad desde el primer momento, sin identificarse ni explicar los motivos del control. Los propios vecinos del bloque de Mbaye dejaron constancia en un comunicado de que ningún vecino blanco del edificio había sido parado nunca en la calle ni en el portal. Lo que los vídeos grabados por la comunidad muestran no requiere interpretación adicional.
La violencia policial racista en España tiene un archivo extenso documentado caso a caso. El caso de Mbaye añade a ese archivo una capa de especial gravedad: la de un hombre con historial documentado de hostigamiento policial, con denuncias activas ante las instituciones competentes, con imputaciones promovidas por sindicatos policiales y con visibilidad política reconocida, detenido igualmente a las puertas de su casa. Lo que eso dice sobre la impunidad de una policía racista merece ser leído con toda su crudeza.
En la entrevista que Mbaye concedió a elDiario.es horas después de su liberación, explicó cómo le habla a su hija de lo que le ocurre. En el colegio, dijo, a veces van policías a dar talleres. «Es complicado cuando les dicen que la policía es buena porque para a los delincuentes. Entonces tiene que saber que a mí me paran sin haber hecho nada. Tiene que saber que es el sistema el que falla, que es culpa del racismo estructural.» Esa conversación, que en ningún hogar de ninguna familia blanca española necesita tener lugar jamás, se reproduce en miles de casas de familias racializadas en este país. La violencia del perfilamiento racial no está solo en la rodilla sobre la espalda, está también en el trabajo constante de construir en los hijos una identidad que el Estado intenta deformar.
Mbaye salió de comisaría esa misma noche, entre los aplausos de los vecinos concentrados en el exterior. Sus palabras al salir fueron las de alguien que ya ha interiorizado que la lucha es larga. «Esto es racismo puro y duro. Esto es una persecución contra las personas racializadas. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Ningún ser humano es ilegal.» Y antes de que nadie le preguntara si tenía miedo, ya había dado la respuesta más honesta y más perturbadora de toda la jornada: «Cualquier día aparezco con un tiro en la cabeza.»
Esa frase no es hipérbole. Es lucidez.
Marián Cortés Owusu
Pedagoga
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