Nos enseñaron a reconocer la esclavitud en los estados sureños de EE.UU., con sus plantaciones de algodón y su guerra civil. Nos hablaron de Lincoln y de la Enmienda XIII. Sabemos el nombre de Frederick Douglass antes que el de cualquier persona esclavizada en Cuba o en Puerto Rico. Hay algo profundamente político en esa distribución del conocimiento. Cuando la esclavitud aparece en los manuales escolares españoles, se asocia casi exclusivamente al conflicto civil norteamericano entre 1861 y 1865, no a la propia historia colonial de España. La esclavitud en España fue un pilar económico que sostuvo el Imperio durante siglos y que el sistema educativo español ha decidido, sistemáticamente, no contar.
La historia no se niega. Se edita
Existe una narrativa extendida que presenta a España como una potencia colonial más humanitaria que el Reino Unido o Francia. En ella, las Leyes de Burgos de 1512, que protegían a los indígenas americanos, aparecen como prueba de una vocación civilizadora. Se cita a Bartolomé de las Casas como ejemplo del escrúpulo moral español. Lo que esa narrativa omite es que las mismas instituciones que protegían a los indígenas jamás extendieron esa protección a las personas esclavizadas traídas del África subsahariana. Lo que omite, también, es que España es la última potencia occidental que abolió la esclavitud. El año fue 1886. Hace apenas ciento treinta y nueve años.
Para entender el sistema hay que entender el asiento de negros, ese mecanismo por el cual la corona española concedía licencias a otras potencias europeas —primero Portugal, luego Francia, finalmente Inglaterra mediante el Tratado de Utrecht de 1713— para introducir personas esclavizadas en sus colonias americanas. El asiento fue un monopolio sobre el comercio de esclavos desde África hasta la América hispana, otorgado a Inglaterra como compensación por la victoria del candidato francés Felipe V al terminar la Guerra de Sucesión Española. España no siempre gestionó directamente la trata, sí se beneficiaba de ella mediante gravámenes e impuestos por cada persona esclavizada que pisaba suelo colonial. Externalizó el crimen y cobró comisión.
El epicentro de ese sistema fue Cuba, convertida en el gran laboratorio esclavista español del siglo XIX. Cuando en 1762 el Reino Unido tomó brevemente La Habana, abrió la isla al comercio masivo de personas esclavizadas, que aumentó al menos en 4.000 personas al mes. El flujo no se detuvo. Más de un cuarto de millón de personas fueron desembarcadas en Cuba, y 50.000 en Puerto Rico, durante el período de trata ilegal posterior a 1820; según cifras oficiales, en 1837 había en Cuba 286.942 personas esclavizadas. Ese mismo año, cuando España abolió formalmente la esclavitud en la Península, Cuba y Puerto Rico quedaron expresamente exentas de cumplir esa norma abolicionista. Fue una decisión económica.
Los beneficios lo explican todo. Entre 1821 y 1867, los ingresos de la trata ilegal se calculan en torno a 58 millones de dólares basándose en 443.399 personas vendidas, cifra que en realidad pudo rondar las 700.000; y esas estimaciones no incluyen todo el negocio paralelo generado a su alrededor: navieras, astilleros, manufacturas. El negocio esclavista permitió financiar la revolución industrial que vivieron principalmente Cataluña y el País Vasco en la segunda mitad del siglo XIX. La modernidad española se construyó sobre ese andamiaje. Ese dato tampoco aparece en los libros de texto.
Y aquí es donde la herida se abre de otra forma.
Un análisis de 165 libros de texto utilizados en España entre 1975 y 2022 concluyó que la ausencia del pasado esclavista español en las aulas no es accidental. Es consecuencia de un olvido sistemático en el currículo escolar, una situación que contrasta con otros países protagonistas de la trata atlántica. Tanto en la ESO como en el Bachillerato se ha obviado el relevante papel de la economía esclavista en Cuba ligada a la producción de azúcar, y tampoco se ha profundizado en la influencia de los grupos de presión esclavistas en la política española durante el siglo XIX. La Sociedad Abolicionista Española apenas recibe mención. Las pensadoras feministas que lucharon contra la esclavitud desde el propio suelo ibérico —Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Concepción Arenal— no aparecen en ese capítulo de la historia. Francia, en cambio, dedica entre 14 y 18 páginas en sus libros de cuarto de Secundaria a explicar cómo se capturaba a las personas africanas, qué ocurría en los barcos negreros, qué implicaba el trabajo forzado en las plantaciones. El currículo estadounidense obliga a los estudiantes a investigar las condiciones bajo las cuales se desarrolló el comercio de esclavos en el Atlántico. El español, con su reforma de 2022, mantuvo el silencio. En la redacción de la Ley de Memoria Democrática de ese año se perdió la oportunidad de recordar el papel que la esclavitud tuvo en la historia contemporánea española.
No es que no se enseñe. Es que se enseña mal, cuando se enseña
El lenguaje oficial colabora con ese silencio. «Mestizaje» como palabra amable que borra la violencia de la esclavización sexual sistemática. «Evangelización» como marco que desplaza la explotación al terreno de la misión espiritual. «Encuentro de culturas» para nombrar un proceso en el que millones de personas fueron arrancadas de sus tierras, hacinadas en barcos y vendidas como mercancía. Las palabras del poder tienen esa función: hacer que lo brutal parezca neutro. Grada Kilomba lo llama la colonialidad del lenguaje. Nosotras lo reconocemos en cada eufemismo que convierte la historia en un relato soportable para quienes no la padecieron. Celebrar el relato oficial del Imperio es celebrar la herida abierta que todavía sangra en los cuerpos y las memorias de nuestros pueblos.
Las condiciones en los ingenios azucareros cubanos del siglo XIX no caben en ningún eufemismo. Se trató del período más inhumano de la trata negra, pues los barcos escondían a las personas esclavizadas en dobles bodegas y apenas llevaban alimentos ni agua, para no ser descubiertos por las naves de guerra británicas que combatían la trata. Las autobiografías de Juan Francisco Manzano y Esteban Montejo —este último transcrito por el antropólogo Miguel Barnet en Biografía de un cimarrón— documentan lo que fue aquello desde adentro. La separación de familias, la marca con hierro, los castigos codificados en reglamentos oficiales. Eran el funcionamiento normal del sistema. Como señala Angela Davis, la violación se convirtió en un instrumento legalizado de control sobre los cuerpos de las mujeres esclavizadas, utilizadas como mano de obra y como cuerpos reproductores al servicio del sistema esclavista.
España no lideró la abolición. Llegó tarde, y a regañadientes. La ley por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico fue aprobada el 22 de marzo de 1873, liberando a unos 31.000 esclavos, y solo fue posible porque se había votado la proclamación de la Primera República Española. Cuba tuvo que esperar hasta 1880 para la ley y hasta el decreto del 7 de octubre de 1886 para la liberación de los últimos 30.000 que quedaban en un sistema de servidumbre disfrazado de «patronato». Todo ese proceso se hizo contra la resistencia activa de los grupos de presión esclavistas que, durante el siglo XIX, hicieron caer tronos y elevaron reyes, compraron voluntades de poderosos y de humildes, torcieron la voluntad del Parlamento y del Gobierno. Financiando el retorno de la monarquía de Alfonso XII, prolongaron la esclavitud más de una década. Y luego, gestionaron el olvido.
¿Por qué no se cuenta esta historia? El relato del Imperio español como empresa de civilización y evangelización —con sus héroes exploradores y sus misiones religiosas— no tolera la imagen de un Estado que operó como sistema esclavista durante más de cuatro siglos. Reconocerlo implicaría revisar los fundamentos de ese relato y la procedencia de determinadas fortunas. El racismo estructural determina qué historias merecen ser contadas y qué cuerpos merecen ser llorados. Las personas africanas esclavizadas en territorios españoles no ocupan lugar en el duelo colectivo de este país porque no se las considera parte constitutiva de su historia. Son un accidente colonial, no un protagonista. La consecuencia de esa omisión no es abstracta. Las personas afrodescendientes en España padecen discriminación documentada y persistente en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios públicos. La invisibilidad histórica alimenta la invisibilidad presente. Cuando no existe relato sobre el lugar que ocupamos en la historia de este territorio, se nos puede narrar como recién llegadas, como eternas extranjeras, como cuerpos que no pertenecen.
España no recuerda porque recordar implica responsabilizarse. Implica mirar la riqueza acumulada en determinadas manos durante el siglo XIX y preguntarse de dónde vino. Implica revisar quién construyó la modernidad de este país y en qué condiciones. Implica reconocer que las personas que hoy migran desde los mismos territorios que España esclavizó no son una amenaza ni una anomalía. Son parte de una historia que todavía no se ha saldado. Sin memoria no hay justicia. Y la justicia, en este caso, empieza por lo más básico: contarlo.
Redacción Afroféminas
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