28S: Cuando el derecho a decidir se convierte en privilegio de clase y raza

Cada 28 de septiembre conmemoramos el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Esta fecha nació en 1990, cuando activistas feministas de América Latina y el Caribe se reunieron para denunciar las miles de muertes evitables de mujeres por abortos clandestinos. Más de tres décadas después, la lucha continúa porque el acceso al aborto sigue siendo una cuestión de privilegios donde el color de la piel, el estatus migratorio y la cuenta bancaria determinan quién puede ejercer su autonomía reproductiva y quién arriesga su vida.

La historia de este día es la historia de la resistencia colectiva. Mientras los Estados criminalizaban a las mujeres, los movimientos feministas latinoamericanos construían redes de apoyo mutuo y visibilizaban una realidad que las instituciones se empeñaban en ocultar: las mujeres pobres, negras, indígenas y migrantes morían desangradas en la clandestinidad mientras las mujeres con recursos económicos, casi siempre blancas, accedían a servicios privados seguros. Esa desigualdad estructural persiste hoy y se ha acentuado con los nuevos retrocesos en los derechos reproductivos.

Estados Unidos: los derechos conquistados se pueden perder

En junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade, la sentencia que durante casi 50 años garantizó el derecho federal al aborto. La decisión desencadenó un efecto dominó: los estados conservadores activaron leyes que prohibieron el aborto desde la concepción o lo restringieron severamente. Texas, Mississippi, Alabama, Missouri y Oklahoma están entre los 14 estados que han prohibido completamente el aborto, incluso en casos de violación o incesto.

Esta regresión ha tenido consecuencias devastadoras que van mucho más allá de las estadísticas. Las mujeres racializadas, especialmente las afroamericanas y latinas, son las más afectadas. Ya antes de la caída de Roe vs. Wade, las mujeres negras tenían el triple de probabilidades de morir durante el parto o en el periodo postnatal que las mujeres blancas. Esta brecha no se debe a factores biológicos ni a estilos de vida, como se ha querido hacer creer durante décadas, sino al racismo sistémico en el sistema de salud.

El racismo médico es una realidad documentada. Las quejas de dolor de las mujeres negras se minimizan o ignoran, sus síntomas se malinterpretan, y el acceso a atención prenatal de calidad es desigual. Cuando se elimina el acceso al aborto legal, estas mujeres quedan atrapadas en un sistema que ya las trataba con negligencia y ahora las obliga a continuar embarazos no deseados o a buscar alternativas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas.

Las cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas demuestran que en Estados Unidos las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir durante el parto que las blancas, independientemente de su nivel educativo o ingresos. Esta disparidad se agudiza en los estados que han prohibido el aborto, donde las mujeres con menos recursos deben viajar cientos de kilómetros para acceder a servicios en otros estados, asumiendo costes de transporte, alojamiento y tiempo perdido en el trabajo que muchas simplemente no pueden permitirse.

El maltrato durante la atención de maternidad también muestra patrones raciales alarmantes. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 30% de las mujeres negras, el 29% de las hispanas y el 27% de las multirraciales dicen haber recibido maltrato durante la atención de maternidad, frente a porcentajes significativamente menores en mujeres blancas.

Latinoamérica: frágiles avances bajo amenazas constantes

América Latina vive una tensión constante entre victorias históricas y retrocesos más que preocupantes. En los últimos años, países como Colombia, México y Argentina han ampliado el acceso al aborto bajo gobiernos progresistas, pero estos avances conviven con intentos persistentes de revertirlos y con barreras estructurales que impiden que los derechos en el papel se materialicen en la práctica.

Colombia representa uno de los logros más significativos: desde febrero de 2022, el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación, el límite más amplio de la región. En México, la Suprema Corte declaró en septiembre de 2023 que la criminalización del aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, y actualmente 19 estados han despenalizado la práctica, la mayoría hasta las 12 semanas. Argentina legalizó el aborto en 2020 después de una lucha histórica de la marea verde.

Sin embargo, estos avances enfrentan obstáculos significativos. En Ecuador, el expresidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la despenalización del aborto en casos de violación, reduciendo el plazo de 18 a 12 semanas para mujeres, niñas y adolescentes en zonas rurales, precisamente las poblaciones más vulnerables y con menor acceso a servicios de salud. En Brasil, en 2024 surgieron propuestas legislativas que equiparaban el aborto después de las 22 semanas al homicidio, lo que generó masivas protestas, aunque el 66% de la población brasileña se opone a estas restricciones según el Instituto Datafolha.

La Corte Constitucional de Colombia emitió en 2024 una sentencia que exige garantías de no violencia para mujeres que acuden al sistema de salud por un aborto, y ratificó la confidencialidad del procedimiento. Estas medidas surgieron como respuesta a casos de acoso y violación de la privacidad de mujeres que ejercían su derecho legal al aborto, una muestra de cómo incluso cuando existe un marco legal favorable, las mujeres enfrentan estigma y violencia institucional.

Las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales de América Latina enfrentan múltiples barreras. La distancia geográfica a los centros de salud, la falta de información en sus idiomas nativos, el racismo de los profesionales sanitarios y la pobreza se conjugan para hacer inaccesible un derecho que formalmente les pertenece. Las redes feministas han documentado cómo en comunidades rurales, las mujeres deben viajar durante horas para acceder a servicios en ciudades, enfrentando costes prohibitivos y el riesgo de perder sus empleos.

La retórica progresista, frente a una realidad desigual en el Estado español

España cuenta desde 2010 con una ley de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y hasta la 22 en casos de grave riesgo para la vida o salud de la gestante o anomalías fetales incompatibles con la vida. En 2022 se aprobó una reforma que eliminó el requisito del consentimiento parental para menores de 16 y 17 años y estableció la baja laboral por menstruación incapacitante, entre otras medidas. Sobre el papel, el marco legal español parece garantista.

La realidad cotidiana cuenta otra historia. La objeción de conciencia masiva entre profesionales sanitarios en algunas comunidades autónomas hace que muchas mujeres deban desplazarse o recurrir a clínicas privadas para acceder a un derecho que debería ser público y gratuito. Las derivaciones a centros privados concertados, aunque no suponen coste directo para la usuaria, revelan la incapacidad o falta de voluntad del sistema público para garantizar este servicio.

Para las mujeres migrantes, la situación es particularmente grave. Aunque la reforma de 2018 restableció la atención sanitaria universal, en la práctica persisten obstáculos burocráticos que dificultan el acceso. En 2022, las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas por mujeres migrantes representaron el 35,2% del total. Este porcentaje desproporcionado no habla de una supuesta «irresponsabilidad» de las mujeres migrantes, sino de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven: trabajos precarios, falta de acceso a anticonceptivos, violencia de género, y barreras lingüísticas y culturales en el sistema de salud.

Testimonios recogidos por organizaciones sociales revelan que muchas mujeres migrantes escuchan «tú no tienes derecho» cuando acuden a solicitar una interrupción del embarazo. Aunque esto contradice la ley, demuestra cómo el racismo institucional opera en la práctica. Profesionales desinformados o con prejuicios raciales niegan o dificultan el acceso basándose en el estatus migratorio, obligando a las mujeres a buscar información de boca en boca, a través de redes informales que no deberían ser necesarias si el sistema funcionara como debe.

Las mujeres sin permiso de residencia enfrentan el miedo añadido de que acudir al sistema de salud pueda resultar en su identificación y deportación. Este temor, aunque la ley no contemple esa posibilidad, es real y está fundamentado en experiencias de discriminación y maltrato institucional. El resultado es que muchas optan por procedimientos clandestinos o inseguros antes que exponerse al sistema.

El racismo médico también opera en España, aunque se hable menos de él. Las experiencias de maltrato durante el embarazo y el parto de mujeres negras y racializadas están comenzando a visibilizarse. Un artículo reciente de nuestra colaboradora Elvira nos contaba cómo las tasas de mortalidad materna son más altas entre mujeres negras, y cómo nuestras quejas se minimizan o ignoran por falta de empatía y formación cultural entre profesionales de la salud. Si esto ocurre durante el embarazo, las barreras para acceder a un aborto seguro y respetuoso son aún mayores.

La herencia colonial en nuestros cuerpos

El control sobre los cuerpos de las mujeres, especialmente de las mujeres racializadas, pobres y migrantes, tiene raíces coloniales profundas. Durante siglos, los Estados y las élites decidieron quién podía o debía reproducirse. A las mujeres esclavizadas se las obligaba a parir para aumentar la mano de obra. A las mujeres indígenas se las esterilizaba forzosamente en nombre del desarrollo. A las mujeres blancas de clase media se las confinaba a la maternidad como único destino posible.

Esas lógicas coloniales persisten hoy transformadas. Las mismas sociedades que niegan el aborto a las mujeres pobres han esterilizado sin consentimiento a mujeres con discapacidad, romaníes o migrantes. Las mismas instituciones que criminalizan a una mujer por abortar son cómplices de la violencia obstétrica que sufren las mujeres racializadas en hospitales públicos. La idea esta clara, algunos cuerpos importan más que otros, algunas vidas merecen más protección que otras.

Desde una perspectiva afrofeminista y decolonial, el derecho al aborto no puede separarse de la lucha contra el racismo, el clasismo y el colonialismo. No basta con despenalizar, hace falta desmantelar las estructuras de poder que determinan quién puede ejercer ese derecho en condiciones de dignidad y seguridad. Necesitamos servicios de salud antirracistas, con profesionales formados en perspectiva intercultural y conscientes de sus propios prejuicios. Necesitamos eliminar las barreras económicas y burocráticas que convierten un derecho en un privilegio. Necesitamos reconocer que la autonomía reproductiva es inseparable de la justicia social.

Una mirada feminista negra hacia adelante

Este 28 de septiembre nos encuentra en un momento de tensión. Por un lado, hemos conquistado espacios importantes: legislaciones más favorables en varios países, mayor conciencia social sobre derechos reproductivos, redes de apoyo entre mujeres más fuertes. Por otro lado, enfrentamos retrocesos brutales, campañas antiderechos cada vez más organizadas, y la constatación de que incluso donde ganamos batallas legales, las mujeres racializadas, migrantes y pobres siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos.

Desde el feminismo negro y decolonial entendemos que la lucha por el aborto legal, seguro y accesible es parte de una lucha más amplia por la justicia. Necesitamos abortos accesibles, pero también necesitamos acabar con la violencia policial que mata a nuestros hijos, con los CIE que encierran a nuestras hermanas migrantes, con la precarización laboral que nos condena a la pobreza. Necesitamos que se respete nuestra decisión de abortar, pero también nuestra decisión de maternar en condiciones dignas, con apoyo social y económico real.

Las mujeres negras, indígenas, migrantes y racializadas hemos estado en primera línea de estas luchas históricamente, aunque nuestras voces hayan sido invisibilizadas. Hemos creado redes de cuidado mutuo, hemos acompañado abortos cuando nadie más lo hacía, hemos enfrentado la criminalización con nuestros cuerpos. Hoy exigimos que nuestras experiencias y análisis estén en el centro de las discusiones sobre derechos reproductivos, porque son precisamente nuestras vidas las que están en mayor riesgo.

El 28 de septiembre es un día de memoria, de rabia y de esperanza. Recordamos a las miles de mujeres que murieron por abortos clandestinos, cuyas muertes pudieron evitarse si los Estados hubieran priorizado sus vidas sobre el control de sus cuerpos. Sentimos rabia ante los retrocesos, ante la hipocresía de sociedades que se proclaman democráticas mientras niegan derechos básicos. Y mantenemos la esperanza porque sabemos que cuando las mujeres nos organizamos, cuando ponemos nuestros cuerpos y voces en las calles, los cambios son posibles.

La lucha continúa, y continuará hasta que todas las mujeres, sin importar su raza, clase, nacionalidad o situación administrativa, puedan decidir libremente sobre sus cuerpos y sus vidas. Hasta que el aborto no sea un privilegio de pocas sino un derecho de todas. Hasta que ninguna mujer más tenga que arriesgar su vida por decidir sobre su propio destino.

Afroféminas

---