Vivimos un tiempo de asedio. La derecha y la ultraderecha españolas han decidido que las reglas del juego democrático solo son válidas cuando ganan. El resto del tiempo, se dedican a dinamitarlas. Estamos presenciando una estrategia coordinada que combina la ofensiva judicial, mediática y policial con un objetivo claro: restaurar un orden conservador que nos quiere invisibles, expulsadas o, en el mejor de los casos, calladas. Que nadie se engañe, esto no es una crisis política cualquiera. Es un pulso de poder que pone en juego las pocas conquistas que hemos conseguido pisar.
El tablero político español se ha convertido en un escenario donde la supervivencia parlamentaria ha sustituido a la agenda social. El Gobierno de coalición, atrapado en la aritmética imposible del Congreso, ha ido claudicando ante las exigencias de Junts, un socio cuyo discurso sobre inmigración ha adoptado los marcos de la extrema derecha. Jordi Turull, secretario general del partido, ha llegado a afirmar públicamente que Catalunya debe tener la capacidad de «expulsar o no a multirreincidentes», vinculando de forma directa migración y delincuencia. La proposición de ley para transferir competencias migratorias a la Generalitat incluía en su exposición de motivos referencias a la inmigración como «un problema que pone en riesgo la cohesión social», lenguaje que Podemos, Izquierda Unida y parte de Sumar han calificado abiertamente de racista.
El precio de esta dependencia parlamentaria ha sido el abandono sistemático de la agenda social. La Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes, que llegó al Congreso en marzo de 2024 con más de 700.000 firmas, lleva más de un año estancada en un limbo parlamentario. El movimiento Regularización Ya denuncia que la ILP ha sido archivada de facto, mientras el Gobierno opta por regularizaciones parciales, administrativas y silenciosas que dejan fuera a cientos de miles de personas. La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, ha dejado en situación de desprotección jurídica a solicitantes de asilo, menores de edad y personas en arraigo. Es decir, a los más vulnerables.
La Ley de Vivienda, aprobada en 2023 como primera normativa estatal que regula el derecho a una vivienda digna, sigue sin aplicarse plenamente. La declaración de zonas tensionadas depende de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, que se niegan a implementarla. Mientras tanto, los precios del alquiler siguen disparándose y la crisis habitacional se ceba con quienes menos tienen. La Ley Mordaza, que cumplió diez años en marzo de 2025, sigue vigente a pesar de las promesas reiteradas de derogación. Pedro Sánchez prometió eliminarla «en cuanto llegara al Gobierno». Llegó en 2018. Desde entonces, se han registrado más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, según datos del Ministerio del Interior. Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y Rights International Spain exigen que la reforma se concrete antes del décimo aniversario de su entrada en vigor. No ha ocurrido.
Mientras la agenda social se pudre en los cajones del Congreso, la maquinaria del lawfare trabaja a pleno rendimiento. El caso de Begoña Gómez es paradigmático. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, admitió a trámite en abril de 2024 una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias y desde entonces ha sido corregido por la Audiencia Provincial de Madrid en más de una docena de ocasiones. Los magistrados superiores han anulado imputaciones, registros y diligencias por falta de indicios y motivación. Han calificado algunas de sus decisiones como vulneraciones de derechos fundamentales. Han llegado a reprocharle que «no es propio de un Estado de Derecho pretender la asunción acrítica de cualesquiera diligencias». Peinado ha intentado introducir en la causa el rescate de Air Europa, ha ordenado registros que después fueron anulados por vulnerar el derecho a la intimidad, ha pedido siete años de correos electrónicos de la esposa del presidente sin justificación suficiente. La Audiencia ha archivado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid por basarse en «simples suposiciones». Ha levantado la imputación del rector de la Universidad Complutense y del exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes. Ha prorrogado la investigación hasta abril de 2026. La denuncia original de Manos Limpias, el pseudosindicato que inició todo, ha sido expulsada del procedimiento por no pagar la fianza requerida para ejercer la acusación popular.
La condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el 20 de noviembre de 2025, representa un hito sin precedentes: es el primer fiscal general en la historia de España que se sienta en el banquillo y resulta condenado. El Tribunal Supremo le impuso dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de secretos, al considerar probado que filtró un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que este reconocía la comisión de dos delitos fiscales. La sentencia señala que el fiscal general «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito» y subraya que sobre él pesaba un «reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación». El fallo destaca también que García Ortiz realizó un «borrado concienzudo» de su teléfono móvil justo después de que se incoara el proceso. Dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, emitieron un voto particular abogando por la absolución.
Las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han estallado en diciembre de 2025 con registros en Correos, Hacienda y la SEPI. Las detenciones de Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, y de Vicente Fernández Guerrero, primer presidente de la SEPI nombrado por Sánchez, abren investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. La sincronicidad de estas operaciones no puede dejar de llamar la atención. El caso Koldo mantiene en prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y tiene como investigado a Santos Cerdán, número tres del PSOE. Un informe de la UCO de 490 páginas señala a Cerdán como presunto encargado de gestionar comisiones de las que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García.
No se trata de negar que deba investigarse la corrupción. La corrupción existe, ha existido siempre y debe perseguirse caiga quien caiga. La cuestión es otra: el timing político de las filtraciones, el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer estallar casos con mucha exposición mediática y, en ocasiones, poco recorrido jurídico real. El caso del Fiscal General es un escándalo de dimensiones colosales que rompe la separación de poderes. Un poder judicial que ha decidido hacer política desde los tribunales.
Lo que está en juego es una confluencia de intereses cuyo objetivo es la regresión. El poder económico, el judicial y el mediático convergen para revertir las pocas conquistas logradas en los últimos años. Las leyes de igualdad, los avances en derechos laborales, las tímidas medidas de protección social. Todo está en el punto de mira. La alianza reaccionaria no distingue entre lo que es judicialmente perseguible y lo que simplemente quiere destruir. Para ellos, todo vale si el resultado es tumbar al Gobierno y restaurar el orden anterior.
¿Y nosotras? Las mujeres negras, las migrantes, las trabajadoras somos las primeras víctimas del recorte de derechos que viene con la extrema derecha. Lo sabemos porque lo hemos vivido. Sabemos lo que significa que un gobierno mire hacia otro lado cuando se nos discrimina en el acceso al empleo, a la vivienda, a la sanidad. Sabemos lo que supone que la regularización de medio millón de personas se eternice en el Congreso mientras los partidos negocian sus cuotas de poder. Sabemos que cuando caen los gobiernos, por muy imperfectos que sean, quienes pagamos primero somos nosotras.
Desde Afroféminas no podemos defender este Gobierno de forma acrítica. Nos han fallado en demasiados frentes. La regularización sigue siendo una promesa incumplida. Las políticas antirracistas se quedan en planes y declaraciones de intenciones que no se traducen en cambios reales. El discurso de Junts sobre inmigración se ha blanqueado para mantener la gobernabilidad. Se ha permitido que la narrativa que vincula migración con delincuencia se instale en el debate público sin una respuesta contundente desde las instituciones.
Y aun así, tampoco podemos ser ingenuas ante el golpe de mano de las élites. Nuestra lucha no es por salvar al soldado Sánchez. Es por defender el suelo de derechos que tanto nos ha costado pisar. La alternativa es un país que nos quiere invisibles o expulsadas. Un país donde la crueldad se convierte en virtud, donde deshumanizar al migrante es aplaudido en tertulias y mítines, donde el racismo institucional se disfraza de gestión eficiente.
El momento exige claridad. No hay neutralidad posible ante la barbarie. Quien calla otorga. Quien mira hacia otro lado elige un bando. La pregunta que cada uno debe hacerse es en qué lado de la historia quiere estar cuando todo esto termine.
Marián Cortés Owusu
Pedagoga
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