Ceuta: el negocio de la vulnerabilidad migrante (I)

+Primera parte de un análisis en dos entregas. Esta recoge los casos documentados y la segunda, la crisis de vivienda, el marco jurídico y la responsabilidad de las instituciones.

Alojamientos hacinados, cobros abusivos, posibles formas de explotación laboral, fraudes y traslados irregulares. Las investigaciones conocidas tras la entrada masiva de julio de 2026 muestran cómo la falta de alternativas puede convertirse en una fuente de beneficio. Un análisis jurídico-periodístico sobre explotación, derechos humanos y responsabilidad pública, que distingue entre indicios, denuncias y hechos acreditados.

La entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no agotó sus efectos cuando disminuyó la llegada a la ciudad. Para miles de personas, el cruce fue el comienzo de otra incertidumbre sobre dónde dormir, cómo alimentarse, dónde encontrar ropa, cómo contactar con sus familias y de qué manera continuar el viaje hacia la península. La saturación de los recursos de acogida, la falta de vivienda disponible y las dificultades para acceder a una solución administrativa y habitacional crearon un escenario en el que la necesidad podía convertirse en una fuente de ingresos para terceros.

Durante las semanas posteriores, las investigaciones policiales, las denuncias y las informaciones periodísticas han documentado alojamientos en condiciones insalubres, cobros abusivos, posibles explotaciones laborales, intermediación para traslados irregulares, alquiler de documentos de identidad y engaños dirigidos tanto a las propias personas migrantes como a sus familiares. La situación debe leerse también en el marco de un sistema fronterizo que distribuye de manera desigual la movilidad, la seguridad y el acceso a derechos. Unas personas pueden continuar su viaje y otras quedan atrapadas en la espera y dependen de recursos escasos.

Ese contexto no convierte automáticamente cada actividad en delito ni permite atribuir conductas colectivas a las personas migrantes. Sí obliga a examinar quién controla los recursos, quién obtiene beneficios de la necesidad ajena y qué garantías ofrecen las instituciones. La vulnerabilidad no surge únicamente de las circunstancias individuales de quienes llegan a la ciudad. También se construye cuando faltan alternativas habitacionales, la información no resulta accesible y la posibilidad de continuar un proyecto de vida depende de intermediarios que pueden imponer sus propias condiciones.

El fenómeno no puede analizarse como una sucesión de episodios aislados, al margen de las condiciones materiales y administrativas en las que se produjeron. Lo que muestran los casos conocidos es una economía heterogénea, con actores, prácticas y responsabilidades diferentes, en la que algunas personas han aprovechado la falta de alternativas habitacionales y administrativas para obtener beneficios económicos. En determinados episodios, los indicios investigados van más allá del alquiler abusivo y apuntan a posibles delitos contra los derechos de las personas extranjeras, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, lesiones o explotación de menores.

La cuestión central, por tanto, no se limita a cuantificar cuántas personas llegaron o cuántas permanecen en Ceuta. Exige también examinar las conductas investigadas, los posibles rendimientos económicos y las obligaciones de protección de las administraciones. También exige investigar quién obtiene beneficios de la desprotección, qué servicios se cobran, quién organiza los traslados y qué mecanismos de control permiten que algunas personas permanezcan durante semanas en espacios que no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad. El objetivo debe ser identificar las responsabilidades individuales y las estructuras que se aprovechan de la vulnerabilidad, sin convertir la nacionalidad, la situación administrativa o la pobreza en indicios automáticos de criminalidad.

Las intervenciones policiales realizadas desde finales de agosto han permitido conocer algunos de los mecanismos de este mercado. El 1 de septiembre, El Faro de Ceuta informó de la detención de dos personas en una investigación relacionada con el alojamiento de migrantes en las plazas de un garaje comunitario del edificio Mirasol, en la avenida de Reyes Católicos. Según los testimonios incorporados a las diligencias, algunas personas habrían pagado hasta 900 euros por un mes de estancia y otras habrían acordado cantidades de alrededor de 30 euros diarios. La Policía investigaba quién gestionaba el espacio, quién recibía el dinero y qué relación existía entre el alojamiento y los posibles traslados a la península.

El caso tuvo un desenlace judicial el 2 de septiembre. Según El Faro de Ceuta, los dos acusados reconocieron los hechos y fueron condenados. Uno recibió penas de nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y seis meses por amenazas, con la suspensión de la entrada en prisión durante cinco años bajo las condiciones fijadas judicialmente. El otro, de nacionalidad marroquí, fue expulsado de España. Se trata de un caso en el que sí puede hablarse de condena, a diferencia de las operaciones que permanecen bajo investigación y en las que la presunción de inocencia debe mantenerse.

El 16 de septiembre, el Ministerio del Interior informó de otra operación en la que la Policía Nacional detuvo a dos personas por presuntamente captar, alojar, cobrar y controlar a migrantes vulnerables mientras esperaban un posible traslado irregular a la península. La investigación describía el uso de garajes, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas para vivir. Según la información policial, algunas personas habrían pagado hasta 900 euros mensuales; también se cobraban entre cinco y diez euros por cargar completamente un teléfono móvil y la entrega de colchones o mantas podía quedar condicionada al pago íntegro de las cantidades exigidas. Los investigadores señalaron, además, que se habrían ofrecido traslados irregulares a la península por cantidades de hasta 6.000 euros y que algunas personas habrían recibido amenazas para impedir que colaboraran con la Policía.

Ese mismo 16 de septiembre, la Guardia Civil desalojó una vivienda de la calle Real en la que se encontraban 25 personas migrantes, entre ellas seis menores. Algunos titulares iniciales difundieron una cifra diferente; la información detallada recogía 25 personas. Según las noticias publicadas, habían llegado durante la entrada masiva de finales de julio y permanecían hacinadas en condiciones de salubridad muy deficientes. La Guardia Civil detuvo a los propietarios, un hombre y una mujer, por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El episodio evidencia que el problema no se limitaba a las barriadas periféricas, porque también se localizaron alojamientos precarios en inmuebles del centro de la ciudad.

El 22 de septiembre se informó de la detención de dos personas después de localizar a 14 migrantes en una vivienda de protección oficial situada en Loma Colmenar. Dos días después, la Policía Nacional anunció el desmantelamiento de otros dos inmuebles utilizados presuntamente para alojar a personas migrantes en situación administrativa irregular, uno en El Príncipe y otro en Loma Colmenar. En esta segunda comunicación se contabilizaron 28 personas, tres de ellas menores, y tres detenidos. Según los investigadores, la actividad habría generado más de 10.000 euros desde el inicio de la crisis. Algunos ocupantes habrían pagado su estancia realizando trabajos de reforma, construcción o mejora en los propios inmuebles.

Estas informaciones deben tratarse con cautela al contabilizar el alcance total del fenómeno. La noticia del 22 de septiembre sobre los 14 residentes en una vivienda de protección oficial y la operación comunicada el día 24, que incluyó un inmueble de Loma Colmenar, podrían guardar relación. Sin confirmación de que se tratara de grupos y personas diferentes, no es correcto sumar automáticamente ambas cifras como si correspondieran a episodios completamente independientes.

El 6 de octubre, la Guardia Civil desalojó a otras 12 personas de una vivienda de El Príncipe, entre ellas una mujer embarazada. La sucesión de intervenciones muestra que el alojamiento irregular y hacinado siguió apareciendo en distintos puntos de la ciudad después de las primeras detenciones.

A estos casos se sumaron las operaciones policiales del 20 de octubre en el barrio de El Príncipe. Europa Press informó ese día de la localización de alrededor de un centenar de personas migrantes en distintos pisos patera y de al menos dos detenciones. Las informaciones posteriores detallaron una intervención en una vivienda concreta en la que se localizaron 74 personas. Ambas noticias se refieren a actuaciones desarrolladas en el mismo barrio y en la misma fecha, y la información disponible no permite asegurar que los grupos sean completamente independientes. Por ello, no deben sumarse las aproximadamente cien personas de la primera noticia y las 74 de la segunda para presentar un total de 174 afectados.

La intervención de la vivienda con 74 personas fue una de las más graves conocidas hasta la fecha. En un inmueble de unos 80 metros cuadrados, distribuido en dos plantas y con construcciones anexas, se alojaba a 74 personas (54 hombres, diez mujeres y diez menores). De acuerdo con la información publicada por El País el 23 de octubre, había una única cama convencional y el resto dormía hacinado en el suelo, sobre mantas, colchones y otros materiales. Los precios variaban según el espacio disponible, con alrededor de 20 euros por noche dentro de la vivienda y diez euros en los barracones anexos.

La investigación calculó que el responsable podría haber ingresado entre 1.000 y 1.100 euros diarios, lo que equivaldría aproximadamente a 30.000 euros mensuales si se mantuviera ese nivel de ocupación y cobro. Se trata de una estimación policial de ingresos brutos, no de una resolución judicial que haya acreditado un beneficio neto de esa cuantía.

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El investigado, un hombre de nacionalidad española residente en Ceuta, ingresó en prisión provisional. La Policía le atribuye presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones a un menor y explotación laboral de menores. Según las informaciones publicadas, algunos residentes habrían realizado trabajos de albañilería y otras tareas a cambio de descuentos en el alojamiento, sin percibir un salario. También se investiga el uso de un perro para controlar a las personas alojadas; uno de los menores sufrió una mordedura. Durante la intervención, los agentes encontraron a dos jóvenes escondidos en el interior de un frigorífico que estaba en funcionamiento. Estos detalles van más allá de un problema de hacinamiento y plantean indicios de coacción y explotación que deberán esclarecerse judicialmente.

La operación se produjo después de los desalojos de los asentamientos informales de las playas de El Trampolín y Benítez. Según las informaciones policiales, una parte de las personas que permanecían allí se desplazó a barrios periféricos, donde encontró alojamiento en viviendas y espacios que no estaban preparados para acoger a tantas personas. El traslado de la necesidad de un lugar a otro no equivale a resolverla. Cuando se desmantela un asentamiento sin que exista una alternativa habitacional suficiente, el problema puede hacerse menos visible sin llegar a desaparecer. En ocasiones pasa a desarrollarse en espacios cerrados donde resulta más difícil detectar las condiciones en las que viven las personas afectadas.

Además de las operaciones policiales, diversas informaciones periodísticas han descrito el alquiler de azoteas, garajes, sótanos y espacios anexos por cantidades que, sumadas, pueden generar ingresos importantes. Una información publicada por El Mundo y recogida por el medio Mugak describió una azotea en la que, según los testimonios citados, dormían unas 15 personas que pagaban alrededor de 15 euros por noche. Si todas las plazas estuvieran ocupadas y se cobrara esa cantidad cada noche, el cálculo aritmético ascendería a 225 euros diarios, aproximadamente 6.750 euros al mes. En otro espacio cercano, descrito como un sótano o garaje, se mencionaba la presencia de entre diez y quince personas que pagarían unos 200 euros mensuales cada una.

Estas cifras deben presentarse como estimaciones construidas a partir de testimonios y de un cálculo de ocupación, no como beneficios demostrados mediante documentación contable o una sentencia. Su interés periodístico reside en mostrar el potencial económico de cobrar por espacios mínimos cuando la demanda está impulsada por la falta de alternativas, no en dar por probadas cantidades que no han sido acreditadas.

El mismo criterio debe aplicarse a los precios de habitaciones, garajes y pisos completos difundidos por medios locales. Las informaciones publicadas han descrito alquileres diarios, cobros mensuales de varios cientos de euros por espacios no habitables y precios muy elevados para viviendas completas. Para conocer el alcance real del fenómeno sería necesario disponer de contratos, recibos, testimonios contrastados y datos sobre la ocupación efectiva. Sin esa información, las cifras sirven para identificar posibles abusos y orientar las investigaciones. No permiten calcular de forma fiable cuánto dinero se ha generado en toda la ciudad.

La cuestión jurídica tampoco depende exclusivamente de que el precio sea elevado. Un alquiler caro no constituye automáticamente trata de seres humanos ni un delito contra los derechos de las personas extranjeras. Deben examinarse las condiciones del espacio, la situación de las personas alojadas, la existencia de engaño o coacción, la libertad real para abandonar el lugar, los posibles riesgos para la salud y las condiciones de cualquier trabajo exigido como contraprestación. En los casos investigados en Ceuta, lo relevante es que algunas actuaciones policiales han identificado indicios que van más allá de la mera fijación de un precio abusivo.

El alojamiento no es la única necesidad que puede convertirse en negocio. Para muchas personas que llegaron a finales de julio, permanecer en Ceuta representa una situación de espera e incertidumbre. Algunas buscan reunirse con familiares, continuar su viaje o acceder a recursos de protección en la península. Esa necesidad ha creado oportunidades para intermediarios que prometen facilitar el traslado, en ocasiones mediante vías irregulares y por cantidades que pueden alcanzar varios miles de euros.

La investigación comunicada por la Policía Nacional el 16 de septiembre señalaba que dos personas presuntamente captaban, alojaban y controlaban a migrantes mientras preparaban su traslado irregular a la península. Según los investigadores, el precio ofrecido por esa salida podía llegar a los 6.000 euros. El caso debe distinguirse de otras investigaciones relacionadas con el uso de documentos de identidad ajenos. Ambos fenómenos responden a la demanda de abandonar Ceuta y no hay base para afirmar que todos los implicados formen parte de una única red.

El 15 de octubre, El País informó de otra operación policial relacionada con la salida en ferry hacia la península. La investigación llevó a la detención de 40 migrantes que presuntamente habían intentado embarcar utilizando identidades de otras personas, así como a la investigación de otras cinco personas señaladas por facilitar documentación. Según la información publicada, algunas personas habrían pagado hasta 6.000 euros por utilizar documentos de identidad ajenos para superar los controles. La distinción es esencial. Las personas detenidas por utilizar documentos ajenos y quienes presuntamente los suministraban no desempeñaban necesariamente el mismo papel ni pueden ser consideradas víctimas o responsables en idénticas condiciones. La investigación debe determinar quién organizaba la operación, quién obtenía el dinero, cómo se conseguían los documentos y qué conocimiento tenía cada persona de la irregularidad.

Ya en agosto, Europa Press había informado de dos operaciones contra organizaciones que presuntamente trasladaban migrantes desde Ceuta hasta La Línea de la Concepción en pequeñas embarcaciones. Cinco personas fueron detenidas y, según la información publicada, el coste de algunos trayectos podía alcanzar los 9.000 euros. Se trata de una investigación distinta de las relativas al alojamiento y al alquiler de documentos. Todas ellas ilustran cómo la dificultad de abandonar la ciudad puede alimentar servicios clandestinos de intermediación. Las cifras citadas corresponden a los precios atribuidos a esos trayectos, no a un cálculo de los beneficios netos obtenidos por las organizaciones.

En todos estos casos, la investigación debería seguir el recorrido del dinero, identificar a los intermediarios y averiguar qué servicios se ofrecieron realmente. No basta con contabilizar las detenciones o las personas localizadas. Es necesario esclarecer si existían estructuras organizadas, si los mismos intermediarios intervenían en el alojamiento y el traslado, si se utilizaban amenazas para impedir denuncias y si los pagos se exigían aprovechando una situación de necesidad extrema.

La vulnerabilidad no afecta únicamente a quienes permanecen en Ceuta. También alcanza a sus familiares, especialmente cuando no saben si una persona ha conseguido cruzar, si ha sido detenida, si se encuentra herida o si ha desaparecido en el mar. En esos momentos, una llamada, una fotografía o una promesa de información puede convertirse en una fuente de esperanza y también en una oportunidad para el fraude.

Una investigación publicada por Newtral el 7 de agosto documentó mensajes y contactos dirigidos a familiares que buscaban a personas desaparecidas después de la entrada masiva. En algunos casos, terceros afirmaban disponer de información, fotografías, prendas u objetos personales y reclamaban dinero o el envío anticipado de ropa a cambio de facilitar esos datos. El análisis de publicaciones en redes sociales y grupos de WhatsApp permitió identificar patrones de mensajes relacionados con búsquedas de personas desaparecidas y con posibles engaños a familiares.

La investigación examinó 1.789 cuentas, más de 9.000 publicaciones y 16 grupos de WhatsApp. Estas cifras describen el volumen de material analizado, no el número de estafas confirmadas ni la prevalencia del fraude entre la población.

Este tipo de engaño aprovecha la angustia y la falta de información. Las familias pueden encontrarse a cientos o miles de kilómetros, desconocer los procedimientos de búsqueda y temer que denunciar una estafa o facilitar datos a las autoridades tenga consecuencias para sus propios familiares. La dificultad de verificar una supuesta prueba de vida, sumada a la urgencia emocional, aumenta el riesgo de que se entregue dinero antes de comprobar la identidad de quien contacta.

La existencia de estos casos obliga a reforzar los canales oficiales de información, búsqueda e identificación, así como a difundir advertencias comprensibles en las lenguas utilizadas por las familias. También exige cautela periodística, porque los nombres de las personas desaparecidas que aparecen en anuncios de búsqueda son los de posibles víctimas y no los de quienes estarían detrás de los engaños. Publicar sus datos como si fueran sospechosos invertiría la responsabilidad y agravaría el daño.

Otra vía de captación se basa en promesas de empleo, ayudas económicas o posibilidades de traslado. El 19 de agosto, Maldita.es publicó una investigación sobre anuncios en árabe difundidos en Facebook que ofrecían supuestas oportunidades laborales en España, Francia, Italia o Canadá, así como ayudas de hasta 88.000 euros para trasladarse a un pueblo. El medio identificó al menos 15 publicaciones prácticamente idénticas, publicadas entre el 18 y el 19 de agosto, vinculadas a páginas de características similares y a un grupo de WhatsApp con alrededor de 700 integrantes.

En la información se mencionaban administradores con números de teléfono de prefijo marroquí, un dato que por sí solo no permite establecer la nacionalidad de sus titulares ni demostrar que hubieran cometido un delito. Maldita.es describió páginas que difundían supuestas oportunidades de empleo, migración y ayudas económicas, con mensajes que redirigían a las personas usuarias a otros sitios y a un grupo de WhatsApp. La publicación advertía de que esas promesas no debían confundirse con programas oficiales de inmigración o contratación.

Estas publicaciones deben analizarse en el contexto de una población que busca trabajo, alojamiento y una vía para continuar su proyecto migratorio. La promesa de un contrato, una ayuda o una plaza de alojamiento puede inducir a entregar documentos, datos personales o dinero, especialmente cuando se presenta como una oportunidad limitada y urgente. Para determinar si cada anuncio constituye una estafa es necesario verificar quién lo publica, si la oferta existe, qué condiciones impone y si se ha producido un perjuicio económico. No todas las ofertas no verificadas son necesariamente delictivas. Las campañas repetidas con mensajes casi idénticos y enlaces dudosos justifican una investigación y advertencias preventivas.

El problema es que la desinformación no termina cuando se descubre una oferta falsa. También deteriora la confianza en las entidades que sí prestan ayuda y puede dificultar que las personas migrantes distingan entre servicios legítimos, intermediarios informales y quienes pretenden aprovecharse de ellas. Por eso, la respuesta no puede limitarse a perseguir a los autores de las estafas y debe facilitar información accesible sobre recursos oficiales, empleo, alojamiento, protección internacional y vías legales de traslado.

Entre las informaciones publicadas durante las semanas posteriores a la entrada masiva también apareció un caso especialmente preocupante, el de la denuncia de una propuesta de alojamiento gratuito en un garaje a cambio de mantener relaciones sexuales. La información fue difundida por Portal de Cádiz el 6 de septiembre, atribuyéndola a El Faro de Ceuta. Según el relato publicado, una joven habría recibido esa propuesta ante su necesidad de encontrar un lugar donde dormir.

La información disponible no acredita que se produjera una relación sexual ni describe una agresión física consumada, por lo que no sería correcto presentar el episodio como una violación probada. Lo que sí plantea, si el relato se confirma, es una posible explotación de la situación de necesidad para obtener una contraprestación sexual.

La relevancia de este tipo de denuncias reside en la desigualdad de poder entre quien controla un espacio de alojamiento y quien carece de alternativas para pasar la noche. Una propuesta puede presentarse formalmente como un intercambio. La valoración jurídica no puede ignorar las circunstancias concretas en las que se produce, como la ausencia de recursos, la dependencia respecto de quien ofrece el alojamiento, la edad de la persona afectada, la existencia de amenazas o la posibilidad real de negarse sin quedar expuesta a la calle.

Este caso no debe confundirse con las estadísticas generales de procedimientos judiciales por agresiones sexuales. Según datos difundidos por RTVE a partir de información del Consejo General del Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre se abrieron en Ceuta 37 procedimientos preliminares por presuntas agresiones sexuales, con 39 víctimas (38 mujeres y un hombre). Catorce de las mujeres eran menores de edad. A 14 de septiembre, 28 procedimientos seguían tramitándose, ocho se habían archivado provisionalmente y uno se había acumulado a un procedimiento anterior. La información identificaba a 37 presuntos agresores, 18 de ellos todavía sin identificar.

Estas cifras corresponden a procedimientos abiertos y denuncias en investigación, no a 37 agresiones judicialmente probadas. Tampoco permiten atribuir todos los casos a redes de alojamiento, a la explotación económica o a una nacionalidad determinada. La coincidencia temporal con la entrada masiva no demuestra por sí sola una relación causal entre todos los procedimientos ni autoriza a vincularlos con los casos de explotación residencial.

La obligación de investigar las denuncias debe ir acompañada de protección efectiva, atención especializada y garantías para las posibles víctimas. Si una persona teme perder el único lugar donde duerme, sufrir represalias o no ser creída, puede no denunciar. La respuesta institucional debe evitar que la necesidad de alojamiento se convierta en una herramienta de presión sexual y garantizar que las personas afectadas puedan pedir ayuda sin quedar expuestas a nuevos riesgos.

Uno de los aspectos más graves de los casos conocidos es el uso del trabajo como moneda de cambio para pagar el alojamiento. En la operación del 24 de septiembre, la Policía Nacional señaló que algunas de las 28 personas localizadas en dos inmuebles habrían abonado su estancia realizando tareas de reforma y construcción. En el caso de la vivienda de El Príncipe intervenida en octubre, los investigadores apuntaron que algunos residentes, incluidos menores, habrían trabajado en obras a cambio de descuentos en el alojamiento, sin percibir un salario.

No toda contraprestación en especie constituye automáticamente explotación laboral. Para establecer responsabilidades es necesario examinar la naturaleza del trabajo, su duración, las condiciones en las que se prestó, la existencia de consentimiento real, la remuneración y las circunstancias personales de quienes lo realizaron. Cuando el acceso a un lugar donde dormir depende de trabajar sin salario, especialmente si se trata de menores o personas sin alternativas, aparecen indicios que justifican una investigación rigurosa. Si, además, se emplean amenazas, violencia, engaño o una situación de vulnerabilidad para imponer el trabajo, la gravedad jurídica aumenta.

La presencia de menores exige una protección reforzada. En el caso de octubre, la Policía investigó posibles lesiones y explotación laboral de menores, además de otros delitos. Es importante mantener el término «presunta» mientras no exista una resolución judicial firme. Esa cautela no debe utilizarse para minimizar la necesidad de protección inmediata ni para esperar a que se dicte una sentencia antes de garantizar la seguridad de las personas afectadas.

La investigación debe aclarar quién organizaba el trabajo, qué obras se realizaban, quién se beneficiaba de ellas y si existían otros empleadores o intermediarios. También debería comprobar si los trabajos se utilizaban para pagar deudas crecientes o para mantener a las personas bajo control. Sin esa información, el análisis quedaría reducido a los propietarios de los inmuebles, cuando los beneficios derivados de una situación de vulnerabilidad podrían extenderse a otras personas o actividades económicas.

Los asentamientos informales que aparecieron en las playas tras la entrada masiva también dieron lugar a intercambios de ropa, comida, cortes de pelo y otros productos o servicios básicos. Algunas informaciones describieron un pequeño mercado informal en El Trampolín, donde se podían adquirir bienes necesarios para la vida cotidiana y donde determinadas personas obtenían ingresos. También se publicaron relatos sobre el alquiler de espacios o construcciones precarias dentro de los asentamientos.

Es fundamental distinguir entre esas actividades y las prácticas de explotación. La venta de comida, ropa o servicios por parte de personas que intentan subsistir no constituye por sí misma una actividad criminal. Tampoco puede suponerse que todas las personas que participaban en esos intercambios fueran migrantes o que todas se aprovecharan de la situación. Para hablar de abusos concretos hacen falta datos sobre precios, condiciones, coacción, engaño o perjuicios. La existencia de un mercado informal puede responder tanto a necesidades inmediatas como a oportunidades de lucro, y ambos fenómenos pueden coexistir.

El problema aparece cuando la ausencia de alternativas convierte necesidades básicas en servicios sometidos a precios desproporcionados o cuando el acceso a un bien imprescindible se utiliza para controlar a las personas. En una situación de emergencia, comprar alimentos o ropa no equivale a aceptar cualquier condición. Tampoco basta con que un intercambio se produzca en un contexto de pobreza para calificarlo de delito. La investigación debe atender a las circunstancias y evitar que el análisis de la economía de la vulnerabilidad derive en una criminalización generalizada de quienes intentan sobrevivir.

Los desalojos de los asentamientos costeros tampoco eliminan automáticamente las redes de intercambio ni las necesidades que las originaron. Si las personas se trasladan a viviendas hacinadas, garajes o espacios ocultos, el comercio informal puede desaparecer de la vista pública mientras los abusos más graves se vuelven más difíciles de detectar. La prioridad debe ser garantizar alternativas dignas, mantener canales de asistencia accesibles y perseguir las conductas ilícitas concretas.

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