Belfast como espejo

En el otoño de 1920, los escuadrones fascistas italianos —las famosas squadre d’azione, los escuadristas— comenzaron a incendiar sedes sindicales, cooperativas y periódicos socialistas en las provincias del norte de Italia. Lo hacían a plena luz del día, con la complicidad tácita de las autoridades locales y la vista gorda del Estado. Mussolini justificó aquellas acciones como «una lógica y legítima represalia». Dos años después, en octubre de 1922, marchaba sobre Roma y el rey Víctor Manuel III le entregaba el poder. La democracia italiana, débil, exhausta, intimidada, no opuso resistencia. La violencia había preparado el terreno para que el propio fabricante del caos fuera recibido como su solución. Esta historia tiene más de cien años pero no estamos tan lejos de repetirla.

Desde la noche del 9 de junio, Belfast arde. El detonante fue el arresto de Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de treinta años acusado de intento de asesinato y amenazas de muerte contra un trabajador del sistema sanitario público al que dejó tuerto tras apuñalarle en la cara y el cuello. Las imágenes del ataque, grabadas con teléfonos móviles y distribuidas masivamente en redes sociales, bastaron para que en cuestión de horas grupos de jóvenes encapuchados de ultraderecha, vinculados a los lealistas de las zonas protestantes de la ciudad, tomaran las calles. Esa misma noche del lunes quemaron viviendas sociales donde habitaban familias migrantes, que tuvieron que huir de sus hogares con lo puesto en mitad de la madrugada. Ante el avance de los encapuchados, numerosos comercios de la ciudad bajaron las persianas antes de tiempo, varias empresas recomendaron el teletrabajo para el día siguiente y los servicios de transporte público cancelaron líneas de tren y autobús a partir de ciertas horas. Belfast vivía el colapso de una ciudad bajo el terror.

La segunda noche, la policía ha tenido que usar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afueras de la ciudad, quienes trataban de llegar hasta el hotel Chimney Court, donde se alojan los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes. Cuando no pudieron entrar, se desplazaron a Newtownabbey, donde cientos de encapuchados vestidos de negro lanzaron piedras y botellas contra los agentes que habían levantado una barrera para frenarlos. Horas antes, la policía norirlandesa había alertado de que en redes circulaban datos de contacto y direcciones concretas de viviendas donde habitan personas migrantes, señalándolas como objetivos. La cacería estaba organizada.

Al terminar el segundo día, doce agentes habían resultado heridos y dieciséis manifestantes detenidos. El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, dijo a las personas migrantes estaban «aterradas». La viceprimera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, calificó lo ocurrido de «consternante y horroroso». El primer ministro británico Keir Starmer dijo que las escenas eran «impactantes y completamente inaceptables» y dejaba constancia de la evidencia de que se estaba atacando a las personas por su origen. La propia familia de la víctima del apuñalamiento inicial pidió públicamente que se dejara de compartir información falsa sobre el ataque y declaró sentirse «indignada» por los disturbios. Nadie en su entorno quería aquella violencia. Nadie, excepto quienes la necesitaban como herramienta política.

Los escuadristas de Mussolini aprendieron pronto que la violencia sistemática cumplía una función doble. Por un lado, destruía físicamente las organizaciones de sus adversarios. Por otro, y más importante, creaba una atmósfera de terror permanente que paralizaba a la democracia y agotaba a sus defensores. El Estado liberal italiano, incapaz de contener a los fascistas, acabó entregándoles el poder precisamente para que pusieran orden. El orden que ellos mismos habían roto. La lógica se ha repetido en distintos formatos a lo largo del siglo XX: se genera caos, se señala al chivo expiatorio, se ofrece mano dura como única salida.

La Alemania de Weimar es la segunda lección. El antisemitismo europeo no nació con Hitler. Venía de siglos acumulados de pogromos, de discriminación institucionalizada, de la imagen del judío construida pacientemente a través de la teología, la literatura y el derecho como un elemento perturbador del cuerpo social cristiano. En el siglo XIX, cuando la emancipación jurídica de las comunidades judías en varios países europeos generó una reacción conservadora violenta, ese odio antiguo encontró un nuevo lenguaje, el del nacionalismo étnico y la biología racial, que le dio apariencia de ciencia y modernidad. Los nazis no inventaron nada. Heredaron una tradición centenaria y la pusieron al servicio del Estado.

Lo que hicieron fue organizar ese odio difuso, darle estructura, burocracia y un enemigo concreto sobre el que proyectar todas las angustias de una sociedad en descomposición. La República de Weimar llegó al mundo herida de muerte: nació firmando la derrota de la Primera Guerra Mundial, cargando con las reparaciones humillantes del Tratado de Versalles y atravesando una hiperinflación que destruyó los ahorros de millones de familias en cuestión de meses. La clase media alemana, que había confiado en el trabajo duro y el ahorro como camino a la seguridad, se encontró de repente con los billetes sin valor y un futuro sin forma. En ese vacío, la propaganda nazi ofreció una explicación simple y un culpable identificable. El judío se convirtió en el responsable de la inflación, del desempleo, de la derrota militar, de la decadencia moral, de prácticamente todo lo que hacía incomprensible el presente. Prometer su erradicación no era una promesa de pureza, de restauración, de un orden que nunca había existido pero que sonaba a paraíso perdido.

Y la cumplieron. Seis millones de personas asesinadas de forma sistemática, industrial, burocrática, con registros, trenes y funcionarios. Lo que cuesta entender, y lo que más importa recordar, es que el Holocausto no comenzó en las cámaras de gas. Comenzó en los sermones que describían al judío como envenenador de pozos, en las leyes que lo excluían de la ciudadanía plena, en los pogromos que ardían y se apagaban sin que nadie rindiera cuentas, en los chistes que circulaban en los salones burgueses, en la normalización cotidiana y progresiva del odio hasta convertirlo en aire respirable. Cada paso parecía el último límite franqueable. Cada vez que la sociedad alemana cruzaba ese límite, el siguiente se desplazaba un poco más lejos. Así funciona la radicalización colectiva. No de golpe. Por acumulación.

Hoy, en Europa, los inmigrantes (de piel oscura preferiblemente) ocupan esa misma posición estructural que los nazis reservaron a los judíos. Se les responsabiliza de la crisis de la vivienda, del colapso de los servicios sanitarios, del aumento de la inseguridad, de prácticamente cualquier deterioro material que angustia a las clases populares. La conexión entre migración y delincuencia se repite hasta convertirse en verdad para quienes la escuchan suficientes veces, aunque los datos la desmientan. En Belfast, el ataque de una sola persona fue suficiente para que grupos organizados atacaran las casas de familias que no tenían ninguna relación con el agresor. Su único delito era el origen. Esta es lógica de la responsabilidad colectiva étnica, la misma que llevó a los campos de concentración. Esa lógica permanece en hibernación, como los virus, en estado latente. Cuando las condiciones son favorables, despierta.

Lo que activa esas condiciones se construye. En los días previos a los disturbios de Belfast, el Tecno Oligarca Elon Musk —propietario de X— amplificó mensajes de cuentas antiinmigración y retuiteó una publicación del activista ultraderechista Tommy Robinson que enumeraba decenas de lugares donde protestar en todo el Reino Unido. El gobierno británico acusó explícitamente a Musk de «avivar el resentimiento». No es la primera vez. En 2023, cuando Dublin ardió tras un apuñalamiento que la ultraderecha atribuyó falsamente a un inmigrante ilegal, expertos en desinformación señalaron a la plataforma X como motor principal de la propagación de bulos. El atacante en aquella ocasión era un ciudadano irlandés naturalizado, nacido en Argelia. Las llamas destrulleron varios negocios del centro de la ciudad.

El patrón siempre se repite: un hecho violento protagonizado por una persona de origen extranjero, desinformación masiva en redes que agranda, distorsiona o directamente inventa detalles, inflamación emocional de comunidades ya predispuestas por años de discurso anti-inmigrante, y estallido de violencia colectiva contra personas que no tienen ninguna responsabilidad. El chivo expiatorio solo tiene que ser visible y vulnerable.

En España ese caldo de cultivo lleva años cocinándose a fuego lento. En 2025, los delitos de odio alcanzaron en España su máximo histórico desde que existe registro: 2.417 infracciones penales, un 23,6% más que el año anterior. El racismo y la xenofobia encabezaron la lista, con 934 casos. No son cifras abstractas. Son el resultado de años de un ecosistema informativo envenenado. Es el resultado acumulado de años de un ecosistema informativo envenenado en el que los bulos sobre migración circulan más rápido y llegan más lejos que las correcciones. La ultraderecha española ha perfeccionado una técnica que combina la apariencia de denuncia ciudadana con la producción sistemática de mentiras. Comunicados falsos atribuidos a ayuntamientos y a la Policía que generan sensación de colapso institucional. Vídeos de agresiones ocurridas en otros países o en otros años que se presentan como noticias del día en España. Cifras fabricadas sobre criminalidad migrante que se repiten hasta adquirir la consistencia de un hecho verificado. Narrativas que convierten cualquier medida de política migratoria, por elemental que sea, en una traición a la nación. El objetivo no es informar sobre una realidad. Es construir una realidad emocional en la que el miedo y la rabia sean las únicas respuestas posibles, y en la que cualquier persona que llegue de fuera sea percibida como una amenaza antes de que pueda abrir la boca.

Ese trabajo de intoxicación sostenida tiene efectos concretos en cómo la gente interpreta su propia vida. Cuando alguien no puede pagar el alquiler, cuando lleva meses en lista de espera para una consulta médica, cuando sus hijos no encuentran trabajo digno a pesar de tener estudios, la rabia que siente es completamente legítima. El problema no es la rabia. El problema es el diagnóstico que la ultraderecha ofrece para encauzarla. Según ese diagnóstico, el responsable de la crisis de la vivienda es el inmigrante que ocupa una plaza en un recurso de emergencia, no las décadas de políticas especulativas que convirtieron la vivienda en un activo financiero y dejaron sin construir el parque público de alquiler que existe en la mayoría de los países del norte de Europa. El responsable del colapso sanitario es la persona que llega en patera con lo puesto, no los años de recortes sistemáticos que vaciaron de personal y de medios un sistema que antes funcionaba. El responsable del desempleo juvenil es quien acepta un contrato precario porque no tiene otra opción, no quienes diseñaron un mercado laboral construido sobre la precariedad estructural.

Se habla mucho del llamado «wokismo» como causa profunda del auge ultraderechista. Sería cómodo que fuera así, porque entonces bastaría con moderar el tono del discurso progresista para que el problema se disolviera. Pero es otro trampantojo. Cuando la extrema derecha señala al feminismo, a las personas trans o a los inmigrantes como amenaza existencial para la nación, lo que hace es desplazar la mirada de quienes concentran el poder real para transformar las condiciones materiales de vida hacia quienes no tienen ningún poder para cambiar nada. Es más fácil odiar al vecino que duerme en un albergue que confrontar al fondo de inversión que compró el edificio donde tú vivías. Es más fácil indignarse con una persona trans que exigir cuentas a quien lleva décadas recortando la sanidad pública. La furia tiene que ir a algún sitio, y la ultraderecha se ha especializado en dirigirla siempre hacia el mismo tipo de persona: más pobre, más sola, más expuesta, con menos red institucional que la proteja, con menos voz para defenderse.

Belfast es un espejo. Un espejo del futuro posible. Un territorio donde la ultraderecha ha conseguido que cientos de personas encapuchadas salgan a quemar casas de familias inocentes con la convicción de estar haciendo justicia. Donde el discurso del odio acumulado durante años se convierte en una noche en gasolina. Es la consecuencia lógica de un proceso que ya está en marcha en toda Europa, también aquí.

La extrema derecha no necesita ganar las elecciones para cambiar la realidad. Le basta con hacer el ambiente irrespirable. Con cansar, con agotar, con convertir la política en un espectáculo de gritos donde la indignación es permanente y las propuestas concretas brillan por su ausencia. Una parte importante de la ciudadanía no va a votar a la ultraderecha. Simplemente dejará de votar, hastiada, asqueada, convencida de que todo da igual. Y eso, para quienes quieren imponer su agenda de exclusión, es más que suficiente. La abstención es un resultado que alguien ha trabajado para producir.

La izquierda que no está a la altura se lo facilita sin darse cuenta, o dándose cuenta y mirando hacia otro lado. Cuando la respuesta progresista a la crisis de la vivienda es un anuncio sin presupuesto, cuando la precariedad laboral se gestiona con estadísticas favorables que no se traducen en vidas mejores, cuando la saturación del sistema sanitario se administra con paciencia en lugar de confrontarse con decisión, el espacio para el relato del enemigo interior se expande. La gente no vota el odio porque sea cruel ni porque haya perdido la razón. Vota el odio porque el odio ofrece explicaciones sencillas a problemas reales, nombra culpables concretos y promete soluciones tajantes, mientras que del otro lado solo llegan gestión, prudencia y un optimismo que no reconoce la vida que se vive fuera de los despachos. Cuando la política institucional abandona a la gente, alguien ocupa ese hueco. Y ese alguien no suele llegar con buenas intenciones.

Tenemos el registro completo de lo que viene después de todo esto. No hay que especular. La Segunda Guerra Mundial mató a más de cincuenta millones de personas y dejó al descubierto los horrores más execrables que la humanidad ha sido capaz de producir. Campos de exterminio. Experimentos sobre cuerpos humanos vivos. El asesinato metódico convertido en procedimiento administrativo. La industrialización del genocidio con horarios, registros y funcionarios que firmaban órdenes antes de irse a cenar con sus familias. Todo ello llegó paso a paso, con cada escalada que en su momento parecía el límite definitivo y que al poco fue superada sin demasiado ruido, sin que el mundo se detuviera, sin que la mayoría de la gente sintiera que estaba viviendo un momento histórico del que tendría que rendir cuentas. La memoria de todo aquello es frágil, mucho más frágil de lo que nos gusta creer, y esa fragilidad no es un efecto secundario del paso del tiempo. Es parte del proyecto de quienes necesitan que olvidemos.

Lo que hoy parece imposible tiene la costumbre de volverse aceptable. Lo que se vuelve aceptable tiene la costumbre de normalizarse. Y lo que se normaliza, si nadie lo frena con la suficiente determinación y la suficiente valentía, acaba siendo irreversible. Las familias que huyeron de sus casas en Belfast en mitad de la noche del 9 de junio ya saben lo que significa que algo se vuelva real. El resto todavía estamos a tiempo de entenderlo antes de que nos toque aprenderlo de la misma manera.

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