En Mauritania se están construyendo cárceles para migrantes financiadas con dinero público español, incluso con cunas para bebés. Desde el 17 de octubre de 2025, el país cuenta con dos nuevos centros de detención: uno en Nouakchott, la capital, y otro en Nouadhibou, junto a la frontera con el Sáhara Occidental. Ambos fueron levantados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación del gobierno español dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según las autoridades, estos centros se inspiran en los CATE de las Islas Canarias, aunque reconocen que, a diferencia de España, allí se privará de libertad también a menores, incluidos bebés lactantes, algo prohibido por la legislación española en su propio territorio.
Una fuente desde España implicada en la puesta en marcha de estos espacios lo ha dicho sin rodeos ante los periodistas de la Fundación porCausa: se trata obviamente de centros de detención. El centro construido en Nouakchott dispone de al menos 107 plazas, incluyendo dos cunas para bebés. El de Nouadhibou contará con al menos 76 plazas, además de otras dos cunas. Las obras y suministros se financiaron con dinero de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta, liderado por la FIAP. El desembolso total fue de al menos 1.080.625 euros. Todo con contratos adjudicados sin concurso público, según documentos oficiales a los que accedió la investigación periodística.
Esto ocurre mientras decimos defender los derechos humanos. Mientras nos creemos diferentes de quienes levantan muros. Pero el muro también puede ser un contrato firmado en un despacho, una transferencia bancaria, un acuerdo diplomático ejecutado lejos de las miradas del público. La hipocresía tiene múltiples formas y esta es de las más peligrosas porque se ejerce con el lenguaje aséptico de la cooperación internacional y la gestión ordenada de flujos migratorios.
La complicidad española en las violaciones de derechos humanos en Mauritania tiene antecedentes documentados. En agosto de 2025, Human Rights Watch publicó un informe de 142 páginas que documenta abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mauritanas entre 2020 y principios de 2025 contra personas migrantes y solicitantes de asilo, principalmente de África Occidental y Central. El catálogo de horrores incluye torturas, violaciones, acoso sexual, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de detención, tratos racistas, extorsiones y expulsiones colectivas sin garantías. El informe señala que en algunos casos, fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas.
Según las investigaciones periodísticas, el régimen mauritano realiza redadas con apoyo e información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI para detener de forma arbitraria a personas negras, incluidos niños en edad lactante. Las autoridades mauritanas emplean quads, vehículos 4×4, drones y dispositivos tecnológicos suministrados por la FIAP. Las personas migrantes arrestadas son privadas de todos sus enseres, conducidas a cárceles y sometidas a estancias de varios días en condiciones infrahumanas, sin alimentos, agua ni acceso a cuartos de baño. Al menos dos agentes de la Policía Nacional española acuden semanalmente a estos centros para tomar huellas y fotografías de los detenidos. La obtención de estos datos biométricos no es trivial, ya que España y Mauritania tienen desde 2003 un acuerdo por el cual las autoridades españolas pueden deportar a ciudadanos de terceros países a Mauritania. Finalmente, los detenidos son abandonados en zonas alejadas como Gogui, en la desértica frontera con Mali, un territorio con alta presencia de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel.
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que remontarse al 15 de mayo de 2024, cuando 15 gobiernos de la Unión Europea remitieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea. El gobierno de España no firmó esa misiva, pero una semana antes, el 8 de mayo de 2024, había adjudicado a la constructora CADG las obras para habilitar dos centros de detención de migrantes en Mauritania. Tres meses después, en agosto de 2024, el presidente de España y la presidenta europea viajaron a Mauritania y prometieron enviar más de 500 millones de euros al gobierno militar del general Mohamed Ould El Ghazouani. En los últimos años, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha aumentado la transferencia de inteligencia y equipamiento policial al régimen mauritano con el objetivo de reprimir la salida de cayucos con destino a las Islas Canarias.
Esta subcontratación del control migratorio en países terceros se conoce como externalización de fronteras. No es una estrategia nueva. España ha sido pionera en aplicar estos procesos y ha servido de modelo de inspiración para las políticas europeas posteriores. La frontera sur española ha sido un laboratorio migratorio de Europa durante décadas. Ya en 1992 se firmó el acuerdo hispano-marroquí sobre readmisión de migrantes irregulares, uno de los primeros acuerdos bilaterales entre un Estado miembro de la UE y un tercer país para el retorno de migrantes. Las ciudades de Ceuta y Melilla fueron blindadas con vallas de alambre que comenzaron a construirse a finales de los noventa. Entre 2005 y 2010, en el marco del Plan África, el gobierno socialista firmó una decena de acuerdos bilaterales con cláusulas de movilidad con Estados como Senegal, Mali y Gambia. La Ayuda Oficial al Desarrollo se convirtió en herramienta de negociación en materia migratoria en las relaciones con terceros países, más que en una herramienta de desarrollo en sí misma.
La estrategia europea de externalización se basa en la condicionalidad de la ayuda al desarrollo y el uso de incentivos y amenazas para intervenir directamente en cuestiones de soberanía nacional de países africanos, entre ellas el control de fronteras y el flujo migratorio. Europa ha aprendido a delegar la violencia, a firmar acuerdos para que otros levanten muros lejos de nuestras miradas. Se construyen centros de detención, se firman tratados, se reparten millones bajo la palabra cooperación, y así se mantiene limpia la conciencia europea mientras se ensucia la dignidad de los pueblos del Sur. Aunque documentos filtrados revelan que muchos países africanos se oponen a la interferencia europea en asuntos de África, no negocian en condiciones de igualdad, lo cual significa que África tiende a ceder ante la presión de Europa a cambio de la supuesta ayuda para el desarrollo.
La externalización genera situaciones de vulnerabilidad y desprotección. Conduce a las personas migrantes y refugiadas a emplear rutas migratorias cada vez más largas y peligrosas y dificulta el acceso a la protección internacional. En 2024, más de 10.000 personas murieron intentando llegar a España por mar, un promedio de 30 muertes diarias, según datos de la ONG española Caminando Fronteras. En la primera mitad de 2025, Mauritania expulsó a más de 28.000 personas hacia zonas remotas en la frontera con Mali y Senegal, donde la ayuda humanitaria es limitada y la inseguridad creciente.
La FIAP, el Gobierno mauritano y la Delegación de la Unión Europea en Mauritania no han respondido a ninguna de las preguntas formuladas por los periodistas que investigan este asunto. La FIAP no detalla si ha puesto en marcha algún mecanismo o protocolo para evitar que las autoridades mauritanas maltraten y torturen a los encarcelados. Esta agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, envuelta en el escándalo de corrupción conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, tampoco facilita el reglamento que regirá el funcionamiento de estos centros. Cuando la Fundación porCausa remitió una batería de preguntas sobre las cárceles de migrantes, la FIAP declinó responder alegando que porCausa no es un medio de comunicación. Hasta ahora esta agencia alegaba razones de seguridad nacional para ocultar los detalles de sus operaciones y evitar que su gasto público sea investigado, contraviniendo incluso las resoluciones del Consejo de Transparencia.
Hay algo más grave que la hipocresía, es la costumbre. Cuando nos acostumbramos a que haya cárceles para pobres, para migrantes, para niños, bajo cualquier bandera. Cuando asumimos que el control migratorio justifica cualquier medida, por cruel que sea, y dejamos de escandalizarnos ante la privación de libertad de bebés. Cuando aceptamos que la política progresista puede incluir la financiación de centros de detención en países con historial documentado de torturas. Cuando normalizamos que la seguridad nacional sea motivo suficiente para la opacidad total en el uso de dinero público.
Un gobierno que se dice progresista cruza una línea roja cuando financia cárceles para migrantes fuera de su territorio. No es solo una traición política, es una traición ética. Detener menores y bebés vulnera los principios más básicos del derecho internacional y normaliza la crueldad. La izquierda no son los despachos ni los contratos: son las personas que cuidan y defienden la dignidad humana. Denunciar estas cárceles no es un gesto de desilusión, sino de responsabilidad. El silencio también construye muros. Exijamos transparencia y coherencia: que nunca más se coloque una cuna en un centro de detención.
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