La Comisión Europea ha presentado un nuevo proyecto de Directiva de Retorno que endurece las medidas contra las personas migrantes en situación irregular. Esta nueva normativa tiene como eje central la externalización de fronteras y la deportación masiva de personas a centros fuera de la Unión Europea, a través de acuerdos bilaterales entre Estados miembros y países extracomunitarios.
La propuesta establece que aquellas personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada podrán ser enviadas a su país de origen si se considera seguro, o a un tercer país con el que la UE haya firmado un convenio de retorno. Aunque se excluye a menores no acompañados y familias con hijos, el resto de las personas afectadas por la normativa enfrentarán restricciones aún más severas.
Más tiempo de detención y sanciones más duras
Entre los cambios más alarmantes se encuentra la ampliación del tiempo de detención de las personas migrantes, que pasa de 18 a 24 meses. Además, se abre la puerta a medidas aún más restrictivas después de ese periodo, como la vigilancia electrónica. La nueva normativa también impone prohibiciones de entrada a la UE de hasta diez años, con posibilidad de prórroga, y sanciones económicas para quienes no cooperen con las órdenes de expulsión.
La Comisión Europea defiende que la directiva busca “retornos más fáciles y predecibles”, pero en realidad refuerza el enfoque punitivo y criminalizador de las políticas migratorias europeas. “El retorno tiene que ser la prioridad”, afirmó Henna Virkukunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, mientras que Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, insistió en la necesidad de “poner orden en casa” frente al aumento de la migración.
Centros de deportación: detención arbitraria y violaciones de derechos humanos
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva normativa es la posibilidad de establecer centros de deportación en terceros países. Esta medida, similar a los acuerdos previos entre el Reino Unido y Ruanda o entre Italia y Albania, podría dar lugar a detenciones arbitrarias, vulneraciones del derecho internacional y deportaciones en cadena hacia países inseguros.
Este proyecto no es más que una nueva muestra del racismo estructural que guía las políticas migratorias de la Unión Europea. Bajo la apariencia de una medida administrativa, en realidad fortalece un modelo represivo basado en la persecución y criminalización de las personas migrantes, reforzando la idea de que quienes vienen del Sur Global son un problema a erradicar. En lugar de abordar las causas de la migración o garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de quienes buscan refugio, la respuesta de la UE es intensificar las deportaciones y consolidar un sistema de castigo que deshumaniza a las personas racializadas.
Este enfoque no es casual, sino el resultado de un proyecto político que prioriza la supremacía blanca y la defensa de un modelo de privilegio construido sobre la exclusión. La obsesión por las deportaciones demuestra que la UE no solo ignora su responsabilidad histórica en la generación de crisis migratorias, sino que además se niega a reconocer a las personas migrantes como sujetos de derechos. No se trata de medidas administrativas ni de gestión de flujos migratorios: es una estrategia diseñada para consolidar un régimen de fronteras racista y violento.
Las organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre el concepto de “país seguro”, que se utiliza para justificar deportaciones sin un análisis individualizado. La UE ha firmado recientemente acuerdos migratorios con países como Túnez, Líbano y Egipto, pese a las violaciones de derechos humanos documentadas en estos lugares.
En Túnez, el gobierno ha intensificado su control autoritario, mientras que migrantes y refugiados sufren expulsiones masivas, agresiones y discursos de odio. En Egipto, la represión contra la sociedad civil y la disidencia sigue siendo alarmante, con encarcelamientos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales. Según EuroMed Rights, la categorización de estos países como “seguros” contradice los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Cuando se les preguntó si esta normativa es comparable a los acuerdos entre Reino Unido y Ruanda o Italia y Albania, los comisarios europeos insistieron en que no es lo mismo, ya que se aplicará únicamente a quienes ya hayan recibido una negativa a su solicitud de asilo. Sin embargo, la realidad es que esta propuesta consolida un sistema de expulsión masiva con implicaciones devastadoras para miles de personas migrantes.
Un pacto migratorio basado en la represión
La nueva Directiva de Retorno se enmarca dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril de 2024 y que entrará en vigor en 2026. Este pacto, de enfoque securitario, refuerza la detención y deportación de personas migrantes y la externalización de fronteras, lo que pone en peligro el derecho de asilo y perpetúa políticas de corte racista y xenófobo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que este plan es un “elemento clave” para el funcionamiento del pacto, asegurando que Bruselas defenderá la reforma para evitar fugas y garantizar la expulsión de personas migrantes en situación irregular. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y partidos progresistas advierten que esta normativa erosiona los principios fundamentales del derecho internacional y condena a miles de personas a la precariedad y al desamparo.
Lejos de construir políticas migratorias basadas en la solidaridad y los derechos humanos, la UE sigue apostando por un modelo de exclusión y represión. La Directiva de Retorno facilita las deportaciones masivas y criminaliza a las personas migrantes, además de legitimar los acuerdos con países que no garantizan la seguridad ni la dignidad de quienes buscan refugio.
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
