La noche del 26 de septiembre la Puerta del Sol amaneció llena de tiendas de campaña. Miles de personas habían marchado por Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más», convocadas por el Sindicato de Inquilinas, después de que una mujer de edad avanzada fuera desahuciada del piso de alquiler donde había vivido setenta años. La manifestación y la acampada han devuelto a la calle una verdad que muchas ya vivíamos en la piel. La vivienda nos cuesta la vida.
Miramos esas imágenes con el corazón encogido y con una pregunta que nos acompaña siempre. ¿Cuántas Maricarmen negras, gitanas, árabes, latinoamericanas han salido de su casa con una bolsa de plástico en la mano y ninguna cámara delante? ¿Cuántas mujeres racializadas nunca llegaron a tener setenta años de contrato porque nunca les dieron el primero?
Este texto quiere sumarse a la lucha. Quiere también decir en voz alta algo que en las pancartas aparece poco. La crisis de la vivienda golpea a toda la clase trabajadora y golpea con más fuerza a quienes cargamos con un cuerpo, un apellido o un acento que el mercado ha aprendido a castigar.
Buscar piso siendo una mujer negra es un ejercicio de resistencia que empieza antes de cruzar ninguna puerta. Empieza en la llamada. Marcas el número del anuncio, saludas, dices tu nombre. Al otro lado se hace un silencio pequeño, casi imperceptible, y después llega la frase que ya conoces de memoria. «Acaba de alquilarse». «Ya tenemos muchas visitas». «Le llamamos nosotros». Nadie llama. Al día siguiente el anuncio sigue publicado.
Aprendemos pronto a leer esos silencios. Aprendemos a pedir a una amiga blanca que haga la primera llamada, a mandar correos con un nombre neutro, a ensayar un acento que no delate de dónde venimos o de dónde vinieron nuestras madres. Hay quien llega a la visita con la nómina, el contrato indefinido, la vida laboral y el aval impresos en una carpeta, como quien prepara un juicio. Y hay quien, aun así, ve cómo la mirada del casero se detiene en su pelo, en su piel, en sus hijos, y entiende que la decisión estaba tomada antes de que abriera la boca.
No es una percepción ni una exageración. La asociación Provivienda lleva años midiendo este racismo con la metodología del testing, llamando a inmobiliarias con perfiles idénticos que solo se diferencian en el origen. En 2020 su informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler concluyó que siete de cada diez agencias aceptaban discriminar de forma explícita a personas extranjeras cuando el propietario lo pedía. En su segunda edición, publicada en 2025, la cifra se disparó. En Madrid y Barcelona prácticamente todas las inmobiliarias contactadas aceptaron esas condiciones, treinta puntos más que cinco años antes. La escasez de pisos y la subida histórica de precios no han traído más justicia. Han dado más poder a quien elige a quién deja entrar.
Cuando la puerta no se cierra del todo, se entreabre con condiciones. El mismo estudio de Provivienda documentó cómo las agencias aceptan que a las personas extranjeras se les anuncie el piso más caro, se les exija permiso de residencia, se les pida más fianza y más papeles, se les ofrezcan contratos más cortos o viviendas con humedades que nadie más querría. Es el impuesto racial del alquiler. Pagamos más por menos, y lo pagamos con salarios que suelen ser más bajos porque el mismo racismo que nos cierra la casa nos encierra en los empleos peor pagados, en los cuidados, en la limpieza, en el campo, en la hostelería.
El resultado se ve en los números y se vive en los pasillos. Provivienda recoge, a partir de datos de Eurostat, que el hacinamiento afecta a casi una de cada cinco personas migrantes, frente a una media nacional cercana al cinco por ciento. Habitaciones compartidas por familias enteras. Pisos patera donde se alquila una cama por turnos. Subarriendos sin contrato que dejan a la gente sin empadronamiento y, por tanto, sin acceso a la sanidad, a la escuela, a la regularización. Una cadena perfecta en la que la falta de casa produce falta de papeles y la falta de papeles produce falta de casa.
El racismo inmobiliario también dibuja el mapa de nuestras ciudades. El informe de 2025 advierte que la discriminación ya decide en qué zonas se nos ofrece vivienda y en cuáles no, generando segregación residencial. A nosotras nos reservan los barrios que la ciudad olvida hasta que llega la especulación. Y cuando la especulación llega, con sus pisos turísticos y sus fondos de inversión, somos las primeras en ser expulsadas de esos mismos barrios que levantamos con nuestras redes, nuestros comercios y nuestra música. La gentrificación tiene color, y casi nunca es el nuestro el que se queda.
Un desahucio nunca es solo perder un techo. Para una familia racializada es perder la dirección que sostiene el padrón, el padrón que sostiene el expediente de arraigo, el expediente que sostiene la posibilidad de trabajar con contrato. Es perder la plaza escolar de las criaturas, el centro de salud donde ya conocían a la abuela, la vecina que se quedaba con los niños. Para muchas mujeres migrantes una orden de lanzamiento es el principio de un descenso que puede terminar en la irregularidad sobrevenida, porque sin casa y sin contrato los papeles se caen.
El desahucio llega además cargado de sospecha. A la mujer blanca de setenta años la ciudad la reconoce como víctima, y es justo que así sea. A la mujer negra con tres hijos se la mira como problema. Se habla de «okupas», de «conflictividad», de «mafias», y ese relato prepara el terreno para que el desalojo se viva como orden público y no como injusticia. Cuando la puerta la abre la policía, sabemos que el uniforme no nos mira igual. Sabemos que una identificación en el rellano puede acabar en un expediente de expulsión. Por eso tantas familias se van antes de la fecha, en silencio, sin pedir ayuda, sin aparecer en ninguna estadística.
Y están las consecuencias que no salen en ningún informe. Las niñas que cambian de colegio tres veces en un curso. Las madres que duermen con el móvil en la mano esperando el burofax. La salud mental que se rompe a fuerza de vivir de prestado. La vergüenza, que no es nuestra y que el sistema nos obliga a cargar como si lo fuera. La vivienda precaria es también una forma de violencia sobre nuestros cuerpos, y las mujeres racializadas la sufrimos en primera fila, porque seguimos siendo quienes sostienen la casa cuando ya no hay casa.
Las mujeres negras sabemos de casas perdidas. Lo sabe la memoria de nuestras abuelas, desplazadas de sus tierras en el Pacífico colombiano, en el Caribe, en tantas geografías de la diáspora y del continente. Lo saben nuestras madres, que llegaron a este lado del océano y alquilaron habitaciones donde no podían colgar una foto. Por eso cuando hoy se grita en Sol que la vivienda es un derecho, nosotras escuchamos también una deuda antigua.
Celebramos la fuerza del movimiento por la vivienda y queremos estar dentro de él con todo lo que somos. Pedimos que nuestras compañeras del sindicato incorporen el racismo inmobiliario como parte central de la lucha. Que exijan sanciones reales a las agencias que discriminan, porque hoy discriminar sale gratis. Que la regularización de las personas migrantes se entienda como política de vivienda. Que las asambleas de barrio tengan caras negras, gitanas, árabes y latinoamericanas también en la mesa donde se decide, y no solo en el rellano donde se resiste el desalojo.
Ni una Maricarmen más. Ni una Fátima más. Ni una Yolanda, ni una Aminata, ni una Mercedes más. La lucha por la vivienda será antirracista o dejará fuera precisamente a quienes más la necesitan. Nosotras no pensamos quedarnos fuera.
Afroféminas
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