
El lunes 16 de noviembre, en Viena, Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria anunciaron un acuerdo con Ruanda para abrir en 2027 un centro de deportación en territorio ruandés. Allí enviarán a las personas a las que estos cinco países niegan el derecho a quedarse, incluidas quienes han agotado la vía del asilo y no pueden ser devueltas a su país de origen. Los gobiernos lo llaman centro de retorno. En Afroféminas lo llamamos por su nombre. Es una deportación a un tercer país, decidida y pagada por Europa, de personas que en su inmensa mayoría son negras y racializadas.

Se trata del primer acuerdo de Estados miembros de la Unión Europea con un país tercero para sacar fuera de sus fronteras una parte de la gestión de las expulsiones. El Derecho comunitario no lo permitía hasta que los Veintisiete aprobaron el nuevo Reglamento de Retorno, pensado para acelerar las deportaciones. La deriva viene de lejos. El acuerdo con Turquía, los centros de Italia en Albania y ahora Ruanda responden a la misma lógica, la de alejar a las personas migrantes de la vista y de los tribunales europeos. Con cada uno de estos pasos, el marco de derechos humanos del que presume la Unión salta un poco más por los aires.
Ni siquiera hay todavía un texto firmado. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, impulsora del proyecto, admitió en Viena que quedan «cosas técnicas» por resolver. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses avisando. Amnistía Internacional advirtió en septiembre de que los centros previstos en Ruanda y Uganda amenazan con convertirse en «crueles agujeros negros» para los derechos humanos.
Es todo un sinsentido cruel. Hablamos de personas que salieron de sus países en busca de derechos y de una vida digna, y a las que ahora se pretende trasladar a un país empobrecido con el que no tienen ningún vínculo. En la primera fase solo se enviará a hombres solteros. Ruanda tampoco ofrece las garantías que Europa dice defender. En 2023 el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan de Londres para enviar solicitantes de asilo a Ruanda porque el país no era un tercer país seguro. Según Naciones Unidas, su historial en derechos humanos es cuestionable.

Ruanda se ha ofrecido como destino para las personas que los países occidentales quieren expulsar. Ya acepta hasta 250 personas deportadas por Estados Unidos. Tras el fracaso del plan británico, Kigali sigue reclamando a Londres 100 millones de libras que dice que se le deben. Esta vez asegura que no pide dinero, y los cinco países europeos pagarán el traslado y la integración de quienes se queden. Lo que recibirá Ruanda a cambio no se ha hecho público.
El relato oficial tampoco se sostiene. En Viena se habló de una «segunda oportunidad» y de un permiso de residencia en Ruanda para quienes no acepten volver a su país. Frederiksen, dejó claro cuál es el objetivo real. «El número más importante es el que nunca veremos, porque con suerte no empezarán su viaje a Europa», dijo. El propio Biruta cree que muchas personas preferirán volver directamente a su país de origen sin pasar por Ruanda. La integración es el decorado y la disuasión es el plan. Presentar el centro como una «nueva oportunidad» para las personas deportadas es pura propaganda.
Tampoco va a resolver nada. Según Frontex, en los diez primeros meses de 2026 se registraron cerca de 110.000 cruces irregulares en las fronteras exteriores de la Unión, un 29 % menos que en el mismo periodo de 2025. No hay ninguna avalancha. El centro de Ruanda, además, está pensado para unas cien personas, unas veinte por país. En la rueda de prensa nadie dio una estimación de lo que costará. El precedente británico da una pista. Londres gastó unos 700 millones de libras en su plan con Ruanda y solo llegó a trasladar a cuatro personas, que fueron voluntariamente.
Hagamos la cuenta de un solo año. Según Eurostat, en 2025 la UE dictó 491.950 órdenes de expulsión y devolvió a 135.460 personas a países de fuera de la Unión. Quedaron unas 356.000 personas con orden de salida que no se fueron. El plan británico calculaba unas 20.000 libras por cada persona deportada a Ruanda, unos 23.000 euros, sin contar los 370 millones de libras que costaba la construcción. Con esa tarifa, enviarlas a un centro como el de Ruanda costaría más de 8.000 millones de euros cada año. Es un gasto faraónico al servicio de un gesto. España ya probó el camino contrario. Los estudios sobre la regularización de 2005 muestran que redujo el empleo informal y dejó varios miles de euros netos de recaudación por cada persona regularizada, sin aumentar el gasto público. Regularizar suma. Deportar a Ruanda es tirar el dinero.
Es, sobre todo, una medida racista. Europa decide qué vidas tienen derecho a quedarse y envía a las que le sobran a un país africano. Es una lógica colonial con siglos de historia, la de usar África como almacén de los cuerpos que Europa no quiere ver.
Frederiksen lo escribió sin pudor en Facebook el mismo día del anuncio. Habló de un día «que marcará época para Europa» y de una iniciativa que definirá la política migratoria europea durante muchos años. Escribió también que Europa debe poder decidir por sí misma a quién y a cuántas personas acoge «en nuestro continente», y que «son las democracias las que deciden esto, no los cínicos traficantes de personas u otros que se saltan las normas». En pocas líneas mete en el mismo saco a quien huye y a quien trafica, y convierte a las personas migrantes en infractoras por el mero hecho de existir. Habla de «nuestro continente» como si Europa tuviera dueño y como si las mujeres y los hombres negros, afrodescendientes y migrantes que vivimos en ella no formáramos parte de él.

La frase sobre las democracias es la más peligrosa. Los derechos humanos existen precisamente para que ninguna mayoría pueda decidir quién merece tenerlos. Cuando una gobernante afirma que son «las democracias» las que deciden quién entra y cuántos, reduce la democracia a la voluntad de la mayoría y cuestiona la arquitectura de cualquier país democrático, que descansa en derechos que no se votan. Imaginemos que una mayoría decidiera en las urnas quitar sus derechos a las personas con discapacidad. O a las mujeres. O a las personas sin hogar. Nadie lo llamaría democracia. Lo llamaríamos por su nombre, la tiranía de una mayoría sobre quienes tienen menos poder. Eso es lo que se propone hoy con las personas migrantes.
Frederiksen tampoco esconde de dónde viene este giro. En julio de 2025, en el Parlamento Europeo, celebró que lo que durante años había sido mayoritario entre la población lo fuera ya también entre muchos políticos. «Por fin», añadió. Y a quienes desde la derecha le reprochan que el plan se queda corto, les responde que en el futuro podrá ampliarse a otros grupos. Lo que hoy se presenta como un piloto para cien hombres solteros es un modelo pensado para crecer.
Y la medida es inútil. No va a parar la migración. Donde no hay vida posible, donde hay guerra, hambre y desigualdad, la gente se va a seguir yendo, y ningún centro en Ruanda lo va a impedir. Quien huye de la muerte no hace cálculos sobre dónde acabará si le niegan el asilo. La factura política también es conocida. Cuando un gobierno que se dice socialdemócrata copia las políticas de la extrema derecha, legitima su discurso y acaba entregándole el poder.
Desde Afroféminas rechazamos este acuerdo y cualquier modelo que trate a las personas migrantes como mercancía que se traslada de un país a otro. Hacen falta vías legales y seguras, procedimientos de asilo con garantías y políticas que no conviertan la piel en sospecha. España no está entre los cinco países del acuerdo. Todas sabemos que entrará, y con ganas, si tras el 29N gobiernan Feijóo y Abascal.
Redacción Afroféminas

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