Hay una pregunta que VOX nunca hace en sus mítines. No pregunta por qué los salarios en España llevan décadas sin crecer a la altura de la productividad. No pregunta por qué los contratos temporales han precarizado generaciones enteras de trabajadoras y trabajadores. No pregunta a quién beneficia que haya tanta gente dispuesta a aceptar cualquier condición laboral con tal de pagar el alquiler. VOX no hace esas preguntas porque las respuestas apuntarían en una dirección muy incómoda para sus financiadores. Lo que hace, en cambio, es señalar al migrante. Y en ese señalamiento ha construido su proyecto político más ambicioso de los últimos meses, el que llaman «prioridad nacional».
La propuesta tiene una mecánica sencilla, casi elegante en su brutalidad. Consiste en establecer que los ciudadanos españoles deben tener acceso preferente a las ayudas sociales, la vivienda pública, las prestaciones y los servicios del Estado de bienestar. VOX la ha registrado como proposición no de ley en el Congreso, en las Cortes Valencianas, en el Parlamento de Canarias y la ha insertado como eje en los acuerdos de gobierno con el Partido Popular en Extremadura y Aragón. El PP, que en algún foro nacional ha votado en contra de las formulaciones más extremas, la ha asumido con otro nombre, el «arraigo real, duradero y verificable», que viene a ser lo mismo con traje jurídico. La diferencia entre las dos fórmulas es estética. El resultado práctico, crear una jerarquía legal de ciudadanía en función del origen, es idéntico.
Lo primero que conviene desmontar es el relato de la amenaza. La narrativa de VOX sostiene que la «inmigración masiva» tensiona hasta el límite los servicios públicos, que los migrantes acceden a prestaciones que no les corresponden y que eso empobrece a los españoles. Es una afirmación que se repite sin datos que la sostengan, porque los datos apuntan en sentido contrario. Las personas migrantes en España aportan más al sistema de lo que extraen. Cotizan, pagan impuestos, sostienen sectores enteros que la economía nacional necesita: los cuidados, la hostelería, la agricultura, la construcción, la logística. España, además, enfrenta un déficit demográfico severo que sin migración colapsaría el sistema de pensiones en pocas décadas. Cuando VOX habla de proteger el Estado de bienestar de los españoles, habla de protegerlo de las mismas personas que lo están financiando.
Aquí aparece la segunda trampa, la que más interesa analizar desde una perspectiva decolonial. El sistema que VOX dice defender es un sistema que necesita mano de obra racializada en condiciones de máxima precariedad para funcionar. Los empresarios que explotan jornaleros en los campos de Almería, Huelva o Murcia son, en su mayoría, ciudadanos españoles con todas las papeleras llenas de documentación. Los trabajadores que trabajan doce horas al día recogiendo fresas o espárragos, que duermen en chabolas, que no tienen acceso a agua corriente, que son detenidos cuando se quejan, son migrantes racializados, con o sin papeles. Ese es el sistema. La precariedad del trabajador migrante es la condición de posibilidad de ciertos modelos de negocio. VOX, en lugar de pedir que eso cambie, construye un relato en el que el problema es que ese trabajador, además, podría aspirar a una ayuda de emergencia.
La «prioridad nacional» no es una idea nueva. Es la versión española de un dispositivo político que lleva décadas funcionando en distintos países de Europa y América. Le Pen padre en Francia lo llamó «préférence nationale» desde los años ochenta. La extrema derecha alemana lleva décadas hablando de «Deutsche zuerst». Donald Trump lo resumió con un eslogan que el mundo entero conoce. La gramática es idéntica en todos los casos, crear una categoría de ciudadano merecedor frente a un otro que no merece, y dirigir el resentimiento de los más precarizados hacia ese otro, en lugar de hacia las estructuras económicas que los precarizaron. Es una operación de ingeniería social que lleva siglos funcionando porque resulta muy efectiva. Divide a quienes tienen intereses comunes. Genera docilidad hacia el poder económico. Y ofrece a quien no tiene casi nada la satisfacción psicológica de saber que, al menos, está por encima de alguien.
El marco conceptual que subyace a esta operación viene de muy atrás. Durante siglos, el pensamiento colonial construyó categorías para decidir quién merecía derechos y quién no. No sobre la base de la necesidad, que habría sido al menos coherente, sino sobre la base del origen, la raza, la pertenencia a una nación o una cultura considerada superior. El «nativo merecedor» frente al extranjero que erosiona, el «trabajador honrado» frente al migrante que aprovecha, la «familia española» frente a la familia racializada que compite por los mismos recursos escasos. Esa jerarquía no desapareció con la descolonización formal. Se reconfiguró dentro de los estados-nación europeos y hoy reaparece, con nueva terminología legal, en las proposiciones no de ley que VOX registra cada semana en distintos parlamentos autonómicos.
Lo que hace el concepto de prioridad nacional con la clase trabajadora española es exactamente lo que le interesa al capital. Fragmentarla. Convencer a la parte más vulnerable de la población autóctona de que su problema no son los salarios bajos, la ausencia de convenios colectivos dignos, la especulación inmobiliaria o el desmantelamiento de los servicios públicos por décadas de austeridad, sino la presencia de gente que llegó de fuera. Es una maniobra de distracción con consecuencias reales. Mientras VOX lleva la conversación hacia quién merece la ayuda de 400 euros, nadie debate por qué esa ayuda existe, por qué los salarios son tan bajos que hace falta, ni quién se beneficia de que así sea.
Hay un dato que ilustra bien la contradicción interna de este discurso. VOX votó en contra de la reducción de la jornada laboral. Votó en contra de medidas que habrían mejorado directamente las condiciones de los trabajadores españoles que dice defender. La razón es que VOX no defiende a los trabajadores. Defiende un orden económico en el que los trabajadores, todos, sean lo más dóciles posible. Y para eso necesita que estén divididos, que el trabajador autóctono mire con recelo al trabajador migrante, que el migrante regularizado mire con distancia al migrante irregular, que nadie mire hacia arriba.
La legalidad de la «prioridad nacional» es, por otro lado, más que cuestionable. El artículo 14 de la Constitución Española prohíbe la discriminación por razón de nacimiento o condición. Los tratados europeos limitan severamente cualquier diferenciación de trato basada en la nacionalidad, especialmente para ciudadanos de la Unión Europea. Los juristas consultados en distintos medios coinciden en que la formulación amplia de la propuesta de VOX choca frontalmente con ese marco normativo. El PP lo sabe, de ahí el maquillaje del «arraigo». Que eso no impida al Partido Popular seguir pactando con quienes impulsan estas iniciativas dice mucho sobre qué tipo de proyecto político sostiene cuando no está en la oposición.
Las personas que más deberían preocuparse por la «prioridad nacional» no son solo las migrantes. Son todas las personas que dependen del Estado de bienestar para vivir con dignidad. Porque una vez que se acepta el principio de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, el criterio puede moverse. Hoy es la nacionalidad. Mañana puede ser el tiempo de cotización. Pasado, la comunidad autónoma de origen. O el tipo de familia. O la religión. Las jerarquías de merecimiento, una vez normalizadas, no se detienen solas.
VOX ofrece migajas con nombre propio. Eso es la prioridad nacional. No ofrece mejores salarios, no ofrece vivienda digna, no ofrece servicios públicos reforzados. Ofrece que las migajas que ya existen lleven una etiqueta que excluya a quien viene de fuera. Y el PP, que podría no aceptar ese trato, lo acepta porque le resulta electoralmente rentable en determinados territorios. Ambos partidos saben lo que hacen. La pregunta que queda abierta es si quienes los votan lo saben también.
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