Los datos son tozudos. En 2025, España tenía el doble de residentes extranjeros que en 2005. La tasa de criminalidad, sin embargo, cayó hasta los 40,6 delitos por cada mil habitantes, la cifra más baja de toda la serie histórica según el Ministerio del Interior. Más personas migrantes, menos delincuencia. Las estadísticas son públicas, verificables y reiteradas. Aun así, en septiembre de 2024, el barómetro del CIS situaba la inmigración como el primer problema percibido por la ciudadanía española. Esa distancia entre realidad estadística y percepción social no está fabricada.
El sociólogo jamaicano Stuart Hall acuñó el concepto de pánico moral para describir el proceso mediante el cual ciertos grupos sociales son construidos como amenaza para el orden establecido, amplificados por los medios y los discursos políticos hasta ocupar un espacio de alarma colectiva desproporcionada respecto a la realidad. Lo que ocurre en España con la migración y la inseguridad es exactamente eso, un pánico moral racializado, producido en laboratorio, con fecha electoral.
La maquinaria funciona con ingredientes muy simples. Se toma un caso real, se le da una cobertura mediática exhaustiva cuando el detenido tiene apellido extranjero, se omite el contexto socioeconómico, se generaliza a toda una comunidad y se repite hasta que el estereotipo se instala como sentido común. El caso Mocejón fue un ejemplo paradigmático: cuando se produjo el asesinato de un niño en Toledo, políticos de extrema derecha señalaron en redes sociales, sin ninguna base, a personas migrantes. La Fiscalía estudió sanciones por la criminalización generalizada que aquellos mensajes producían. La corrección llegó tarde, en silencio, sin el volumen del bulo inicial.
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) constata que más de la mitad de los mensajes en redes sociales que vinculan personas migrantes con inseguridad ciudadana no están basados en hechos verídicos, actuales ni ocurridos en España, sino en informaciones falsas, bulos o incidentes descontextualizados. En el tercer trimestre de 2025 el sistema de inteligencia artificial FARO detectó 331.817 contenidos de discurso de odio reportables, casi el doble que en el trimestre anterior. La narrativa crece cada vez que hay elecciones en el horizonte, cada vez que una crisis —una dana, un partido de fútbol, un desalojo— puede ser instrumentalizada.
Quienes lideran esta producción de bulos son fáciles de identificar. Vox escaló el discurso a lo largo de 2025 hasta proponer abiertamente una «remigración masiva» de más de siete millones de personas, incluidos hijos e hijas de migrantes nacidas en España. La diputada Rocío de Meer lo justificó apelando a la seguridad y a la identidad cultural. Mientras tanto, las llegadas irregulares a España cayeron un 42,6% en 2025 respecto al año anterior, alcanzando su nivel más bajo desde 2019. El discurso de expulsión masiva se lanzó, paradójicamente, en el momento de menor presión migratoria de los últimos años.
Un punto de inflexión para el PP fue Torre Pacheco. En julio de 2025, tras una agresión en el municipio murciano, el PP calificó lo ocurrido de «problema de inseguridad» y su portavoz nacional reclamó «políticas migratorias razonables» para que los ciudadanos «vuelvan a sentirse seguros», mientras el alcalde del municipio —también del PP— relacionó directamente inmigración y delincuencia apelando a una estadística «oficiosa» propia, en sus palabras, porque los datos oficiales no le daban la razón. Isabel Díaz Ayuso se negó a condenar los ataques ultras que se produjeron en paralelo y los atribuyó al Gobierno central.
Reducir el problema a Vox sigue siendo muy cómodo. El mensaje del PP termina por relacionar migración, delincuencia y problemas sociales, legitimando discursos propios de Abascal. El 26 de febrero de 2026, cuando Vox presentó en el Congreso una propuesta para deportar a extranjeros delincuentes, incluso con residencia legal, el PP no la respaldó, lo que ilustra la dinámica que lleva meses funcionando: Vox marca el techo del discurso, el PP ocupa el espacio intermedio que ese techo libera, y el debate se desplaza entero hacia la derecha.
El dato más citado por quienes construyen este relato es la proporción de extranjeros en las estadísticas de criminalidad. Esa cifra, presentada como prueba, tiene un problema fundamental: no mide quién delinque, sino a quién vigila el sistema. Y el sistema mira donde mira por razones que nada tienen que ver con el comportamiento real de las personas.
España es uno de los tres países de la Unión Europea que más controles de identidad realiza con sesgo racial, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. El perfil que concentra esos controles es constante: hombres percibidos como magrebíes, negros, latinos o gitanos de entre 16 y 40 años. Las cifras de nuevo son tozudas. Una persona negra tiene seis veces más probabilidades de ser parada por la policía que una persona blanca. Una latina, 3,5 veces más. Una persona gitana, diez veces más. Si la policía para seis veces más a personas negras, va a encontrar —y registrar— más infracciones entre ese grupo, aunque la conducta real sea estadísticamente idéntica a la de cualquier otro. Los datos de criminalidad no capturan la realidad del delito. Capturan la realidad de la vigilancia.
A eso se suma la desigualdad en la defensa jurídica. Las personas migrantes, especialmente quienes se encuentran en situación administrativa irregular, acceden con más dificultad a representación legal de calidad, enfrentan barreras idiomáticas durante el proceso judicial y tienen menor capacidad para negociar desde una posición de igualdad. Un informe de SOS Racismo 2024 documenta que el 83% de los casos de racismo institucional denunciados corresponden a racismo policial, con abusos verbales, agresiones físicas y detenciones ilegítimas como patrones recurrentes. Las condenas no reflejan la misma proporción que las detenciones: en los delitos sexuales, por ejemplo, la sobrerrepresentación de extranjeros en arrestos no se mantiene cuando llegan las sentencias. Esa brecha entre detención y condena no habla de impunidad; habla de que muchas de esas detenciones no tenían ningún fundamento y se basan en una percepción racializada.
Angela Davis lleva décadas señalando que el sistema penal no existe para contener la criminalidad, sino para gestionar la pobreza y el control social de las poblaciones racializadas. Lo que describe Davis para el contexto norteamericano tiene su traducción europea, y España no es una excepción. La Ley de Extranjería funciona como marco legal que criminaliza la condición administrativa antes que la conducta. Los Centros de Internamiento de Extranjeros son espacios donde el racismo se institucionaliza. El perfilamiento racial, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes calificó como «problema endémico» en el Estado español tras su visita en 2018, es el primer eslabón de una cadena que produce estadísticas racialmente sesgadas que luego se convierten en argumento político. Es un círculo que se retroalimenta: el sesgo policial genera sobrerrepresentación, la sobrerrepresentación genera «datos», y los «datos» justifican más vigilancia sobre los mismos cuerpos.
Quienes construyen el discurso del miedo lo saben. El objetivo no es la seguridad pública, sino la producción de un enemigo legible, corporalmente identificable, que explique el malestar social sin tocar sus causas reales: la precariedad laboral, la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos. El migrante racializado se convierte en el chivo expiatorio que desplaza la atención de un sistema que genera desigualdad de forma estructural.
Cuando el discurso político instala la ecuación migración igual a peligro, las consecuencias se sienten en los cuerpos. En los controles en el metro, en las negativas de acceso a servicios, en la violencia del espacio público, en las miradas, en los silencios. Nosotras, las personas racializadas en España, no vivimos ese miedo lo llevamos encima cada vez que salimos a la calle, cada vez que un político sube el tono antes de unas elecciones, cada vez que un bulo se viraliza y nadie exige la misma velocidad para la rectificación que para el daño.
Nombrar con precisión los mecanismos de este discurso no es suficiente para desactivarlos. Pero es el principio de cualquier disputa política seria. El miedo no surge de la realidad: se fabrica. Y lo que se fabrica tiene autores, tiene beneficiarios y tiene alternativas.
Redacción Afroféminas
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