El 20 de enero de 2025, el mismo día de su toma de posesión, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168, titulada «Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government». El título lo dice todo. Bajo el lenguaje de la defensa y la verdad biológica, la orden obliga a todas las agencias federales a reconocer únicamente dos sexos binarios e inmutables, determinados en la concepción. Prohíbe la autoidentificación de género en pasaportes y documentos federales, segrega prisiones y refugios por sexo de nacimiento, y elimina cualquier financiación pública a programas relacionados con la identidad trans. Una semana después, el 28 de enero, Trump firmó otra orden cortando toda financiación federal a tratamientos hormonales y quirúrgicos para menores de 19 años. En paralelo, una tercera orden ejecutiva eliminaba todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la administración federal, desmantelando décadas de políticas afirmativas para personas negras, latinas y otras comunidades racializadas.

Era la culminación de una alianza que llevaba años construyéndose en silencio: la convergencia entre la derecha conservadora y un sector del feminismo que se autodenomina «de género crítico» y que los movimientos LGTBI denominan TERF, siglas de feminismo radical trans-excluyente. Una alianza táctica, pragmática y, por eso mismo, peligrosa.

J.K. Rowling, la figura más visible de este feminismo excluyente a escala global, celebró la orden que prohíbe a mujeres trans competir en deporte femenino con un tuit que difícilmente puede leerse como otra cosa que una manera de culpabilizar a otras: «Felicidades a cada una de las personas de izquierda que han estado haciendo campaña para destruir los derechos de las mujeres y las niñas. Sin ustedes, no habría imágenes como esta», escribió junto a una fotografía de Trump sosteniendo la orden ejecutiva recién firmada. Rowling lleva años construyendo infraestructura para esta causa. En 2022 fundó Beira’s Place, un centro de atención a víctimas de violencia sexual que excluye a mujeres trans. En mayo de 2025 anunció el J.K. Rowling Women’s Fund, un fondo privado financiado con los beneficios de Harry Potter para costear litigios destinados a excluir a mujeres trans de espacios públicos. Cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó en abril de 2025 que la definición de mujer en la Ley de Igualdad británica se basa en el sexo biológico, Rowling lo llamó «TERF VE Day», comparando el avance de su causa con el fin de la ocupación nazi en Europa. Toda una provocación.

La alianza funciona así. La derecha obtiene un discurso de protección de la mujer que le permite presentarse como feminista mientras desmonta cualquier política de igualdad sustantiva. El feminismo TERF obtiene segregación institucional y reconocimiento legal del sexo biológico, sus dos objetivos declarados. Ninguno de los dos sectores necesita compartir el resto de su ideario. Es un pacto de resultados. Trump y Rowling no comparten valores; comparten victorias.

Ese pacto descansa sobre una asimetría de clase y raza que rara vez se nombra. El feminismo que ha aceptado esta alianza es, en su mayoría, un feminismo blanco protagonizado por mujeres de clase media y alta, con acceso a tribunas mediáticas, capacidad de litigio y suficiente colchón económico para sobrevivir a los vaivenes legislativos. Saben, porque no son ingenuas, que la derecha no se detiene en los derechos trans. Saben que vendrán ofensivas contra el aborto, contra las políticas de conciliación, contra los programas de igualdad salarial. Lo calculan y les sale rentable. Pueden permitírselo porque representan a sectores de la sociedad que apenas notarán esas consecuencias en su vida cotidiana: mujeres con recursos para acceder a un aborto en el extranjero si se prohíbe en su país, mujeres cuyos empleos no dependen de cuotas de equidad ni de programas afirmativos, mujeres cuya posición social no se sostiene sobre políticas que la derecha lleva décadas queriendo desmantelar. En la balanza no están poniendo sus derechos, sino los de otras. La centralidad política que ganan con este pacto la pagan las mujeres que menos pueden permitirse perder lo que ya tenían.

Las consecuencias de ese pacto las sufren seres humanos. En Estados Unidos, miles de trabajadoras trans del sector federal han perdido sus empleos como consecuencia directa del desmantelamiento de los programas DEI, que afectaron masivamente a colectivos sobrerrepresentados en empleos públicos por sus bajos salarios: mujeres negras, personas latinas, trabajadoras trans , sobre todo las racializadas. El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio ha descrito las órdenes ejecutivas anti-trans como parte de un proceso genocida contra la comunidad transgénero. Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch, ha calificado la retirada del reconocimiento de identidades trans por parte del gobierno federal de «totalitaria» y de inspiración nazi. La Asociación Médica Americana, junto a decenas de organizaciones científicas, ha dejado claro que las premisas biológicas de la Orden Ejecutiva 14168 son científicamente inexactas. Nada de eso ha frenado su aplicación.

El uso instrumental de las mujeres es lo que hace especialmente perversa esta alianza. El lenguaje de la orden ejecutiva apela constantemente a su protección. Las mujeres más vulnerables, las que tienen menos acceso a asistencia jurídica, menos visibilidad institucional, menos respaldo mediático, son las primeras en sufrir las consecuencias. Las mujeres trans racializadas están entre los grupos con mayor tasa de desempleo en Estados Unidos, con estudios que estiman que las personas trans racializadas experimentan desempleo hasta cuatro veces por encima de la media nacional. Al eliminar las protecciones federales contra la discriminación por identidad de género en el empleo y la vivienda, la orden exacerba una vulnerabilidad ya estructural. El desmantelamiento de los programas DEI perjudica especialmente a mujeres negras y latinas, que dependían de esas políticas para acceder a empleos del sector público.

España no está mirando desde lejos. El PP y VOX llevan años construyendo aquí la misma arquitectura. En diciembre de 2023, la Asamblea de Madrid aprobó con la mayoría absoluta del PP la reforma de las leyes trans y LGTBI autonómicas, derogando el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, volviendo a patologizar las identidades trans y eliminando los contenidos educativos sobre diversidad sexual en las aulas. Los movimientos LGTBI lo calificaron como el primer retroceso legislativo en derechos LGTBI en décadas. En la Comunitat Valenciana, PP y VOX pactaron en 2025 eliminar las sanciones administrativas de la ley trans autonómica y blindar la autoridad parental para vetar contenidos educativos sobre diversidad. En octubre de 2025, el grupo parlamentario de VOX llevó al Congreso una iniciativa para derogar la Ley Trans estatal de 2023, pidiendo explícitamente el apoyo del PP. El último episodio es la votación que acaba de forzar el PP en el parlamente para eliminar la autodeterminación de género.

El paralelismo con el modelo Trump-TERF es indidable. El discurso sobre «protección de las mujeres», la apelación a la «biología» como argumento científico neutral, la equiparación entre derechos trans y pérdida de derechos femeninos, son los mismos elementos en ambos contextos. La diferencia es el estadio. Estados Unidos ya ha ejecutado el desmantelamiento. En el Estado español es uno de los primeros objetivos de la alianza de las derechas cuando lleguen al poder.

Esta alianza no afecta a todas las mujeres de la misma manera. El feminismo blanco que firma pactos tácitos con la derecha cuenta con acceso a plataformas globales y fondos privados. Las mujeres que más pierden cuando se desmantelan los programas antirracistas, cuando se eliminan las políticas afirmativas, cuando se segrega por biología en contextos donde la biología ya ha sido usada históricamente para jerarquizar cuerpos, son las mujeres que han estado más tiempo fuera del contrato social. Mujeres negras. Mujeres racializadas. Mujeres migrantes. Mujeres trans.

No existe protección parcial. Un feminismo que acepta recortar los derechos de unas mujeres para ganar batallas sobre otras no está defendiendo a las mujeres. Está eligiendo a cuáles defiende. Y esa elección, cuando se hace en alianza con quien lleva décadas atacando todos los movimientos de emancipación colectiva, tiene un nombre. No es feminismo. Es colaboracionismo.

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