Cada año, cuando llega el 8 de marzo, las instituciones españolas despliegan campañas, carteles y actos conmemorativos. El Ministerio de Igualdad presentó hace unos días su campaña oficial bajo el lema «Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance», protagonizada por la actriz Ángela Molina. La ministra Ana Redondo y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, explicaron que la iniciativa pretende reutilizar el término «mujer de alto valor» —popularizado por corrientes antifeministas en redes sociales que asocian ese valor a la sumisión y la dependencia— para devolverle un sentido feminista. El gesto tiene cierta intención subversiva. Una imagen lo resume con más elocuencia que cualquier eslogan. Una mujer blanca representando a «todas las mujeres» en la campaña institucional del día que supuestamente habla de todas. La pregunta que esa imagen no responde es qué voz, quién la porta y a quién representa realmente. Porque en las mesas redondas del 8M, en los paneles institucionales, en los carteles de las campañas financiadas con dinero público, hay una ausencia que se repite constantemente: las mujeres negras y racializadas.
España tiene una historia migratoria larga y una población negra/afrodescendiente y racializada que lleva décadas aquí, trabajando, pagando impuestos, criando hijos, militando. Cuando el feminismo oficial convoca, esas mujeres no aparecen en los estrados, solo testimonialmente. Aparecen, con suerte, en el público. O en los datos que alguien cita sin preguntarles. El feminismo institucional español tiene un problema estructural con la representación racializada, y ese problema no se resuelve colgando una imagen de Angela Davis en un cartel —como ocurrió en una conferencia feminista donde ni una sola ponente era mujer racializada— ni mencionando la interseccionalidad en el programa sin aplicarla en ninguno de los criterios que organizan el evento.
La popularización del término interseccionalidad ha llevado a su mala aplicación, y podemos encontrar cientos de páginas gubernamentales que lo explican sin ponerlo en práctica. Lo advertía la propia Kimberlé Crenshaw en 2017. El concepto, que acuñó en 1989 para nombrar la articulación entre raza, género y clase que afecta específicamente a las mujeres negras, se ha convertido en una comodín retórico. Se usa para decir «es complicado» cuando funciona como excusa para no hacer nada. El feminismo institucional español lo ha adoptado como adorno teórico mientras mantiene intactas las jerarquías que el concepto nació precisamente para desmantelar.
La pregunta que habría que hacer en cada convocatoria pública, en cada mesa redonda pagada con subvenciones estatales, tiene solo tres variables. ¿Quién habla, quién decide y quién cobra? El Gobierno aprobó en 2025 subvenciones directas del Instituto de las Mujeres por valor de 2.225.000 euros. Las entidades beneficiarias incluyen la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, Herstóricas o Fundación EOI . Son organizaciones legítimas, con trayectoria. Y son, organizaciones dirigidas y pensadas desde la experiencia de mujeres blancas. Hay muy pocas excepciones como la Fundación Secretariado Gitano (FSG) con una enorme trayectoria. Luego está CEPAIM, de ayuda al migrante, cuyo equipo directivo es completamente blanco sin excepción. No hay entre ellas ninguna organización específicamente de mujeres negras/afrodescendientes o racializadas. Ese dato dice más que cualquier discurso sobre quién decide realmente en el feminismo institucional de este país.
Cuando activistas que sufrimos el racismo compartimos espacios con feministas blancas, encontramos afirmaciones que continúan perpetuando el racismo e invisibilizando las opresiones derivadas de este. Se escuchan expresiones como «todas somos iguales», «todas estamos en la misma lucha», y esto no es cierto. Insistir en que la lucha es la misma para todas es repetir los patrones de racismo social, perpetuando el modelo de integración: integración como homogenización. Esta tensión no es nueva ni periférica. En el 8M de 2018, cuando España vivió su primera gran huelga feminista, Afroféminas no se sumó porque las demandas de las mujeres racializadas no estaban recogidas en el manifiesto. Las feministas blancas podían ir a la huelga, en parte, porque detrás de muchas de ellas había una mujer racializada cuidando a sus hijos o preparando la comida que comerían a la vuelta de la manifestación. Eso tampoco apareció en el cartel.
Basta con mirar dentro de los hogares del Estado español para ver a mujeres afrodescendientes, migrantes, no blancas, sosteniendo con sus cuerpos el trabajo doméstico y los cuidados en condiciones precarias que rozan la esclavitud. O dirigir la mirada a los invernaderos del sur, donde, detrás de los trapos que usan para protegerse del sol, están mayoritariamente mujeres negras, afrodescendientes, migrantes. El feminismo negro también lucha contra la desigualdad de género. Cuestionar esta realidad es una cuestión de supervivencia. Hoy, con el avance ultraderechista, más que nunca.
El feminismo blanco hegemónico —y aquí el adjetivo no es un insulto sino una descripción política— funciona con una lógica específica. El feminismo blanco es, precisamente, considerar que las demandas que afectan a mujeres blancas son universales, o incluso que son ellas quienes tienen que enseñar a las demás qué es el feminismo. Esta operación no es siempre consciente ni malintencionada. Eso no la hace menos dañina. Una institución puede tener toda la voluntad del mundo hacia la igualdad y seguir reproduciendo una estructura que margina a las mujeres más vulnerables si no se detiene a preguntarse quién no está presente y por qué.
Hay un eje económico en este debate. Las fundadoras afrodescendientes prácticamente no existen en el ecosistema de startups español, y los fundadores afrodescendientes recibieron menos del 2% de todos los fondos de capital de riesgo. Esta cifra no aplica solo al mundo empresarial. Las organizaciones negras y afrodescendientes en España operan, en su gran mayoría, con financiación mínima, trabajo militante no remunerado y una dependencia de la solidaridad comunitaria que el Estado no debería dar por sentada. El dinero público destinado a igualdad, entretanto, fluye principalmente hacia estructuras ya consolidadas, que rara vez tienen a mujeres negras en sus juntas directivas ni en sus equipos de decisión.
Lo que se propone aquí no es dividir el feminismo. Es construirlo sobre bases más honestas. Un punto de partida real sería establecer criterios de representación racializada obligatorios en todos los actos cofinanciados con fondos públicos del área de igualdad, tanto en las ponencias como en los equipos organizadores y en las comisiones de selección de proyectos. Otro sería auditar la cadena de subvenciones del Ministerio de Igualdad para identificar qué porcentaje llega a organizaciones de mujeres negras y racializadas, y establecer mínimos vinculantes. Un tercero, quizás el más urgente simbólicamente, sería dejar de usar las imágenes y las teorías de mujeres negras como decorado de eventos en los que esas mismas mujeres no tienen voz ni silla.
El feminismo que no incluye las experiencias de las mujeres negras y racializadas es un feminismo incompleto. No hablamos de estética ni de cuotas de representación para la foto. Es una cuestión de legitimidad política. Un movimiento que reivindica hablar en nombre de todas las mujeres y excluye sistemáticamente a las más precarizadas no representa a todas las mujeres. Representa a las que ya tienen acceso al micrófono. El 8M debería ser también el día en que nos preguntamos con honestidad quién diseñó ese micrófono, dónde está colocado y para quién apunta.
Redacción Afroféminas
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