
El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el 16 de noviembre el plazo de inscripción para participar en los nuevos sorteos de viviendas de alquiler asequible, que comprenden un total de 283 inmuebles distribuidos entre San José-Montemolín-Las Fuentes y Valdefierro. La convocatoria, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 22 de noviembre, llega después de la primera adjudicación de 78 viviendas y presenta modificaciones en los criterios de adjudicación y en los requisitos económicos y documentales exigidos a las personas solicitantes.

El incremento del número de viviendas amplía la oferta municipal, y las nuevas condiciones de acceso plantean a la vez interrogantes sobre el alcance real de esta política pública y sobre los colectivos que podrán beneficiarse de ella.
La nueva convocatoria comprende 151 viviendas en San José-Montemolín-Las Fuentes y 132 en Valdefierro. Los alquileres medios anunciados son de aproximadamente 571 y 556 euros mensuales, respectivamente, incluyendo vivienda, trastero y plaza de garaje cuando corresponda, sin incluir los gastos de comunidad.
No se trata de viviendas de propiedad municipal ni de una promoción construida y gestionada directamente por el Ayuntamiento. El modelo se articula mediante colaboración público-privada. Los inmuebles se levantan sobre suelo municipal cedido en derecho de superficie y las empresas adjudicatarias asumen su construcción y gestión durante 50 años, con posibilidad de prórroga hasta 75. La promoción cuenta también con financiación europea de los fondos Next Generation.
Al igual que en la convocatoria anterior, el Ayuntamiento mantiene un sistema de adjudicación organizado por grupos de preferencia. La nueva convocatoria establece seis categorías, que son las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, familias numerosas, familias monoparentales, personas que necesitan realojo por finalización de contrato de alquiler, personas nacidas a partir de 1987 y grupo general.
La comparación entre ambas convocatorias permite observar modificaciones en la distribución de estos grupos. En particular, desaparece como categoría independiente el grupo destinado a personas nacidas en 1966 o antes que necesitaban cambiar de vivienda por falta de ascensor o problemas de accesibilidad. Esta modificación merece una explicación por parte del Ayuntamiento, especialmente porque la accesibilidad residencial afecta directamente a la autonomía y a las condiciones de vida de muchas personas mayores.

También cambia el procedimiento de asignación de las viviendas. En la primera convocatoria las personas adjudicatarias podían elegir entre las viviendas disponibles siguiendo el orden correspondiente y los criterios de adecuación a su unidad de convivencia. En el nuevo procedimiento se establece un sistema de asignación automática. Las personas seleccionadas no podrán escoger libremente el inmueble que ocuparán ni solicitar posteriormente un cambio de vivienda, lo que reduce su capacidad de decisión sobre las características y la ubicación de su futuro domicilio.
Uno de los aspectos más relevantes de las nuevas condiciones es el requisito de ingresos mínimos. En el formulario de inscripción, para una unidad de convivencia formada por una sola persona que solicita una vivienda de un dormitorio, se establecen unos ingresos anuales mínimos de 16.541,95 euros para Montemolín-Las Fuentes y de 16.128 euros para Valdefierro. El formulario recoge también un límite máximo de 54.000 euros, cuya aplicación debe atender a la composición de la unidad de convivencia y a los criterios correspondientes.
Estos umbrales plantean una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre con las personas que no alcanzan los ingresos mínimos exigidos? Quienes sobreviven con prestaciones sociales, subsidios, pensiones reducidas o salarios precarios pueden quedar fuera del procedimiento a pesar de sus dificultades para acceder a una vivienda en el mercado privado.
La contradicción está en que una convocatoria presentada como alternativa al alquiler convencional establece una capacidad económica mínima que no todos los hogares en situación de necesidad pueden acreditar. No se trata de cuestionar la necesidad de comprobar los ingresos. Se trata de analizar si los criterios contemplan suficientemente la diversidad de situaciones económicas y residenciales existentes en Zaragoza.
Una política pública de vivienda debería incorporar mecanismos que permitan el acceso a hogares con ingresos muy reducidos, especialmente cuando la precariedad económica constituye uno de los principales factores de exclusión residencial.
El último recuento nocturno de personas sin hogar en Zaragoza, realizado por el Ayuntamiento y Cruz Roja el 27 de octubre de 2026, contabilizó 382 personas durmiendo en la calle, frente a las 266 registradas en noviembre de 2025. Este aumento evidencia el agravamiento de la exclusión residencial en la ciudad. Detrás de estas cifras también está la imposibilidad de acceder a una vivienda cuando los ingresos son insuficientes para afrontar los precios del alquiler, incluso en el caso de personas que trabajan. La pobreza no solo dificulta mantener una vivienda, también puede impedir cumplir los requisitos económicos de programas que se presentan como una alternativa asequible.

A las condiciones de ingresos se añade una exigencia documental que obliga a las personas solicitantes a acreditar detalladamente su situación laboral y económica. Las personas trabajadoras por cuenta ajena deben presentar una certificación de sus centros de trabajo en la que consten la duración y antigüedad de sus contratos, además de la totalidad de los ingresos percibidos o pendientes de percibir durante el año en curso.
En el caso de las personas autónomas, se solicitan los justificantes de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF, y las personas pensionistas y quienes perciben subsidios u otras prestaciones deben aportar certificados que acrediten las cantidades recibidas o pendientes de percibir. También se permite presentar documentación económica adicional para justificar el cumplimiento de los ingresos mínimos exigidos.
La comprobación incluye acreditar que las personas solicitantes están al corriente de sus obligaciones con las administraciones públicas. Para ello, se exigen certificados tributarios de Hacienda, documentación de la Seguridad Social y acreditaciones relativas a las obligaciones económicas con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Además, para comprobar la adecuación económica de la vivienda, se solicita la declaración del IRPF correspondiente a 2025, utilizando la diferencia entre las casillas 0435 y 0609 para calcular los ingresos netos. Las personas trabajadoras por cuenta ajena deben aportar las tres últimas nóminas de los integrantes de la unidad de convivencia que desarrollen una actividad remunerada o, cuando no dispongan de ellas, un certificado empresarial de los ingresos percibidos o pendientes de percibir. A las personas autónomas se les exige el certificado de retenciones y la declaración trimestral del IRPF del último año, y todos los perceptores de ingresos deben presentar las bases integrales de cotización de la Seguridad Social.
Esta documentación puede suponer una dificultad añadida para quienes tienen empleos temporales, ingresos irregulares o situaciones laborales que no encajan fácilmente en los modelos habituales de acreditación económica. También puede complicar el procedimiento a personas que dependen de diferentes prestaciones o que atraviesan situaciones administrativas y económicas especialmente delicadas.
La ampliación de la oferta municipal es necesaria en una ciudad donde el acceso al alquiler se ha convertido en un problema creciente para numerosos hogares. El número de inmuebles ofertados no debería ser el único indicador para evaluar el éxito de estas políticas. También es necesario analizar si los requisitos económicos y administrativos responden a las distintas realidades de la población.
La exigencia de estar al corriente de pago con cuatro administraciones, junto con los umbrales de ingresos y la documentación requerida, obliga a examinar las condiciones de acceso desde una perspectiva social. Las personas con empleos inestables, prestaciones reducidas o situaciones de endeudamiento necesitan procedimientos que contemplen sus circunstancias y no conviertan su precariedad en un obstáculo administrativo adicional.
Por eso, el Ayuntamiento debería explicar qué mecanismos contempla para evitar que quienes tienen menores ingresos y mayores dificultades residenciales queden excluidos de una convocatoria que se presenta como una solución de alquiler asequible.
La cuestión no es solamente cuántas viviendas se ponen a disposición de la ciudadanía. Lo decisivo es si los criterios de adjudicación permiten que esa oferta llegue a quienes realmente necesitan una alternativa habitacional.
Información de la convocatoria: las inscripciones pueden realizarse del 16 al 22 de noviembre de 2026 a través de la plataforma Alquiler Asequible Zaragoza (https://alquilerasequiblezaragoza.com/).


Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

