El 11 de octubre, en Colombia, el caricaturista Matador publicó en X una foto de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y le preguntó dónde estaban las ayudas para la gente que quedó desamparada tras el terremoto. La llamó «ratita» y «pati raquítica». Ese mismo fin de semana, el vicepresidente y el gabinete completo firmaron un comunicado que calificó esas palabras de misóginas y le pidió a la Fiscalía examinarlas.
Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Burlarse del cuerpo de una mujer para pedirle cuentas es misoginia de la más vieja, y además sobraba, pues la pregunta se sostenía sola. Lo que me interesa es lo que pasó después. En pocos días el país dejó de hablar de las donaciones y se puso a hablar de la dignidad de la primera dama, y la discusión sobre la ofensa terminó funcionando como una advertencia para cualquiera que quiera preguntar.
Este es un uso político ya conocido de los discursos feministas y de las luchas por los derechos de las mujeres. No es nuevo ni exclusivamente colombiano. En distintas épocas y continentes, hay gobiernos que toman prestadas esas banderas para encubrir guerras, para blindarse frente a las críticas o para sacar de la conversación lo que no quieren responder. Salen a defender a una mujer concreta, una víctima o una esposa, para presentarse como protectores de todas, mientras a través de sus políticas hacen lo contrario. Así, el lenguaje de los derechos, que nació para ponerle límites a las violencias y al poder, termina sirviéndole de escudo. El año pasado, en India, por ejemplo, un gobierno llegó a bautizar un bombardeo con el nombre de un símbolo de las mujeres casadas. En Colombia, el mismo recurso sirve hoy para proteger a la primera dama y para desviar la atención de algo que debería ser central en una democracia: el control político sobre el manejo de las donaciones de una emergencia nacional. Es el mismo control que este Gobierno prometió durante su campaña contra la corrupción.
La pregunta de Matador no salió de la nada. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la que Pineda es representante legal, se registró el 7 de julio, dos semanas después de la elección. Tras el terremoto del 10 de agosto se convirtió en uno de los tres canales oficiales de la campaña «Colombia, un solo corazón», que ella dirige, y el único habilitado para recibir aportes del exterior. A diferencia del Minuto de Dios y de Ábaco, no tenía experiencia manejando recursos. Un senador radicó un derecho de petición para saber cuánto dinero entró, en qué se gastó y quién lo audita. Como Presidencia no respondió, hoy hay dos tutelas admitidas por jueces.
Nada de eso prueba irregularidades. Prueba que la información no es pública, y que hay ciudadanos pidiéndola por las vías legales.
¿Cuándo se puede interpelar a una mujer con poder?
Ana Lucía Pineda no es una ciudadana cualquiera. Su lugar en la vida pública viene de su matrimonio con el presidente, pero lo que hace con ese lugar sí es público. Dirige una campaña nacional de donaciones privadas, representa legalmente a una fundación que recibe esos recursos, y su gestión la promueven ministros y canales oficiales. Ocupa además una posición económica, social y política que muy pocas mujeres en Colombia tienen.
Nada de eso la vuelve inmune al sexismo. Una mujer con poder también puede ser blanco de misoginia. Tampoco la ofensa la vuelve inmune a la pregunta. Es su deber responder qué hace con los recursos que obtiene gracias a la imagen y al poder que le da ser la primera dama. El problema empieza cuando alguien con poder decide que la pregunta y el insulto son la misma cosa.
El comunicado del Gobierno se apoyó en la Ley 1257 de 2008 y en la Ley 2453 de 2025, sobre violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Afirmó que la misoginia no puede disfrazarse de humor amparada en la libertad de expresión y, en el mismo texto, aseguró defender la libertad de prensa y la caricatura.
Conviene mirar la escena completa. De un lado, un ciudadano con una cuenta en X. Del otro, el presidente, el vicepresidente, todos los ministros y una solicitud formal a la Fiscalía. A comienzos de octubre, Matador había denunciado que las amenazas de muerte contra él y su familia aumentaron desde que el gobierno de Abelardo de la Espriella llegó al poder. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido este año sobre ataques digitales contra periodistas que publican sobre esta administración. En ese contexto, llevar a la Fiscalía a un crítico en nombre de las mujeres manda un mensaje que va más allá de Matador: quien pregunte por la plata de la primera dama puede terminar señalado de violento.
Hay que precisar que lo que publicó Matador fue un trino y no una caricatura, y que el insulto merece reproche. Pero no es la primera vez que se intenta usar la justicia contra él. En 2018, un abogado presentó una tutela para obligarlo a rectificar una caricatura en la que comparaba con un cerdo a Iván Duque, entonces candidato presidencial. La jueza negó la tutela, y la FLIP intervino para recordar que la libertad de expresión protege también el tono satírico de una opinión. La jurisprudencia colombiana e interamericana sostiene que quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un escrutinio más intenso, y que el derecho penal es el último recurso frente a las palabras. Un gabinete entero pidiendo a la Fiscalía actuar contra un caricaturista opositor está muy lejos de ese último recurso.
Tampoco toda denuncia es censura. Las organizaciones que defendieron a Francia Márquez también pidieron sanciones para quienes la atacaban por su color de piel. La diferencia está en quién pide y con qué aparato. Cuando la sociedad civil exige responsabilidad por el racismo contra una vicepresidenta, presiona al poder. Cuando el poder moviliza al Estado contra un crítico para defender a la esposa del presidente, lo que se protege es el poder mismo.
Lo que enseña la Operación Sindoor
Jigyasa Agarwal, egresada del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) en el Reino Unido, publicó en 2025 un análisis sobre cómo el gobierno de India usó el género para justificar un ataque militar contra Pakistán. Este caso ocurrió lejos, pero ayuda a ver con claridad lo que pasa aquí.
Cachemira es una región del Himalaya que India y Pakistán se disputan desde 1947, cuando la independencia del dominio británico dividió el territorio en dos países: India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Cachemira, donde la mayoría de la población es musulmana, quedó partida entre los dos, y desde entonces han librado varias guerras por ella. En India gobierna hoy el partido del primer ministro Narendra Modi, que defiende un nacionalismo hindú, es decir, la idea de la nación definida por la religión hindú, y que ha sido acusado muchas veces de alimentar la hostilidad contra los musulmanes del propio país. El 22 de abril de 2025, hombres armados atacaron a turistas en Pahalgam, una zona de montaña en la Cachemira administrada por India, y mataron a 26 civiles. La mayoría eran hombres hindúes, y varios murieron frente a sus esposas. India culpó a grupos con base en Pakistán, cuyo gobierno negó cualquier responsabilidad. Dos semanas después, el 7 de mayo, India bombardeó objetivos en Pakistán. Según Agarwal, esos bombardeos dejaron al menos 40 civiles muertos a ambos lados de la frontera, un dato que los grandes medios indios casi no mostraron.
El ataque militar se llamó Operación Sindoor. El sindoor es el polvo rojo que las mujeres hindúes casadas se ponen en la raya del cabello para señalar su estado civil, algo parecido a lo que significa la argolla de matrimonio para las mujeres occidentales, y que dejan de usar cuando enviudan. Las mujeres cuyos esposos murieron en Pahalgam perdieron, con ellos, el derecho a llevar ese polvo rojo. Al bautizar el bombardeo con su nombre, el gobierno le decía al país que atacaba para vengar ese sindoor perdido, como si la guerra pudiera devolverles la honra de esposas que el atentado les quitó. En redes circuló una ilustración de Himanshi Narwal, recién casada, vestida de novia junto al cuerpo de su esposo, que era oficial de la Armada. Entonces, los mensajes del partido de gobierno presentaron a Modi como el vengador y protector de esas mujeres. Agarwal señala que lo que hay detrás de este relato es la idea de que defender el matrimonio de las mujeres hindúes equivale a defender la nación.
Una semana después del atentado, Himanshi pidió justicia, pero también pidió no alimentar el odio contra los musulmanes y la gente de Cachemira. En cuestión de horas la llenaron de insultos y pusieron en duda su moral. La investigadora muestra con este hecho la distancia entre la mujer como símbolo que el Estado dice proteger y la mujer como ciudadana con voz política, que estorba en cuanto se sale del guion. Las viudas le servían al discurso oficial mientras fueran mujeres a las que había que vengar. Por eso, cuando una de ellas habló por sí misma y pidió paz, dejó de servirle.
Una operación militar que mató civiles y una polémica en redes tienen escalas que no se pueden comparar, pero comparten un mecanismo: la manera en que se usa el discurso sobre los derechos de las mujeres. Agarwal retoma el concepto de femonacionalismo de la socióloga Sara Farris, que nombra el uso de ideales feministas al servicio de agendas nacionalistas. En la Operación Sindoor ese uso tuvo dos caras. La primera fue la protección a la mujer como víctima cuya honra justificaba la guerra. La segunda fue el empoderamiento. Después de los bombardeos, las Fuerzas Armadas de India presentaron los resultados en una rueda de prensa encabezada por dos mujeres oficiales, y una de ellas, la coronel Sofiya Qureshi, es musulmana. El detalle importa porque el atentado de Pahalgam había buscado enfrentar a hindúes y musulmanes, y porque el gobierno de Modi carga con acusaciones de hostilidad contra los musulmanes. Poner a una mujer musulmana como vocera de la guerra le permitió mostrarse moderno e incluyente, y medios y feministas liberales lo celebraron como un avance para las mujeres. Para Agarwal, esa imagen tapaba la violencia y la discriminación que las mujeres musulmanas siguen viviendo bajo ese mismo gobierno, y de paso convertía la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas en prueba de que la guerra era justa. Por eso habla de una interseccionalidad selectiva, que exhibe a ciertas mujeres para ganar legitimidad y calla lo que el mismo régimen les hace a otras. Así, el lenguaje de la igualdad, que nació para cuestionar al poder, termina dándole autoridad moral.
Algo parecido pasa en Colombia. El Gobierno sale en bloque a defender a una mujer y con eso se presenta como defensor de los derechos de las mujeres, mientras en las mismas semanas desmonta instituciones y compromisos que protegían a muchas otras. La mujer que defiende, además, tiene un perfil preciso: es una mujer blanca, privilegiada, heterosexual, representante de las «buenas costumbres». El vicepresidente pidió respeto para Pineda «como mujer, como madre», una protección que pasa por el matrimonio y la maternidad, muy cerca de lo que el sindoor simboliza. Igual que en India, las mujeres que este discurso reconoce son las que encajan en el orden que el Gobierno quiere defender.
Agarwal también discute con la novelista británica Naomi Alderman. En su novela El poder, las adolescentes del mundo descubren que pueden lanzar descargas eléctricas con las manos, toman el control y terminan siendo tan violentas como los hombres. La novela sugiere así que el poder corrompe igual sin importar quién lo tenga. Agarwal responde que esa lectura aplana la política, porque el contexto, la ideología y la identidad de quien lo ejerce sí importan, y porque en la realidad las mujeres rara vez llegan al poder en igualdad de condiciones. Para este caso, la pregunta útil es qué estructura sostiene a esta mujer y qué hace ella dentro de esa estructura.
Qué mujer merece protección
La agenda de género del Gobierno en estos dos meses ayuda a responder. En la liquidación del Ministerio de Igualdad, que venía ordenada tras un fallo de la Corte, el Gobierno eliminó sus cinco viceministerios, entre ellos el de la Mujer y el de Diversidades. En agosto, la nueva directora del ICBF pidió que la entidad hablara de «niñez» y dejara de nombrar a las niñas por separado, aunque, como recordó la abogada María Cristina Hurtado, son ellas las principales víctimas de violencia sexual que atiende el instituto. El 17 de septiembre, Colombia se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que copresidía con España. El 8 de octubre se adhirió al Consenso de Ginebra, cuyo nombre oficial habla de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, y que niega un derecho internacional al aborto. En la ONU, la delegación se desmarcó del concepto de derechos sexuales y reproductivos. Ya en junio, el Centro de Derechos Reproductivos advertía que el programa de De la Espriella no traía nada sobre anticoncepción, aborto seguro ni educación sexual, y que defendía una igualdad solo formal, contraria a las políticas diferenciadas para poblaciones discriminadas.
Ninguna de estas decisiones prueba por sí sola mala fe en la defensa de Pineda. Juntas, sin embargo, dibujan qué mujer cuenta para este Gobierno, es decir, la esposa y madre que hace caridad. A la niña que necesita ser nombrada, a la mujer que decide sobre su embarazo, a la mujer trans, este Gobierno les quitó respaldo en las mismas semanas en que convirtió la dignidad de la primera dama en asunto de Estado.
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Nancy Fraser ha estudiado cómo ideas nacidas de la crítica feminista pueden ser resignificadas para legitimar justo el orden que cuestionaban. En Feminismo para el 99%, que escribió con Cinzia Arruzza y Tithi Bhattacharya, la crítica apunta a un feminismo que celebra a las mujeres que llegan arriba y se olvida de las demás. Para Fraser, la justicia exige reconocimiento, pero también redistribución y representación. Defender la reputación de una mujer de la élite mientras se desmontan las instituciones que atendían a las mujeres más pobres es reconocimiento a medias.
Angela Davis, en Mujeres, raza y clase, mostró cómo en Estados Unidos la defensa de la honra de las mujeres blancas sirvió para justificar la violencia contra hombres negros, y cómo un feminismo que ignoró la raza y la clase terminó sirviendo al orden racista. No hace falta forzar la analogía para quedarse con la lección, pues la retórica de proteger a ciertas mujeres ha servido muchas veces para disciplinar a otros.
Medir con la misma vara
Francia Márquez conoce bien la diferencia entre una crítica y un ataque. Según el Racismómetro, un proyecto del portal Las2orillas con datos de la empresa Siglo Data analizados por el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, durante la campaña de 2022 ella recibió 1.103 ataques, frente a 15 contra Marelen Castillo y 5 contra Luis Gilberto Murillo, los otros candidatos vicepresidenciales afrodescendientes. En plena campaña, la cantante Marbelle la comparó con King Kong, y en redes se volvió común llamarla «Rancia». Ya en la Vicepresidencia, la revista Semana llevó a un titular el calificativo «mononeural», es decir, de una sola neurona, que usó un entrevistado de posturas supremacistas para referirse a ella. Cuando hizo su primera gira por África como vicepresidenta, en 2023, la misma revista llamó el viaje «safari» y la caricaturizó con salacot y ropa de excursión, y El Espectador publicó una caricatura titulada «Francia en África». El profesor Mauricio Jaramillo Jassir resumió el contraste con una pregunta: por qué los viajes de los presidentes a Estados Unidos se leen como diplomacia de alto nivel y el de una vicepresidenta negra a África como una excursión digna de burla. La declaración internacional que la defendió dejaba claro que criticar sus políticas era parte de una democracia sana, y que lo inaceptable era disfrazar el racismo y el clasismo de desacuerdo político.
Ese es el criterio que propongo aplicar aquí: separar la gestión de la identidad. Mara Viveros insiste en que la interseccionalidad obliga a mirar desde dónde habla cada quien y con qué recursos logra que su agravio sea reconocido. La defensa de Francia vino sobre todo de activistas y organizaciones. La de Pineda vino del Estado completo en cuestión de horas. Valdría la pena revisar qué dijeron entonces quienes hoy firman ese comunicado.
Por su parte, Rita Segato llama pedagogías de la crueldad a las prácticas que nos enseñan a ver la vida y los cuerpos como cosas y nos acostumbran a la indiferencia. Animalizar a una mujer y burlarse de su cuerpo para ganar una discusión hace parte de esa pedagogía, venga de donde venga. Por eso la crítica a Matador es necesaria, y no le pertenece solo al Gobierno.
Pero la lectura de Segato también alcanza a quien responde desde arriba. Si, como dice Viveros, importa desde dónde habla cada quien, Ana Lucía Pineda habla desde un lugar de poder, de privilegio y de validación que casi ninguna mujer en Colombia tiene. Cuando desde ese lugar se usan los discursos feministas para callar a un crítico, el gesto también es cruel. Banaliza una lucha histórica que a muchas mujeres les ha costado la vida, la de las lideresas asesinadas y la de tantas que denunciaron sin que nadie les creyera. Y pone esa lucha al servicio de un poder de derecha que, en las mismas semanas, desmonta lo que esas mujeres conquistaron.
Segato, además, no confía en el castigo como respuesta suficiente. Sus contrapedagogías pasan por reconstruir vínculos y comunidad, y por desmontar el mandato que convierte el cuerpo de las mujeres en territorio de disputa. Un expediente en la Fiscalía no le enseña a nadie a mirar distinto a las mujeres. Enseña a callar. Y deja intacta la otra crueldad del caso, la de miles de damnificados que esperan respuestas mientras el país discute un trino.
Esa otra crueldad tiene cifras. El terremoto del 10 de agosto ha dejado, según el último balance de la UNGRD, 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos. En Risaralda y el Chocó, como casi siempre, el cuidado de niños, mayores y heridos recae sobre las mujeres. Silvia Federici ha mostrado que la vida se sostiene con un trabajo de cuidado que casi nunca se paga ni se ve. Si este Gobierno hablara en serio de las mujeres, estaría hablando de ellas, de las que se pasan la vida cuidando a otros y ahora lo hacen entre escombros.
Pero el lenguaje oficial se ha ido corriendo, casi sin que se note. Las mujeres dejaron de aparecer como sujetas de derechos y pasaron a aparecer bajo la figura de la caridad. Pasa con el ICBF, que dejó de nombrar a las niñas, y pasa con una primera dama que vuelve a ocupar el lugar de «madre de la Nación» que reparte ayudas. Ese lugar parece de adorno, pero en este Gobierno cumple una función política. Promueve una idea de feminidad, la de la mujer colombiana buena y pura, que sirve sin preguntar y no reclama. Frente a esa imagen, las mujeres que exigen derechos, cuentas claras o poder decidir sobre su propio cuerpo quedan como desagradecidas, o como una amenaza. Ninguna de las damnificadas aparece en el comunicado que firmó el gabinete completo.
Matador debería dejar de usar el cuerpo de las mujeres como munición, y su crítica ganaría fuerza. El Gobierno debería retirar la solicitud a la Fiscalía y publicar las cuentas de la fundación. También debería dejar de usar su poder mediático y político para conseguir recursos para una organización privada. Ninguna de estas exigencias anula a la otra. Un Gobierno seguro de su gestión, además, celebraría que la ciudadanía pregunte. Que la gente vigile cómo se manejan las donaciones de una tragedia es una de las señales más claras de que vivimos en una democracia. Y el Gobierno debería invertir su poder, su gestión, su influencia y su agilidad en lo que de verdad urge, que no es poco. La rapidez con la que todo el gabinete firmó un comunicado por un trino no la ha tenido para responder un derecho de petición sobre las donaciones. Esa agilidad le hace falta al país en la reconstrucción, en la atención a las familias que el terremoto dejó sin casa y en muchos otros frentes que siguen esperando.
El feminismo no existe para blindar a nadie del escrutinio. Existe para que las mujeres, todas y en especial las que no tienen poder, puedan vivir y participar sin miedo. Cada vez que los sectores con poder económico y político convierten la violencia de género en escudo, le quitan peso a la palabra de las mujeres que la viven sin cámaras ni gabinete que las respalde, como las que denuncian en una comisaría y no les creen, o las que esperan años una medida de protección. Las víctimas merecen justicia y no pueden seguir siendo el decorado de quien gobierna. Esa es, al final, la respuesta a la pregunta del título. Cuando el poder dice proteger a las mujeres y lo que protege es a sí mismo, al feminismo le corresponde nombrarlo.
Karen Viviana Sánchez
Soy socióloga, investigadora y mujer popular de Cali (Colombia). Hago parte de la Red Comunitaria de Oriente y mi trabajo ha estado ligado a la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, un compromiso que llevo tanto en la investigación como en el territorio.
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