De Berlín a Zaragoza, las izquierdas europeas hablan de vivienda y no de quien ya la perdió

La vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales y políticos de Europa. El problema ya no se limita al precio del alquiler, a la dificultad de acceder a una hipoteca o a la imposibilidad de emanciparse. La crisis residencial está produciendo algo más profundo. Hay personas que pierden su vivienda, familias que viven bajo amenaza de desahucio, personas que sobreviven en alojamientos temporales, quienes duermen en la calle y una forma de exclusión residencial que las estadísticas siguen captando de manera incompleta.

En este contexto, las elecciones celebradas durante 2026 en distintos territorios europeos están mostrando una transformación del mapa político de las izquierdas. Alemania ofrece un ejemplo especialmente significativo. El 20 de septiembre, Die Linke se convirtió en la primera fuerza en Berlín mientras la AfD volvía a situarse en primer lugar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. La comparación no permite establecer una relación automática entre crisis social y determinada respuesta electoral. Sí muestra que el malestar material puede canalizarse hacia proyectos políticos muy diferentes dependiendo del territorio, de la estructura política existente y de los conflictos que consigan ocupar el centro del debate.

Hay una cuestión que atraviesa esta reconfiguración y que me parece especialmente relevante para analizar los programas de las izquierdas europeas. La vivienda ha entrado con fuerza en la agenda política mientras el sinhogarismo continúa ocupando un lugar mucho más secundario. Las propuestas hablan de alquileres, de vivienda asequible, de vivienda pública, de regulación de los mercados inmobiliarios, de construcción y de protección frente a los desahucios. Y sigue existiendo una enorme distancia entre hablar de política de vivienda y desarrollar una política específica destinada a erradicar el sinhogarismo.

Esta es la cuestión central de este texto. Me propongo preguntar qué proponen las izquierdas europeas para abaratar los alquileres, ampliar el parque público o frenar los desahucios, y también comprobar qué lugar ocupa en esos programas la persona que ya ha perdido su vivienda, cuánto se habla de ella y si existe un plan político concreto para que deje de estar en la calle, en un albergue, en un alojamiento temporal, en una vivienda insegura o en cualquier otra forma de exclusión residencial.

La diferencia es fundamental. Una política destinada a evitar que una persona pierda su vivienda es una política de prevención del sinhogarismo. Una política destinada a sacar de la calle a quien ya no tiene vivienda es una política de erradicación del sinhogarismo. Ambas son necesarias y no son la misma política.

Las elecciones del 20 de septiembre en Berlín situaron a Die Linke como primera fuerza con el 25,7 % de los votos, por delante de la CDU (18,8 %), la AfD (16,3 %), Los Verdes (14,3 %) y el SPD (12,1 %). La vivienda fue uno de los ejes centrales del debate. Entre las propuestas de Die Linke figura la intervención sobre grandes propietarios inmobiliarios y la aplicación de la iniciativa de expropiación aprobada mediante referéndum en 2021, que afecta a grandes empresas propietarias de miles de viviendas. Tras los resultados, diferentes fuerzas de la izquierda española reivindicaron el programa berlinés como referencia para sus propias políticas de vivienda.

Más allá de si ese modelo debe reproducirse en otros territorios, lo que me interesa es observar qué ocurre cuando la vivienda deja de tratarse exclusivamente como un problema económico y pasa a convertirse en un conflicto político central. Berlín muestra que la vivienda puede articular una parte importante del descontento social alrededor de cuestiones materiales perfectamente identificables, como cuánto cuesta vivir, quién posee las viviendas, qué capacidad tiene una administración para intervenir y qué derechos tiene quien alquila.

Incluso dentro de este debate queda mucho menos visible qué sucede con las personas que ya han quedado fuera del mercado residencial. La izquierda berlinesa habla de control de alquileres, vivienda asequible, propiedad inmobiliaria y expropiación de grandes propietarios. Que un programa de vivienda incorpore medidas para ampliar o proteger el parque residencial no significa automáticamente que exista un plan específico para que las personas que hoy viven en la calle abandonen esa situación. Abaratar el alquiler puede evitar futuros procesos de exclusión residencial, aumentar el parque público puede ampliar el acceso a la vivienda y regular los alquileres puede limitar determinados procesos de expulsión. Ninguna de esas medidas constituye por sí sola un plan de erradicación del sinhogarismo. Esa es precisamente la laguna que quiero señalar en los programas de las izquierdas europeas.

Berlín no representa a toda Alemania. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental la AfD quedó en primera posición, el SPD en segundo lugar y Die Linke mantuvo representación parlamentaria, mientras la CDU quedó por debajo del umbral del 5 % y perdió su presencia en el Parlamento regional. El malestar material no produce necesariamente una única respuesta política. No existe una única izquierda europea ni un único programa de vivienda. Hay diferentes respuestas ante una crisis con elementos comunes, como el incremento de los alquileres, la insuficiencia de vivienda asequible, la precarización de los hogares, la dificultad de acceso de jóvenes y trabajadores y el crecimiento de la exclusión residencial. Lo que sí parece común es que la vivienda se ha convertido en una cuestión política central. Lo que sigue siendo mucho menos común es que el sinhogarismo aparezca como un objetivo político con la misma claridad.

Europa ha empezado a incorporar formalmente el sinhogarismo a sus políticas de vivienda. La Comisión Europea identifica a las personas sin hogar como uno de los grupos más afectados por la crisis residencial y en mayo de 2026 presentó una propuesta de Recomendación del Consejo sobre exclusión residencial, orientada a garantizar que todo el mundo tenga un lugar seguro donde vivir y a actuar de forma temprana para prevenir el sinhogarismo. Si se adopta, será el primer instrumento legislativo europeo dedicado específicamente a esta cuestión. El Plan Europeo de Vivienda Asequible identifica además a las personas sin hogar como grupo prioritario y la estrategia europea contra la pobreza incorpora el sinhogarismo.

Reconocer el problema no equivale a disponer de una estrategia para erradicarlo. FEANTSA estima en 2026 alrededor de 1,44 millones de personas durmiendo en la calle, utilizando albergues nocturnos o alojamientos temporales y servicios específicos para personas sin hogar en Europa. La organización advierte de que estas cifras deben interpretarse como órdenes de magnitud, porque los sistemas de recuento y las definiciones no son homogéneos entre países. Advierte también de que los servicios de emergencia están alcanzando su capacidad máxima, las listas de espera aumentan, crecen las estancias prolongadas por falta de alternativas residenciales y muchas personas pasan de un alojamiento a otro sin ninguna perspectiva de una solución estable. Europa ha llegado a un punto en el que el problema ya no puede resolverse únicamente aumentando la capacidad de los dispositivos de emergencia. Hace falta vivienda, y hace falta vivienda para personas que, en muchos casos, son precisamente quienes más dificultades tienen para acceder al mercado ordinario.

El problema tampoco está únicamente en quienes aparecen en un recuento de personas durmiendo en la calle. La tipología ETHOS, utilizada por FEANTSA, distingue entre personas sin techo, personas sin vivienda, personas que viven en viviendas inseguras y personas que viven en viviendas inadecuadas. Eso significa que una persona amenazada por un desahucio, que vive en una vivienda inhabitable, que reside temporalmente con familiares o amistades después de perder su casa o que se encuentra en una situación residencial extremadamente precaria puede formar parte del fenómeno del sinhogarismo aunque nunca haya dormido en un banco o en una acera. FEANTSA habla también de un sinhogarismo invisible, el de quienes se alojan temporalmente con otras personas o evitan los sistemas formales de atención, y recuerda que no existe un único perfil de persona sin hogar. Entre las causas estructurales menciona la pobreza, la insuficiencia de vivienda asequible, la financiarización de la vivienda, los bajos salarios, la debilidad de la protección social y determinadas carencias en los sistemas de acogida.

Creo que esto debería obligarnos a revisar el lenguaje político. Las políticas públicas tienden a visualizar el sinhogarismo cuando ya se ha producido su expresión más extrema. Primero se pierde la estabilidad residencial. Después aparece la vivienda insegura. Posteriormente puede producirse la pérdida efectiva de la vivienda. Finalmente puede aparecer la calle. Cuando la administración interviene únicamente en el último momento, una parte considerable de la política social se convierte en gestión de las consecuencias de un problema que comenzó mucho antes.

Estas realidades se distribuyen además entre departamentos administrativos como vivienda, servicios sociales, justicia, empleo, salud, migración o protección internacional. Y cuando un problema se divide entre administraciones, también puede diluirse la responsabilidad sobre la solución. Esta fragmentación se reproduce en los programas políticos. Las izquierdas pueden disponer de propuestas extensas sobre vivienda y carecer al mismo tiempo de un capítulo equivalente sobre cómo erradicar el sinhogarismo. Pueden hablar de prevención y no explicar qué itinerario seguirá quien ya duerme en la calle. Pueden defender vivienda pública y no establecer qué porcentaje de ese parque estará destinado a personas en situación de sinhogarismo. Pueden defender el derecho a la vivienda y no fijar objetivos concretos de reducción de personas sin hogar, plazos, recursos presupuestarios e indicadores de salida efectiva del sistema de emergencia. Ese vacío programático es lo que quiero poner sobre la mesa.

En España, el Gobierno ha intentado reforzar las herramientas de protección frente a la pérdida de vivienda. Los nuevos decretos, que no han salido adelante en el Congreso, incluían medidas sobre la duración y prórroga de los contratos, protección frente a determinados desahucios y ampliación de mecanismos de vivienda asequible, y situaban de manera más explícita. Era un cambio relevante. Si una familia conseguía evitar un desahucio, la política pública hubiero evitado que entrase en una situación de sinhogarismo. Si una persona lleva años en la calle, seis días en un albergue estas medidas no resolvían su problema residencial. La intervención necesaria es completamente diferente, y España necesita ambas.

La norma parte de una premisa constitucional. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Ese reconocimiento no significa que toda persona pueda acudir directamente a un tribunal y obtener una vivienda concreta. Existe una diferencia entre un principio constitucional y un derecho subjetivo plenamente exigible en los mismos términos que otros derechos fundamentales. Ahí aparece una de las grandes paradojas del sistema. La vivienda es condición material para el ejercicio de otros derechos. Sin vivienda resulta más difícil mantener un empleo, cuidar la salud, escolarizar a los hijos, mantener la documentación, acceder a servicios sociales o desarrollar una vida autónoma. La persona puede tener derecho a servicios sociales, a ser atendida, a solicitar determinadas prestaciones y a protección frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad, y continuar sin disponer de una vivienda. El sistema reconoce progresivamente la necesidad de proteger a la persona frente a la pérdida de vivienda. Todavía tiene que desarrollar con la misma intensidad las políticas destinadas a garantizar una salida residencial a quien ya la ha perdido.

En Madrid, la crisis de vivienda ha dejado de ser únicamente objeto de debate institucional para convertirse en espacio de movilización social. La acampada instalada en la Puerta del Sol, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, ha transformado el centro político de la capital en un espacio de protesta contra los desahucios y la crisis habitacional. A 4 de octubre superaba las 1.500 tiendas y contaba con estructuras organizadas de enfermería, asesoría jurídica, cocina y cuidados. La protesta se extendió a otras ciudades y el movimiento anunció nuevas movilizaciones. Comenzó alrededor del caso de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio se convirtió en símbolo, y rápidamente adquirió una dimensión más amplia. El Sindicato de Inquilinas, creado en 2017 a partir de activistas vinculados a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha desarrollado una estructura territorial organizada y centra buena parte de su actividad en la defensa frente a los desahucios, la organización de inquilinos y la presión sobre las políticas de vivienda.

La respuesta institucional muestra las distintas posiciones políticas existentes. La Comunidad de Madrid ha anunciado un recurso contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelarísimas y la disolución de la acampada, mientras la Delegación del Gobierno sostiene que debe actuar dentro del marco jurídico aplicable al derecho de reunión y manifestación. Madrid dispone también de políticas específicas dirigidas a personas sin hogar, entre ellas programas Housing First y Housing Led, además de servicios de prevención de la pérdida de vivienda. Prevenir que una persona pierda su vivienda es imprescindible. Proporcionar una vivienda a una persona que ya la ha perdido también lo es.

Barcelona muestra otra combinación entre política institucional y movilización social. El alcalde Jaume Collboni ha defendido la regulación del alquiler y la eliminación progresiva de 10.000 pisos turísticos como instrumentos para incrementar el uso residencial de la vivienda. La ciudad mantiene además una red específica para personas sin hogar y organizaciones sociales que trabajan con modelos de vivienda compartida, alojamiento temporal, acompañamiento y Housing First.

La dimensión más dura de la exclusión residencial aparece en los datos. Arrels Fundació informó recientemente de que el 83,3 % de las 670 personas entrevistadas que vivían en la calle en Barcelona durante 2025 habían sufrido algún delito, agresión o discriminación desde que estaban en esa situación. Arrels distingue entre victimización y aporofobia, y señala que no toda agresión sufrida por una persona sin hogar tiene necesariamente una motivación de rechazo a la pobreza. La violencia aparece así como otra consecuencia de la pérdida de vivienda. No basta con preguntar dónde duerme una persona. Hay que preguntar qué seguridad tiene, cuánto tiempo lleva sin vivienda, qué posibilidades reales tiene de salir de esa situación y qué recursos existen para hacerlo.

El 1 de octubre, un juzgado suspendió el lanzamiento de una mujer de Sant Andreu después de que el equipo jurídico del Sindicato de Inquilinas solicitara la aplicación del nuevo decreto estatal de vivienda. El caso permite observar la distancia entre una norma aprobada en el ámbito estatal y su aplicación concreta en la vida de una persona. La ley deja de ser una declaración abstracta cuando consigue impedir que alguien pierda su vivienda. Y plantea enseguida la pregunta siguiente. ¿Qué ocurre con quien ya la perdió?

Aragón ofrece un ejemplo especialmente interesante de la tensión entre recursos disponibles y ejecución efectiva. El Gobierno de España transfirió en agosto 30,4 millones de euros destinados a políticas de vivienda en la comunidad, y durante septiembre surgió un conflicto sobre la ejecución de esos fondos y los instrumentos necesarios para materializarlos. Mientras tanto, el mercado residencial continúa ejerciendo presión sobre los hogares. La vivienda ya no puede analizarse exclusivamente desde la pobreza extrema, porque también afecta a trabajadores, familias y personas que, aun disponiendo de ingresos, no pueden asumir los precios del mercado. Precisamente por eso vuelve a aparecer la pregunta central. ¿Qué ocurre con quienes ni siquiera pueden entrar en ese mercado?

La crisis tampoco se limita a las grandes capitales. Los pequeños municipios y las zonas rurales viven una contradicción diferente. Existen viviendas vacías o infrautilizadas que muchas veces no están disponibles en condiciones económicas y jurídicas que permitan el acceso de quienes necesitan trasladarse. La despoblación y la exclusión residencial deberían abordarse conjuntamente. No basta con atraer población a los municipios rurales. Es necesario garantizar vivienda habitable, alquileres accesibles, servicios públicos, transporte, conectividad y oportunidades económicas. De lo contrario, el discurso de la repoblación puede terminar convirtiéndose en una política de atracción de personas con capacidad económica suficiente para instalarse, dejando fuera precisamente a quienes necesitan una vivienda asequible.

Zaragoza permite observar cómo la crisis se manifiesta en la vivienda, en la exclusión residencial y en el sinhogarismo, tres realidades relacionadas y no idénticas. Durante 2026 se han producido en la ciudad movilizaciones vecinales contra desahucios que muestran cómo la pérdida de vivienda puede movilizar a comunidades enteras. Uno de los casos recientes fue el de una mujer con un menor a su cargo, cuya situación de impago y riesgo de lanzamiento provocó una movilización vecinal que consiguió aplazar el desahucio. Cuando una familia pierde su vivienda, el problema no termina el día en que se detiene el lanzamiento. Hay que garantizar la continuidad residencial. Si la única solución posterior es un recurso temporal, la política pública simplemente desplaza el problema de un lugar a otro.

La ciudad dispone de un Plan Integral de Sinhogarismo que incorpora expresamente las categorías ETHOS, reconoce que existen diferentes situaciones dentro del sinhogarismo y defiende modelos flexibles y diversos de alojamiento, con recursos de urgencia, alojamientos temporales y modelos de acceso a vivienda. El Ayuntamiento cuenta con un albergue municipal con 60 habitaciones para hombres, 12 para mujeres y una para personas usuarias con mascota. La estancia ordinaria está establecida en seis días cada tres meses, con excepciones vinculadas a las circunstancias de cada persona. Existe además Casa Abierta, para personas que llevan largo tiempo viviendo en la calle y presentan un deterioro grave que dificulta un proceso convencional de inserción. Sobre el papel, existe una red diferenciada. La pregunta política es si esa diferenciación es suficiente para responder a una realidad que también se ha transformado.

Los albergues cumplen una función imprescindible. Nadie debería verse obligado a dormir en la calle cuando existe un recurso capaz de proporcionar alojamiento, alimentación, higiene y atención social. Un recurso de emergencia tampoco puede convertirse en sustituto de una política de vivienda. La cuestión es qué función debe cumplir el albergue dentro de un sistema mucho más amplio.

He estado en el albergue y desde dentro he podido observar algo que las cifras no reflejan. En los últimos tiempos se ha producido una creciente presión sobre determinados recursos de acogida por perfiles muy distintos, incluidos solicitantes de protección internacional y personas migrantes recién llegadas, mientras otras personas sin hogar con trayectorias prolongadas de exclusión necesitan respuestas residenciales completamente diferentes. No pretendo convertir a las personas migrantes en responsables del problema. Sería una interpretación jurídicamente incorrecta y socialmente simplista. La propia documentación municipal las contempla entre los diferentes perfiles de sinhogarismo, junto a personas en situación de cronicidad, trabajadores temporales, personas con problemas de salud, familias y personas que han perdido recientemente su vivienda. Si perfiles diferentes tienen necesidades diferentes, los recursos también deben estar suficientemente diferenciados. Cuando un mismo dispositivo termina absorbiendo situaciones que deberían resolverse mediante políticas distintas, el resultado puede ser una competición por recursos escasos entre personas que comparten una situación de exclusión y necesitan respuestas diferentes. Esa es una cuestión de planificación pública, no de nacionalidad.

No pretendo equiparar electoralmente Berlín y Zaragoza. Alemania y Aragón tienen sistemas políticos diferentes, estructuras institucionales distintas y realidades socioeconómicas que no pueden trasladarse mecánicamente. Lo comparable es la capacidad de la política para convertir la vivienda en un conflicto material reconocible. En Berlín, la vivienda estuvo en el centro de una elección regional y Die Linke consiguió situarse como primera fuerza. En Zaragoza, las elecciones autonómicas de 2026 dibujaron un mapa mucho más fragmentado, con PP, PSOE, Vox, CHA e IU-Movimiento Sumar entre las fuerzas representadas. CHA incrementó su representación, IU-Movimiento Sumar mantuvo presencia parlamentaria y el PSOE continúa siendo una fuerza central del espacio progresista.

Cualquier transformación significativa de las políticas sociales y de vivienda en Zaragoza debe tener en cuenta el peso institucional y electoral del PSOE, mientras las organizaciones situadas a su izquierda han mantenido históricamente una mayor presencia en movimientos sociales vinculados a vivienda, servicios públicos, feminismo, migración y derechos sociales. La posibilidad de acuerdos entre organizaciones de izquierda no equivale automáticamente a una unidad política. Una confluencia electoral puede resolver la fragmentación de candidaturas y no resuelve por sí misma las diferencias sobre vivienda, servicios sociales, modelo económico, municipalismo o gestión institucional. Tampoco garantiza que el sinhogarismo se convierta en una prioridad programática. La presencia en la lucha por la vivienda no equivale automáticamente a disponer de una estrategia integral contra el sinhogarismo. Una cosa es defender a los inquilinos frente a los propietarios, frenar desahucios o reclamar alquileres asequibles. Otra, diferente y mucho más compleja, es establecer cómo se consigue que una persona que lleva años viviendo en la calle obtenga una vivienda estable, qué acompañamiento necesita, qué parque residencial se destina a ello, qué presupuesto se reserva y en qué plazo se pretende reducir y finalmente erradicar el sinhogarismo.

Aquí aparece, a mi juicio, la principal contradicción de la política actual. Europa, España, las grandes ciudades y los movimientos sociales están hablando de vivienda, y una parte de las personas que más la necesitan sigue apareciendo en otra categoría administrativa, la de personas sin hogar. La persona que duerme en la calle no necesita únicamente atención social. Necesita una vivienda. La persona que lleva meses en un albergue no necesita únicamente alojamiento temporal. Necesita una salida residencial. La persona que vive en una vivienda inhabitable necesita una vivienda adecuada. Y la persona que vive bajo una amenaza de desahucio necesita protección antes de convertirse en una persona sin hogar. Por eso la política de vivienda y la política de sinhogarismo no pueden funcionar como compartimentos estancos.

No basta con decir que la vivienda es un derecho. Hay que explicar cómo se garantiza ese derecho a quien no tiene capacidad económica para entrar en el mercado. No basta con prometer miles de viviendas públicas. Hay que determinar cuántas estarán destinadas a personas que actualmente viven en la calle o en recursos temporales. No basta con regular el alquiler. Hay que establecer qué sucede con quienes ya han sido expulsados del mercado. Y no basta con ampliar los albergues. Hay que establecer el itinerario que permita abandonarlos.

Los modelos Housing First parten precisamente de una lógica diferente. En lugar de exigir que una persona atraviese una sucesión de recursos hasta demostrar que está preparada para una vivienda, proporcionan primero una vivienda estable y acompañamiento adaptado a sus necesidades. FEANTSA lo define como un modelo basado en el acceso inmediato a una vivienda estable con apoyos personalizados, especialmente adecuado para personas con necesidades complejas, y defiende estrategias centradas en vivienda, prevención y apoyo individualizado frente a una dependencia excesiva de los alojamientos temporales. Sostiene además que las políticas deberían aspirar a terminar con el sinhogarismo en lugar de limitarse a gestionarlo.

Gestionar el sinhogarismo significa aumentar plazas, ampliar servicios de emergencia, organizar recursos de calle y conseguir que nadie duerma al raso durante una noche determinada. Erradicarlo significa establecer un itinerario político destinado a que las personas dejen de necesitar esos dispositivos. La diferencia no es semántica. Es una diferencia de objetivos. No se trata de eliminar los albergues. Se trata de impedir que el albergue sea la última estación de un itinerario sin salida. Un recurso de emergencia debe ser solo eso, una emergencia. Cuando una persona pasa repetidamente por un dispositivo de emergencia sin conseguir acceder a una vivienda estable, el sistema no está terminando con el sinhogarismo. Lo está administrando.

La emergencia social genera además una paradoja institucional. Cuando aumentan las personas que necesitan un albergue, se amplían las plazas. Cuando aumentan los desahucios, se refuerzan los servicios de mediación. Cuando aumenta la demanda de vivienda, se anuncian nuevas promociones. Todas esas medidas pueden ser necesarias y ninguna resuelve por sí sola el problema estructural. La política social corre el riesgo de convertirse en una administración permanente de la escasez, con más plazas, más ayudas, más informes, más derivaciones y más servicios de emergencia, mientras la persona continúa esperando una vivienda. El objetivo de una política de sinhogarismo no debería ser conseguir que el sistema pueda atender a más personas sin hogar. Debería ser conseguir que haya menos personas que necesiten esos servicios.

Por eso resulta insuficiente contar únicamente a las personas que duermen al raso. Si una administración solo mide la situación final, llegará tarde a la prevención. Y si solo mide cuántas personas han sido atendidas en un albergue, puede confundir atención con solución. Las preguntas verdaderamente importantes son otras. ¿Cuántas personas han conseguido una vivienda estable? ¿Cuántas han salido definitivamente del sistema de emergencia? ¿Cuánto tiempo permanece una persona en un recurso temporal? ¿Cuántas vuelven a la calle después de pasar por él? ¿Cuántas viven en viviendas inseguras o inadecuadas y no aparecen en las estadísticas? Sin estas respuestas resulta difícil saber si una política está reduciendo el sinhogarismo o simplemente gestionando sus consecuencias. Y sin objetivos cuantificables de reducción y erradicación, resulta igualmente difícil afirmar que existe una estrategia para terminar con él.

Los movimientos de vivienda han conseguido modificar el lenguaje político. Durante años, el desahucio podía presentarse como un conflicto privado entre propietario e inquilino. Hoy existe una comprensión mucho más extendida de que, cuando una persona pierde su vivienda sin alternativa, las consecuencias afectan a derechos fundamentales, servicios públicos, infancia, salud, empleo y cohesión social. Queda por dar un segundo paso, que es incorporar a las personas que ya están fuera del mercado residencial. Si la lucha por la vivienda termina cuando se evita el desahucio, una parte del problema queda fuera. Una política de vivienda verdaderamente orientada a los derechos humanos debería tender un puente entre la persona amenazada por la pérdida de vivienda y la persona que ya la ha perdido, de manera que esta última no quede relegada exclusivamente a los servicios sociales y a los recursos de emergencia.

La campaña #NoEsCasa, anunciada por HOGAR SÍ para este mes de octubre coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, plantea precisamente la necesidad de modificar la mirada sobre el sinhogarismo. Insiste en que no existe un único perfil de persona sin hogar y en que las causas están relacionadas con factores estructurales como la falta de vivienda asequible, la pobreza, la discriminación y la ausencia de redes de apoyo. El debate no debería centrarse únicamente en cuántas personas están durmiendo en la calle. La pregunta debería ser por qué una sociedad con vivienda disponible permite que determinadas personas no puedan acceder a ella.

La izquierda europea ha conseguido convertir la vivienda en una de las principales cuestiones políticas del momento. La crisis de los alquileres ha provocado movilizaciones, la vivienda pública ha vuelto al centro de los programas, la regulación de los precios se ha convertido en una cuestión política, los desahucios han dejado de considerarse exclusivamente conflictos privados y la intervención sobre grandes propietarios vuelve a formar parte del debate. Todo esto constituye una transformación importante de la agenda política. Queda una contradicción todavía sin resolver. La persona sin hogar aparece como consecuencia de la crisis de vivienda y no siempre como sujeto central de la política de vivienda. El programa puede explicar cómo impedir que una familia pierda su casa y no cómo conseguir que una persona que lleva cinco años en la calle tenga una. Puede explicar cuántas viviendas públicas pretende construir y no cuántas estarán destinadas a personas sin hogar. Puede defender Housing First sin convertirlo en una estrategia cuantificada de erradicación. Puede ampliar albergues sin establecer un plazo máximo razonable de permanencia ni una ruta residencial posterior. Puede hablar de prevención y no de salida.

Zaragoza puede observar lo que ocurre en Berlín, Madrid y Barcelona sin necesidad de copiar ninguno de esos modelos. Berlín demuestra que la vivienda puede convertirse en un eje político central. Madrid, que puede convertirse en un movimiento social capaz de ocupar el espacio público. Barcelona, que regulación, mediación, movilización y atención al sinhogarismo pueden convivir dentro de una misma ciudad, con sus conflictos y limitaciones. Zaragoza tiene sus propios instrumentos, un Plan Integral de Sinhogarismo, un albergue municipal, Casa Abierta, servicios sociales, Zaragoza Vivienda y entidades sociales con décadas de experiencia. Y tiene una realidad residencial que exige conectar todas esas herramientas, para que esa arquitectura institucional no termine convirtiéndose en una sucesión de puertas administrativas entre las que la persona sin hogar se desplaza sin llegar nunca a una vivienda estable.

Para mí, la cuestión que debería marcar la próxima etapa de las políticas sociales es ¿Qué ocurre después? Después del desahucio, después del albergue, después de la ayuda de emergencia, después del alojamiento temporal, después de la primera atención social, después de la intervención policial, después de la derivación, después del informe, después de la emergencia. Si la respuesta continúa siendo otro recurso temporal, la persona sigue dentro del sistema de exclusión residencial. La verdadera medida de una política de vivienda no debería ser únicamente cuántas viviendas construye, cuántas ayudas concede o cuántos desahucios consigue suspender. También debería medirse por cuántas personas que estaban fuera del sistema residencial consiguen entrar en él y permanecer en una vivienda adecuada y estable. Ese es el punto en el que la política de vivienda se convierte verdaderamente en política contra el sinhogarismo.

Ahora la pregunta que me hago es si las izquierdas europeas serán capaces de convertir el reconocimiento político en programas concretos, con objetivos de reducción del sinhogarismo, presupuestos específicos, vivienda destinada a quienes están fuera del sistema residencial, modelos Housing First y Housing Led, prevención de la pérdida de vivienda, acompañamiento social y mecanismos de evaluación que permitan saber cuántas personas han dejado realmente de estar sin hogar. La agenda política está hablando de vivienda. Falta saber si será capaz de hablar también de quienes ya no tienen ninguna. Porque la política de vivienda no debería empezar cuando una persona todavía conserva las llaves de su casa. Debería incluir también a quien ya las perdió. Una persona sin hogar no necesita únicamente un lugar donde pasar la noche. Necesita un hogar. Y entre ambas cosas existe toda la diferencia entre administrar la exclusión y construir una política destinada realmente a superarla.

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