Médicos Sin Fronteras acaba de publicar un informe que desmonta el relato europeo sobre la gestión de las migraciones. «Fortress in the Sand» documenta con datos, testimonios y análisis de campo lo que las instituciones de la Unión Europea prefieren ocultar tras cifras de «flujos reducidos» y discursos sobre «salvar vidas». El texto desnuda las políticas de externalización migratoria, que además de fracasar en sus objetivos declarados, multiplican el sufrimiento humano, desestabilizan países enteros y perpetúan la violencia racista contra las personas africanas que migran en busca de una vida que pueda llamarse humana.
Desde 2008, cuando Berlusconi y Gadafi firmaron el llamado «Acuerdo de Amistad», Europa ha ido trasladando sus fronteras cada vez más al sur. La lógica es brutalmente simple: pagar a gobiernos africanos para que detengan a las personas migrantes antes de que lleguen al Mediterráneo. A cambio, estos regímenes reciben dinero, equipamiento militar, legitimidad política y carta blanca para actuar con impunidad. El resultado es un sistema de violencia externalizada donde la UE mantiene las manos aparentemente limpias mientras financia la tortura, la detención arbitraria y la muerte en el desierto.
Los números desmienten el supuesto éxito de estas políticas. Entre 2015 y 2024, más de 28.000 personas murieron en el Mediterráneo. De ellas, 21.000 en la ruta central, precisamente donde se concentran los acuerdos de externalización con Libia, Túnez y Níger. Más revelador aún: cuando la guardia costal libia aumentó sus intercepciones del 12% al 50% entre 2017 y 2019, la tasa de mortalidad en el mar no bajó, sino que se triplicó del 2% al 7%. Las mismas políticas que Bruselas presenta como operaciones de rescate están causando más muertes, no menos.
Simon conoce bien esta trampa mortal. Huyó de Camerún en 2017, cuando tenía 21 años, escapando del conflicto armado contra la minoría anglófona. Pagó a traficantes en Níger para llegar a Argelia, pero lo vendieron a redes libias. En Sebha, al sur de Libia, lo torturaron para obtener rescate. Después lo revendieron como esclavo en Beni Walid, donde trabajó seis meses como soldador sin cobrar hasta «saldar su deuda». Cuando llegó a Trípoli, agotado, acudió a la Organización Internacional para las Migraciones pidiendo retorno humanitario a Camerún. Esperó casi un año sin respuesta. Intentó cruzar el Mediterráneo tres veces. Las tres fue interceptado por la guardia costal libia, financiada y entrenada por la UE, y encerrado en centros de detención. En total, Simon pasó por ocho centros diferentes en doce ocasiones. En uno de ellos, cuando MSF visitó las instalaciones, los guardias escondieron a los heridos de bala para mostrar solo a los presos sanos. Intentó registrarse con ACNUR. Esperó. Volvió a solicitar retorno con la OIM. Nada. En 2022, tras siete intentos de cruce y doce detenciones, el barco Geo Barents de MSF lo rescató en el Mediterráneo. Llegó a Italia. Alemania rechazó su solicitud de asilo. Ahora vive en situación irregular en algún lugar de Europa. «Europa tiene derecho a no querer migrantes, pero yo tengo derecho a decirle a Europa que mi país no es seguro y necesito protección», dice Simon.
La historia de Simon no es excepcional. Es el patrón. MSF documenta que en Libia la violencia contra personas migrantes alcanza niveles que Naciones Unidas califica como crímenes contra la humanidad. Secuestros, torturas, violaciones, trabajos forzados, extorsiones sistemáticas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló en 2023 que estos crímenes se cometen en centros de detención controlados por entidades que «recibieron apoyo técnico, logístico y monetario de la Unión Europea y sus Estados miembros para, entre otras cosas, la intercepción y devolución de migrantes». La complicidad europea no es una acusación activista. Es una conclusión de organismos de Naciones Unidas.
El caso de Túnez ilustra la rapidez con que Bruselas replica estos modelos fallidos. En julio de 2023, mientras turbas atacaban a personas subsaharianas en Sfax y el presidente Kais Saied lanzaba discursos abiertamente racistas, la Comisión Europea cerró un acuerdo migratorio con Túnez por 105 millones de euros. Ursula von der Leyen lo llamó «modelo» para futuros pactos. El acuerdo se firmó entre la violencia de febrero, cuando Saied acusó a los migrantes subsaharianos de amenazar la identidad tunecina, y la violencia de julio, cuando más de 1.200 personas fueron detenidas en Sfax, golpeadas por la policía y deportadas a las fronteras con Libia y Argelia. Cientos quedaron atrapadas durante semanas en tierra de nadie, sin agua potable. Al menos 28 murieron de sed y violencia. La UE no condenó los hechos. Completó el acuerdo.
Ahmed, sudanés de la etnia zaghawa de Darfur, llegó a Libia en 2016 huyendo de la guerra. Se registró con ACNUR en Trípoli esperando reasentamiento. Mientras tanto, trabajó lavando coches. En 2017 lo arrestó una milicia. Lo encerraron en una base militar con cientos de sudaneses, etíopes y eritreos. Exigían 200 dólares de rescate. Durante mes y medio lo golpearon. Como no tenía dinero ni nadie a quien llamar, dejaron de pegarle y lo pusieron a trabajar. Lavaba sus coches, limpiaba letrinas, cargaba equipo militar. Nunca le pagaron. Diez meses después lo liberaron. Renovó su registro con ACNUR. En 2020 lo arrestaron otra vez. Tres días, trabajo forzado. Volvió a renovar su documento de ACNUR, que habían destruido. En mayo de 2020, nueva detención en el centro de Abu Salim. «Algunos guardias me ofrecieron pagar para salir. Muchos pagaron y salieron, muchos escaparon, pero no era opción para mí». ACNUR lo visitó, le tomó el número de registro, pidió su liberación. El director del centro se negó. Siete meses después, el director tuvo piedad y lo soltó. Ahmed lleva registrado con ACNUR desde 2017. Nunca ha intentado cruzar el mar. Espera. «Sorprende que algunos registrados en 2021 fueran evacuados. Cuando contacto a ACNUR me dicen: te llamaremos». En octubre de 2024, a pesar de estar registrado, lo arrestaron de nuevo en Trípoli y lo deportaron a Kufra, en el sureste bajo control del gobierno paralelo. De ahí lo llevaron al «triángulo» fronterizo entre Libia, Sudán y Egipto. Lleva meses en un mercado del desierto, trabajando para conseguir dinero y volver a Trípoli.
Las cifras de «salidas legales» de Libia exponen la hipocresía del sistema. Entre 2017 y 2024, ACNUR evacuó o reasentó unas 12.000 personas registradas. Una media de 1.500 al año. Mientras tanto, el número de personas registradas por ACNUR en Libia creció de 40.000 a 93.000 en junio de 2025. De estas, 78% son sudanesas, dos tercios llegadas desde que estalló la guerra en Sudán en abril de 2023. Pero los cupos de reasentamiento no aumentan. Se reducen. El único «corredor humanitario» significativo es el italiano, que se ha convertido en la principal vía legal de salida. MSF lleva años pidiendo que se abran más rutas seguras. La respuesta europea es aumentar las intercepciones en el mar.
El informe desmonta otro mito: que las políticas de externalización reducen las muertes en el desierto. En Níger, cuando en 2016 se aprobó la ley que criminalizaba el transporte de migrantes, las muertes se multiplicaron por cinco en 2017. Antes, el transporte era legal y los convoyes circulaban escoltados por el ejército en la carretera principal hacia Libia. Era relativamente seguro. Con la ley, el transporte se volvió clandestino y las rutas se desviaron a zonas más peligrosas. La OIM registró el aumento dramático de muertes. Aun así, cuando la junta militar nigerina derogó la ley en 2023, la comisaria europea Ylva Johansson declaró que lamentaba la decisión porque provocaría «un enorme riesgo de nuevas muertes en el desierto». Los datos la contradicen.
Níger ejemplifica además otro daño colateral de estas políticas: la desestabilización política. La ley antimigrantes, impulsada y financiada por la UE, era profundamente impopular. Criminalizaba la principal actividad económica de las comunidades tuareg y tubu del norte. Resucitó tensiones con antiguos rebeldes que se habían reconvertido legalmente en transportistas tras los acuerdos de paz. El arquitecto de la ley, Mohamed Bazoum, fue elegido presidente en 2021 pero sus opositores lo denunciaban como títere de Europa. En julio de 2023, un golpe militar lo derrocó. Una de las primeras medidas de la junta fue derogar la ley migratoria. La política europea de externalización contribuyó a fragilizar un gobierno democrático en el Sahel.
El caso sudanés es aún más demoledor. Entre 2014 y 2023, la UE mantuvo una alianza migratoria con el régimen militar-islamista de Omar al-Bashir, buscado por el Tribunal Penal Internacional. El proceso de Jartum, creado por Bruselas para frenar flujos desde el Cuerno de África, otorgó legitimidad y recursos a fuerzas de seguridad responsables de crímenes contra la humanidad en Darfur. Cuando estalló la guerra en abril de 2023 entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido, esas mismas fuerzas que Europa entrenó como guardias fronterizas comenzaron a matarse entre sí. El resultado: 12 millones de desplazados internos, 3 millones de refugiados, la peor crisis de desplazamiento del mundo según Naciones Unidas.
Mohamed y Sara huyeron de Jartum tres meses después del inicio de la guerra. Pagaron 200 euros por plaza en uno de los más de 2.400 vehículos que formaron un convoy escoltado por grupos armados neutrales hacia Darfur. La mayoría de los pasajeros iba hacia Europa. En Tina, frontera con Chad, se quedaron sin dinero. Mohamed trabajó meses como jornalero cortando hierba. En noviembre, con Sara embarazada de tres meses, cruzaron a Libia por minas de oro en la frontera. Llegaron a Trípoli en diciembre. Dos días después, Mohamed se registró con ACNUR. «El papel de ACNUR no te protege, es inútil, la policía puede romperlo. Ni lo muestro cuando me arrestan». Lo han detenido muchas veces. Encerrado para extorsión o puesto a trabajar sin pago. Sara dio a luz en mayo de 2024. «Para ahorrar para el mar, comemos una vez al día». Mohamed sabe los riesgos. «En el mar es entre vida y muerte, pero no tenemos otra solución. En Libia hay prisiones donde llaman a tus padres para que paguen rescate. En Túnez hay poco trabajo y las autoridades se volvieron duras, pero puedes cruzar el mar por precio bajo. Tengo amigos de Jartum que me dejaron en Tina y llegaron a Francia y Gran Bretaña. El reasentamiento de ACNUR es más seguro que el mar, pero toma tiempo, y también es posible que no pase nada».
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La guerra en Sudán provocó un aumento de llegadas a Europa que la UE manejó de forma completamente distinta a como trató a los refugiados ucranianos. En marzo de 2022, la UE activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal, permitiendo a 4,5 millones de ucranianos entrar legalmente y obtener protección inmediata. Para los sudaneses no hubo directiva, ni cupos ampliados, ni visas humanitarias en las embajadas de Chad o Egipto. Las tasas de reconocimiento de asilo para sudaneses en Francia y Reino Unido superan el 90%, igual que para ucranianos, pero los sudaneses deben pagar a traficantes, cruzar el Sáhara y el Mediterráneo, y arriesgar sus vidas para acceder a esa protección. La diferencia de trato es explícita. Es racismo institucional.
Egipto cerró sus fronteras con Sudán en junio de 2023, revocando la exención de visados incluso para niños, mujeres y mayores de 50 años, violando el acuerdo de Cuatro Libertades de 2004. Desde entonces detiene y deporta sudaneses. En marzo de 2024, la UE firmó con Egipto un acuerdo migratorio de 7.400 millones de euros, incluyendo 200 millones para control fronterizo. Egipto no es un país seguro para retornos. Amnistía Internacional y otras organizaciones documentan detenciones arbitrarias y devoluciones forzosas. Pero la UE necesita completar su bloqueo del Mediterráneo oriental.
Libia tampoco es país seguro, pero la UE sigue enviando equipamiento a sus guardacostas. Entre febrero y agosto de 2023, Italia entregó cinco patrulleras financiadas por el programa SIBMMIL de la UE, por 59 millones de euros. En noviembre de 2022, eurodiputados expresaron preocupación por la entrega prevista. Las embarcaciones se entregaron igual. El Tribunal de Cuentas Europeo revisó en 2024 los mecanismos de supervisión de estos fondos y concluyó que la Comisión Europea carece de «ejemplos claros o documentados» sobre qué acciones podrían llevar a suspender una actividad por violaciones de derechos humanos. Los informes de monitoreo de terceros, que la Comisión presenta como garantía, no se comparten con los Estados miembros, con los implementadores de proyectos ni con el público. Son opacos. El Tribunal encontró que esos informes documentaban situaciones que deberían haber provocado suspensiones, incluyendo «operaciones de búsqueda y rescate en el mar que potencialmente infringen el derecho internacional» y «apropiación indebida de asistencia material». Nada se suspendió.
La Comisión Europea repite que suspendería apoyo si hubiera «vínculo directo» entre fondos de la UE y violaciones de derechos humanos. Pero el Tribunal constató que el personal de la Comisión no está completamente familiarizado con los detalles o ubicaciones de las actividades financiadas en Libia y que «no existe un proceso para dar seguimiento a la información incluida en estos informes». Además, encontró que el apoyo de la UE para «mejorar condiciones en centros de detención» pudo haber «beneficiado a organizaciones criminales» y «facilitado la transferencia de migrantes a centros de detención». Europa financia el sistema de detención arbitraria y tortura, luego afirma que no hay pruebas suficientes para suspender el financiamiento.
El informe concluye con recomendaciones que deberían ser obvias pero que Europa ignora sistemáticamente. Revisar y suspender acuerdos que no garanticen derechos humanos. Establecer mecanismos de monitoreo independientes, transparentes y vinculantes. Incluir mecanismos de denuncia accesibles. Investigar violaciones y responsabilizar a funcionarios europeos cómplices. Exigir a países socios que respeten sus obligaciones internacionales, incluyendo abolir leyes que criminalizan la entrada, estancia o salida de migrantes. Terminar con el sistema de devoluciones forzosas a Libia y Túnez desde aguas internacionales. Reconocer públicamente que ningún país del norte de África es actualmente seguro para desembarques o retornos. Ampliar drásticamente las vías legales y seguras, incluidos reasentamientos, evacuaciones humanitarias, visas humanitarias y corredores.
Médicos Sin Frontières lleva años atendiendo las consecuencias médicas y psicológicas de estas políticas. En consultas en Libia, Túnez, Chad, Sudán, Italia y Francia, los equipos encuentran las mismas historias: violencia sistemática, detenciones arbitrarias, tortura, extorsión, trabajos forzados, violencia sexual. Y la misma pregunta: ¿por qué Europa cierra todas las puertas legales y luego criminaliza a quienes cruzan ilegalmente? «Fortress in the Sand» no deja lugar a dudas. Las políticas de externalización no salvan vidas. Las destruyen. No reducen flujos a largo plazo. Los desvían hacia rutas más letales. No estabilizan países. Los desestabilizan. No protegen Europa. Construyen un sistema de violencia racista externalizada donde el sufrimiento africano queda fuera de cámaras, lejos de la opinión pública europea, pero financiado con dinero europeo y ejecutado con equipamiento europeo.
La fortaleza que Europa construye en la arena del Sáhara tiene cimientos de cadáveres de personas inocentes.
Redacción Afroféminas
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