El macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto colombiano «es una posibilidad de reparación»

Julia Eva Cogollo, defensora de derechos humanos e integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad de Colombia. Foto cedida por Movimiento por la Paz (MPDL)

La defensora de derechos humanos e integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad, Julia Cogollo Cabarcas, destaca la relevancia de la apertura del macrocaso 11 sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano porque reconoce los graves impactos que estas agresiones tuvieron en las mujeres víctimas que “no solo les ha afectado a ellas como mujeres, sino que ha afectado a toda la sociedad”.

En una entrevista con la Agencia EFE durante su visita a Madrid para participar el Ciclo de Cine por la Paz de la ONG Movimiento por la Paz (MPDL), Cogollo ha hablado de la importancia de este caso para todo el país y para avanzar en el reconocimiento y acceso a la justicia de las mujeres víctimas.

El 27 de septiembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciaba la apertura del Caso 11 que investigará y juzgará “la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión e identidad de género diversa en el marco del conflicto armado en Colombia”.

Reconoce la dimensión política y ética de la violencia sexual

Un total de 35.178 personas fueron víctimas de violencia sexual por parte de todos los actores armados entre 1957 y 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP.

Según datos de la JEP, el 89,2 % son mujeres, y el 35 % sufrieron la violencia cuando eran niñas, niños y adolescentes, mientras que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 %), seguidos por las FARC (5,82 %) y agentes del Estado (3,14 %).

Casi año y medio después de que en mayo de 2022 se anunciara que se abriría de este macrocaso, la Sala de Reconocimiento de la JEP, presidida por la magistrada Lily Rueda, ha oficializado la investigación y ha definido que tendrá tres subcasos.

Uno sobre violencia basada en género contra civiles cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, el segundo sobre violencia basada en género contra civiles cometidos por miembros de la fuerza pública, y el tercero se denomina violencia de género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y las extintas FARC.

“Este macrocaso reconoce la dimensión política y ética de la violencia sexual y le da una vuelta al tema de la cultura patriarcal“, ha añadido Cogollo, psicóloga responsable de DDHH y Género en Colombia en la ONG española Movimiento por la Paz (MPDL).



Las mujeres, “objetivo militar”

En su trabajo documentado e investigando violencia sexual en la subregión de Montes de María en el Caribe colombiano, en Tumaco y en Buenaventura, Cogollo ha podido constatar que “las mujeres eran un objetivo militar para la violencia sexual”.

Y explica que castigaban a los hombres y a las comunidades violentando sexualmente a las mujeres.

En los diez casos anteriores de la Jurisdicción Especial para la Pazque investigan hechos graves del conflicto como secuestros (caso 01), los ‘falsos positivos’ (caso 03) o el reclutamiento de menores (caso 07), también hay espacio para referirse a la violencia sexual, pero “se ve como un hecho más dentro de las violencias y no tiene un lugar protagónico”.

Con la apertura de un caso específico se abre la posibilidad de “hablar de estos temas e incluirlo en las medidas de reparación para las mujeres violentadas y sus hijos”.

“Para las mujeres víctimas es una posibilidad alta de reparación integral a través del acceso a la justicia”, insiste.

Respuesta al movimiento social de mujeres

Además, esta decisión da respuesta y “reconoce” a una reivindicación histórica del movimiento social de mujeres y de organizaciones feministas y LGTBIQ+ de todo el país y al trabajo de las constructoras de paz.

“Fuimos nosotras, las mujeres, las que pusimos la violencia sexual en la agenda pública y con el Caso 11 la institucionalidad reconoce que, efectivamente, esa agenda es necesaria, que hay que posicionarla y mantenerla”, ha aseverado la trabajadora de MPDL.

Organizaciones como la Alianza Cinco Claves, que integra Corporación Humanas, La Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide y Colombia Diversa, y que desde 2014 trabaja por el tratamiento diferencial de este tipo de violencia, ya se han sumado a la celebración de esta decisión.

Además, la alianza ha hecho un llamado a la ciudadanía para “acompañar de cerca esta investigación, a velar por la materialización del principio de centralidad de las víctimas y a lograr una verdad judicial para el país”, según ha explicado en un comunicado.

Plan Nacional sobre la Resolución 1325

La decisión de la JEP llega en la misma semana en la que Bogotá ha acogido el Foro Nacional para la construcción participativa del Primer Plan de Acción de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Este documento surge a partir de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y está enfocado en brindar garantías de protección y participación de las mujeres en procesos de construcción de paz.

Gracias a los encuentros y foros previos que se han organizado a lo largo de todo el país, la construcción de este plan para Colombia “tiene un enfoque étnico, se han generado los espacios con mujeres negras y con mujeres indígenas”, celebra Cogollo, quien también es lideresa afro del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Tanto la apertura del macrocaso sobre violencia sexual como la construcción del Plan Nacional 1325 figuran en las 101 recomendaciones que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) hizo al país a la entrega del informe final sobre el conflicto armado en julio de 2022. Entre las que, además, 23 eran específicamente de enfoque de género y unas 37 se preveían para un corto plazo.

Escaso cumplimiento de las recomendaciones

Ahora Cogollo, quien en su momento fue una de las 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto teniendo que abandonar su residencia de Turbaco a Cali, se ha convertido en una voz imprescindible para comprender el proceso de paz del país y es una de las siete personas que integran el Comité que hasta 2029 llevará a cabo el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe Final.

“Ni siquiera las recomendaciones que se previeron que pudieran cumplirse a corto plazo, que es un año, se han logrado cumplir y es porque estamos en la transición de un Gobierno”, valora.

Aun así, reconoce que ha habido avances significativos como la creación del Ministerio de Igualdad, la adaptación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras y el compromiso del Ministerio de Defensa con las recomendaciones sobre la fuerza pública.

O que se haya incentivado la contribución de las mujeres, que “ya tienen un lugar importante en casi todos los escenarios de participación, incluso en el nuevo escenario de paz total de los diálogos, como con el ELN”.

Pero recuerda que “ni siquiera todas las medidas de género del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP se han cumplido siete años después”.

El reto de hacer “pedagogía de la paz”

Durante este año, reflexiona, la sociedad colombiana no se ha apropiado del contenido del informe y en muchos lugares ni siquiera lo conocen y eso es porque, dice, “hoy no hace parte de la agenda pública del país, que es responsabilidad del gobierno”.

“El país tiene un gran reto que es hacer pedagogía de la paz”, advierte.

También se ha referido al estado de los diálogos del Gobierno de Gustavo Petro con el ELN o la mesa de negociación con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco que se iniciará el 8 de octubre en la región del Catacumbo.

“Es un paso importante porque el diálogo va progresivamente, pero un país como el nuestro el cese al fuego no es suficiente, necesitamos un cese de hostilidades”, ha aseverado contundente la especialista.

La guerra continúa en los territorios

Y explica que, a pesar de que el gobierno firma diálogos y detiene los enfrentamientos con grupos armados, estos siguen enfrentándose entre ellos y se refuerzan en los territorios las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización narcoparamilitar también conocida como Clan del Golfo.

“Las Autodefensas están matando casi todos los días en Montes de María a unas diez personas, en Tumaco se confrontan todos los días las disidencias con el ELN, en Buenaventura pasa lo mismo, en el Sur de Bolívar siguen poniendo minas”, señala.

“Creo que vamos lento, necesitamos fortalecernos porque no podemos seguir teniendo ciclos de victimización permanente“.

Uno de los puntos clave para garantizar una paz duradera es “una política de reincorporación integral que permita acompañar a los combatientes para que no vuelvan a la guerra”, porque actualmente, avisa, “el número que se devuelve a la guerra es muy alto, pero el que asesinan también es muy alto, entonces se vuelve poco apetitoso hacer la paz”.

Laura de Grado (EFE)


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