Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal: Un futuro saludable para todos


El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba a los países a acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), la idea dirigida a que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles. El 12 de diciembre de 2017, en virtud de la resolución 72/138, las Naciones Unidas proclamaron el 12 de diciembre como Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (Día de la CSU).

El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal tiene la finalidad de aumentar la concienciación respecto de la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes, y una cobertura sanitaria universal con múltiples partes interesadas asociadas. El 12 de diciembre de cada año, los defensores de la CSU alzan sus voces para contar las historias de los millones de personas que aún esperan su acceso a la salud; defender lo que hemos logrado hasta el momento; pedir a los dirigentes que realicen inversiones mayores y más acertadas en la esfera de la salud; y alentar a diversos grupos a asumir compromisos que contribuyan a acercar al mundo a la CSU para 2030.

La COVID-19 pandemia ha puesto aun más de manifiesto la importancia y la urgencia de los sistemas sanitarios de calidad y de la cobertura universal.

En el caso concreto del estado español, aunque la Sanidad Universal está aprobada por ley desde 2018, después del parón que hizo el PP de Mariano Rajoy. Hace unas semanas varios medios se hacían eco de un informe de una ONG que denunciaba las trabas que muchas Comunidades Autónomas ponen a los migrantes sin papeles para acceder a ella.



El informe “El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos” realizado por Yo Sí Sanidad Universal pone de manifiesto realidades como que la atención de urgencia es la única vía de acceso que queda a los migrantes en situación irregular hasta que obtienen, si lo logran, la tarjeta sanitaria.

A través del análisis de la trasposición que han hecho 17 comunidades y Melilla del real decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio revela que 15 comunidades facturan estos servicios sistemáticamente (todas menos Asturias) o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas (como es el caso de Euskadi), lo cual tiene un “claro efecto disuasorio”.

En sus respectivas normas, las comunidades no regulan formas para acreditar la identidad y la residencia en territorio español que no sean el pasaporte y el padrón, ni tampoco el procedimiento para recibir asistencia de urgencias en aquellos que están en proceso de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia. Solo ocho incluyen mecanismos para personas que llevan menos de 90 días.

Aunque la norma anterior del PP en 2012 limitó el acceso universal a la sanidad, si la mantuvo para embarazadas y menores. La de 2018 obvió mencionar estos colectivos, lo que ha fomentado que muchas comunidades les nieguen la atención.

Hasta 14 comunidades niegan la asistencia a personas ascendientes reagrupadas, que tienen como única opción contratar un convenio especial con los servicios de salud que cuesta mensualmente entre 60 y 157 euros; exige además un año de empadronamiento y la aportación farmacéutica del 100 %.

Otro de los problemas es la creación de perfiles poblacionales y las diferentes vías de acceso, que facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos para la obtención del documento certificativo, que en muchos casos se prolonga más allá de un año por las incontables barreras burocráticas para tenerlo.

El real decreto con el que el Gobierno pretendió restituir la sanidad universal en 2018 ha perpetuado en la práctica la exclusión del sistema a los migrantes y ha abierto una brecha de desigualdad entre comunidades, que van de las más garantistas, como Cataluña o Andalucía, a las menos, como Madrid y Canarias.

El informe “El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos” presentado este martes por Yo Sí Sanidad Universal pone de manifiesto realidades como que la atención de urgencia es la única vía de acceso que queda a los migrantes en situación irregular hasta que obtienen, si lo logran, la tarjeta sanitaria.



A través del análisis de la trasposición que han hecho 17 comunidades y Melilla del real decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio revela que 15 comunidades facturan estos servicios sistemáticamente (todas menos Asturias) o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas (como es el caso de Euskadi), lo cual tiene un “claro efecto disuasorio”.

En sus respectivas normas, las comunidades no regulan formas para acreditar la identidad y la residencia en territorio español que no sean el pasaporte y el padrón, ni tampoco el procedimiento para recibir asistencia de urgencias en aquellos que están en proceso de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia. Solo ocho incluyen mecanismos para personas que llevan menos de 90 días.

Tal y como han explicado los portavoces de la plataforma Raquel González y Nacho Revuelta, el real decreto, que no llegó a convertirse en ley por el adelanto electoral, no especificaba la necesidad de probar una estancia mínima de 90 días en España para acceder a la sanidad, pero después el Ministerio lanzó unas recomendaciones para el desarrollo reglamentario del mismo que sí incluyeron este requisito.

Lo cual ha dado pie a que 14 autonomías lo apliquen: solo Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía dan cobertura pública ese tiempo y, del resto, únicamente cinco -Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Navarra- han regulado la posibilidad de acceder mediante un informe social, que se obtiene “no sin barreras”.

Aunque la norma anterior de 2012 que limitó el acceso universal a la sanidad la mantuvo para embarazadas y menores, la de 2018 obvió mencionar estos colectivos, lo que ha fomentado que muchas comunidades les nieguen la atención. “Todas hacen un incumplimiento flagrante de la ley”, ha denunciado Revuelta.

Hasta 14 comunidades niegan la asistencia a personas ascendientes reagrupadas, que tienen como única opción contratar un convenio especial con los servicios de salud que cuesta mensualmente entre 60 y 157 euros; exige además un año de empadronamiento y la aportación farmacéutica del 100 %.

Otro de los problemas es la creación de perfiles poblacionales y las diferentes vías de acceso, que facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos para la obtención del documento certificativo, que en muchos casos se prolonga más allá de un año por las incontables barreras para tenerlo. En 11 autonomías este documento no es una tarjeta sanitaria, sino “una hoja de papel” que agudiza el trato discriminatorio.

Hoy nos unimos a la campa de ONU para pedir una atención primaria y unos sistemas de salud de calidad e inclusivos. Nuestro futuro depende de ello.

Afroféminas


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