El 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha que nació para celebrar las vidas, la resistencia y las contribuciones de las personas trans al tejido social. Este año, esa celebración coexiste con un panorama que exige un posicionamiento político. Porque mientras se multiplican las banderas y los actos institucionales, en el mundo real se construye una arquitectura de exclusión que afecta directamente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans negras y racializadas, que concentran sobre sus cuerpos la mayor parte de la violencia.
La semana en la que se escribe este texto, el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó, el 27 de marzo de 2026, una nueva política que excluye a las mujeres trans de todas las categorías femeninas en los Juegos Olímpicos. A partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, la elegibilidad para competir en la categoría femenina quedará reservada a quienes superen una prueba genética de detección del gen SRY, asociado al desarrollo sexual masculino. La medida llega tras años de presión de sectores conservadores, y el gobierno de Donald Trump no tardó en celebrarla. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la política del COI había sido posible gracias a las órdenes ejecutivas presidenciales. La ciencia, en cambio, no está de acuerdo con la certeza con la que se presenta esa prueba genética. El propio científico que descubrió el gen SRY en 1990, Andrew Sinclair, ha publicado que el test no indica cómo funciona el gen ni si se produce testosterona ni si el cuerpo puede utilizarla. El COI ha construido una política de exclusión sobre una base que sus propios referentes científicos cuestionan.
La cronología importa para entender lo que está ocurriendo. El 20 de enero de 2025, en su primer día de mandato, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168, titulada «Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government». Esta orden retiró el reconocimiento federal a la identidad de género trans, obligó a las agencias gubernamentales a utilizar únicamente el sexo asignado al nacer, y cortó la financiación a cualquier organización que proporcionara atención médica de afirmación de género. Presos trans fueron transferidos a cárceles incompatibles con su identidad, exponiéndolos a violencia. El gobierno borró la presencia trans de monumentos históricos como el Parque Nacional de Stonewall —aquel espacio donde las personas trans negras y latinas pusieron el cuerpo para que hoy exista un movimiento de derechos LGTBI. Se eliminaron libros sobre raza, género y diversidad de bibliotecas militares. La deshumanización fue sistemática.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió, el 16 de abril de 2025, una sentencia unánime en el caso For Women Scotland vs. Scottish Ministers que establecía que los términos «mujer» y «sexo» en la Ley de Igualdad de 2010 hacen referencia exclusivamente al sexo biológico asignado al nacer. Un grupo de expertos independientes de la ONU advirtió del riesgo de que la sentencia fuera utilizada para justificar políticas de exclusión que estigmatizan y marginalizan a las personas trans, y señaló que la aplicación práctica de la resolución podría producir exactamente lo que sus defensoras dicen querer evitar. La primera jueza trans del Reino Unido, Victoria McCloud, declaró que vivía un momento de miedo. La activista trans Ella Morgan dijo públicamente que, por primera vez, tenía miedo de salir a la calle.
Esta ofensiva global tiene un patrón común. Se produce en la intersección entre la extrema derecha internacional y un sector del feminismo —denominado TERF, Trans-Exclusionary Radical Feminism— que ha encontrado en la causa antitrans un punto de encuentro con las agendas más conservadoras. En España, esa alianza tiene nombres propios. Amelia Valcárcel, filósofa y exmiembro del Consejo de Estado, y Laura Freixas, escritora y activista feminista, han liderado el discurso del «borrado de las mujeres» en los medios de comunicación, reproduciendo los mismos marcos argumentales que utiliza la derecha europea para justificar la exclusión de las mujeres trans de los espacios feministas. Barbijaputa, con decenas de miles de seguidoras en redes sociales, celebró la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido y la resolución del COI más de este año. Hay que tener en cuenta que estas decisiones fueron saludadas con idéntica euforia por HazteOír y otras organizaciones de extrema derecha. Esta instrumentalización tiene consecuencias concretas sobre cuerpos reales.
En España, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, conocida como Ley Trans, fue aprobada en febrero de 2023 tras un proceso legislativo tormentoso en el que el PP y Vox votaron en contra y el PSOE presentó enmiendas que limitaban la autodeterminación de género, alineándose con los sectores más críticos del propio partido, con la exvicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza. Desde la aprobación de la ley, la ofensiva no ha cesado. En marzo de 2026, el PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para promover una «ley contra el borrado jurídico de las mujeres», que pretende reformar los artículos que garantizan la autodeterminación de género. La operación política tiene una lógica clara: explotar la grieta dentro del feminismo para debilitar una conquista que ha devuelto dignidad a miles de personas. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha denunciado que personas como Carmen Calvo o Amelia Valcárcel «han hecho uso y abuso de su poder para difundir un discurso de odio». «La transfobia no es una opinión», ha dicho Cambrollé. «Es la materialización del odio hacia las personas trans.»
La violencia que se legitima discursivamente termina por materializarse en los cuerpos. Los datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas de Transgender Europe (TGEU) para 2025 son elocuentes. Un total de 281 personas trans fueron asesinadas en el periodo analizado. El 90% de los casos fueron transfeminicidios y el 88% de las víctimas eran personas trans negras o racializadas. El 68% de los asesinatos se produjeron en América Latina y el Caribe. Brasil encabeza la lista por decimoctavo año consecutivo. Un dato especialmente revelador de este informe es el aumento de asesinatos de activistas y líderes del movimiento trans, que representan un 14% de los casos. Quienes levantan la voz son asesinadas. El activismo trans tiene un precio que se paga con la vida.
Esta es la intersección que desde Afroféminas no podemos ignorar. Como ya señalamos al analizar la sentencia del Reino Unido y sus consecuencias, la categoría «mujer» se convierte en un bien exclusivo y fiscalizado cuando se usa para expulsar a quienes ya viven en los márgenes. Las mujeres trans negras y racializadas acumulan la violencia del racismo, la transfobia y la pobreza estructural. Son el grueso de las víctimas de transfeminicidio. Las estadísticas más recientes muestran que, en el Caribe, 3 de cada 5 mujeres trans víctimas de agresiones en espacios públicos son afrodescendientes. Y las que dicen hablar en nombre de «todas las mujeres» rara vez hablan de ellas. La lucha por los derechos trans es también una lucha antirracista, y no es posible separar una de la otra.
La historia del movimiento trans tiene sus propias figuras fundacionales. Marsha P. Johnson, mujer trans negra, fue una de las personas que lideró los disturbios de Stonewall en 1969. Sylvia Rivera, activista trans latinx, cofundó junto a Johnson la organización Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR) para apoyar a jóvenes trans en situación de calle. Hoy, activistas como Bamby Salcedo, directora ejecutiva de la TransLatin@ Coalition en Estados Unidos, o Indianarae Siqueira, fundadora de Casa Nem en Río de Janeiro —un refugio para personas trans expulsadas de sus hogares—, continúan trabajando desde las comunidades más golpeadas. En España, Carla Antonelli, primera senadora trans de este país, abandonó el PSOE en 2022 precisamente por los retrasos en la aprobación de la Ley Trans y por los discursos transexcluyentes que encontró dentro del partido. Estas mujeres, que son historia viva del movimiento, recuerdan lo que esta fecha debería significar.
Este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, las personas trans necesitan algo más que campañas en redes sociales. Necesitan que quienes nos llamamos feministas entendamos que no hay feminismo que valga si excluye a las mujeres más vulnerables. Que cuando la ley se usa para borrar a alguien, las primeras borradas serán siempre las que ya vivían en los márgenes. Y que la misma lógica que durante siglos usó el cuerpo negro para trazar las fronteras de lo humano, hoy usa el cuerpo trans para trazar las fronteras de lo femenino. Visibilidad trans es justicia. Y la justicia, si no es para todas, no es justicia.
Afroféminas
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