Hoy, 17 de febrero de 2026, el Congreso de los Diputados debate la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de España. PP y Vox votan juntos para que la iniciativa avance. Si prospera, cualquier mujer que lleve estas prendas se enfrentará a multas de hasta 20.200 euros y, si es extranjera, a la expulsión del territorio nacional. La medida es en realidad un intento de atacar a los migrantes musulmanes y generar islamofobia en la población.
Para entender por qué, conviene partir de lo básico. El niqab es el velo que cubre el cabello y el rostro dejando visibles solo los ojos. El burka cubre completamente el cuerpo y el rostro, con una rejilla a la altura de los ojos. Ninguna de estas dos prendas tiene presencia masiva en España. Su prohibición no responde a ninguna realidad estadística; responde a una necesidad política de señalar al «otro» islámico como amenaza. La proposición de Vox lo deja escrito en su propio texto: el problema, según el partido de Santiago Abascal, es la «llegada masiva de inmigrantes» que importa «hábitos y comportamientos ajenos a las sociedades occidentales». Ese es el lenguaje del racismo estructural y de la islamofobia, una forma de racismo culturalista contra las personas musulmanas o percibidas como tales. Una investigación publicada en Afroféminas reveló que la mitad de los musulmanes que viven en este país han sufrido discriminación por su fe o su origen. El debate parlamentario de hoy no hace más que agravar ese clima.
El PP ha incorporado a su ponencia política la tesis de que el burka y el niqab «suponen una negación simbólica y práctica de la libertad» de las mujeres que los portan. El argumento parece feminista. No lo es. El propio Tribunal Supremo, ya en 2013, declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida y advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas generan en las propias mujeres a las que dicen proteger. El Alto Tribunal señaló que no cabe asumir que todas las mujeres que llevan estas prendas lo hacen por coacción externa. Una década después, el debate se repite con más ambición legislativa y los mismos argumentos.
Aquí está el núcleo del problema que el feminismo antirracista lleva décadas señalando. Cuando se habla de «liberar» a las mujeres musulmanas, el peso recae siempre sobre la víctima: sobre la prenda, sobre el cuerpo que la lleva, sobre la cultura que la produce. Nunca sobre los hombres que, en los casos donde existe coacción real, obligan a portarla. La proposición de Vox sanciona a la mujer con hasta 20.200 euros o la expulsa del país. Al hombre que la obliga, en cambio, le impone penas de entre uno y tres años de prisión, difícilmente ejecutables en la práctica y que en ningún caso son el foco real del debate público. Se imaginan a una mujer que depende de su esposo para subsistir denunciándolo para que entre en la cárcel y quedándose totalmente desamparada. Es absurdo e irrealizable. El cuerpo de la mujer racializada vuelve a ser el campo de batalla, el objeto visible sobre el que se legisla mientras el patriarca que la controla permanece fuera del encuadre.
Desde Afroféminas sostenemos que las opresiones no se suman: se entrelazan. Una mujer musulmana y racializada no vive solo el sexismo o solo el racismo; los vive simultáneamente, en cada interacción con el Estado, con el espacio público, con la opinión publicada. Esa superposición de opresiones es lo que hace que medidas aparentemente protectoras resulten, en la práctica, doblemente punitivas. La mujer que lleva niqab por convicción pierde su derecho a estar en la calle. La que lo lleva bajo presión familiar no recibe ninguna herramienta de autonomía real: recibe una multa. En ninguno de los dos casos el Estado actúa como garante de su libertad.
No es la primera vez que España atraviesa esta discusión. Ya analizamos en Afroféminas cómo el debate sobre el hiyab en la escuela reveló una fractura profunda dentro del feminismo español: entre quienes identifican la islamofobia y el racismo como el verdadero problema, y quienes instrumentalizan el lenguaje de la igualdad para excluir cuerpos del espacio público. El mismo patrón se repite ahora a escala nacional. Las mayorías tienden a proyectar sus miedos sobre el cuerpo racializado, convirtiéndolo en símbolo de todo aquello que amenaza el orden establecido. El cuerpo de la mujer con niqab no molesta por lo que hace; molesta por lo que representa en el imaginario de quienes construyeron Europa como proyecto racial y cristiano.
España tiene una genealogía colonial no resuelta, desde Al-Ándalus hasta el protectorado en Marruecos, que sigue operando en el inconsciente político del presente. La expulsión de los moriscos en 1609 y la limpieza religiosa como proyecto de nación no son historia muerta. Son la gramática sobre la que se escribe este debate. Cuando hoy se dice que el burka es «incompatible con el modo de vida de nuestra civilización», esa frase tiene siglos de práctica detrás. El «nosotros» que define quién pertenece y quién sobra es el mismo de siempre, actualizado con nueva terminología parlamentaria.
Hay además una paradoja que el mercado hace visible. El capitalismo racial tiene la capacidad de mercantilizar aquello que estigmatiza. El modest fashion es hoy un mercado global de miles de millones de dólares. Marcas internacionales venden versiones de prendas de cobertura islámicas como tendencia estética. Cuando las mismas prendas las llevan mujeres musulmanas racializadas en un espacio público europeo, se convierten en problema. Es la jerarquía racial operando con coherencia, decidiendo qué cuerpos son legítimos, en qué contextos y bajo qué condiciones. No es la prenda lo que incomoda. Es quién la lleva.
Desde Afroféminas sostenemos que la crítica al patriarcado tiene que ser coherente y universal. Y siendo coherentes: el burka y el niqab son, en su origen conceptual, prendas que nacen de una imposición patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres. Lo decimos sin ambigüedad. Ahora bien, esa misma lectura aplica a una parte importante de la indumentaria que la tradición cristiana ha prescrito históricamente para las mujeres: el velo de novia, el mantón de misa, el luto obligatorio, las tocas religiosas, los códigos de vestimenta que durante siglos definieron qué cuerpo femenino era respetable y cuál no. El patriarcado no habla un solo idioma. Habla árabe, español, hebreo y todos los demás. Si la preocupación fuera realmente la opresión de género inscrita en la ropa, el debate sería otro y afectaría a muchas más tradiciones. El hecho de que la diana sea exclusivamente la prenda que lleva la mujer musulmana racializada revela que el problema no es el patriarcado: es la jerarquía racial que decide qué patriarcado merece ser perseguido por el Estado y cuál recibe su bendición. Allí donde exista coacción real, el Estado tiene herramientas para actuar contra quien coacciona, no contra quien es coaccionada. Como señalamos en nuestro análisis sobre la extrema derecha y el uso del feminismo, el problema no es solo Vox. El problema es el espacio que el debate mainstream le cede a ese marco, legitimando sus premisas incluso cuando se debate en su contra. El auténtico feminismo no puede construirse sobre la exclusión de determinadas mujeres. Y cuando el feminismo se usa para justificar la persecución de mujeres racializadas, ha dejado de ser feminismo para convertirse en su contrario.
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