El 27 de enero de 2026, el Gobierno español aprobó en Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un real decreto para una regularización extraordinaria de personas migrantes. Esta medida, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, beneficiará a aproximadamente 500.000 personas que actualmente viven en España en situación administrativa irregular. Veinte años después de la última gran regularización, esta iniciativa representa una oportunidad histórica para miles de personas que han estado contribuyendo a la economía y la sociedad española desde la invisibilidad jurídica.
La medida responde a una demanda ciudadana sostenida durante años, impulsada por el movimiento Regularización Ya, que logró reunir más de 700.000 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso en 2024. Aunque esa iniciativa permaneció bloqueada en el proceso parlamentario durante meses, la presión social y el trabajo de cientos de organizaciones lograron finalmente que el Ejecutivo optara por la vía del decreto, una fórmula que permite su aplicación inmediata sin necesidad de convalidación en el Congreso.
Para Silvana Cabrera y Vicky Columba, portavoces del movimiento Regularización Ya, este acuerdo representa «un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular en España». La plataforma, formada por asociaciones y colectivos de todo el Estado, ha incidido directamente en las negociaciones y aportado propuestas concretas para garantizar el acceso efectivo a derechos.
Irene Montero, secretaria política de Podemos, presentó el acuerdo como una respuesta política al racismo estructural. «Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare», afirmó Montero, vinculando la iniciativa a la necesidad de garantizar derechos y seguridad jurídica. El mensaje central fue claro y contundente en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de políticas migratorias. «Papeles son derechos», reiteró la dirigente, enmarcando la medida como una herramienta para combatir la violencia racista desde el ámbito institucional.
Requisitos para acceder a la regularización
La regularización establece criterios claros que las personas solicitantes deberán cumplir. El primer requisito fundamental es acreditar presencia física en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además, las personas deberán demostrar una estancia mínima de cinco meses en el país. Esta permanencia podrá acreditarse con una amplia variedad de documentos que reflejen la realidad de las personas en situación irregular.
Los documentos admitidos incluyen certificados de empadronamiento municipal, justificantes de citas médicas o de atención en recursos sociales, contratos de alquiler, recibos de pago, billetes de transporte, justificantes de envíos de dinero, facturas de suministros como luz, agua o teléfono, entre otros. Esta flexibilidad documental es uno de los elementos centrales del diseño del procedimiento, diseñado para adaptarse a la realidad de quienes viven en la precariedad administrativa.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que no se exigirá un contrato de trabajo previo para acceder a la regularización inicial. Este elemento marca una diferencia sustancial respecto a otros procedimientos de regularización anteriores. La medida reconoce que el acceso al empleo formal es precisamente una de las principales barreras que enfrentan las personas en situación irregular, creando un círculo vicioso del que resulta casi imposible salir. Al eliminar este requisito, se abre una vía real de regularización para miles de personas.
Otro requisito es no tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme establece el Estado de Derecho. La norma no exige una hoja penal completamente limpia, el criterio se centra en excluir casos con antecedentes graves incompatibles con la normativa de extranjería, un estándar habitual en este tipo de procedimientos.
Procedimiento y plazos
El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril de 2026, una vez completados los trámites administrativos del real decreto. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, estableciendo un periodo de tres meses para la presentación de solicitudes.
Uno de los aspectos más garantistas de la medida son los efectos inmediatos que tiene la simple presentación de la solicitud. Desde el momento en que una persona presenta su solicitud, quedarán automáticamente suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre ella. Esta salvaguarda es crucial porque protege a las personas del miedo constante a la deportación mientras esperan la resolución de su caso.
La admisión a trámite de las solicitudes se producirá en un plazo máximo de quince días. Una vez admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal en cualquier sector y en cualquier lugar del país. Esta autorización provisional también permitirá acceder a otros derechos fundamentales como la asistencia sanitaria, rompiendo así con la situación de exclusión que sufren las personas sin papeles.
El plazo máximo de tramitación será de tres meses desde la admisión a trámite. Este compromiso con la agilidad administrativa busca evitar la acumulación de casos pendientes que ha caracterizado históricamente las oficinas de extranjería en España. La ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, subrayó que «somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura».
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año. Esta autorización incluye permiso de trabajo válido en todo el territorio nacional y para cualquier sector, favoreciendo la integración laboral y social. Al término de ese año, las personas podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente, accediendo así a las vías estables de residencia en España.
Protección de la unidad familiar
La regularización contempla la protección de la unidad familiar como uno de sus ejes centrales. Los hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España podrán regularizarse de manera simultánea con sus progenitores. La autorización para los menores será de cinco años, proporcionando estabilidad jurídica a las familias y permitiendo el desarrollo de proyectos de vida sin el temor constante a la separación familiar por razones administrativas.
Esta medida es especialmente significativa porque reconoce que las políticas migratorias restrictivas han generado situaciones de vulneración del derecho a la vida en familia. Miles de familias han vivido separadas durante años o han permanecido juntas en condiciones de irregularidad que afectan gravemente el desarrollo de niños y niñas. La regularización simultánea de los núcleos familiares supone un avance sustancial hacia el reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes.
La medida ha recibido el respaldo entusiasta de numerosas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) celebró el acuerdo afirmando que es «una medida imprescindible para garantizar derechos que llevamos años reclamando junto a ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales». Mauricio Valiente, codirector de CEAR, valoró positivamente la regularización porque consideran «de justicia» que «las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones».
Entidades de la Iglesia Católica como la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) calificaron la medida como «un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular«. Estas organizaciones habían apoyado activamente la ILP de Regularización Ya y habían presionado durante meses para que se concretara una solución.
Beneficios para la economía y la sociedad
La regularización extraordinaria no solo permite que las personas trabajadoras accedan a derechos y mayor protección. También ofrece a las empresas un marco de seguridad jurídica y contribuye a disminuir la economía sumergida y la explotación laboral. El Ministerio de Migraciones explicó que esta medida es la «primera gran medida del Plan» contra la economía irregular en el sector laboral.
Las estimaciones de organismos económicos señalan que las personas migrantes en situación regular aportan significativamente a la economía española. Según datos de Funcas, un think tank de investigación económica y social, aproximadamente 840.000 personas vivían en situación irregular en España a fecha del 1 de enero de 2025. Las personas procedentes de Latinoamérica representan el 91% de la población extranjera en situación irregular, lo que convierte a esta comunidad en la principal beneficiaria de la regularización extraordinaria.
La regularización permite romper con el círculo vicioso de la precariedad laboral. Cuando las personas trabajan sin papeles, están expuestas a explotación, salarios por debajo del mínimo, ausencia de protección social y condiciones laborales degradantes. Al obtener autorización de residencia y trabajo, pueden denunciar abusos, acceder a prestaciones sociales, cotizar a la Seguridad Social y participar plenamente en la vida económica y social del país. Esta transformación beneficia tanto a las personas migrantes como a la sociedad en su conjunto.
Advertencia contra estafas
Con el anuncio de la regularización, han comenzado a aparecer intentos de estafa dirigidos a personas migrantes desesperadas por regularizar su situación. Es fundamental advertir que ninguna gestora o persona puede garantizar un resultado antes de que exista un procedimiento oficial publicado en el BOE y antes de estudiar cada caso individual.
Las estafas más comunes incluyen cobros anticipados por citas que no existen, contratos de trabajo simulados sin validez legal, y «gestores» sin habilitación profesional que prometen regularizaciones express. Las personas migrantes deben acudir exclusivamente a organizaciones reconocidas, servicios jurídicos especializados o abogados colegiados para recibir asesoramiento. La regularización será gratuita en su tramitación administrativa, las únicas tasas aplicables serán las oficiales que se establezcan en el decreto.
España ha aprobado regularizaciones extraordinarias en varios momentos de su historia democrática. Desde el primer Ejecutivo socialista de Felipe González (1985-1986, con aproximadamente 438.000 solicitudes) hasta la regularización de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 (que benefició a cerca de medio millón de personas), estos procesos han sido utilizados como herramienta para gestionar la realidad migratoria del país.
Los gobiernos del Partido Popular también aprobaron regularizaciones extraordinarias en 1996 (21.300 personas), 2000 (163.900) y 2001 (234.600). Estos precedentes demuestran que la regularización extraordinaria no es una medida ideológica o partidista, es una herramienta de gestión migratoria que diferentes gobiernos han utilizado para dar respuesta a realidades sociales que la legislación ordinaria no contempla adecuadamente.
Desafíos pendientes
Aunque la medida es celebrada por organizaciones sociales, también presenta limitaciones que deberán abordarse. El decreto establece una fecha de corte (31 de diciembre de 2025) que inevitablemente deja fuera a personas que llegaron después de esa fecha o que no pueden cumplir con los requisitos establecidos. Las organizaciones han señalado la necesidad de evaluar los resultados de esta regularización y contemplar mecanismos permanentes que eviten la generación de nuevas bolsas de irregularidad administrativa.
El nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, flexibilizó algunos requisitos para la regularización por arraigo, reduciendo de tres a dos años el tiempo necesario de permanencia en España. Sin embargo, diversas organizaciones como CEAR, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Red Acoge y Cáritas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo porque el reglamento no permite computar como tiempo válido los años que las personas solicitantes de asilo han residido legalmente en España mientras esperaban una resolución. Esta exclusión genera una situación de injusticia que afecta a miles de personas.
La regularización extraordinaria no resuelve todos los problemas estructurales del sistema migratorio español. Persisten las dificultades para conseguir citas en las oficinas de extranjería, la escasez de vías legales y seguras de migración, y la falta de una política integral que contemple la realidad de las personas migrantes como parte constitutiva de la sociedad española. Estas cuestiones requerirán atención sostenida en los próximos años.
Según la ministra Elma Saiz, hoy es un día «histórico» porque lo que se está haciendo es «reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos» a personas que ya están en España, que ya forman parte del tejido social y económico del país. Esta medida representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos, el camino hacia una política migratoria verdaderamente justa y basada en derechos humanos está todavía por recorrer. El proceso de regularización que comienza en abril será una prueba de fuego para la administración española. Todo llegará, paso a paso, con el compromiso sostenido de todas las personas y organizaciones que han hecho posible este logro.
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