El pasado mes de mayo, Amnesty International UK publicó el informe Like a snowball, un análisis exhaustivo del crecimiento del movimiento gender critical (GC) en el Reino Unido. El informe documenta cómo ese movimiento se coordinó con grupos ultraconservadores, cómo los medios amplificaron sus argumentos de forma masiva y acrítica, y cómo el resultado tangible fue el deterioro de las actitudes sociales hacia las personas trans y el aumento de los crímenes de odio. Esa estrategia tiene en España un nuevo capítulo, muy activo y por debajo del radar.
El punto de partida del movimiento GC es la premisa, presentada como científica, de que el sexo biológico es inmutable y debe sustituir a la identidad de género como categoría jurídica. Esa premisa tiene un problema de base porque el género no opera socialmente mediante criterios biológicos sino mediante normas de presentación y reconocimiento. Lo que determina cómo una persona es leída y tratada en un espacio público no es su biología sino cómo se presenta. El movimiento GC defiende ese binarismo como axioma y construye sobre él toda una arquitectura política, pero la realidad social del género lo desborda en todos los sentidos.
Por otro lado la transfobia contemporánea y la teoría conspirativa del Gran Reemplazo comparten los mismos mecanismos de producción del pánico moral. En ambos casos se construye la idea de que el orden social estaría amenazado por transformaciones demográficas, culturales o identitarias que pondrían en cuestión la posición histórica de los grupos dominantes. Dentro de ese relato, las personas trans aparecen como figura de amenaza simbólica. Se las presenta como una minoría capaz de «corromper» la infancia, de confundir las categorías de sexo y género y de desestabilizar instituciones consideradas fundamentales para la reproducción del orden social. Los baños, los vestuarios, las escuelas, los hospitales y el deporte se convierten en escenarios sucesivos de ese pánico. Lo que está en juego no es una preocupación genuina por la seguridad de las mujeres, sino la defensa de un sistema de clasificación social que depende de la estabilidad de determinadas fronteras identitarias. La obsesión política con minorías racializadas, migrantes o trans funciona con frecuencia como mecanismo de desplazamiento que desvía la atención de las desigualdades estructurales y de los conflictos económicos más amplios. No resulta casual que en numerosos contextos internacionales las alianzas políticas que impulsan discursos anti-trans aparezcan vinculadas también a campañas contra los derechos reproductivos, la migración y las políticas de reconocimiento de la diversidad racial y cultural. En España, las mismas organizaciones que impulsan el discurso GC forman parte de esas redes.
La cobertura mediática es el motor que mantiene vivo ese pánico. Entre enero de 2020 y abril de 2025, los cuatro grandes rotativos británicos analizados por Amnesty publicaron 17.000 artículos sobre «cuestiones trans», una media de 264 artículos al mes. Las únicas personas trans que aparecieron como protagonistas individuales fueron una adolescente asesinada y una mujer trans condenada por delitos sexuales. Los columnistas trans son prácticamente inexistentes en las publicaciones que supuestamente los representan, mientras la cobertura hostil se acumula. La figura con mayor presencia en los medios, según confirma el informe de Amnesty, es J.K. Rowling, que aparece nombrada en los artículos con una frecuencia muy superior a la de cualquier persona trans. Rowling ha pasado de autora de libros infantiles a fuerza política organizada, con una red que incluye a figuras feminstas antitrans Julie Bindel, Joanna Cherry y Kathleen Stock, ejerciendo presión directa sobre gobiernos y apoyando explícitamente publicaciones de derechas como The Spectator.
En España, este patrón mediático y político es reconocible. El movimiento GC cuenta aquí con un conjunto de voces que se presentan como feministas o de izquierdas y que han convertido la oposición a la Ley 4/2023 en eje central de su actividad pública. Sus argumentos recurrentes son tres: que la autodeterminación de género constituye una amenaza al sujeto político mujer, que la ley pone en riesgo la seguridad de los espacios segregados por sexo y que los menores son víctimas de una medicalización impulsada por una ideología ajena al feminismo. Esos argumentos los sostienen desde trincheras muy distintas. La periodista Elisa Beni o la abogada Paula Fraga los despliega en medios de comunicación de amplia audiencia. La escritora Ana Iris Simón, desde una posición que se reivindica de izquierdas, ha declarado que ser mujer no es un sentimiento y que el sexo no es algo asignado al nacer sino una realidad biológica, contribuyendo a normalizar ese marco en espacios culturales y mediáticos donde antes no tenía presencia. La activista Barbijaputa y el colectivo Towanda Rebels lo amplifican entre audiencias feministas masivas en redes. Lidia Falcón, desde el ffeminismo histórico y político lo lleva al extremo de alinearse con organizaciones de la derecha religiosa. Carmen Calvo lo introduce en el seno del PSOE. La Confluencia Movimiento Feminista lo traslada a la movilización callejera. Voces dispersas en apariencia, convergentes en la práctica, que reproducen el mismo vocabulario y apuntan al mismo objetivo.
El campo de batalla más recurrente es el de los baños y vestuarios. El movimiento GC ha construido sobre ese espacio toda una arquitectura de pánico moral, presentando los servicios públicos como zonas de riesgo que la autodeterminación de género habría convertido en territorio peligroso para las mujeres. La propuesta implícita es que devolver la ley a un criterio de sexo biológico restauraría esa seguridad. Conviene detenerse en lo que eso significaría en la práctica, porque la lógica se derrumba en el momento en que se lleva hasta sus consecuencias reales.
¿Quién verificaría el sexo biológico de cada persona que entra en un baño público? ¿Habría personal destinado a esa función en cada servicio de cada centro comercial, hospital, aeropuerto, colegio o bar de España? ¿Mediante qué mecanismo: la presentación del DNI, la inspección visual, una declaración jurada? Y si el criterio es el sexo registral, ¿qué ocurre con las mujeres trans que ya tienen su documentación modificada al amparo de la ley que se quiere derogar? ¿Se les retira retroactivamente? Ninguna de las organizaciones que impulsan este argumento ha respondido a estas preguntas porque no tienen respuesta posible. La verificación del sexo biológico en los espacios públicos es, en términos prácticos, irrealizable. Lo que sí es realizable, y lo que ya está ocurriendo según documentan organizaciones de derechos trans en el Reino Unido tras el fallo de su Tribunal Supremo, es el acoso generalizado a cualquier persona cuya presentación de género no se ajuste a las expectativas dominantes. Mujeres cisgénero con cabello corto, complexión andrógina o voz grave están siendo interrogadas e intimidadas en baños públicos. El resultado concreto de aplicar esa lógica no es más seguridad para las mujeres, es más vigilancia y más hostilidad para todas las personas que no encajan en el molde de la feminidad normativa.
El género, como construcción social, ha funcionado siempre mediante señales externas, no mediante inspección corporal. Nadie comprueba los genitales de nadie en un baño. Lo que determina si una persona accede sin problemas a un espacio de género es cómo se presenta, cómo viste, cómo se mueve. Las mujeres trans que llevan años viviendo socialmente como mujeres entran en baños de mujeres sin que nadie lo note ni lo cuestione. Las que son visiblemente trans son las que sufren el escrutinio, la hostilidad y la violencia. El argumento del baño no protege a nadie, criminaliza la visibilidad trans y expone a las personas más vulnerables del colectivo a una vigilancia que el movimiento GC presenta como legítima preocupación feminista.
No pueden usar baños acordes a su identidad, no pueden usar vestuarios, no pueden elegir cómo se presentan, no pueden transicionar socialmente de jóvenes. Las personas trans se presentan sistemáticamente como una minoría peligrosa que busca imponer su ideología a los demás, como una influencia maligna que corrompe instituciones que, de otro modo, serían «normales». La única salida que el movimiento GC construye para las personas trans es, literalmente, evaporarse. En España, Alberto Núñez Feijóo utilizó exactamente el argumento de los vestuarios en marzo de 2026 al anunciar su intención de derogar la Ley 4/2023, describiéndola como algo que permite a un hombre «entrar en vestuarios y aseos femeninos». El PP registró además una proposición no de ley para suprimir los artículos 43 y 44 de la ley, que regulan la autodeterminación de género.
El argumento de la infancia en riesgo merece un tratamiento específico porque es el que más activamente se usa en España para justificar la derogación. Conviene empezar por los datos reales. Hay menos de 100 menores en tratamiento con bloqueadores en el NHS en el Reino Unido. En España, solo en Cantabria, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña y Baleares existen circuitos sanitarios en los que se contemplan bloqueadores de pubertad para menores con disforia de género; en el resto de comunidades no forman parte de la oferta rutinaria de la sanidad pública. El pánico sobre una supuesta medicalización masiva de menores no tiene correlato en los números. Lo que sí existe son datos sobre cambios registrales de sexo: según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, en 2023 y 2024 se realizaron un total de 10.670 cambios de mención registral de sexo al amparo de la Ley 4/2023, cifra que incluye a personas de todas las edades y que el propio registro no desglosa por tramos de edad al no disponer de esos datos. Un cambio registral administrativo, que no implica ninguna intervención médica, se presenta sistemáticamente en el discurso mediático como sinónimo de hormonación o cirugía. Son cosas distintas y esa confusión es parte de la estrategia.
La Cass Review —el informe encargado en 2020 por el NHS británico a la pediatra Hilary Cass para revisar los servicios de atención de género para menores, cuyas conclusiones finales se publicaron en abril de 2024 y fueron objeto de críticas metodológicas por parte de investigadores de la Universidad de Yale al señalar que Cass no tenía experiencia previa con jóvenes trans y excluyó a personas trans de su propio proceso de investigación—, presentada por el movimiento GC como prueba definitiva de los daños de la transición en menores, concluyó en realidad que no hay pruebas sólidas sobre los resultados a largo plazo de las intervenciones para tratar el malestar relacionado con el género, y formuló 32 recomendaciones para mejorar la atención integral, no para suprimirla. Los políticos convirtieron ese matiz en mandato para restringir todos los derechos trans. La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia ha señalado que el aumento en la demanda de atención es explicable por factores como la mayor visibilidad social, la reducción del estigma, la despatologización progresiva y la mayor disponibilidad de tratamientos, y que estos menores necesitan ser atendidos en unidades especializadas con acompañamiento profesional. Posponer el tratamiento de un menor que lo solicita hasta la mayoría de edad provoca, según la evidencia clínica disponible, un malestar que puede derivar en ansiedad, depresión y otras comorbilidades. El verdadero objetivo político en juego es el principio Gillick, que reconoce la competencia de los menores para consentir tratamiento médico. Atacarlo no afecta solo a los jóvenes trans, afecta a todos los menores y a su derecho a la autonomía corporal, incluyendo el acceso a anticonceptivos sin consentimiento parental. Vox lo sabe y lo dice explícitamente en su proposición de octubre de 2025, que denuncia que la ley permite a menores «acceder a agresivos procesos de hormonación con o sin el consentimiento de sus padres».
La pregunta que nadie del movimiento GC sabe responder es la siguiente: si se establece que un menor de 16 o 17 años no tiene competencia para consentir un tratamiento hormonal reversible, ¿por qué tendría competencia para consentir un aborto, para acceder a la píldora del día después, para recibir tratamiento psiquiátrico, para ser operado de urgencias o para decidir sobre cualquier otro procedimiento médico que afecte a su cuerpo? La respuesta jurídica coherente es que no la tendría. El principio Gillick no es un menú del que se pueden elegir los derechos que convienen según la ideología del gobierno de turno. Es un principio unitario: o los menores tienen autonomía progresiva para tomar decisiones sobre su propio cuerpo a medida que maduran, o no la tienen. Desmantelarlo para un colectivo específico sienta jurisprudencia que afecta a todos los demás. No es una especulación. En el Reino Unido, el informe de Amnesty International documenta expresamente cómo los ataques a la capacidad de consentimiento de menores trans están siendo usados por grupos ultraconservadores de raíz cristiana como palanca para erosionar también el acceso a anticonceptivos y al aborto, bajo el argumento de que el principio Gillick «tiene una larga y desafortunada historia respecto a la socavación de los derechos parentales». La organización que hace ese argumento en el informe de Amnesty es Christian Concern, que tiene un historial documentado de campañas contra el acceso al aborto. En España, CitizenGO, fundada en Madrid y activa globalmente, opera en esa misma línea que une lo anti-trans, lo antiabortista y está en contra de la educación sexual en los colegios. Es la misma agenda, desplegada en etapas.
Lo que distingue el caso español es la particular composición del movimiento que presiona en esta dirección. Una de las organizaciones más activas es la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que tiene detrás a Ángeles Álvarez, exdiputada y exportavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso durante la primera etapa de Pedro Sánchez. Álvarez ha calificado la Ley Trans de «ley mordaza» y pidió públicamente a las diputadas socialistas que no la votaran. La Alianza presentó 24 enmiendas en el Congreso contra la ley, se reunió con el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo para debatir sus «repercusiones y alcance constitucional», y en 2026 elaboró un mapa interactivo de supuestos casos fraudulentos. El PP la convocó como experta en una comisión parlamentaria del País Vasco para oponerse a la reforma de la ley trans vasca. Activistas LGTBI señalaron que resultaba «contradictorio que mujeres que se llaman feministas vayan de la mano de la ultraderecha porque le prestan su altavoz». El debate, tal como lo formula el propio movimiento GC, fue «secuestrado por una red ideológica muy motivada para restringir los derechos de las personas trans», que no tiene interés en considerar que las mujeres trans merecen el mismo respeto que todo el mundo.
El informe de Amnesty señala que CitizenGO, fundada en España con el lema «Defendiendo la vida, la familia y la libertad en todo el mundo», apoyó en 2026 los desafíos legales contra los bloqueadores de pubertad en el Reino Unido junto a actores GC. La organización española que impulsa agendas antiderechos en el contexto británico forma parte del mismo ecosistema que presiona en España para derogar la Ley 4/2023.
Si esa derogación se produjera tras una alternancia política, las consecuencias serían desastrosas. El retorno a la Ley 3/2007 implicaría de nuevo la exigencia de diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal para cualquier cambio registral, el mismo modelo que la Organización Mundial de la Salud desclasificó como patológico en 2018. Las personas trans perderían el derecho a adecuar su documentación administrativa a su identidad. Las cuotas laborales quedarían eliminadas. Los protocolos educativos y sanitarios específicos serían desmantelados.
La violencia que acompaña este retroceso discursivo es muy real. Según los datos de FELGTBI+, en el último año una de cada cuatro personas trans en España ha sido agredida física o sexualmente, el 35,6% ha sufrido acoso y el 37,8% discriminación. Las agresiones físicas o verbales contra el colectivo LGTBI+ en general pasaron del 6,8% al 16,25% entre 2024 y 2025. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias —médica, psicóloga y la líder más joven en la historia de la federación, elegida en octubre de 2024—, ha advertido que «el odio lgtbifóbico está creciendo» y que el auge de los discursos de odio desde múltiples esferas, incluso desde personas con influencia política y social, legitima los ataques. Mientras el debate mediático se centra en baños y vestuarios, las vulnerabilidades reales permanecen invisibles: la tasa de desempleo entre personas trans en España es del 22,9%, cifra que asciende al 33% en el caso de las mujeres trans; el 48% de las personas trans está en riesgo de pobreza; uno de cada cuatro hogares con al menos una persona trans ingresa menos de 1.000 euros al mes; el 58% no se visibiliza en el trabajo por miedo a la discriminación; y el 42% ha sufrido discriminación laboral en los doce meses anteriores a ser encuestadas. Los ingresos medios de los hogares trans se sitúan en 19.957 euros anuales, frente a los 32.216 de la media nacional. Son las cifras de una exclusión estructural que ningún debate sobre vestuarios aborda ni nombra.
Esta realidad adquiere una dimensión adicional cuando se examina el impacto sobre las mujeres trans racializadas. El movimiento GC nunca ha defendido los derechos de las mujeres negras, ni contra la violencia obstétrica racializada, ni contra la brecha salarial racial, ni contra el racismo institucional en el sistema sanitario. En el cruce entre transfobia y racismo estructural, las mujeres trans negras y latinas en España acumulan vulnerabilidades que ninguna de esas narrativas contempla: mayor precariedad laboral y habitacional, menores tasas de acceso a atención sanitaria, mayor exposición a la violencia policial y a redes de explotación. El debate sobre el «borrado de las mujeres», sostenido por organizaciones que han ignorado sistemáticamente el borrado de las mujeres negras, demuestra a las claras que es una disputa por la hegemonía de un feminismo que históricamente ha funcionado como herramienta de exclusión racial.
La autodeterminación de género, los bloqueadores de pubertad, los certificados de reconocimiento de género y los pronombres son frentes distintos de la misma guerra, en la que está en juego la existencia de las personas trans y su capacidad para vivir como quienes son. En España, esa guerra cuenta con portavoces de credenciales progresistas, presencia en medios de referencia, financiación creciente y una estrategia cuyo horizonte es la próxima alternancia electoral. Que todo esto esté ocurriendo por debajo del radar mediático es parte del diseño de esa estrategia.
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
