Hay un fenómeno que lleva años gestándose en el espacio público español y que merece ser denunciado. Un número creciente de periodistas, escritoras e intelectuales que se identificaron durante años con posiciones de izquierda o con el feminismo clásico han ido convergiendo, por acción o por omisión, con los marcos discursivos de la derecha y la ultraderecha. No se trata de conversiones dramáticas ni de militancias declaradas. El deslizamiento es más sutil: se produce en el lenguaje que se adopta, en los enemigos que se eligen, en los medios donde se publica, en los actos a los que se acude.
Para entenderlo hay que abandonar la lectura individualista —la que lo reduce a traición personal o a oportunismo mediático— y hacerse la pregunta estructural: ¿a quién no le costaría demasiado un gobierno de coalición PP-ultraderecha en España? La respuesta, vista desde una perspectiva de clase y de raza, apunta siempre en la misma dirección.
Juan Soto Ivars, columnista de El Confidencial, se presenta desde hace años como un liberal «sentimentalmente antineoliberal» que se resiste a demonizar a la derecha. En una entrevista en The Objective (medio de extrema derecha) en julio de 2024 llegó a declarar: «Si fuera joven ahora sería más facha que la hostia», presentándolo como una lectura empática de por qué los jóvenes votan a la extrema derecha. En Jot Down (2025) habla del «pendulazo» para explicar —y en cierta forma legitimar— el giro reaccionario como consecuencia del «exceso» del feminismo y del antirracismo. Su marco intelectual ha ido colonizando, de forma sistemática, el territorio de la guerra cultural: el «identitarismo», la «corrección política», el supuesto dogma de lo políticamente correcto. Son los mismos conceptos que circulan en los editoriales de VOX, reformulados con mayor elegancia académica.
Laura Freixas, escritora y ensayista que presidió la asociación feminista Clásicas y Modernas, ha seguido un recorrido diferente. Su posición gender critical afirmaba en El Español que «la Ley Trans me da más miedo que VOX». Es decir, para una mujer blanca de clase media con capital cultural y sin exposición cotidiana a la violencia institucional de la ultraderecha, el debate sobre la autodeterminación de género puede parecer más amenazante que un partido que propone cerrar fronteras, mano dura contra la migración y las personas trans y recortar derechos laborales. La jerarquía de amenazas, en cambio, delata un privilegio.
El caso más documentado —y quizás más doloroso— es el de Lidia Falcón. Militante del PSUC, abogada antifranquista, fundadora del Partido Feminista de España, presa política bajo la dictadura: su trayectoria es la de una izquierdista de primera hora. En 2021, acudió a un acto contra la ley trans organizado por Hazte Oír, con presencia de una diputada de VOX en la Asamblea de Madrid. La consecuencia fue la rupturay la expulsión de Izquierda Unida. El informe sobre extremismo global publicado por La Marea en agosto de 2025 incluyó al Partido Feminista de Lidia Falcón entre los actores del ecosistema de extrema derecha en España, por sus campañas contra los derechos de las personas trans y LGTBIQ+. Una figura forjada en la resistencia al franquismo había llegado a compartir plataforma con sus herederos ideológicos.
A estos perfiles se suman otros más difusos. Hay tertulianxs que desde posiciones que siguen definiéndose progresistas, han asimilado el marco de la «crisis migratoria» como si fuera un dato objetivo y no una construcción política. El proceso de normalización de los discursos de extrema derecha en España tiene una dimensión mediática e intelectual que muchos análisis eluden porque incomoda nombrarla.
Aquí está la clave estructural que queremos señalar desde Afroféminas. No es casual que los temas donde se produce la convergencia con la ultraderecha sean, sistemáticamente, los que más afectan a las personas racializadas, migrantes y empobrecidas: la política migratoria, los derechos trans —que incluyen a muchas mujeres trans racializadas—, el cuestionamiento del antirracismo bajo la etiqueta de «wokismo». Un gobierno de PP-ultraderecha en España eliminaría precisamente las agendas que cuestionan el privilegio racial y de clase dentro del propio feminismo. Para una mujer blanca con trabajo estable, acceso a servicios privados y sin exposición a la violencia racista institucional, ese escenario es incómodo. Para una mujer migrante, negra, precarizada o trans, es directamente peligroso.
Este es el cálculo que está en el centro del deslizamiento. Muchas de estas figuras han construido una narrativa de resistencia —frente a la «censura woke», frente al «dogma queer», frente a la «corrección política»— que les permite presentarse como valientes disidentes mientras se deslizan hacia posiciones que objetivamente sirven a los intereses de la derecha más reaccionaria. El mecanismo es tan antiguo como el privilegio: nombrar como opresión aquello que, en realidad, es la pérdida de centralidad.
El feminismo clásico —o feminismo blanco, como lo analizamos en Afroféminas— tiene una larga historia de invisibilizar a las mujeres racializadas, de priorizar el techo de cristal de las ejecutivas sobre la Ley de Extranjería que mantiene en situación irregular a las trabajadoras del hogar, de hablar de «las mujeres» cuando se refiere a un subconjunto muy concreto de ellas. Lo que el momento actual pone al descubierto es que ese feminismo, al enfrentarse a la posibilidad de un gobierno hostil, hace sus cálculos. Y el resultado de ese cálculo revela a quiénes considera sujeto político real y a quiénes trata como efecto colateral.
La colonialidad del feminismo blanco no es solo una cuestión teórica. Tiene consecuencias materiales sobre qué alianzas se construyen, qué amenazas se jerarquizan y, en última instancia, sobre quién paga los platos rotos cuando el tablero político se mueve hacia la derecha. Las mujeres negras, migrantes y empobrecidas no tienen el lujo de hacer ese cálculo. Para ellas, la pregunta no es cuántos sapos habría que tragarse en un gobierno de ultraderecha. La pregunta es si sobrevivirían a las políticas que ese gobierno aplicaría.
El feminismo sin antirracismo no es feminismo. Lo que estamos viendo en España es la demostración más concreta de esa afirmación.
Redación Afroféminas
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