“Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro.” Cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza. Haraway, Donna J. Ciencia.

El departamento del Chocó está viviendo una agudización de todas las disfunciones sociales que tienen asiento en este territorio. Se han agravado los problemas originados por el abandono Estatal y la falta de compromiso de sus dirigentes de turno; esa agudización ha permitido que la violencia se intensifique y que de aquel remanso de paz que fue el Chocó hace 15 años, no quede ni el recuerdo.

Con la llegada de todos los grupos armados que hoy se pasean a lo largo y ancho del departamento, y controlan la totalidad del mismo; se desbordaron las problemáticas que afectaban la vida de la sociedad chocoana, y a la falta de interés Estatal en las diferentes problemáticas socio-económicas y políticas, se le sumaron la violencia sistemática y continua contra las mujeres del departamento.

Esa realidad decadente en la que la sociedad chocoana ha tenido que vivir durante siglos, ha sido el caldo de cultivo para las alarmantes cifras de violencia que sufren las mujeres hoy. Por ello en la actualidad ni los habitantes ni sus autoridades han hecho frente al flagelo de las violencias de género, pues se ha naturalizado el fenómeno.

En el Chocó a diario son asesinadas entre dos (2) y cuatro (4) mujeres de acuerdo a la información de voz a voz que los vecinos, familiares, o parientes de las victimas manifiestan, porque no existe un registro oficial actualizado de estos feminicidios. Haciendo una operación simple, al año en el Chocó se están asesinando entre setecientas treinta (730) y mil cuatrocientas sesenta (1.460) mujeres. Cifras descomunales que requieren que toda la sociedad chocoana se interese por esta problemática. Ver http://www.choco7dias.com/1016/editorial.html Violación sexual y corrupción, otro deplorable récord.

A las cifras de asesinato, se le suman las cifras de maltrato físico, psicológico y sexual que sufren las mujeres chocoanas, las cifras oficiales hablan de que sólo en Quibdó al año 400 mujeres son maltratadas, pero esas cifras son arrojadas por el 27% de las denuncias, dado que el 73% de las mujeres que sufren violencias no denuncian.

«existe la cultura de la violencia de género, cultura violenta que es trasmitida y retransmitida en el proceso de crianza y que es reforzada por la inoperancia del Estado»

 

Los únicos medios que cubren parte de las violencias que sufren las mujeres chocoanas, son algunos periódicos locales.

En el Chocó, al igual, que en el resto del país, existe la cultura de la violencia de género, cultura violenta que es trasmitida y retrasmitida en el proceso de crianza y que es reforzada por la inoperancia del Estado.

Esa crianza está dada por la creencia de que el hombre (macho) por el hecho de ser hombre puede disponer de la vida de la mujer, aunque no se le dice específicamente que puede hacer y deshacer con su mujer o las mujeres, desde pequeños a los niños en Colombia se les inculca que son los hombres de la casa; y ser el hombre de la casa, implica entre otras cosas, que puedes hacer lo que quieras, por ejemplo, dar órdenes a tus hermanas y que ellas deben obedecerte, dejar a tus hermanas y/o madre todo el oficio de la casa, también que las preferencias del hombre son las que deben primar, por ello la mujer se va con el marido, y no el marido con la mujer.

Es lógico que un niño que se cría teniendo control sobre las mujeres que le son prohibidas por la primera regla social (no cometer incestos), asuma que sobre aquellas que no le son prohibidas (su mujer), tiene más dominio y poder; y piense que sí la mamá y las hermanas hacían todo para complacerlo, y le daban todo cuanto a él le apetecía; su mujer, tiene una obligación mayor de complacerle y él puede poseer toda la cognición y la corporeidad de ella.

Las expresiones comunes como, “en problema de marido y mujer nadie se puede meter” refuerzan la idea de que el hombre puede disponer de su mujer como a él se le antoje, la cultura popular potencializa la violencia que las mujeres sufren, porque siempre, a la mujer se le asume culpable, y la sociedad justifica que sea maltratada, expresiones como “si le pegó es porque en algo la vio”, así lo evidencian, puesto que “el feminicidio… es posible por el ambiente ideológico y social del patriarcalismo, de la misoginia, de las violencias normalizadas en contra de las mujeres. Desde esta perspectiva, el Estado tiene responsabilidad directa en los crímenes por acción u omisión. Si la implicación directa del Estado puede ser difícil de constatar, no lo es su incumplimiento de la debida diligencia que explica la impunidad del feminicidio y de las violencias en contra de las mujeres. (DONOSO, L Silvia; 2008:9).

La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha insistido en múltiples ocasiones que la responsabilidad de los Estados sobre las violencias de genero requiere que los mismos dispongan de todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar dicho fenómeno, lo cual “implica el deber de los estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos” (CIDH; 2007:13.

Pese a toda la normatividad existente que exige a la institucionalidad proteger y garantizar los derechos de las mujeres, en el Chocó las autoridades civiles se muestran parcos frente a las violencias que sufren las mujeres, y es tanta su indiferencia, que cuando los hechos se presentan no se manifiestan a través de los comunicados propios de cada despacho, no dan respaldo a las mujeres en sus luchas por sus derechos; la institucionalidad presta más atención a lo que sucede con el reinado departamental, que a las mujeres que son maltratadas y asesinadas diariamente, como sucedió en el reinado del 2014, que la designación de dos reinas puso a pelear a las oficinas de la Gobernación del Chocó.

La CIDH ha dicho que los Estados miembros a través de todo el aparato institucional tienen la obligación de garantizar el acceso de las mujeres a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y obtener una reparación por el daño sufrido (CIDH; 2007:11). Esas exigencias jurídico-políticas, obligan al Estado a “establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”, también exigen “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las víctimas tengan acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (CIDH; 2007:16). Dice además que es deber del Estado disponer periódicamente de nuevas instancias en las que las víctimas de violencia pueden interponer sus denuncias y diseñar nuevos instrumentos para combatir dichas violencias, al igual que, diseñar estrategias de empoderamiento de las mujeres víctimas de las violencias. (CIDH; 2007:16).

Sin embargo, en el Chocó parece que las mujeres están solas y sin ningún apoyo institucional que las acompañe, porque ninguna de las dependencias del departamento cuentan con recursos específicos estipulados para desarrollar acciones que sanciones a los victimarios, y programas para prevenir las violencias, o espacios de acompañamiento a las víctimas; dado, que aunque en el 2013 en Quibdó se creó un Centro para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual, no existe una dependencia encargada de apoyar a las mujeres con el seguimiento y evaluación a las denuncias; es tan mínimo el apoyo institucional que las mujeres del Chocó reciben en estos casos, que la impunidad por las violencias que sufren en casi del 90%.

Las pocas acciones que se han desarrollado para combatir las violencias de genero que sufren las mujeres en el Chocó, son gracias a las organizaciones de mujeres que tienen presencia en el departamento, como es el caso de la Ruta Pacifica de las Mujeres, y otras organizaciones sociales.

Aunque es cierto que debemos ser las mujeres, las primeras llamadas a combatir las violencias de género; y que las pocas acciones que desde la institucionalidad se han emprendido son insuficientes para combatir el fenómeno a profundidad, no deja de ser preocupante, que las instituciones del Estado, no presten la debida a tención a este flagelo que viven las mujeres negras en el Chocó, porque “el feminicidio se produce cuando las autoridades no realizan eficientemente sus deberes de prevenir y sancionar [el asesinato de mujeres] y, de esta manera, crean un ambiente de impunidad” (LAGARDE 2005: 1).

Las recomendaciones y directrices de la CIDH, obligan a las autoridades civiles del departamento a no permanecer pasivos frente a la violencia casi generalizada que azota la vida de las mujeres en la zona; la misma CIDH se ha ofrecido a ser aliada y acompañar los procesos que para prevenir y erradicar las violencias de género los Estados desarrollen; entonces, no es entendible que ni así la Alcaldía de Quibdó, ni la Gobernación del Chocó tomen cartas en el asunto.

De igual forma la Ley 1257 de 2008 en el artículo 2 afirma que: “por violencia en contra de las mujeres se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. Esto implica, que aun cuando las violencias que padezcan las mujeres, se consideren de índole doméstica, el Estado tiene la obligación de garantizarles una vida libre de violencias en todas las esferas en donde las mujeres se desenvuelvan; además es responsabilidad del Estado sensibilizar y formar a la sociedad en general para que las mujeres tengas garantías de no repetición; y a su vez puedan ser reparadas de forma integral. Los últimos acontecimientos violentos sobre las mujeres negras en el Chocó indican que al parecer las autoridades civiles no conocen de las herramientas que la normatividad les brinda para que acompañen, protejan y respalden a las mujeres, con fin de brindarles garantías institucionales para una vida libre de violencias. A la falta de interés se le suma también la ignorancia casi generalizada sobre las violencias de género, y en ocasiones tanto las víctimas, como los victimarios y las instancias Estatales acentúan las violencias que las mujeres sufren. Por ello la institucionalidad no puede evadir su responsabilidad en los abusos que sufren las mujeres, porque cuando esta no hace todo lo necesario para combatir las violencias de género, estimula a los agresores a desarrollar su agresión.

El artículo 7 de la Ley 1257 de 2008 establece que: “además de otros derechos reconocidos en la Ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación; a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva, y a la seguridad personal”. Pese a que la norma es clara, parece, que sus directrices y exigencias no son diseñadas para garantizar los derechos de las mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, dado que son estas mujeres las que más violencias sufren en el país.

Esta realidad, exige, que los hombres y mujeres negras pensemos seriamente en la necesidad de diseñar y emprender acciones concretas que nos permitan cambiar estos acontecimientos; este compromiso exige también, que las organizaciones sociales y Estatales del departamento se comprometan con la lucha de las mujeres por vivir una vida libre de violencias.

 

Autora: Leidys Emilsen Mena Valderrama – LOSPALENKES   (colaboradora de Afroféminas)

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