En 2021, la Asamblea General de la ONU designó el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, con el propósito de «promover el diálogo y la tolerancia interreligiosos e interculturales para combatirlo», ante la creciente preocupación por la expansión de discursos de odio en todo el mundo.
La segunda década del siglo XXI comenzó marcada por la pandemia de COVID-19, una crisis cuyos efectos socioeconómicos se sumaron a las consecuencias aún presentes de la Gran Recesión, agravadas en Europa por la guerra en Ucrania y la crisis energética. Paralelamente, nuestras sociedades han sido testigos de un aumento en discursos y actos discriminatorios basados en prejuicios, mitos y estereotipos ampliamente aceptados, a menudo impulsados por la desinformación y las llamadas noticias falsas.
Esta ola de odio, manifestada a través de xenofobia, racismo e intolerancia, se está propagando globalmente, utilizando redes sociales y otros medios de comunicación que se han convertido en un preocupante caldo de cultivo para el fanatismo y la discriminación. A su vez, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias de la ONU, Ahmed Shaheed, ha denunciado que el discurso de odio se está convirtiendo en una herramienta para obtener beneficios políticos, atentando contra los derechos y la dignidad de las personas debido a su origen nacional, étnico, religión o creencias, ideología, edad, enfermedad, orientación e identidad sexuales, discapacidad y cualquier otra condición personal o social, afectando especialmente a los más vulnerables.
Los discursos de odio relacionados con la aporofobia, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y la discriminación e intolerancia hacia la población africana y afrodescendiente, están alimentados por prejuicios y estereotipos que se difunden fácilmente en la población. Esta problemática se intensifica especialmente en tiempos de crisis económica o inestabilidad social, pudiendo impedir que una persona o grupo acceda o disfrute plenamente de sus derechos, lo que a menudo constituye un delito de discriminación.
Los datos sobre infracciones motivadas por el odio muestran una realidad en aumento, afectando especialmente a personas migrantes, racializadas o en situación de vulnerabilidad. Según el último Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España 2022 presentado por el Gobierno, los delitos de odio aumentaron un 3,7% en 2022 (1.869 incidentes), siendo los más comunes los relacionados con el racismo y la xenofobia (43,5% del total de denuncias).
Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg, debido a las altas tasas de infradenuncia, como se advirtió en la ‘Encuesta sobre delitos de odio’, publicada en junio de 2021 por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio: solo una de cada diez víctimas de delitos de odio había denunciado. Esta preocupante realidad también se refleja a nivel europeo, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en su informe Encouraging hate crime reporting – The role of enforcement and other authorities (2021): hasta nueve de cada diez delitos de odio y ataques motivados por el odio en la Unión no se denunciaron.
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