Respaldada por más de 600.000 firmas y con el apoyo de numerosas ONG, este martes llega al pleno del Congreso una iniciativa legislativa popular que pide la regularización de alrededor de medio millón de extranjeros que viven en España sin papeles y sin derechos básicos.
Los promotores de la iniciativa comparecieron en el Congreso el pasado marzo, donde el PP y Vox alertaron, como siempre, del riesgo de un posible efecto llamada y el PSOE también mostró sus reservas, aunque el partido ha declarado que va a apoyar la toma en consideración de la iniciativa.
No obstante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por una emigración ordenada pero se ha comprometido a «ser sensibles» con los migrantes que viven y trabajan en España en situación irregular, sin desvelar si su partido apoyará este martes en el Congreso el debate de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular.
El dirigente de la derecha ha reiterado la posición del PP defender «una inmigración regulada». «Somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española con lo mismo que se incorporaron millones de españoles cuando tuvieron que salir en los años 50-60 de España», ha argumentado.
Sumar y la mayoría de sus aliados parlamentarios sí respaldan una propuesta que hasta la Conferencia Episcopal Española ha pedido que sea estudiada por los grupos políticos.
Iniciativa popular
La iniciativa comenzó su andadura hace ya más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas y en febrero de 2023 la Junta Electoral Central ratificó que había conseguido el medio millón necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria.
Convertida ya en proposición de ley, su objetivo es simple: dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Sin su regularización, sostienen sus promotores, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.
Piden además no olvidar el trabajo de las comunidades de migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores imprescindibles como los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura, cuando pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes: «Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados».
La comisión promotora de la iniciativa la formaron la red #RegularizaciónYa, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo y pronto consiguieron el respaldo de numerosas ONG y asociaciones vinculadas a la inmigración.
La pasada semana la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y REDES pidieron a los grupos parlamentarios que apoyaran la toma en consideración de la iniciativa este martes.
«Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular», manifestaron. EFE
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