Más de un mes después del cruce masivo de finales de julio, en la playa del Trampolín de Ceuta siguen viviendo más de un millar de personas en tiendas improvisadas sobre la arena. El reparto de alimentos llega una vez al día, tras cuatro horas de espera al sol, y consiste en una bolsa con dos quesitos, un zumo y una pieza de fruta que debe cubrir la jornada entera. Se instalaron treinta duchas. No se habilitó ningún refugio. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno llevan semanas repitiendo que esa cantidad de comida no alimenta a nadie.
Conviene decir lo que eso es. A miles de personas se las está manteniendo con hambre en territorio español. Lo llamativo no es la falta de recursos, en un país que ha comprometido trescientos nueve millones de euros para la ciudad hasta final de año, con el sistema de acogida incluido en el plan. Lo llamativo es que una parte de la sociedad española defiende ese hambre en voz alta. El 27 de agosto un grupo de manifestantes cortó la carretera sentándose en el asfalto para frenar los camiones de Cruz Roja que llevaban comida a la playa. Días después volvieron con banderas, intentaron impedir otra vez el reparto y entraron luego en el asentamiento a destrozar y quemar las tiendas. Impedir que unas personas coman se ha convertido en una forma aceptable de protesta ciudadana en España.
Nos interesa esa parte. No la extrema derecha organizada, que tiene sus siglas, sus canales y su estrategia conocida. Nos interesa el vecindario amplio que la respalda desde el sofá, escribe en los hilos, comparte los vídeos y sostiene con naturalidad que a esa gente había que dejarla morir de hambre. Gente que no está desesperada. Ese es el elemento que desmonta las explicaciones más cómodas. Buena parte de quienes sostienen que a esa gente había que dejarla morir de hambre tiene la hipoteca pagaada, dos coches en el garaje, un trabajo estable, vacaciones reservadas y criaturas de la misma edad que los adolescentes que duermen sobre la arena del Trampolín. Su vida no está amenazada por nada de lo que ocurre en esa playa. Su bienestar no depende de que aquellas personas coman o dejen de comer.
La crueldad no nace de la escasez. Nace de una operación previa que consiste en dejar de ver. El lenguaje de la invasión hace ese trabajo con enorme eficacia. Convierte a un chaval de quince años que ha nadado dos horas en un enemigo. Cuando alguien deja de ser una persona y pasa a ser un peligro, alimentarlo se percibe como un crimen. Nadie siente culpa por no dar de comer a alguién peligroso. Ahí está el núcleo del asunto, en esa conversión previa.
Los bulos que circularon en agosto cumplen exactamente esa función. Se difundieron vídeos grabados en Colombia como si mostraran asaltos en Ceuta. Se aseguró que las personas migrantes que permanecían en la ciudad se alimentaban de gatos callejeros, calco literal de la historia que se usó en Estados Unidos contra la comunidad haitiana. El bulo no aspira a ser creído del todo. Su trabajo es otro. Autoriza un sentimiento que ya existía y le da coartada moral. Quien reenvía el vídeo no necesita comprobarlo, porque no lo usa para informarse, lo usa para quedarse tranquilo.
La escala es medible. El observatorio estatal que rastrea el discurso de odio contabilizó más de 138.000 mensajes de odio en apenas dieciséis días tras los disturbios racistas de un pueblo murciano en julio de 2025, dirigidos en su mayoría contra personas del norte de África. En agosto de 2026, una encuesta situaba en el 40,5% la proporción de españoles que considera que la inmigración genera más problemas que beneficios, frente al 29,7% que sostiene lo contrario. La distancia entre los extremos del arco político roza los noventa puntos. Hablamos de un país partido por la mitad en la pregunta de quién merece existir dentro de sus fronteras.
Hay algo que la conversación nacional ha aplastado. En Ceuta, los barrios de El Príncipe y Sidi Embarek convirtieron pistas de fútbol sala en refugios improvisados para mujeres y niñas migrantes, con el fin de evitar que durmieran en el monte expuestas a agresiones sexuales. La ciudad que vivió el desbordamiento produjo solidaridad concreta y organizada. El deseo de verlos morir de hambre se fabricó, en buena medida, a mil kilómetros de allí, en cuentas y tertulias que jamás pisaron el Tarajal. La distancia protege la crueldad.
Llegados a este punto cabe hacerse la pregunta que da miedo formular. ¿Disparar contra quienes intentan cruzar tendría algún coste? Para responder conviene mirar qué ha tenido coste hasta ahora. Un parlamentario con escaño afirmó públicamente que había que cazarlos a todos, uno por uno. Sigue en su escaño. Grupos organizados coordinaron patrullas nocturnas apalean amigrantes todas las noches en Ceuta con el conswentimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ho ha habido ningún detenido. Se difundió que las personas migrantes eran portadoras de enfermedades y se pidió su confinamiento. Quien lo dijo conserva su cargo.
Es la ventana de Overton. Cada peldaño que no tiene consecuencia establece el suelo desde el que se sube al siguiente. Esa es exactamente la mecánica. La violencia extrema nunca aparece de golpe, se instala por acumulación de gestos impunes. Cuando pedir que se cace a seres humanos no cuesta nada, disparar contra ellos deja de ser impensable y pasa a ser discutible. Y lo discutible, en política, está ya a medio camino de lo posible.
Hay un segundo movimiento, y ya está en marcha. Han circulado en redes acusaciones contra Cruz Roja por su gestión de la crisis, con el argumento de que favorecía a marroquíes frente a españoles. Se han denunciado amenazas al personal voluntario. El bloqueo de los camiones fue la traducción física de esa campaña. Atacar a la organización humanitaria más reconocible del país marca el cambio de blanco. La lógica se despliega sola. Si quienes llegan son invasores, quien les da agua colabora con la invasión. Quien les busca una cama es cómplice. Quien defiende sus derechos trabaja para el enemigo.
Esa gramática tiene una historia larga. El enemigo interior, el traidor, la quinta columna. Se aplicará primero a las organizaciones humanitarias, a las abogadas de extranjería, a las voluntarias de barrio, a las periodistas que cuentan lo que ocurre en la frontera. Alcanzará después a las personas negras y racializadas con pasaporte español, porque la categoría de enemigo se define por la piel mucho antes que por el papel. Quienes escribimos desde el antirracismo lo sabemos por una enorme experiencia acumulada. La ampliación del enemigo jamás se detiene en la frontera exterior.
Y aquí tenemos que hablar con la izquierda, sin rodeos. La gestión de esta crisis ha dejado a unas 5.000 personas en Ceuta, 1.200 de ellas menores, con 3.300 plazas de acogida disponibles. Hay puntos donde más de trescientas mujeres y niñas comparten tres baños portátiles sin duchas adecuadas. Hay personas alojadas que caminan kilómetros cuesta arriba para poder lavarse. Un mes después del cruce había más gente sin techo digno que con él. Todo eso ocurre bajo un gobierno que se presenta a sí mismo como el dique frente al racismo.
La Ley de Extranjería sigue en pie. Los CIE siguen abiertos. Las devoluciones en frontera siguen practicándose. El reparto de menores entre comunidades encontró gobiernos autonómicos dispuestos a incumplir la ley sin consecuencia alguna. Una izquierda que administra ese aparato mientras denuncia el discurso de odio ocupa una posición insostenible, y esa incoherencia es precisamente el combustible que alimenta a quienes prometen más dureza. El antirracismo no consiste en tener mejor vocabulario que la derecha. Consiste en desmontar la maquinaria que produce cuerpos desechables.
Lo que pedimos es concreto. Que se deje de competir en el terreno del control, porque en ese terreno gana siempre quien promete más crueldad. Que se nombre el racismo en sede parlamentaria y en los medios públicos con la misma claridad con que se nombran otras violencias. Que se protejan las organizaciones y las personas que sostienen la ayuda, porque serán el próximo blanco. Que se entienda que la vida de las personas migrantes no es una variable de negociación diplomática ni un asunto de gestión de plazas.
Hay más de mil personas esperando cuatro horas al sol por una bolsa que no alimenta, y hay vecinos que se sientan en la carretera para que esa bolsa no llegue. Una parte de este país mira esa escena y piensa que el procedimiento funciona. Ese pensamiento es el punto de partida de todo lo demás. Mientras siga siendo barato tenerlo y decirlo en voz alta, la escalada seguirá su curso.
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