El pasado jueves, el programa Horizonte, conocido por ser un altavoz de la extrema derecha en España, ofreció su espacio a Elena del Pilar Ramallo y Sonia Sierra para presentar su propuesta de prohibición del hiyab en las aulas. No es extraño que esta iniciativa sea acogida con entusiasmo en un programa que constantemente alimenta la islamofobia y el racismo bajo el disfraz de la defensa de valores occidentales, aunque desgraciadamente también se les ha dado espacio en programas de entretenimiento e informativos supuestamente «serios». Lo que sí resulta preocupante es que, una vez más, se pretenda usar la bandera del feminismo para justificar una política que lo que realmente busca es criminalizar a una minoría racializada.
Ramallo y Sierra no son defensoras de los derechos ni de la emancipación de las mujeres musulmanas. Tampoco tienen ningún interés en las niñas de familias que practican esta religión. La realidad es que son activistas de la extrema derecha, con un historial de discursos antinmigración y un claro interés en promover un ambiente de hostilidad hacia la diversidad en los centros educativos. Su objetivo es instrumentalizar el feminismo para justificar políticas de exclusión y xenofobia. Bajo la excusa de la igualdad de género, buscan imponer restricciones que solo sirven para alimentar la islamofobia y fortalecer el discurso de la ultraderecha.
La verdad es que esta propuesta legislativa no surge de un interés auténtico en la emancipación de las mujeres, sino de la necesidad de la extrema derecha de generar un enemigo interno que sirva para justificar la implementación de sus políticas represivas. La prohibición del hiyab ataca la libertad de las propias mujeres a las que dice querer defender, además de contribuir a la estigmatización de la comunidad musulmana reforzando los prejuicios racistas dentro de una sociedad que ya tiene abundantes.
Una prohibición que discrimina a las mujeres musulmanas
El principal problema de la propuesta de Ramallo y Sierra es que parte de una visión paternalista y autoritaria que niega la autonomía de las mujeres musulmanas. Bajo la excusa de la igualdad de género, lo que realmente hacen es imponer una única visión de la emancipación, una que pasa por despojar a estas mujeres de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y vestimenta.
El argumento de que el hiyab es un «símbolo de opresión» ignora que muchas mujeres los usan de manera voluntaria, como una expresión de identidad cultural, religiosa o política. Podemos debatir sobre su significado y dentro de Afroféminas hay diferentes posturas al respecto, pero prohibirlo no libera a nadie; al contrario, margina aún más a las mujeres musulmanas y las excluye de la educación y la vida pública.
La Constitución Española protege la libertad religiosa en su artículo 16, estableciendo que ninguna persona podrá ser obligada a declarar sobre sus creencias. Al prohibir el hiyab en las aulas, el Estado estaría interviniendo de manera ilegítima en la esfera privada y religiosa de las personas, algo que va en contra no solo de la Constitución, sino también de tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en varias sentencias que las restricciones a la vestimenta religiosa deben cumplir estrictos criterios de proporcionalidad y justificación objetiva. La propuesta de Ramallo y Sierra no supera este análisis, ya que no hay evidencia de que el hiyab represente una amenaza para el orden público, la seguridad o la convivencia.
Asimismo, el artículo 14 de la Constitución Española prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de sexo, religión u origen. La prohibición del hiyab vulnera este principio al dirigir una restricción específicamente contra mujeres musulmanas, excluyéndolas de la educación y limitando su participación en la sociedad en condiciones de igualdad.
El artículo 27 de la Constitución también protege el derecho a la educación, y una prohibición como la que plantean Ramallo y Sierra tendría el efecto contrario: alejaría a muchas niñas y jóvenes musulmanas del sistema educativo, en lugar de garantizar su acceso y participación.
La comparación con otros países europeos
Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta es que Francia y Austria han adoptado medidas similares, por lo que España debería seguir el mismo camino. Sin embargo, lo que omiten es el impacto negativo que estas políticas han tenido en la vida de las mujeres musulmanas en esos países.
En Francia, la prohibición del velo en las escuelas públicas ha dado lugar a un aumento de la exclusión social y ha llevado a muchas niñas y jóvenes a abandonar el sistema educativo. En lugar de promover la integración, estas medidas han servido para profundizar la estigmatización de las comunidades musulmanas y alimentar el discurso de la extrema derecha.
Además, estas políticas parten de una visión colonialista que asume que la única forma de ser mujer libre es asimilando los valores occidentales, sin tener en cuenta la diversidad de experiencias y perspectivas dentro del feminismo.
El problema de fondo es que las propulsoras de esta propuesta no parten de la escucha ni del diálogo con las propias mujeres musulmanas, sino de una imposición ideológica. ¿Desde cuándo la lucha feminista se basa en la restricción de derechos? ¿Por qué se criminaliza la vestimenta de una minoría mientras se ignoran otras formas de opresión dentro del sistema patriarcal?
No deja de ser irónico que quienes proponen esta prohibición ignoren deliberadamente que en los centros educativos públicos y concertados (que pagamos todas) de España se sigue impartiendo la asignatura de religión, donde se enseñan doctrinas que condenan el aborto, el sexo fuera del matrimonio y el divorcio, negando derechos fundamentales a las mujeres. La religión católica, con un estatus privilegiado en el sistema educativo, inculca principios que refuerzan la sumisión de la mujer a modelos patriarcales sin que ello parezca un problema para quienes ahora dicen querer «liberar» a las niñas musulmanas. Pero no somos ingenuas. Conocemos perfectamente la misoginia que existe en el Islam, igual que en otras religiones, y sabemos los discursos que se pronuncian en muchas mezquitas, del mismo modo que en muchas iglesias se sigue predicando el sometimiento de la mujer al hombre. Sin embargo, esta propuesta legislativa no busca la emancipación de las mujeres musulmanas, sino su estigmatización y exclusión social. No pretende mejorar sus condiciones de vida ni garantizar su autonomía, más bien su intención es convertirlas en blanco de una persecución institucionalizada que las aleje aún más de los espacios educativos y públicos, reforzando así las barreras que supuestamente pretende derribar.
Cuando señalamos en X la evidente parcialidad del programa Horizonte y su papel como altavoz de la extrema derecha, Elena del Pilar Ramallo reaccionó de la peor manera posible: movilizó a toda una legión de troles de ultraderecha contra nuestra humilde cuenta, recurriendo a una estrategia calumniosa para desacreditarnos. Con mala intención, nos acusó falsamente de defender la ablación femenina, una práctica que, además de ser una gravísima violación de los derechos humanos, está tipificada como delito en España. Esta difamación es una manipulación consciente destinada a silenciarnos y deslegitimar nuestro discurso. Desde hace más de 11 años, nuestra postura contra la mutilación genital femenina ha sido firme y pública, como cualquiera puede comprobar. Por ello, estamos estudiando emprender acciones legales contra Ramallo por es difamación, que no solo busca dañarnos y enturbiar un debate fundamental con acusaciones sin fundamento.
Lo que está en juego aquí es que el feminismo sea instrumentalizado para justificar políticas racistas. Si realmente queremos una sociedad igualitaria, debemos empezar por respetar la diversidad y no imponer modelos únicos de liberación.
Afroféminas
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