
La Fiscalía General del Estado (FGE), en una decisión que Afroféminas no puede sino rechazar, ha propuesto rebajar las penas para los delitos de odio cometidos a través de medios de comunicación social, Internet o tecnologías de la información. Esta propuesta, que sugiere la aplicación de multas o trabajos para la comunidad en lugar de penas de prisión, revela una preocupante falta de compromiso con la gravedad de estos delitos y con la protección efectiva de las víctimas.
Según el informe presentado por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Memoria de 2023, la Fiscalía argumenta que ciertos mensajes o contenidos difundidos públicamente, que incitan al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, tienen «menor entidad» y no deberían recibir un reproche penal tan severo. Esta postura resulta alarmante, especialmente considerando que los delitos de odio, particularmente aquellos de carácter racista, son una expresión extrema de violencia simbólica que perpetúa la opresión de colectivos históricamente marginados.
La Fiscalía sostiene que el régimen punitivo actual, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión, es «severo» y sugiere modificarlo para hacer las penas más proporcionales. Sin embargo, en Afroféminas crremos que estas penas, ya de por sí escasamente aplicadas por los jueces, son una herramienta indispensable para la protección de las comunidades vulnerables frente a la violencia racial y otras formas de discriminación.

El informe también minimiza la peligrosidad de estos delitos al describir a sus perpetradores como personas «comunes» que actúan de manera «impulsiva e irreflexiva». Esta caracterización, que trivializa el daño infligido a las víctimas, no hace sino invisibilizar la gravedad del racismo estructural y su impacto en la vida de quienes lo sufren.
Además, la propuesta de la Fiscalía de reemplazar las penas de prisión por alternativas como la visita a memoriales del Holocausto o trabajos en beneficio de la comunidad, sugiere un enfoque que, lejos de disuadir el racismo, parece otorgar un trato indulgente a quienes incurren en estos delitos. Esta medida no solo reduce la ya limitada aplicación de penas de prisión, sino que prácticamente abarata el costo de perpetrar delitos de odio, dejando a las víctimas en una posición aún más desprotegida.
Finalmente, aunque la Fiscalía menciona el incremento de «inadmisibles expresiones o discursos de contenido racista, xenófobo y homófobo» especialmente en el ámbito deportivo, es evidente que sus propuestas no se alinean con un compromiso real para erradicar estas formas de violencia. La lucha contra el racismo y la discriminación requiere acciones contundentes y coherentes, no una dilución de las consecuencias penales que, en la práctica, solo favorece a quienes perpetúan el odio.
Desde Afroféminas expresamos nuestra rotunda oposición a cualquier medida que disminuya la protección legal frente a los delitos de odio. La justicia debe tratar de que haya más condenas, que es el verdadero problema de la aplicación de los delitos de odio. Quizás tenga que ver que los propios jueces no creen en este artículo del código penal. Con el racismo y la xenofobia o la homofobia no se puede ser permisivo.
Afroféminas

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