Una diputada panameña presentó en abril el anteproyecto 215 que establece medidas para eliminar el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia en Panamá. Este anteproyecto cuenta con el apoyo de las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, representados por distintas organizaciones de ambas comunidades panameñas.
De acuerdo con la diputada Crescencia Prado la iniciativa busca integrar las normas internacionales suscritas por la República de Panamá en los reglamentos y programas que existen en favor de los pueblos indígenas y afrosdescendientes, dos de los pueblos que sufren discriminación y marginación social.
Panamá ha suscrito importantes convenios internacionales sobre la materia del racismo, la xenofobia y todas las formas de intolerancia, pero no hay en este momento normas que logren sumar buenas prácticas de convivencia social, pues a cada momento surgen distintos actos que desfavorecen a importantes segmentos de la sociedad panameña.
Pero, qué contiene esta futura iniciativa legislativa?. Una de los aspectos que contiene el anteproyecto es que resalta el deber del Estado en definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo. Es decir, las entidades del estado autónomas y semiautónomas deberán “adoptar o modificar” sus reglamentos internos a fin de sancionar toda agresión física, verbal, psicológica y hasta verbal de los servidores públicos por motivos racistas o discriminatorios.
Prevé la iniciativa, medidas de prevención y educación para contrarrestar los efectos del racismo y la discriminación en la administración pública.. Entre esas medidas mencionamos: la capacitación, la gestión y apoyo en la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación y el reconocimiento de los héroes y heroínas nacionales pertenecientes a los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidades interculturales.
La creación de un comité nacional contra el racismo y toda forma de discriminación, es la estructura que regulará, promoverá, diseñará e implementará las políticas y normativas integrales para combatir el racismo y toda forma discriminatoria. En la ley también se señala su composición y sus principales atribuciones.
Quizás el punto más importante en el anteproyecto 215 es el capítulo IV que trata sobre las infracciones y sanciones que van desde amonestaciones públicas, multas entre los 100 balboas (100 dólares americanos) hasta los mil balboas (1000 dólares americanos). Según la gravedad de ls comportamientos y actitudes racistas, xenófobas e intolerantes, la persona que incurra en ellas puede ser sancionada de 3 a 5 años de cárcel.
De mantenerse el enfoque de esta iniciativa legislativa podríamos tener en Panamá por primera vez un instrumento jurídico que logre por primera vez eliminar todo acto que se incurra en contra de la población afrodescendiente e indígena de Panamá.
Marcelina Samaniego
Periodista panameña.
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