El Gobierno autonómico de Aragón, en manos de PP y Vox, ha decidido suprimir la gratificación semanal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. La medida no afecta a los menores españoles bajo tutela, que seguirán cobrando esa misma cantidad. Es una decisión política que distingue el valor de una infancia según su origen.
La instrucción parte del Departamento de Bienestar Social, dirigido por el vicepresidente filonazi Alejandro Nolasco (Vox), quien ha calificado esta asignación de «propina» sin respaldo reglado y ha cifrado el ahorro en 180.000 euros anuales. Nolasco ha llegado a comparar ese dinero con el coste de «hasta siete plazas para ancianos en residencias», como si la dignidad de la infancia migrante y la atención a las personas mayores tuvieran que competir por las migajas de un presupuesto público que, paradójicamente, sí encuentra fondos para otras prioridades del pacto de gobierno entre PP y Vox, como bajar impuestos a las rentas de más de 100000€ o la teuromaquia .
Porque de eso se trata: el propio Ejecutivo reconoce que la eliminación de esta ayuda «responde también» al compromiso, recogido en ese pacto, de no destinar recursos públicos a la inmigración. Es decir, se trata de una política deliberada de desigualdad, que utiliza el cuerpo y la vida cotidiana de niñas y niños —muchos de ellos africanos y racializados— como terreno de disputa ideológica.
Los datos desmienten el relato del colapso
El discurso oficial insiste en la presión insostenible sobre el sistema de acogida. Sin embargo, los registros oficiales muestran que Aragón tutela actualmente a unos 238 menores extranjeros no acompañados, apenas la mitad de la capacidad estructural asignada a la comunidad. No existe tal saturación.
Esta retirada no llega sola. Se suma a una escalada que el Departamento de Bienestar Social viene desplegando desde el regreso de Vox al Ejecutivo aragonés: pruebas forenses para determinar la edad de los menores migrantes, refuerzo de seguridad en los centros específicos y comunicación institucional centrada en señalar a este colectivo. Un patrón que el propio Colegio de Educadores Sociales de Aragón ha denunciado públicamente por su irresponsabilidad.
El silencio cómplice de Azcón
Preguntado por la medida, el presidente Jorge Azcón (PP) ha optado por mirar hacia otro lado: «Es una decisión del Departamento y lo sensato es que sea el Departamento el que la explique». Esta escapismo es la fórmula habitual con la que el PP aragonés permite que Vox marque la agenda mientras se lava las manos. El silencio institucional ante el racismo nunca es inocente, lo normaliza.
Cuando un Estado o una comunidad autónoma decide que unas infancias merecen protección y otras no, no está gestionando recursos, está trazando una frontera racial dentro de sus propias políticas de bienestar. Un menor tutelado es un menor tutelado, tenga el pasaporte que tenga. Convertir 17 euros semanales en un símbolo de «prioridad nacional» es exhibir, sin pudor, a quién se considera digno de ser tratgado como un ser humano y a quién no.
La infancia migrante en Aragón vuelve a ser el terreno de prueba de un proyecto político que necesita enemigos pequeños para parecer fuerte. Es un racismo asqueroso y sin tapujos. Sois basura.
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