El pasado 10 de febrero, Salma, una mujer marroquí de 38 años, logró escapar de la casa donde había permanecido secuestrada durante 680 días en una pedanía de Murcia. Saltó una valla aprovechando que su captor dormía y caminó varios kilómetros hasta llegar a un centro de salud donde, por fin, alguien la vio. Su cuerpo mostraba las marcas de casi dos años de palizas, violaciones y vejaciones sistemáticas. Había perdido varios dientes, la visión de un ojo, y parte de sí misma que tardará mucho en recuperar. La Policía detuvo a Alberto S.M., su pareja de 54 años, junto a tres personas más acusadas de encubrimiento, entre ellas su propia hija.
Salma desapareció el 1 de abril de 2024. Su familia en Barcelona denunció su ausencia y la organización SOS Desaparecidos publicó su ficha con los datos habituales, altura, complexión, color de ojos, sin que ningún medio prestara demasiada atención. Durante meses, la hipótesis oficial fue que se trataba de una desaparición voluntaria, una fuga. Nadie buscó más allá. Nadie conectó los puntos. Nadie preguntó quién era esa mujer marroquí que se había evaporado en la huerta murciana. Su nombre no apareció en titulares, no hubo campañas en redes sociales, no se movilizaron recursos especiales. Simplemente, dejó de existir.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), que ha ofrecido acompañamiento jurídico a Salma tras su liberación, lo ha expresado con claridad demoledora en su comunicado oficial, «el silencio es cómplice. La omisión de denuncia por parte de quienes conocen o sospechan una situación de maltrato solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas y protege al agresor». Esta afirmación interpela a los vecinos que escucharon golpes y llantos durante dos años y pensaron que eran «peleas de pareja», a las instituciones que clasificaron su caso como fuga voluntaria, y a una sociedad que mira hacia otro lado cuando la víctima tiene un nombre árabe y un rostro que no encaja en el molde de la víctima «perfecta».
Existe un fenómeno estudiado por sociólogos y criminólogos que lleva décadas documentándose en Estados Unidos y que tiene un nombre en inglés : Missing White Woman Syndrome, el síndrome de la mujer blanca desaparecida. La teoría, respaldada por estudios empíricos como el publicado en 2016 en el Journal of Criminal Law and Criminology, demuestra que las mujeres blancas, jóvenes, de clase media y consideradas atractivas reciben una cobertura mediática desproporcionada cuando desaparecen. Las mujeres racializadas, migrantes, pobres o de origen extranjero quedan relegadas al silencio estadístico. Cuando el caso de Gabby Petito conmocionó a Estados Unidos en 2021, activistas recordaron que solo en Wyoming, donde encontraron sus restos, 710 personas indígenas habían sido reportadas como desaparecidas entre 2011 y 2020 sin que ninguna recibiera un titular nacional.
En España, el fenómeno no tiene nombre propio, pero opera con la misma lógica. Cuando Diana Quer desapareció en 2016, los medios dedicaron semanas a reconstruir su vida, sus gustos, su entorno. María Teresa Campos publicó un llamamiento en sus redes sociales. Famosos se sumaron a la búsqueda. El caso de Salma, en cambio, apenas mereció menciones puntuales en medios locales murcianos. La diferencia no está en la gravedad de lo ocurrido. Está en quién desaparece.
El profesor Zach Sommers, sociólogo de la Universidad de Northwestern, identificó dos tipos de disparidad en la cobertura de personas desaparecidas. La primera tiene que ver con el umbral de atención, es decir, si una persona desaparecida consigue o no captar el interés mediático. La segunda se refiere a la intensidad de esa cobertura una vez que existe. Las personas afrodescendientes, según su investigación, enfrentan ambas barreras simultáneamente. Las personas migrantes y racializadas en España experimentan exactamente lo mismo, desaparecen doblemente, primero de la vista pública y después de la memoria colectiva.
Los datos oficiales confirman esta vulnerabilidad específica. Según el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el 43% de las víctimas mortales por violencia de género en España entre 2006 y 2022 fueron mujeres extranjeras, a pesar de representar aproximadamente el 10% de la población femenina del país. El Consejo General del Poder Judicial señala que en 2024 el porcentaje de mujeres extranjeras asesinadas ascendió al 50%, la cifra más alta de la serie histórica. El riesgo empírico de sufrir violencia de género para una mujer de origen extranjero es 4,6 veces superior al de las españolas.
El informe MIGRADAS, elaborado por el Movimiento por la Paz y financiado por el Ministerio de Inclusión, revela que el 63% de las mujeres migrantes en España han sufrido algún tipo de violencia, siendo la violencia psicológica y emocional la más común y la menos reconocida. Las principales barreras para denunciar incluyen el miedo, la vergüenza, la falta de información en su idioma y, sobre todo, el terror a las consecuencias administrativas. El Grupo de Expertos del Convenio de Estambul (GREVIO) ha expresado su «especial preocupación» por cómo las mujeres migrantes en España están «desproporcionadamente representadas entre las víctimas de violencia de género» y enfrentan «obstáculos sustanciales» para obtener protección.
El caso de Salma condensa todas estas violencias en una sola historia. Fue captada mediante engaños por un hombre con antecedentes por violencia machista, un dato que debería haber encendido todas las alarmas del sistema. La primera vez que la golpeó fue el mismo día del secuestro, según su propio testimonio a la policía, «me dio una paliza de muerte, me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava y que iba a obedecer todas sus órdenes». Durante 680 días la mantuvo encerrada en una casa aislada en zona de huertos, la maniataba, la violaba, la amenazaba con armas de fuego que la policía encontró durante el registro junto a estupefacientes y cuerdas.
El aislamiento físico se sumó al aislamiento social inherente a su condición de mujer migrante sin redes de apoyo cercanas. Su familia vivía en Barcelona. Sus vecinos, según testimonios recogidos por los medios locales, vieron entrar y salir al secuestrador sin sospechar nada. Algunos admiten haber escuchado ruidos, pero asumieron que eran discusiones domésticas. Tres de esos vecinos han sido detenidos por encubrimiento, lo que demuestra que el conocimiento de la situación existía y fue deliberadamente silenciado.
Esta complicidad social tiene raíces profundas en la forma en que se construye la imagen de las mujeres migrantes y racializadas. La investigadora Danielle Slakoff, de la Universidad Estatal de California, ha documentado cómo las mujeres y niñas blancas desaparecidas reciben una cobertura inicial más intensa, una narrativa más humanizada y una caracterización que las presenta como «buenas personas» víctimas de circunstancias extraordinarias. Las mujeres de color, en cambio, suelen ser retratadas como cómplices de sus propias desapariciones, como personas que tomaron «riesgos innecesarios» o que provenían de «entornos inseguros» donde la victimización se normaliza.
Esta doble victimización, la violencia sufrida y el silencio que la rodea, forma parte de lo que el pensamiento feminista negro ha teorizado durante décadas. La abogada y profesora Kimberlé Crenshaw acuñó el término interseccionalidad precisamente para nombrar cómo las mujeres negras experimentaban discriminaciones específicas que no podían explicarse sumando racismo y sexismo por separado. Las mujeres en la intersección de múltiples opresiones, género, raza, clase, estatus migratorio, enfrentan violencias compuestas que el sistema no está diseñado para reconocer ni para atender.
El caso de Wafaa Sebbah, la joven de origen marroquí asesinada en Carcaixent por «El Tuvi» tras meses de acoso, tortura y violaciones, ilustra la misma pauta. Como señalamos desde Afroféminas durante el juicio, si Wafaa hubiera sido una joven blanca de ojos azules, los medios no habrían hablado de otra cosa. La deshumanización sistemática de las víctimas racializadas atraviesa el tratamiento mediático, la respuesta institucional y la movilización social. Algunas vidas, parece, merecen más titulares que otras.
Salma se rescató a sí misma. Escapó porque encontró una escalera olvidada en el jardín. Sobrevivió porque tuvo la fuerza de trepar un muro y caminar kilómetros con el cuerpo destrozado. Su liberación no llegó gracias al sistema de protección a víctimas de violencia de género ni a una investigación policial activa. Llegó porque ella misma decidió que su vida valía más que el infierno en el que estaba atrapada.
Ahora se encuentra en una casa de acogida especializada, recibiendo atención médica y psicológica. Los cuatro detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia. Alberto S.M. enfrenta cargos por detención ilegal, agresión sexual y violencia de género que podrían traducirse en prisión permanente revisable. La investigación sigue abierta.
Su historia debería servir para algo más que alimentar el morbo de los programas vespertinos. Debería obligarnos a preguntarnos por qué una mujer puede desaparecer durante casi dos años sin que nadie la busque realmente. Por qué el sistema clasificó su caso como «fuga voluntaria» con una facilidad que no habría tenido si su nombre hubiera sido otro. Por qué los vecinos escucharon gritos durante meses sin llamar a la policía. Por qué los medios apenas mencionaron su desaparición cuando ocurrió.
Las respuestas apuntan siempre al mismo lugar, una estructura que jerarquiza las vidas según el color de la piel, el lugar de nacimiento y el estatus migratorio. Una sociedad que asume que ciertas violencias son previsibles, casi naturales, cuando las sufren ciertos cuerpos. Un feminismo que, si no integra la lucha antirracista en su núcleo, seguirá dejando fuera a las mujeres que más protección necesitan.
Salma ya no está desaparecida. Ahora tiene nombre, rostro, historia. Que su caso nos obligue a ver también a todas las que siguen invisibles.
Si sufres violencia de género o conoces a alguien que la sufra, puedes llamar al 016, disponible 24 horas en 53 idiomas, incluido el árabe. La llamada no deja rastro en la factura telefónica. También puedes contactar por WhatsApp al 600 000 016 o escribir a 016-online@igualdad.gob.es
Tania Castro
Historiadora
Santander (España)
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