El informe GRAIS «¡Con eso no!» ha destapado una profunda fractura en el feminismo español que trasciende la cuestión del velo islámico para revelar tensiones estructurales sobre racismo, colonialismo y quién tiene derecho a definir la emancipación de las mujeres. El pasado enero de 2026, 30 organizaciones feministas blancas pidieron explicaciones al Instituto de las Mujeres por financiar un estudio que documenta la discriminación de jóvenes musulmanas en centros educativos, mientras un contramanifiesto firmado por más de 30 colectivos feministas respondía «¡No en nuestro nombre!». Esta polarización no es nueva. Las mismas organizaciones que hoy acusan al informe de “normalizar la imposición del velo” han mantenido posiciones cerriles contra los derechos de las personas trans y han coincidido en discursos con la extrema derecha, lo que revela una alianza vergonzante que desde el feminismo interseccional denunciamos como instrumentalización del lenguaje feminista para fines xenófobos.
El informe GRAIS documenta una discriminación sistemática e invisible
El estudio «¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo», coordinado por Laura Mijares del Grupo de Análisis sobre Islam en Europa de la Universidad Complutense de Madrid, representa la investigación más exhaustiva hasta la fecha sobre esta realidad. Financiado por el Instituto de las Mujeres entre 2020 y 2023, el informe recoge 73 casos documentados de discriminación y 26 entrevistas en profundidad realizadas en nueve comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, Asturias, Ceuta y Melilla.
Los testimonios recogidos revelan una violencia institucional cotidiana que permanecía invisible. Una estudiante de Lleida relata que “cuando te dicen ‘normativa’ tú no piensas si es interna o externa, crees que es algo muy gordo y que lo tienes que respetar”. Otra alumna de Alcalá de Henares describe que “en el salón de actos, con muchísima gente, empezó a gritarme: ‘¿No puedes llevar eso aquí, cómo llevas eso aquí? Tienes que quitártelo’”. El caso más extremo corresponde a una estudiante que acumuló 23 partes disciplinarios por el simple hecho de llevar velo a clase.
El informe demuestra que esta discriminación “se sustenta en la islamofobia, definida como una forma de racismo culturalista contra las personas musulmanas o percibidas como tales”. Las investigadoras subrayan que “la laicidad en el derecho español obliga a la institución educativa, y no a sus usuarias” —una distinción jurídica fundamental que los centros educativos ignoran sistemáticamente—. Las prohibiciones, argumenta el informe, “están yendo por encima de la ley” y serían impugnables ante el Tribunal Constitucional.
Resulta sorprendente que las organizaciones firmantes del manifiesto contra el informe GRAIS pasen por alto estos actos de discriminación documentados, validando comportamientos humillantes y ofensivos contra estas jóvenes. Independientemente de la postura sobre el uso del pañuelo, estas estudiantes han sufrido vejaciones intolerables que cualquier feminismo debería denunciar, no silenciar.
Feminismo de posiciones trans-excluyentes y xenófobas
La carta enviada al Instituto de las Mujeres fue firmada por organizaciones con un viejo historial de señalamiento de algunos colectivos vulnerables. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y el Fórum de Política Feminista han liderado la oposición a la Ley Trans de 2023, exigiendo su derogación y alegando que «borra a las mujeres» y «afecta negativamente a los espacios seguros». Estas organizaciones comparten perfiles con figuras como Teresa Nevado, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, quien llegó a comparar la transición de género con la anorexia.
Las coincidencias con la extrema derecha y los conservadores están documentadas. Alberto Núñez Feijóo se reunió con la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres antes de la tramitación parlamentaria de la Ley Trans, y según nota del PP “coincidieron en la necesidad de retirar este proyecto de ley”. El PP, que ya no teme parecerse a VOX, y ha asumido sus marcos ideológicos, su lenguaje, incluyendo hablar de ‘borrado de mujeres’ —término acuñado por estas organizaciones—. El caso más extremo es el del Partido Feminista de Lidia Falcón, que participó en marzo de 2021 en un acto organizado por HazteOír junto a diputados de VOX, lo que provocó su expulsión de Izquierda Unida.
Un estudio de la FELGTBI+ y 40dB identificó que “el discurso contra el colectivo LGTBIQ+ procede de dos comunidades: la extrema derecha y las feministas transexcluyentes”, señalando al hashtag #ContraElBorradoDeLasMujeres como “espacio con claros tintes tránsfobos”.
La coincidencia de objetivos entre cierto feminismo y la ultraderecha se hace explícita en el caso de Elena Ramallo, doctora en Derecho y colaboradora de Iniciativa 2028, una plataforma alineada con el discurso de líderes como Giorgia Meloni. Ramallo lidera la campaña «Por una España Libre de Velos», que alerta sobre un supuesto “silencioso proceso de islamización” y ha encontrado acogida en programas como Horizonte, conocido por amplificar los mensajes de la extrema derecha. VOX fue el primer partido en reunirse con ella para estudiar su propuesta. Ramallo y sus aliadas no buscan la emancipación de las mujeres musulmanas. Su estrategia consiste en instrumentalizar el lenguaje feminista para que otros —medios, partidos, instituciones— hagan el trabajo de imponer políticas de exclusión y alimentar la islamofobia, mientras ellas se presentan como defensoras de los derechos de las mujeres. Es la dinámica clásica del feminismo que externaliza la opresión y pretende que le hagan el trabajo sucio.
Pero Ramallo es de extrema derecha. Lo preocupante es lo que subyace dentro del feminismo transexcluyente, que ya asume el discurso de que la inmigración musulmana está elacionada con la violencia sexual y los delitos sexuales. compartiendo marcos ideológicos con VOX. El partido de extrema derecha ha construido su campaña sobre la falsa premisa de que los inmigrantes son responsables del aumento de delitos sexuales. Santiago Abascal ha afirmado que los inmigrantes «han venido a violar, a matar y a robar», llegando a declarar falsamente que «el 70% de los imputados en violaciones grupales son extranjeros». Los datos del Ministerio del Interior desmienten esta narrativa: el 70,1% de los investigados por delitos sexuales en España son españoles.
El contramanifiesto reivindica un feminismo plural e interseccional
En respuesta, Feministas contra la Islamofobia impulsó el manifiesto «¡No en nuestro nombre!», firmado por colectivos como Anticapitalistas, Jornaleras de Huelva en Lucha, la Asociación de Chicas Musulmanas de España (ACHIME), la Asamblea Feminista de Madrid, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados (SINTRAHOCU) y Movimiento Sumar, entre más de treinta organizaciones.
El texto es contundente. “Nosotras, las firmantes de este manifiesto, feministas antirracistas —porque el feminismo solo puede ser antirracista— nos oponemos categóricamente a la prohibición del pañuelo musulmán en los centros educativos del Estado español. Esta medida vulnera los derechos fundamentales de las alumnas y las docentes, atenta contra su libertad individual, obstaculiza su inclusión socioeducativa y laboral, y va en contra del respeto a la diversidad; y sobre todo, es profundamente antifeminista”.
“Como feministas, apoyamos a las mujeres cuya lucha contra la obligación de llevar pañuelo —como ocurre en Irán— se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al régimen dictatorial. Por la misma razón, debemos oponernos a su prohibición en Europa. En ambos casos, los estados, como ejecutores de leyes patriarcales, regulan los cuerpos femeninos y niegan la autonomía de las mujeres”.
Laura Mijares plantea la pregunta central. “¿Quién está oprimiendo a estas mujeres musulmanas en el Estado español? La mayoría de ellas lo que nos dicen es que la mayor opresión es el Estado, las instituciones, que les están diciendo una vez más a las mujeres cómo tienen que vestirse”.
De Parla a Logroño: los casos que visibilizan la discriminación
El caso de Parla en febrero de 2025 cristalizó la resistencia estudiantil. Tres institutos —IES Narcís Monturiol, IES Nicolás Copérnico e IES Humanejos— mantenían prohibiciones del hiyab camufladas en normas generales contra “prendas que cubran la cabeza”. El 26 de febrero, aproximadamente 150 estudiantes se manifestaron bajo el lema “No es laicismo, no. Es islamofobia y racismo”. Khadija, estudiante de 18 años, relata que el primer día de clase la Jefa de Estudios le dijo “Quítate eso de la cabeza que no te va a dejar pensar”. Fátima, de 16 años, describe que “quitarse el hiyab se asemeja a tener que quitarnos el pantalón, sentimos una humillación muy violenta”.
En La Rioja, una alumna de 17 años del IES Práxedes Mateo Sagasta fue expulsada el 15 de septiembre de 2025 por llevar hiyab. Su petición en Change.org recogió 8.000 firmas en una semana. El 27 de enero de 2026, el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Logroño emitió una sentencia histórica declarando que la prohibición “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El fallo considera que equiparar el hiyab a gorros y gorras “peca de ser excesivamente simplista y frívola, resulta desafortunada y criticable”. La indemnización fue de 2.000 euros por daños morales.
Esta sentencia representa un potencial cambio de tendencia jurisprudencial respecto al caso Najwa Malha de 2010, cuando el Juzgado de Madrid falló a favor del instituto que expulsó a una alumna por llevar velo. La sentencia de Logroño es recurrible ante el TSJ de La Rioja.
El “feminismo ilustrado” y sus críticas contra la interseccionalidad
Este debate revela dos paradigmas feministas irreconciliables. El autodenominado “feminismo ilustrado” y el que nosotras llamamos feminismo blanco, representado por académicas como Celia Amorós y Amelia Valcárcel, parte de los principios de la Ilustración —libertad, igualdad, universalismo— y considera el hiyab un símbolo de sumisión patriarcal. Escritoras de origen magrebí como Najat El Hachmi y Mimunt Hamido Yahia han adoptado posiciones prohibicionistas. El Hachmi afirma ser “partidaria de prohibir el velo en los centros educativos de primaria y secundaria […] por razón feminista. Esto es, por respeto a la igualdad entre hombres y mujeres”. Hamido sostiene que “cuando tú llevas el hiyab tienes que asumir que no puedes decir que eres feminista, estás llevando un símbolo patriarcal”.
Ángeles Ramírez y Laura Mijares, en su libro “Los feminismos ante el islam” (Catarata, 2021), critican esta corriente por negar “la posibilidad de agencia de las mujeres que llevan hiyab, acusándolas de falsa conciencia” y por explicar sus opresiones “únicamente en términos culturalistas, algo clásico en las lógicas coloniales”. Proponen un cambio de enfoque. “Hablemos más de racismo y de islamofobia y menos del hiyab”. Citando a Bourdieu, señalan que “el velo permite expresar posiciones racistas inconfesables escudándose detrás de la defensa de grandes principios como la libertad o la igualdad”.
El feminismo interseccional identifica lo que Ramírez y Mijares denominan “islamofobia de género”: la doble opresión que afecta a las mujeres musulmanas, racializadas y sexualizadas simultáneamente. Una estudiante catalana citada en el informe GRAIS lo expresa con así: “El feminismo blanco reproduce una actitud profundamente imperialista. Consideran que somos tontas, que no tenemos nada que decir, que nos han convencido”.
El marco legal español carece de regulación específica
España presenta una situación de inseguridad jurídica. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad religiosa “sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público”. La Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa reconoce el derecho a “manifestar libremente sus propias creencias”. La Ley 26/1992 establece un acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España, aunque ninguna de estas normas menciona el hiyab.
A diferencia del modelo francés de laicidad estricta —donde la Ley de 2004 prohíbe símbolos religiosos ostensibles en escuelas públicas—, España es un Estado aconfesional donde la neutralidad religiosa vincula a las instituciones y no a los ciudadanos. La ausencia de regulación específica deja la decisión en manos de los reglamentos internos de cada centro educativo, generando criterios dispares y arbitrarios.
La sentencia de Logroño de enero de 2026 establece que el hiyab constituye un “elemento religioso” y no un complemento estético, que los reglamentos de centros no pueden vulnerar derechos fundamentales, que la autonomía de los centros “no es absoluta” y que no existen razones de orden público que justifiquen la restricción. Esta sentencia podría sentar doctrina si es confirmada por instancias superiores, aunque el Tribunal Constitucional español aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión.
Una investigación de enero de 2025 reveló que el 74,82% de musulmanes en España percibe discriminación en acceso a vivienda, 7 de cada 10 sufren negativas por su acento al buscar alquiler, y 6 de cada 10 musulmanas son excluidas de ofertas de trabajo por llevar velo. El Informe Anual de Islamofobia 2020 documentó 546 ataques islamófobos en España, el 21% dirigidos contra mujeres.
Lo que está en juego es la definición misma del feminismo
Este debate trasciende el uso de una prenda para plantear preguntas fundamentales sobre el proyecto feminista. ¿Puede un feminismo que niega las necesidades de determinadas mujeres llamarse emancipador? ¿Hasta qué punto la preocupación por “liberar” a las mujeres musulmanas reproduce lógicas coloniales de salvación? ¿Cómo se explica que organizaciones que se llaman feministas coincidan sistemáticamente con posiciones de la extrema derecha que afectan a mujeres racializadas?
El manifiesto «¡No en nuestro nombre!» ofrece una respuesta. “Las formas de vivir una fe religiosa son diversas: ni del uso de una cruz católica se deriva automáticamente que la portadora sea una tradicionalista de extrema derecha, ni del hiyab debería deducirse que su usuaria sea una mujer sometida o fundamentalista. También las mujeres musulmanas tienen derecho a vestir de acuerdo con sus sentimientos, creencias y preferencias”. La sentencia de Logroño, las manifestaciones estudiantiles de Parla y el propio informe GRAIS señalan un cambio. Las jóvenes musulmanas españolas ya no aceptan que hablen por ellas.
Redacción Afroféminas
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