La decisión del PSOE de ceder competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya ha generado un profundo debate dentro de la izquierda española. Mientras que Podemos se ha mostrado tajantemente en contra, acusando a Junts de querer «descentralizar el racismo», Sumar se encuentra dividido. Sin embargo, más allá de las disputas partidistas, el problema fundamental radica en la instrumentalización de la inmigración como moneda de cambio política.
Desde Podemos, Pablo Fernández ha manifestado que esta cesión de competencias no responde a un deseo de autogobierno, sino a una estrategia de Junts para endurecer las políticas migratorias en Catalunya. Su oposición se presenta como un firme rechazo a la xenofobia institucionalizada. Sin embargo, en el haber de la formación morada, está que haya formado parte de un gobierno que mantuvo los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que permitió la masacre en la valla de Melilla en 2022, donde murieron al menos 37 personas. Nos congratulamos de esta posición actual, pero no olvidamos la anterior.
Por otro lado, Sumar mantiene una postura más ambigua, muy del estilo indeciso y cobarde de la formación. Mientras figuras clave como Yolanda Díaz y Ernest Urtasun respaldan el acuerdo, dentro de la formación han surgido voces críticas como la de Elizabeth Duval o el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ya ha anunciado que votará en contra. Esta falta de consenso interno refleja la dificultad de la izquierda española para afrontar el debate migratorio sin caer en contradicciones.
La delegación de competencias en inmigración a Catalunya plantea un peligro evidente: que la gestión de la migración dependa de gobiernos autonómicos con agendas marcadamente racistas. Junts ha demostrado en múltiples ocasiones su rechazo a la población migrante, intentando crear barreras de exclusión y promoviendo políticas restrictivas. La posibilidad de que una administración nacionalista con antecedentes xenófobos tenga control sobre la inmigración no es una cuestión menor.
Sin embargo, la crítica de Podemos también debe mirarse con escepticismo. Su discurso contra el racismo de Junts es válido, pero no puede obviar su propia responsabilidad en la política migratoria española. En los últimos años, la izquierda institucional ha demostrado una preocupante incapacidad para proteger los derechos de las personas migrantes.
Más allá de la disputa entre partidos, la comunidad migrante sigue siendo el blanco de negociaciones políticas donde se habla de ellos, pero no con ellos. Mientras el PSOE, Podemos y Sumar discuten sobre qué administración debe gestionar la inmigración, el debate real debería centrarse en cómo garantizar los derechos de las personas migrantes y cómo desmantelar las estructuras racistas del Estado. Si la izquierda quiere ser coherente, debe dejar de instrumentalizar la migración para sus pugnas internas y asumir su responsabilidad en la perpetuación de un sistema que discrimina y excluye.
Redacción Afroféminas
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