Esta semana han llegado dos noticias por separado que nos cuentan la misma historia. Un soldado negro muere en un accidente dentro de una base militar y el Ejército de Tierra tiene que retirar su foto de redes ante el aluvión de insultos racistas que recibió en los comentarios. En Ceuta se siguen conociendo vídeos y audios de militares de Regulares y de la Legión golpeando, torturando y humillando a personas migrantes. Es un mismo racismo con dos caras. El uniforme no protege al cuerpo negro que lo viste, mientras da impunidad a quien golpea cuerpos racializados.
El jueves 22 de octubre un soldado, Sergio Ajenjo Cordero, de poco más de veinte años, murió atropellado por un camión en el interior de la base Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba). Había ingresado en el Ejército de Tierra en 2025 y estaba destinado en la Compañía de Transmisiones. La Guardia Civil investiga las causas. Era un chico joven que empezaba su vida profesional. Era también un chico negro.
El Ejército de Tierra publicó en X un mensaje de condolencia con su retrato de uniforme, delante de la bandera de España. Poco después lo borró y lo sustituyó por otro con el logo de la institución y un lazo negro. No hay versión oficial sobre el motivo. Pero lo cierto es que la publicación se llenó de comentarios de odio racistas a los pocos minutos de publicarse.
A las personas negras nacidas o criadas en España se nos exige una prueba permanente de pertenencia. Se nos pregunta de dónde somos de verdad. Se nos felicita por lo bien que hablamos. Se nos recuerda en cada mirada que la nación es un club con derecho de admisión. Lo saben nuestras madres y nuestros padres migrantes, y lo sabemos sus hijas e hijos.
Este chico vistió el uniforme y sirvió en el Ejército de su país. Nada de eso bastó. Ni la muerte le dio tregua. La españolidad condicional funciona así. Se concede cuando conviene, con la camiseta de la selección o con la bandera en el pecho, y se retira en cuanto un comentario anónimo decide que sobramos. Para el racismo, un cuerpo negro de uniforme sigue siendo un intruso.
Mientras tanto, en Ceuta, el uniforme cumple la función contraria. A finales de julio entraron en la ciudad decenas de miles de personas. Desde entonces se acumulan las denuncias de violencia contra ellas. Amnistía Internacional entrevistó entre el 10 y el 15 de septiembre a 65 personas migrantes y solicitantes de asilo. Veintidós relataron palizas, intimidaciones, humillaciones y robos de dinero y móviles atribuidos a militares. Cerca de la mitad eran menores. Hablan de golpes con porras y botas, de personas inmovilizadas con bridas, de golpes en la cabeza y de amenazas para que abandonen la ciudad. La organización describe un patrón, en particular en unidades de Regulares y de la Legión, y habla de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Su informe señala también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Después llegaron los audios publicados por elDiario.es. En ellos al menos tres militares presumen entre risas de sus palizas a migrantes durante una guardia. Uno asegura que «sin guantes mola más». Otro cuenta que los Regulares disfrutaron de verdad. Hablan de engaños para atrapar a personas marroquíes antes de golpearlas y de pruebas que podrían constituir un delito de torturas. Y llegó el vídeo. Cinco soldados del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 despiertan a varios chavales que dormían en la calle, en la barriada del Mixto, y les exigen que se vayan. Uno de ellos abofetea a un migrante que parece menor de edad mientras le grita que solo entienden la humillación. Las risas son lo más revelador.
La respuesta del Gobierno ha sido de una tibieza que da vergüenza. Ante el informe de Amnistía y ante los audios, el Ministerio de Defensa se ha limitado a remitir la información al juzgado de Ceuta y a la Fiscalía. La ministra Margarita Robles lo ha repetido desde Melilla, y en esa misma intervención ha reivindicado el gran papel de las Fuerzas Armadas en Ceuta. Enviar los hechos a la Fiscalía es lo mínimo que exige la ley. No es una respuesta política.
Lo que ha pasado en Ceuta no es cosa de unos pocos uniformados. Es la consecuencia de algo que llevamos años denunciando: la extrema derecha se ha instalado dentro de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, y quienes gobiernan han decidido no verlo. No hablamos de manzanas podridas. Hablamos de una cultura institucional que se tolera, se protege y se encubre.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, tiene a su cargo la Policía Nacional y la Guardia Civil, también señaladas por Amnistía. No hay explicaciones públicas, ni investigación independiente, ni responsabilidades. Un Gobierno que se dice progresista no puede seguir mirando hacia otro lado. Cuando las víctimas son personas migrantes, marroquíes, negras o menores, la tortura se rebaja a trámite administrativo. Esa es la vara de medir del racismo institucional, y quien la sostiene desde un ministerio también es responsable.
Este fascismo no se queda en los cuarteles. Hace tiempo que ha encontrado casa en el sindicalismo policial. Lo venimos leyendo y denunciando desde hace años: la extrema derecha se ha infiltrado en prácticamente todos los sindicatos policiales. Basta un ejemplo: en 2024 el SUP llegó a firmar un acuerdo con Desokupa para formar a agentes en desalojos. Cuando quienes deben proteger a la ciudadanía se forman con una empresa que hace del matonismo su negocio, el problema no es individual. Es político.
Y lo vemos en la calle, sin necesidad de informes. Las fuerzas de seguridad del Estado cargan con violencia contra las manifestaciones de la izquierda, contra el antirracismo, contra el feminismo, contra quienes defienden la vivienda o Palestina. Y a la vez protegen, escoltan y acompañan con una tolerancia escandalosa las concentraciones de la extrema derecha. Un doble rasero que retrata de qué lado está una parte de quienes llevan el uniforme. Un Estado que permite esto está eligiendo bando.
El insulto anónimo al soldado muerto y las torturas a los migrantes que duermen en la calle en Ceuta salen del discurso que deshumaniza a las personas migrantes y racializadas y acaba encontrando manos que lo ejecutan. Y las instituciones que miran hacia otro lado les dan un permiso implícito.
Por eso no nos basta con condenas genéricas. Exigimos una investigación independiente y transparente de todo lo ocurrido en Ceuta. Exigimos que las responsabilidades lleguen a los mandos y a los ministerios. Exigimos protocolos antirracistas reales en Defensa e Interior, y que el racismo y la presencia de la extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad se investiguen y erradiquen. Exigimos protección inmediata para las niñas, los niños y las mujeres que siguen viviendo en la calle en Ceuta.
A la familia de ese chico de Cerro Muriano le enviamos nuestro abrazo. Su hijo merecía una despedida con respeto. Como la merece cada persona que cruzó a nado hasta Ceuta buscando una vida.
Afroféminas
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