El domingo 15 de septiembre de 1963, a las 10:22 de la mañana, una carga de dinamita colocada bajo la escalinata este de la Iglesia Bautista de la Calle 16, en Birmingham, Alabama, reventó el muro de ladrillo del sótano. Minutos antes había sonado el teléfono del templo. Una voz anónima dio un aviso de dos palabras a la adolescente que atendió. Tres minutos. Abajo, cinco niñas se arreglaban frente al espejo del aseo antes del oficio. Addie Mae Collins, de catorce años, ajustaba el lazo del vestido de Denise McNair, de once. Con ellas estaban Carole Robertson y Cynthia Wesley, ambas de catorce, y Sarah Collins, de doce, hermana pequeña de Addie Mae. La explosión mató a las cuatro primeras e hirió a una veintena de personas. La quinta perdió el ojo derecho y salió de allí con esquirlas de cristal alojadas en el cuerpo, algunas de las cuales sigue llevando dentro.
La cuenta de aquel domingo no se cierra con esos cuatro nombres. En las horas siguientes murieron dos adolescentes negros más. Johnny Robinson, de dieciséis años, recibió un disparo por la espalda de un agente de policía mientras huía por un callejón durante los disturbios que siguieron al atentado. Virgil Ware, de trece, viajaba sentado en el manillar de la bicicleta de su hermano cuando dos chicos blancos de dieciséis años, que regresaban de un mitin segregacionista, le dispararon en el pecho y la cara. Un jurado íntegramente blanco los condenó por homicidio en segundo grado a siete meses de cárcel. El juez suspendió la pena y les impuso dos años de libertad vigilada. Dos grandes jurados se negaron a procesar al policía que mató a Robinson. Nadie respondió nunca por esa muerte.
Quince días después de la bomba, la policía detuvo a Robert Chambliss, veterano del Ku Klux Klan al que en Birmingham llamaban Dynamite Bob por las decenas de atentados que se le atribuían contra casas de familias negras. El barrio donde vivía el abogado de la NAACP Arthur Shores era conocido como Dynamite Hill por la frecuencia de esos ataques. A Chambliss lo acusaron de posesión ilegal de dinamita, una falta. Cien dólares de multa y seis meses de cárcel que quedaron en suspenso. Su sobrina declaró ante el FBI que el día antes del atentado él había anunciado que después del domingo los negros suplicarían la segregación. El tribunal mantuvo la condena por la falta. Un colaborador de Martin Luther King describió aquel procedimiento como una farsa.
En mayo de 1965, un memorando interno del FBI dirigido a su director, J. Edgar Hoover, concluía que la bomba era obra de cuatro klanistas identificados con nombre y apellido. Chambliss, Bobby Frank Cherry, Herman Frank Cash y Thomas Edwin Blanton Jr. En 1968 la agencia cerró la investigación sin presentar cargos. Un informe del Departamento de Justicia elaborado en 1980 concluyó que Hoover había bloqueado el procesamiento de los cuatro. El propio FBI sostiene hoy otra versión en su archivo público del caso, donde afirma que su director consideraba insuficiente la prueba y que las escuchas telefónicas no eran admisibles ante un tribunal. Las dos lecturas coinciden en el resultado material. Durante cinco años el Estado supo quiénes habían puesto la dinamita y no hizo nada con ese conocimiento.
El expediente empezó a moverse en 1971, cuando Bill Baxley tomó posesión como fiscal general de Alabama con veintiocho años. Siendo estudiante de Derecho se había prometido resolver aquel caso. Apuntó los cuatro nombres de las niñas en una tarjeta telefónica que llevaba encima para no olvidar el compromiso. Reclamó al FBI miles de páginas de su investigación y se topó con la resistencia de las autoridades federales y con el silencio de los testigos locales. El Klan le envió una carta amenazante en la que lo comparaba con John F. Kennedy. Baxley contestó con una grosería escrita en papel oficial del Estado de Alabama y siguió adelante. Pagó por ello un precio político que nunca lamentó.
El 18 de noviembre de 1977, catorce años después de la explosión, un jurado de Birmingham declaró a Chambliss culpable de asesinato en primer grado. La condena cubría una sola muerte, la de Denise McNair, la niña de once años. Las otras tres quedaron fuera de la sentencia. Chambliss cumplió cadena perpetua y murió en prisión en 1985 proclamándose inocente. Los testigos que habrían permitido ir a por sus tres cómplices seguían teniendo miedo, y el caso volvió a detenerse durante otra década larga.
Se reabrió en 1993, cuando el agente Rob Langford asumió la jefatura de la oficina del FBI en Birmingham y comprendió, tras reunirse con líderes negros de la ciudad, hasta qué punto aquellas muertes seguían abiertas en la comunidad. A partir de 1995, el detective Ben Herren y el agente Bill Fleming revisaron en secreto los expedientes originales durante más de un año. Herman Frank Cash murió en 1994 sin haber sido acusado jamás. Los otros dos fueron imputados en mayo de 2000 por el fiscal federal Doug Jones, designado fiscal especial del Estado. Blanton fue condenado el 1 de mayo de 2001. Cherry, en mayo de 2002. Jones defendió ante el jurado que treinta y ocho años no restaban importancia a la verdad. Cherry murió en prisión en 2004 y Blanton en 2020, con ochenta y un años.
Treinta y nueve años separan la bomba de la última condena. Ese intervalo no se explica por la lentitud de los tribunales. Birmingham no tenía en 1963 un solo agente negro en su cuerpo de policía y apenas contaba con vecinos negros inscritos en el censo electoral. Los jurados eran blancos porque las listas de jurados se nutrían del censo de votantes. El gobernador George Wallace había prometido en su discurso de toma de posesión segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre. La dinamita, la comisaría, la fiscalía, el jurado y el despacho del gobernador formaban parte de una misma maquinaria, y esa maquinaria funcionó exactamente como estaba diseñada. La impunidad fue el producto normal de un orden legal en pleno rendimiento.
Queda un capítulo abierto. En 2013, medio siglo después, el Congreso de Estados Unidos concedió a título póstumo la Medalla de Oro del Congreso a Addie Mae, Denise, Carole y Cynthia. La medalla se exhibe en el Birmingham Civil Rights Institute. Sarah Collins Rudolph, la superviviente, reclamó durante décadas una disculpa y una reparación económica por el ojo perdido, los dos meses de hospital y una vida entera de secuelas. En septiembre de 2020, la gobernadora Kay Ivey le envió una carta con una disculpa formal por la retórica racista de los dirigentes de la época y remitió la cuestión del dinero a la Asamblea Legislativa. Ninguna ley de compensación se ha presentado desde entonces. Rudolph sigue esperando, con un fragmento de cristal todavía incrustado en el ojo izquierdo que los médicos prefieren no extraer.
Ahí está la aritmética completa de este caso. A las muertas se las honra con una medalla que no cuesta nada a nadie. A la viva se le ofrece una disculpa y se le niega la reparación, porque reparar obliga a reconocer una deuda y una deuda obliga a pagarla. Las conmemoraciones son baratas. La justicia material tiene precio y por eso se aplaza. Cada 15 de septiembre se repiten los cuatro nombres en ceremonias impecables mientras una mujer de setenta y cinco años sigue pidiendo lo que le corresponde por un crimen que el Estado de Alabama ayudó a incubar. Recordar a las niñas de Birmingham sin sostener la reclamación de la niña que sobrevivió convierte la memoria en un adorno. Nombrarlas de verdad implica terminar la cuenta.
Redacción Afroféminas
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