Hablamos del mañana porque el futuro ya está aquí. No necesitamos ciencia ficción ni estética retro futurista para hablar del porvenir de las mujeres negras en España. Necesitamos mirar el presente con honestidad y preguntarnos qué condiciones materiales permitirán a la próxima generación de mujeres afrodescendientes construir vidas dignas, autónomas y libres. El afrofuturismo puede inspirarnos, pero el afrofeminismo del futuro cercano exige soluciones concretas para problemas concretos.
El 82% de las mujeres africanas y afrodescendientes en España sufre discriminación en el ámbito laboral. Este dato del estudio financiado por el Ministerio de Inclusión no describe un presente que condiciona el mañana. El 95% de las personas africanas y afrodescendientes considera que tiene menos oportunidades para acceder a un puesto de responsabilidad o a cualquier puesto de trabajo. La discriminación laboral basada en el color de piel es un mecanismo estructural que determina quién puede acceder a la economía digital, quién consigue contratos indefinidos, quién tiene recursos para planificar su fertilidad o quién puede permitirse una vivienda digna.
La economía digital promete democratización del empleo. Las startups, el teletrabajo, el emprendimiento online se presentan como espacios neutros donde el talento brilla sin barreras. Pero en España, solo el 20% de las startups están lideradas por mujeres, y las fundadoras afrodescendientes prácticamente no existen. Las mujeres y los fundadores afrodescendientes recibieron menos del 2% de todos los fondos de capital de riesgo. La brecha digital no es solo tecnológica, es racial y de género. Las mujeres negras enfrentan barreras para acceder a financiación, redes de contactos profesionales, formación especializada y visibilidad en sectores considerados de alto valor añadido. Mientras tanto, permanecen sobrerrepresentadas en el trabajo doméstico, los cuidados y la economía informal, sectores precarizados que dificultan cualquier proyecto de movilidad social.
La vivienda es quizá el campo de batalla más crudo. El 99% de las agencias inmobiliarias en Madrid y Barcelona están dispuestas a aceptar condiciones impuestas por propietarios que excluyen explícitamente a personas extranjeras. Este porcentaje aumentó desde el 72,5% en 2020. El racismo inmobiliario no mejora, empeora. Las mujeres migrantes, especialmente si tienen hijos, son aún más penalizadas. Cuando pretenden alquilar una vivienda, en el 60% de los casos afrontan abusos contractuales como la subida repentina del precio o la solicitud de hasta un año de fianza. Sin acceso a una vivienda estable, ¿cómo planificar la maternidad? ¿Cómo garantizar entornos seguros para criar? ¿Cómo construir proyectos de vida a largo plazo?
La cuestión de la fertilidad y la maternidad cruza todos estos ejes. No hablamos de romanticismo maternal ni de opciones libres en abstracto. Hablamos de violencia estructural. Las mujeres negras tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo, parto o postparto que las mujeres blancas en Reino Unido. En España (donde no hay datos estadísticos por etnia), diversos estudios documentan que la violencia obstétrica afecta de forma desproporcionada a las mujeres racializadas. Los prejuicios médicos racistas parten de ideas coloniales que aún perviven en la formación sanitaria. Se asume que las mujeres negras aguantan más el dolor, que exageran sus síntomas, que no comprenden las instrucciones médicas. Estas creencias tienen consecuencias letales. La decisión de ser madre o no serlo, de cuándo y en qué condiciones, está condicionada por factores económicos, laborales, de vivienda y de acceso a una sanidad que no las maltrate. La justicia reproductiva implica que las mujeres negras puedan elegir sin que esa elección las condene a la precariedad o las ponga en riesgo.
Las nuevas generaciones de mujeres afrodescendientes nacidas en España enfrentan una paradoja cruel. Muchas tienen formación universitaria, hablan perfectamente español, conocen los códigos culturales del país. Sin embargo, el informe llama la atención sobre su ubicación en los peldaños laborales de baja y media cualificación, sin correspondencia con su nivel educativo. La movilidad social prometida a través de la educación se rompe en el mercado laboral. Quienes aseguran haber sufrido discriminación laboral alegan haber sido rechazados durante una entrevista (37%) y no acceder a empleos para los que están formados (37%). La meritocracia no funciona cuando el color de piel es un obstáculo insalvable. Las hijas de la migración, las mujeres negras nacidas aquí, descubren que su nacionalidad española no las protege del racismo cotidiano en espacios laborales, educativos o sanitarios.
¿Qué futuro cercano queremos? No el de la adaptación individual al sistema racista, sino el de la construcción colectiva de alternativas. Necesitamos políticas públicas que reconozcan la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres afrodescendientes. La mitad de las personas funcionarias del ámbito social que participaron en el estudio no tiene formación específica en materia de racismo y xenofobia. Los servicios públicos reproducen el racismo porque quienes los gestionan no están formados para detectarlo y combatirlo. Un afrofeminismo del mañana exige formación antirracista obligatoria en sanidad, educación, servicios sociales y administración pública. Exige cuotas reales de representación en instituciones políticas y empresas. Exige sanciones efectivas contra el racismo inmobiliario y la discriminación laboral, no declaraciones de intenciones.
En el ámbito económico, el futuro cercano pasa por apoyar el emprendimiento afrodescendiente, pero de verdad, con recursos materiales. Microcréditos accesibles, programas de mentorización que conecten a emprendedoras negras con redes de financiación, espacios de coworking gratuitos o subvencionados, formación en herramientas digitales. Las iniciativas comunitarias ya existen. Doulas afrodescendientes que acompañan partos, redes de apoyo mutuo en búsqueda de vivienda, colectivos que denuncian la violencia policial y el racismo institucional. Pero estas redes funcionan con esfuerzo militante, sin apenas apoyo institucional. El Estado debe dejar de delegar la supervivencia de las comunidades negras en el activismo no remunerado de las propias afectadas.
La interseccionalidad es la vida diaria de una mujer negra que busca empleo y se encuentra con «ya está cubierto», que busca piso y le dicen «no alquilamos a extranjeros», que da a luz y siente que su dolor no importa, que ve cómo sus hijos crecen en un sistema educativo que no refleja su historia ni su existencia. La nueva generación de mujeres afrodescendientes merece heredar algo mejor que la resistencia como único horizonte. Merece salarios dignos que le permitan elegir. Merece viviendas estables donde construir proyectos de vida. Merece partos respetados donde su palabra valga. Merece una educación que reconozca la historia colonial y el aporte africano a la construcción de este país. Merece, en definitiva, el derecho a existir sin tener que demostrar constantemente su humanidad.
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