El 30 de octubre participé en el pleno municipal de Zaragoza en una sesión dedicada al sinhogarismo. Lo hice junto a representantes de asociaciones vecinales y colectivos sociales. La mayoría de intervenciones se centraron en los conflictos puntuales del Parque Bruil, donde pernoctan varias personas sin hogar. Mi intención fue ampliar la mirada: el sinhogarismo es una herida que atraviesa toda la ciudad.
Comparecí como jurista y como ciudadana que entiende que la falta de un techo es una consecuencia política. Recordé que la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón obliga al Ayuntamiento a garantizar atención inmediata a quienes están en exclusión. Esa obligación no se está cumpliendo.
Denuncié que, mientras se debate la «saturación» de recursos, 67 camas del Albergue Municipal permanecen cerradas, sin razones técnicas que lo justifiquen. Las demoras en el empadronamiento —de hasta siete meses— privan a muchas personas del acceso a derechos básicos como la sanidad o la vivienda. Llamé a eso por su nombre: violencia institucional.
Solicité una auditoría externa e independiente sobre la gestión del albergue y la creación de un mecanismo real de participación de las personas sin hogar. Escucharles es democracia.
Más allá del Parque Bruil
Mientras las asociaciones vecinales centraban su preocupación en la convivencia en una zona concreta, mi intervención quiso recolocar el foco: el sinhogarismo no se resuelve desplazando personas de un lugar visible a otro. Se resuelve con políticas de vivienda pública, atención continuada y empatía institucional.
Hablar del Parque Bruil es fragmentar el problema, reducirlo a una molestia de barrio. El sinhogarismo está en todos los distritos, en los bancos, bajo los puentes, en los portales. Invisibilizarlo en nombre del «orden» es perpetuar la exclusión.
El debate posterior
Tras las intervenciones ciudadanas, tomaron la palabra varios concejales. El representante de Zaragoza en Común apoyó la denuncia, reclamando un enfoque de vivienda y derechos. Desde Vox, se volvió al discurso de la responsabilidad individual, vinculando pobreza y seguridad. La concejala de Servicios Sociales del Partido Popular respondió con argumentos presupuestarios, reconociendo las carencias sin asumir compromisos claros.
Fue un debate que reflejó una verdad incómoda: la política local sigue abordando la pobreza como un problema que hay que gestionar y no como una injusticia que hay que reparar.
Dignidad sin condiciones
El sinhogarismo es el resultado de un sistema que deja a demasiadas personas fuera. Mi intervención buscó recordar que Zaragoza, en 2016, demostró con el programa Housing First que ofrecer una vivienda estable cambia vidas. Ese camino no puede abandonarse.
Como mujer afrodescendiente y jurista, creo que las luchas por el derecho a la vivienda, por la igualdad racial y por la dignidad humana parten de una misma raíz: la exigencia de ser vistas, escuchadas y respetadas como personas plenas de derechos.
Una ciudad que permite que sus habitantes duerman en el frío se falla a sí misma.
Talita de Fátima B. Moreira
Jurista y activista por los derechos humanos
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