Racismo inmobiliario en España. ¿Realidad o suposición?

¿Alguna vez habéis leído la expresión: “Abstenerse extranjeros” en un portal inmobiliario?  Pues bien, este fenómeno discriminatorio se ha normalizado a la hora de alquilar un inmueble en España. 

La cuestión de la vivienda inmigrante se ha convertido en una preocupación generalizada, pues plantea cuestiones sobre la desigualdad social, laboral y económica, así como la justicia social. 

A pesar de que el derecho a una vivienda está proclamado en la Constitución española (artículo 47), no es una realidad exigible. El derecho a una vivienda digna se ve debilitado por unos precios que se alejan del poder adquisitivo de gran parte de la sociedad y, además, ha supuesto un grado de exclusión para personas migrantes basado en imaginarios racistas y xenófobos. 

Aunque se trate de un problema generalizado el acceso a la vivienda digna es, actualmente, al margen de los problemas laborales, la principal preocupación del colectivo inmigrante. 

Son varios los factores que dificultan el acceso a la vivienda para las personas migrantes, tales como: 

  • desconocimiento del entorno en el que se encuentran;
  • empleos precarios con contratos inestables y sueldos bajos;
  • impedimentos por parte de la Administración Pública;
  • discriminación directa e indirecta en el mercado inmobiliario. 

Estos aspectos conllevan que estas personas tiendan a subarrendar pisos o habitaciones, realicen ocupaciones en pisos vacíos y habiten infraviviendas de alquiler o sufran abusos (trato peyorativo de las inmobiliarias o propietarios, estafas, etc).  Ejemplos que ilustran este tipo de abusos son: petición de un exceso de documentación, petición de más contratos indefinidos, más avales, más garantías, más documentación, etc. Las personas inmigrantes son engañadas y se les dice que el inmueble ya está ocupado, o se les introduce cláusulas abusivas en los contratos. 

Ante esta situación ha habido un incremento de la demanda de alquiler de habitación por la población inmigrante, sobre todo en barrios obreros y áreas urbanas de transición. El hecho de que estas habitaciones suelan encontrarse en pisos ubicados en la periferia y alejados de urbanizaciones centrales dificulta la relación con el resto de la población y propicia aún más la segregación. 

La mercantilización inmobiliaria y la formación de un submercado del alquiler permitieron a muchos propietarios o inquilinos de viviendas arrendar o subarrendar a personas inmigrantes a precios superiores al del mercado.  Por tanto, no es extraño que muchas personas inmigrantes recientes vivan con un mayor índice de hacinamiento, pues su situación administrativa, entre otros factores, les impide acceder al mercado inmobiliario como a cualquier otra persona española. 

En muchas ocasiones, personas inmigrantes se han enfrentado a tratos peyorativos por parte de estas agencias o de particulares, actores que, más que facilitar su establecimiento en un país desconocido para muchos de ellos, interponen trabas y empeoran aún más la situación.  

La argumentación principal defendida por el mercado inmobiliario y los propietarios para mostrarse reticentes y desconfiados a alquilar (o vender) a personas migrantes es su situación de irregularidad administrativa, el temor a un mal uso y deterioro de la vivienda, el desarrollo problemas de convivencia con los vecinos, o que se desvalorice el inmueble si la zona es catalogada socialmente como “área de inmigrantes”. Estas alegaciones son meras justificaciones discriminatorias basadas en estereotipos y especulaciones hacia el colectivo inmigrante. 

Por tanto, este fenómeno discriminatorio se ha normalizado por parte de los agentes inmobiliarios, propietarios y la Administración Pública. Los elementos socioeconómicos, así como la estigmatización racial y cultural son un cúmulo de desventajas para los colectivos más vulnerables. A esto se ha de añadir que, actualmente, no existen los suficientes mecanismos que garanticen la protección a las personas extranjeras frente a la discriminación en el acceso a la vivienda que deriva a este colectivo a la desigualdad residencial, la infravivienda y el hacinamiento. 


Katherine Valencia

IG @kitsiss

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