En Brasil, entre lxs acusados de tráfico de drogas cuyas casas fueron invadidas por la policía sin orden judicial, el número de personas negras es dos veces mayor que el de las blancas. La proporción es similar a la de los procesados en general por el delito: 46,2% negros y 21,2% blancos.
Esto es lo que revela el estudio La cuestión racial en los procesos penales por narcotráfico en los tribunales estatales comunes de justicia: un análisis exploratorio, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) en octubre del año pasado.
La encuesta se basa en datos del informe Perfil de los procesados y producción de pruebas en procesos penales por tráfico de drogas, elaborado en colaboración con la Secretaría Nacional de Política de Drogas y Gestión de Activos (Senad) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Según datos de la investigación, la mayoría de lxs procesados por tráfico de drogas tiene hasta 30 años (72%) y baja escolaridad (el 67% no ha completado el ciclo de educación básica). Lxs jóvenes negros representan la mitad de lxs acusados, lo que indica un predominio de la criminalización por trata en esta porción de la población.
El estudio muestra que existe una probabilidad 2,5 veces mayor de encontrar jóvenes negros que jóvenes blancos entre lxs procesados por tráfico de drogas en todo Brasil. En cambio, entre lxs acusados mayores de 30 años hay 1,4 veces más posibilidades de encontrarse con personas negras que con personas blancas.
En cuanto a la motivación de los acercamientos, según informes de lxs agentes de policía, el estudio muestra que lxs acusados negros son abordados con mayor frecuencia por la policía, basándose en “supuestas sospechas” durante patrullajes abiertos en espacios públicos (51,3%) o en denuncias anónimas (45,6%).
Una de las conclusiones de la investigación fue que las redadas policiales sin orden judicial ocurren dos veces más frecuentemente en hogares de personas negras (46,1%) que en hogares de personas blancas (22,4%). Las cifras se comparan con las de los procesados en general por el delito de tráfico de drogas.
En los casos en que se entró en una vivienda con una orden judicial, la proporción de acusadxs blancos y negros difiere significativamente en relación con lxs acusados procesados en general. La encuesta muestra una mayor representación de acusados blancos (30,2%) y una menor representación de acusados negros (34,7%) en estos casos.
La técnica de desarrollo y administración del Ipea, Milena Soares, una de las autoras del estudio, evalúa que “la nota matiza el debate público sobre el racismo estructural y sensibiliza a la sociedad sobre la necesidad de políticas que busquen remediar el sesgo racial en la criminalización de sujetos por drogas delitos”, según un comunicado de prensa.
Para la investigadora, los resultados apuntan a la necesidad de “un cambio de enfoque de la labor policial abierta a la investigación policial, mayor rigor judicial en la validación de entradas domiciliarias sin orden judicial y criterios objetivos sobre la cantidad de cannabis y cocaína, para la presunción de posesión para uso personal”, con el fin de minimizar los prejuicios raciales en la aplicación de las penas previstas en la Ley de Drogas.
Lxs investigadores también destacan la importancia de acciones dirigidas a actores del sistema de justicia, como fiscales y jueces, con el fin de resaltar cómo las acciones validan y perpetúan las prácticas abusivas de otras instituciones, contribuyendo a las jerarquías raciales en la aplicación de las leyes sobre drogas y al escenario de encarcelamiento desproporcionado de la población negra en Brasil.
El estudio abarcó más de 5 mil expedientes procesales por narcotráfico sentenciados en 2019 en el ámbito de los Tribunales de Justicia Estatales y los Tribunales Regionales Federales. La nota técnica que profundizó en los datos comparó el perfil racial de lxs imputados con el perfil racial de la población general, según datos de la Encuesta Nacional Continua de Muestras de Hogares (PNADC) de 2019 y de la población privada de libertad en el sistema penitenciario (Depen, 2019).
Racismo institucional en Brasil
La investigación es una prueba más de la verdadera intención del Estado al mantener la “guerra contra las drogas”: la institucionalización del racismo. Lxs verdaderos traficantes, como los senadores propietarios de helicópteros y los acérrimos defensores del prohibicionismo, ricos y blancos, se benefician de la prohibición a costa de criminalizar a la población negra y periférica.
Una encuesta publicada en noviembre por la Iniciativa Negra para una Nueva Política de Drogas reveló que la mayoría de las personas arrestadas por tráfico de drogas en el estado de São Paulo son jóvenes, negros, pobres y sin antecedentes penales.
Los datos muestran que la mayoría de las personas acusadas de tráfico de drogas (51%) no tenía antecedentes penales antes de ser detenida, y que el 54% de los casos están relacionados con personas negras. Pero dicha cifra podría ser mucho mayor, ya que lxs investigadores identificaron casos en los que el empleado de la policía registró el color/raza como “blanco” a pesar de que el acusado se declaró “moreno” durante su visita al Instituto Médico Legal.
El racismo en la aplicación de la Ley de Drogas es aún más evidente si se tiene en cuenta que, según datos recogidos por la investigación del Censo Demográfico de 2010, el 37% de la población de la ciudad de São Paulo se declara negra, mientras que más de la mitad de las personas detenidas por tráfico de drogas en el estado son negras.
“La historia de los procesos de consolidación de la política de drogas en Brasil tiene sus raíces en la formación de una sociedad colonial y esclavista. Los frutos de esta historia han producido la actual Guerra contra las Drogas, marcada por políticas represivas, violentas y punitivas dirigidas a grupos sociales pertenecientes a poblaciones negras y territorios periféricos, generando encarcelamiento y profundizando las desigualdades socio-raciales”, afirma el documento.
Vía Smoke Buddies, traducida por Afroféminas.
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