En el corazón de esta sombría historia se encuentra Silvia, vecina de Getxo. Una mujer racializada de origen boliviano. Hace cinco años, una visita cotidiana al supermercado se transformó en una pesadilla de abuso de poder, violencia y un flagrante acto de racismo. Hoy sigue esperando justicia sentada en el banquillo de las víctimas.
Silvia salió en defensa de una persona en situación de calle porque sintió que estaba siendo maltratada por la policía en plena vía pública. Este acto de empatía desencadenó su detención y posterior agresión en las celdas de los calabozos por parte de aquellos que debían garantizar su seguridad: los agentes de policía. Silvia requirió que la asistiera un médico forense para dar cuenta de las lesiones que sufrió durante su detención. Según recoge el informe, recibió varios puñetazos por parte de uno de los agentes. Más adelante presentó este informe y pidió que se aplicara el protocolo de Estambul. Este protocolo, reconocido internacionalmente, está diseñado para documentar evidencias de malos tratos y tortura, y es elaborado por expertos médicos en la materia.
Los mismos agentes que la agredieron presentaron un atestado adulterado, tergiversando los hechos y fingiendo ser ellos las víctimas: lobos con piel de cordero. Esta vuelta de tornas pone de manifiesto una dolorosa realidad: el sistema que debería proteger a la ciudadanía puede convertirse en su verdugo. ¿Dónde está la justicia?
Aunque se informó al Gobierno Vasco de la actuación desmesurada de un agente policial —cuya función era garantizar la integridad de Silvia—, el Gobierno Vasco no solamente no actuó como mediador, sino que que optó por ejercer de acusación contra ella. Solicitaron una pena de siete años de prisión, una medida a todas luces excesiva, desproporcionada e injusta. Esta reacción del Gobierno Vasco ha intensificado la presión sobre Silvia, revictimizándola aún más. Además, en un revés preocupante, se le ha impedido aportar en su defensa el informe pericial del Protocolo de Estambul.
Ante tales circunstancias, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo es posible que esto ocurra en un Estado democrático de derecho? El caso de Silvia no es un caso más de abuso de poder, sino que deja al descubierto el racismo presente en nuestra sociedad. Su experiencia, similar a la de muchas personas racializadas en este territorio, es un claro reflejo del racismo institucional existente. El Estado español ha recibido críticas por no afrontar y abordar esta problemática adecuadamente. Es urgente reconocer, denunciar y erradicar estas prácticas racistas.
La lucha de Silvia es una llamada de atención. Desnuda una realidad que muchos prefieren ignorar: la persistencia del abuso de poder, la violencia y el racismo contra una mujer en las instituciones. Y más alarmante aún: en el sistema judicial. Silvia reclama transparencia, objetividad y prontitud y, sobre todo, que se cumplan los estándares internacionales contra el maltrato y la tortura. En el juicio se volverá a pedir una investigación eficiente y objetiva de su denuncia, es decir, que se aplique el protocolo de Estambul. No podemos permitir que el racismo, el abuso de poder y la violencia contra una mujer se oculten y se ejerzan desde quienes hacen cumplir la ley e imparten justicia.
Después de años de demora, la vista del juicio oral se celebrará finalmente los días 4 y 5 de octubre. Silvia, no estás sola. Exigimos justicia y reparación.
Fatima Letradu
SOS Racismo -Bizkaiko SOS Arrazakeria
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