Se cumplen 10 días de protestas y paro nacional en Colombia. ¿Pero qué está ocurriendo en el país?

El 28 de abril comienzan en las principales ciudades de Colombia una serie de manifestaciones pacíficas contra la reforma tributaria que pretende aprobar el Gobierno de Iván Duque, que espera añadir un IVA del 19% a productos básicos de alimentación y combustible. La respuesta a las quejas de los ciudadanos no ha sido otra que la represión por parte de policías y militares, que no solo ha acrecentado el malestar de los manifestantes, sino que ha causado casi una treintena de muertes y centenares de heridos, lo cual ha sido duramente condenado por la política internacional y numerosas figuras públicas tanto dentro como fuera de Colombia.

De forma similar a como ocurriera en Chile en octubre de 2019, una medida gubernamental ha desencadenado una ola de protestas por parte de la ciudadanía colombiana y la posterior carga policial, como ocurriera en el país transandino con respecto a los militares que tomaron las calles hace casi dos años. Allí las protestas iban relacionadas con la subida del billete de metro, que ahogaba a una población cada vez más empobrecida. En el estado colombiano, esta situación la ha motivado una reforma fiscal impulsada por el gobierno de Iván Duque, que no es sino la punta del iceberg de una situación que se ha vuelto insostenible.

Las movilizaciones trataron de ser paralizadas por el Gobierno, contraviniendo un derecho constitucional de los ciudadanos. Fuente: Vizzor Image/Getty

La población de Colombia está cansada. Después de ser la cuarta economía de América Latina y de una caída en el PIB de más del 6% en 2020, se ha producido un aumento considerable del nivel de desempleo, que se situaba a comienzos de año entorno al 18% de la población colombiana, esto es, aproximadamente 4 millones de personas, siendo aún mayor la cifra en jóvenes, si atendemos a la edad de la población, y en mujeres, si consideramos su género. Además, incluso quienes trabajan no consiguen tener todas sus necesidades cubiertas, llegando a suponer la población colombiana en riesgo de pobreza una cifra superior al 42% de sus habitantes, según el Departamento de Estadística (DANE). Todo ello llevó a que miles de personas protestaran en las calles contra la reforma, en un momento especialmente complejo, ya que el país se encuentra en medio de una tercera ola de Covid-19 que hasta el momento ha causado la muerte a casi 75.000 personas en Colombia.

Lo que comenzó siendo una ola de manifestaciones pacíficas, sin embargo, se ha convertido en una auténtica reyerta en la que la policía colombiana no ha dudado en disparar contra civiles, provocando más de una veintena de muertos y más de 800 heridos en todo el país, según las cifras ofrecidas por la Defensoría del Pueblo, aunque hay quien apunta a que las cifras podrían ser aún más elevadas, como la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Martha Alonso, que exponía hace dos días que hablamos de “1.089 casos de violencia policial”. Asimismo, se habrían documentado “726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios y 12 jóvenes que han perdido sus ojos”, tal como especifica Alonso, lo cual creemos que da cuenta de los gravísimos hechos ocurridos en las calles colombianas, que desde aquí denunciamos.

Ante sucesos de tal envergadura, al presidente de la república no le quedaba más remedio que abdicar en su empeño de llevar a cabo la reforma tributaria y anunciar la creación de una mesa de diálogo nacional con los principales sectores y actores del país para debatir al respecto, mientras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la reforma, presentaba su dimisión. Así ocurrió el pasado 2 de mayo, apenas 15 días después de presentar el proyecto de ley. “Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para tramitar cualquier reforma, indicaba Carrasquilla en su carta de renuncia.

Imagen de la pantalla de un video juego

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La ONU ha condenado el modo de proceder de los policías que han rociado con gases lacrimógenos a los manifestantes y han disparado con munición real contra ellos. Fuente: RTVE

Las protestas se iniciaron el pasado miércoles 28 de abril por las principales ciudades de Colombia, pero a medida que actuó la represión y el abuso policial la tensión fue en aumento. Una de las muertes que más ha indignado al país es la del joven Santiago Murillo en Ibagué, pues, tras realizársele la autopsia, se determinó que murió como consecuencia del disparo de uno de los policías el pasado sábado 1 de mayo, día de los trabajadores, cuando solamente tenía 19 años de edad. Este hecho revela que la policía ha utilizado durante la dispersión de las protestas munición real contra los manifestantes, tal como ha denunciado la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre esas denuncias, el director de la Policía, el mayor general Jorge Luis Vargas, aseguraba en una rueda de prensa de que hay 26 investigaciones abiertas con las que se pretende aclarar las circunstancias de las muertes acaecidas y de las agresiones denunciadas. El ministro de Defensa, Diego Molano, por su parte, consideró que “debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente”. “Lamentamos la muerte de todas las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida”, se limitó a decir el ministro sin reprochar la actuación policial. Este, además, aseguraba que los actos violentos han sido premeditados y financiados por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida de Colombia, pero de momento no hay pruebas para tal aseveración. 

El presidente Iván Duque calificaba los disturbios acaecidos por las protestas como “terrorismo urbano de baja intensidad”, mientras que el expresidente Álvaro Uribe, máximo exponente de la derecha en el país, manifestaba en su perfil de Twitter que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad, algo terrorífico, que debe ser condenado y que fue borrado posteriormente por la propia red social ante el incumplimiento de sus normas. Así lo recriminaba el alcalde de Medellín, que pedía a la plataforma que suspendiera de inmediato la cuenta de Álvaro Uribe.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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Han sido numerosas las manifestaciones públicas que han requerido la suspensión de la cuenta del exvicepresidente colombiano ante tan graves afirmaciones.

Durante las siguientes tres noches, en señal de protestas, las etiquetas #NosEstanMasacrando y #UribeDioLaOrden, con imágenes de la violencia policial, han invadido las redes. Una de las personas más activas en estos medios ha sido Juan de León, que el pasado 2 de mayo retransmitía en directo en su Instagram a causa del asesinato por parte de la policía del joven Nicolás García Guerrero en la ciudad de Cali. Al día siguiente, el joven denunciaba que familiares y amigos cercanos habían recibido llamadas preguntando por su ubicación y que sus perfiles de Instagram o Facebook habían sido hackeados. “Me veo obligado a abandonar Cali”, aseguraba en un mensaje en Twitter.

La reforma tributaria, inicio de las protestas, pretendía aumentar los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos, entre otras medidas. En un país que ha sido durante golpeado por la pandemia, los ciudadanos han salido a las calles para mostrar su disconformidad con tales planteamientos. Además, la indignación iba a más hacia el ya exministro de Hacienda por unas declaraciones que dio hace pocas semanas en las que reconocía no saber el precio de un producto tan básico para el país como los huevos, algo que, por supuesto, da cuenta de que la alta política colombiana se sitúa muy lejos de lo que sucede a los ciudadanos de a pie y, más aún, de las necesidades que estos padecen día a día.

Antes del inicio del paro nacional, el Gobierno trató de sabotear las movilizaciones intentando restringir un derecho fundamental como la libertad de expresión pública mediante diferentes artilugios jurídicos. Sin embargo, al ritmo de “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!” y “¡Si me quitan el pan de la boca yo peleo, yo peleo…!”, miles de colombianos se organizaban para hacerse escuchar en las calles, algo que ha ido creciendo a medida que aumentaban las cargas policiales.

Y es que los conflictos con la policía colombiana no son nuevos, ya que en septiembre de 2020 ya se solicitó una reforma del sistema policial tras detectarse ciertos casos de abusos por parte de las autoridades. Algunos representantes políticos, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestaban que “Colombia no debe seguir cargando con el lastre que dejó más de 60 años de conflicto armado: una Policía militarizada”.

Una vez se ha conseguido retirar la reforma fiscal, las protestas hoy reclaman la renuncia de Iván Duque por haber permitido la carga policial que ha costado la vida a casi una treintena de personas. Según el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC.) Hermes Pete, portavoz de organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, mientras “la reforma de la salud siga en pie, al igual que la reglamentación de la consulta previa, de las pensiones, (la vuelta de) fumigaciones de glifosato, la corrupción y la guerra”, la lucha seguirá viva, dando cuenta de que la reforma tributaria es solo la gota que ha colmado el vaso de los colombianos.

Edificio con letrero en frente y tienda al lado

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Colombia se encuentra en la actualidad en medio de una tercera ola de la Covid-19, pero eso no ha frenado la ola de protestas contra lo que los ciudadanos consideran es peor que el virus Fuente: Jornadaonline.com

Además, colectivos como los camioneros hacen parón para exigir una reducción de los peajes en carreteras nacionales y una disminución del precio del combustible y los taxistas, contra el desarrollo de plataformas digitales que compiten de manera irregular con ellos.

Pero especialmente dura es la situación para las mujeres en este momento en Colombia, pues solo en lo que va de 2021 en Colombia han sido asesinadas 57 lideresas sociales, 20 de ellas indígenas, se han cometido 158 feminicidios y grupos armados paramilitares han perpetrado 35 masacres con un total 132 víctimas. Por eso durante las protestas ellas tienen su propio código: pasar un papel con su nombre y el tipo de sangre que tienen a alguien que esté cerca por si la policía las detiene y desaparecen. “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es, precisamente, el lema de estas mujeres. Pues, aparte de los ataques masivos a la población, se han incrementado las agresiones sexuales cometidas por fuerzas públicas. De hecho, estos días ha circulado un vídeo donde se puede, precisamente, escuchar a un agente decirle a otro “¡Déjela pasar y hágale lo que quiera!”. Según la ONG Temblores, basándose en datos de Medicina Legal, durante 2017, 2018 y 2019 se registraron 241 casos de violencia sexual cometidos por agentes públicos.

También los jóvenes se han visto afectados por la crudeza policial y es que son ellos los principales protestantes ante la situación actual en Colombia. A pesar de que el Duque es el presidente más joven en la historia de Colombia, pues llegó al cargo con 42 años, su popularidad entre los jóvenes es escasa. Según una encuesta, el 74% de la población comprendida entre 18 y 25 años tienen de él una imagen desfavorable. “Uno siente que este Gobierno insiste en ideas absolutamente vencidas, caducas, que están mandadas a recoger”, expresa Jennifer Pedraza, de 25 años, representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro.

Las mujeres han creado un código entre ellas para que si alguna desaparece en manos de la policía y los militares pueda ser identificada. Fuente: Carlos Ortega/EFE

Pero, como decíamos más arriba, la violencia lleva sacudiendo Colombia décadas. De ahí que no sea extraño que durante las protestas los manifestantes hayan tirado algunas estatuas no solo de colonizadores sino de políticos y antiguos presidentes que han permitido y perpetrado esta inestabilidad en el pueblo colombiana. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que durante el mandato de Uribe entre 2007 y 2008 murieron más de 6.400 civiles, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, que curiosamente fue luego galardonado con el premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto armado colombiano y quien se ha prestado para hacer de intermediario entre el Gobierno y los manifestantes. ¡Qué ironía!

En medio de las protestas en algunas ciudades, como Cali, donde se han producido, además, la mayor parte de fallecimientos a manos policiales, se han bloqueado las principales vías de entrada al país, así como el aeropuerto, lo cual ha hecho planear la sombra de un posible desabastecimiento en la región, pero lo que sin duda revela es las ganas de lucha de un pueblo que reclama verdaderas soluciones a los problemas del país sudamericano.

Natalia Ruiz-González



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