Nuestro cuerpo no nos está perteneciendo

“Ahora mismo, la cifra de mujeres y niñas expuestas a violencia por razón de género y a prácticas nocivas como el matrimonio forzado alcanza niveles sin precedentes”, afirma Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). Dicha agencia publicó la pasada semana un estudio, Mi cuerpo me pertenece, que analiza la situación de mujeres y niñas en 57 países del mundo, respecto a temas relacionados con la libertad de decisión y la salud sexual.

Una mujer negra levanta las manos en una potesta ( Gregory Bull / Associated Press )

A través del análisis de cada uno de los estados, el informe concluye que las mujeres a nivel general solo acceden al 75% de los derechos con los que cuentan los hombres, por lo que hoy en día ningún territorio puede afirmar que goza de plena igualdad. En muchas ocasiones, son las propias féminas las que perpetúan esta construcción discriminatoria, bajo la creencia errónea de que su cuerpo les pertenece, pero no es su decisión lo que se haga con él. Este hecho viene dado por la dificultad para muchas de acceder a educación sexual o métodos anticonceptivos, la existencia de prácticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados y las perpetuas discriminaciones por orientación o identificación sexual y género. A continuación, se exponen algunas de las conclusiones más destacables presentadas en la publicación.

Salud sexual

En los últimos años se ha comenzado a priorizar la importancia del acceso a la salud sexual a nivel global, en consonancia con el Programa de Acción presentado por las Naciones Unidas en 1994, donde se proponía acabar con la falta de acción sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y establecer medidas que garantizaran la salud sexual y reproductiva. Posteriormente, en 2015, la mayoría de miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 objetivos a alcanzar antes de 2030. Entre ellos, la igualdad de género es el quinto. Esta normativa, además de los preceptos establecidos por el Programa de Acción, introduce dos nuevos indicadores, que se propone instaurar en todas las regiones: el acceso a la salud reproductiva y la libre toma de decisiones sobre el cuerpo por parte de las mujeres y la instauración de leyes que permitan el acceso pleno e igualitario a información sobre sexualidad.

Pese a esta iniciativa, la Agenda lo está teniendo difícil, ya que, de los 57 estados analizados en el estudio, solo la mitad cuenta con estos indicadores. Según los datos ofrecidos sobre 2020, 217 millones de mujeres no tienen acceso a anticonceptivos, 4 millones han sufrido las prácticas de la mutilación genital y 12 millones han sido obligadas a casarse. 

Esta desfavorable situación se ha desencadenado, en gran parte, por la ausencia de educación. “Debido a nuestros tabúes, prácticamente no se habla de salud sexual y reproductiva”, comenta Olga Lorenço, coordinadora del Proyecto CAJ, que proporciona formación en materia de preparación para la vida y la sexualidad a los jóvenes de Angola. La mayoría de los detractores de la inclusión de una educación sexual integral en los planes de estudio argumentan que esta solo fomentaría que los adolescentes se iniciaran antes en las prácticas sexuales. Sin embargo, investigaciones de la UNESCO ofrecidas en 2016 desmienten este hecho, exponiendo que lo que conseguirían asignaturas de este tipo es justo lo contrario, es decir, retrasar la edad de iniciación sexual. Además de ello, contribuirían a disminuir los casos de enfermedades como el VIH y a prevenir la violencia de género. En la actualidad, el rechazo generalizado a las políticas de igualdad hace que solo el 62% de los países informantes cuenten con leyes, reglamentos o políticas nacionales que apoyen la obligatoriedad de incluir la educación sexual en sus centros docentes.

Autonomía corporal

La autonomía corporal abarca diversas cuestiones, pero todas ellas convergen en el poder de las personas sobre su propio cuerpo. Dentro del quinto objetivo de la Agenda 2030, se establece un fin concreto que busca conseguir el acceso universal a la salud sexual y reproductiva (5.6). Pero el estudio de la UNFPA no muestra cifras muy esperanzadoras. De los 57 países analizados, solo en el 55% las mujeres toman decisiones libremente sobre su lo que hacer con su cuerpo. Respecto a este porcentaje, se dilucidan variaciones dependiendo de la región. Un 76% de las féminas ejercen su libertad de determinación en Asial Oriental y Sudoriental, América Latina y el Caribe, mientras que el porcentaje en África Subsahariana y Asia Central y Meridional es menor al 50%. A su vez, dentro del continente africano también se observan diferencias entre países, ya que Malí, Níger y Senegal presentan unos indicadores de 10%. 

El estudio realiza también una diferencia entre tres dimensiones: el número de mujeres entre 15 y 49 años que toman sus propias resoluciones sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y el acceso a la salud reproductiva. Esto hace que, dentro de cada país, también se generen disparidades entre estos tres medidores. Este es el caso de Malí, donde existe un 77% de mujeres que emiten dictámenes independientes o conjuntos sobre anticonceptivos, pero solo el 22% tiene acceso a atención médica sobre la salud sexual. Estas variaciones son las causantes de que, en algunas zonas, una mujer pueda decidir si hacer uso o no un anticonceptivo, mientras que no puede decirle a su marido que no quiere mantener relaciones con él.


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Lo paradójico de esta realidad se explica porque hay niñas y mujeres que no son conscientes de que pueden decir que no a aquello que no quieran hacer. Por ejemplo, en la India, muchas consideran que las relaciones sexuales forzadas son una tónica normal dentro de los deberes maritales. Lo que se ve acrecentado por los obstáculos que en muchas ocasiones ponen los servicios de salud, que se ven reticentes a ofrecer información, sobre todo en zonas rurales.

Es por esto por lo que es imprescindible el establecimiento de recursos de planificación familiar, que luchen contra los tabúes a la hora de hablar sobre sexo, la perpetuación de sistemas patriarcales que continúan relegando a la mujer a un plano de maternidad y servidumbre del hombre y la utilización por parte del género femenino de la sumisión sexual como canje para obtener independencia en otros temas. Para conseguirlo, el peso vuelve a recaer en la necesidad de ofrecer educación tanto a las mujeres como a su círculo cercano y a la comunidad a la que pertenecen.

Mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina (MGF) o ablación comprende todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales femeninos u otras lesiones en esta zona por razones que no tengan que ver con la medicina. Según UNICEF, más de 4 millones de niñas son sometidas cada año a esta práctica, datos que la covid-19 ha incrementado, generando que la Organización Mundial de la Salud haya calificado a esta técnica como “la pandemia en la sombra”. En Afroféminas, tratamos este tema en profundidad a través de un artículo que se corresponde con las duras conclusiones ofrecidas en el estudio. 

Matrimonio forzado

El matrimonio forzado hace referencia a todo casamiento en el que una de las partes no haya expresado consentimiento para realizar la unión. Normalmente, en los enlaces heterosexuales, la parte en desacuerdo es la femenina. Dentro de la cuestión existe un problema aún mayor: las uniones con menores. El pasado año, según UNICEF, la cifra de mujeres que habían contraído matrimonio antes de la mayoría de edad ascendía a 650 millones, número que cada año engrosa su lista con 12 millones más, aproximadamente. En Níger, el país con mayor tasa de datos relacionados con esta temática en el mundo, el 76% de las niñas se encuentran sumidas en un casamiento que no desean.

Pese a que en muchos lugares este tipo de unión está prohibida por ley, continúa realizándose de manera clandestina, dejando unas consecuencias preocupantes. Según el estudio, en la India se producen unos 8000 asesinatos de novias cada año porque sus dotes –aporte económico y material que la mujer aporta al matrimonio– son consideradas insuficientes. Además de ello, también se han generalizado las acciones como el rapto de la novia, donde una mujer es secuestrada y retenida en la casa de un hombre, quien la obliga a redactar una carta a su familia pidiendo el consentimiento para poder casarse con él. En Kirguistán, una de cada cinco de estas situaciones culmina con una respuesta favorable por parte de los parientes de la fémina. O el levirato, que representa el casamiento con un pariente fallecido, normalmente hermano. Tras ello, la mujer en cuestión es “heredada” por otro miembro de su familia, con el que debe mantener relaciones sexuales, independientemente de las otras personas con las que el varón las haya mantenido con anterioridad. Esto aumenta el riesgo de contraer VIH u otras enfermedades.

Toda esta situación ha generado que las mujeres que se ven abocadas a matrimonios forzados presenten una menor negación a la violencia y uso de sistemas anticonceptivos y menos probabilidades de tener un parto en un centro sanitario, perjudicando así su salud mental y física.

Por si esto fuera poco, el informe muestra dos hechos que empeoran aún más las situaciones derivadas de los matrimonios forzosos. En primer lugar, las crisis humanitarias, que propagan los casamientos no consentidos por la inestabilidad económica presente en muchas familias. Por ejemplo, según Oxfam, en Sudán aumentaron los casos relacionados con esta temática en un 70% por el surgimiento de combates. Por su parte, en 2014, algunas mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales para la satisfacción de miembros de grupos terroristas. Es el caso de las yazidíes en Irak, quienes se vieron obligadas a casarse con miembros del Estado.

También hay que mostrar el caso de aquellas que, tras perder sus derechos, también pierden su vida. En Oriente Medio y Asia Meridional 5000 personas de género femenino mueren cada año por asesinatos de honor, y más de la mitad, lo hacen a manos de su pareja o familiares. Este tipo de crímenes se llevan a cabo por la vulneración de la respetabilidad de la familia. Las cuestiones que están comprendidas dentro de esta deshonra van desde negarse a contraer matrimonio o tener una relación afectiva con alguien de un grupo, etnia o raza no aceptada por sus parientes hasta haber sido víctima de una violación.

Y es que, en el caso de haber sido forzada sexualmente, muchas mujeres, aunque no sean sometidas a un asesinato de honor, se ven abocadas a casarse con su violador. De los 67 países estudiados, 43 no presentan leyes que aborden las cuestiones de abuso sexual. Esto hace que, en algunos de ellos, se ofrezca el casamiento como “cura legal”. En otras palabras, 20 de los países en el mundo permiten que, mientras que las víctimas de violaciones quedan totalmente desamparadas, el violador pueda eludir la condena si se contrae matrimonio con la mujer a la que ha forzado. Un ejemplo de ello es Irak, donde una vez contraída la unión se anulan todas las investigaciones en curso o condenas contra el hombre, restableciéndose únicamente si se produce un divorcio en un plazo inferior a tres años desde la boda.

Pero no es necesario ir tan lejos: en Rusia, un agresor mayor de edad que viola a una menor de 16 años queda totalmente impune de su delito al convertirse en su marido. Del mismo modo, en Serbia existe una prohibición explícita que imposibilita cohabitar con una menor de edad siendo adulto. Impedimento que queda invalidado si se realiza una unión matrimonial con la niña en cuestión, pasando a dar igual su edad.

Los tres ceros

“El camino hacia el cambio comienza con derechos y conduce a decisiones que permitan a las personas cuidar y apreciar su cuerpo”, reseña el estudio. En 2019, durante la celebración de la Cumbre de Nairobi, los representantes de la Agenda 2030 defendieron que querían lograr tres ceros para esa fecha: cero mortalidad materna, cero necesidad insatisfecha de anticonceptivos y cero violencia sexual y de género. Los objetivos resultan ambiciosos al tener en cuenta que queda menos de una década de acción para que llegue el año 2030. Menos de una década para asistir a todas esas mujeres que, cada día, esperan que esos ceros alcancen de una vez su país.

Nerea De Ara



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